PANDEMIA: EL SISTEMA NOS PASA FACTURA

Contracorriente

 

PANDEMIA: EL SISTEMA NOS PASA LA FACTURA

 

                     La pandemia tiene consecuencias, podría ser una conclusión prima facie estrictamente sanitarista. Todos podemos afirmar sin temor a equivocarnos en lo más mínimo que la forma en que vivimos ha cambiado absolutamente. Barbijos, alcohol en gel, encierro en los hogares, lavado de manos, etc. Cuarentena, distancia social en las calles, controles policiales, y mucho más muestran que nada ya será lo mismo, al menos por mucho tiempo.

                    En el aspecto económico, el mundo se encuentra virtualmente paralizado y no vale la pena entrar en detalles aquí. Todos sabemos de qué se trata. Las pérdidas son monumentales y serán mucho peores, lamentablemente.

                  Pero, al menos al decidirnos escribir estas líneas, personalmente pensamos en la realidad argentina. Más específicamente en la realidad económica de nuestra querida patria.

                 Podemos separar algunas cuestiones que parece que podemos dejar, por un momento, en un costado.

                 Inflación, gasto público, ineficiencia del Estado, déficit fiscal, emisión espuria de moneda, presión fiscal exorbitante, endeudamiento y todas las demás cosas que habitualmente abordamos en análisis de todo tipo y color vinculados a estos temas. Separemos por un momento esto.

                En estas últimas jornadas hemos visto desde compras de alimentos por parte del Estado a precios claramente superiores a los corrientes, hasta la puesta en escena de millones de personas que deben acudir a la caridad pública para poder sobrevivir, entre otras cosas porque subsisten en la marginalidad, de manera informal y con todo tipo de carencias.

               Esto no es nuevo, claro que no. Todos los sabemos. Todos los políticos, funcionarios y demás deudos lo saben. Todos.

              La economía informal en la Argentina supera posiblemente el 50%.  Venta informal, manteros, marcas de ropa o de lo que sea adulterados, películas en DVD, venta ambulante, ventas sin factura, lo que se nos ocurra. Lo veníamos viendo todos los días. Durante décadas. Y cada vez más.

             Pero ahora la pandemia ha traído a la superficie el verdadero cáncer que significa vivir de este modo.

             Funcionarios corruptos que compran con dinero público alimentos, pañales, barbijos y medicamentos. Capas de amigos del poder en cargos públicos para los que clara y muy largamente no son idóneos. Búsqueda de culpables en empresarios “miserables”, entes “hegemónicos”, grandes empresas  y el sinfín de acusaciones a comerciantes que “suben los precios y se aprovechan” son moneda corriente y no vale la pena abundar tampoco en eso.

            Empleo en negro, monotributistas que no son tales, cifras “no remunerativas” y toda la gama de mecanismos de evasión y de elusión de las cargas tributarias largamente desmesuradas impuestas por el sistema, aparecen como si se tratara de esa  basura que traen las olas a la orilla del mar,  producto de años de contaminación irresponsable.

            En estas horas se habla de “1.000 geriátricos” que en la Capital funcionan de modo irregular.  Los comunicadores hablan de “la falta de controles” y de los “empresarios truchos” que regentean estos establecimientos. Hace unos días hablaban de los funcionarios corruptos, de los “acaparadores” que guardan los barbijos o el alcohol.  Hace algunos años el problema eran las remiserías. También los “charters”. Hoy es Uber. Lo que sea. Son las consecuencias del sistema.

          Sí, las CONSECUENCIAS DEL SISTEMA.  Recordemos algunos casos. ¿Cuántas veces a lo largo de décadas vimos al PAMI funcionar normalmente sin irregularidades? ¿Cuántas veces vimos licitaciones cristalinas, abiertas y puestas en conocimiento público? ¿Cuántas veces corroboramos que las diversas “obras sociales” se manejan y funcionan de manera accesible para todos sus afiliados sin “curros” varios? ¿cuántas veces corroboramos que el mecánico, el verdulero, el chapista, el plomero o quien sea nos da facturas en regla?

         Podríamos seguir recurriendo a  estrujar nuestra memoria para traer a cuento innumerables descalabros financieros y económicos a lo largo de DÉCADAS.

         No estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de TODOS LOS GOBIERNOS.

        Pongámoslo así: los gobiernos deben administrar el dinero que recaudan coercitivamente de manera prístina y rindiendo cuentas como lo exige la Constitución. Las cargas fiscales deben ser razonables. El Estado debe respetar el derecho de propiedad y los contratos. La moneda debe ser controlada por un Banco Central o por quien fuere de manera independiente. Los sindicatos deben ser desregulados y propinarse sus recursos como lo hace cualquier club, por ejemplo. Debe haber libre afiliación y desafiliación. Debe haber libertad sindical. Deben terminarse las corporaciones, las “quintitas”. Los cotos de caza.  Los “permisos” inútiles que sólo sirven para generar escenarios de corrupción. Las licitaciones deben ser públicas y abiertas al mundo entero. Debe abolirse la coparticipación federal y volverse a la Constitución de 1853/60 donde cada provincia genera sus recursos y vive de acuerdo a sus posibilidades. Esto puede parecer dramático pero es la coparticipación federal la que genera los llamados feudos provinciales.

        Hay que terminar con el nepotismo y el amiguismo. Hay que terminar con la arbitrariedad de los funcionarios. Hay que apuntar a que la Justicia funcione de manera independiente y transparente.

        Hay que tener presente que los políticos culpan a los empresarios y a los comerciantes siempre. Pero son los políticos quienes emiten la moneda, aprueban el gasto público y  la presión tributaria y avalan con leyes los cotos de caza (sindicatos, obras sociales compulsivas, “consejos” de profesionales, corporaciones de medios, publicidad oficial digitada, etc.)

         Por supuesto que es una tarea ímproba, que puede incluso llevar décadas. Pero sería bueno tomar el toro por las astas y generar una tendencia a corregir la base del problema.

      Es muy fácil para los políticos culpar a comerciantes, a empresarios, a “grandes corporaciones”, a “acaparadores”, a “truchos” de todo tipo. Lo que seguramente es muy difícil es que alguna vez admitan que si todo esto funciona así, la culpa recae básicamente en quien fija las normas y en quien aplica el poder de policía del Estado.

      Un solo ejemplo bastará para entender buena parte de lo que queremos decir: durante la década de la llamada “convertibilidad” en la Argentina no hubo inflación, no hubo “acaparadores”, no hubo “cadenas de distribución abusiva”,  no hubo “vivillos” que subían los precios, no hubo nada de eso. No se trata de que nosotros compartamos el sistema “convertible”.  No lo compartimos porque encierra la trampa de la diferencia de productividad con el país de origen de la moneda que se usa como conversión.

      Pero es indudable que cuando el país utiliza una moneda sana, buena parte de los “inescrupulosos” y “especuladores” se convierten en buenas personas. 

      La actividad económica, en todas sus facetas, no tiene por qué involucrar a funcionarios públicos. No tiene y no debe. Los dineros del Estado deben utilizarse de acuerdo a lo que establece la Constitución y no estar disponibles para que advenedizos e improvisados puedan decir comprar cualquier cosa, desde alimentos hasta cemento, desde medicamentos hasta pollos.  Ojalá aprendamos de una buena vez.

      A lo mejor, la pandemia, dentro del drama que significa, sirva para echar luz.

 

 

 

               

 

                                                                                                                                         Buenos Aires, 25 de abril 2020

HÉCTOR  BLAS TRILLO