Segunda Opinión
Cualquiera que quiera ver cómo funciona la economía informal en la Argentina, no tiene más que observar a su alrededor.
Si hace las compras hogareñas, notará que rara vez recibe su factura por sus adquisiciones en la verdulería.
Si va con un amigo o familiar a tomar un café, difícilmente obtenga un ticket en regla.
Lo mismo le ocurrirá si almuerza en algún bar o restaurante pequeño. O si hace sus compras cotidianas en algún minimercado de barrio.
Posiblemente en la gran mayoría de los casos, sus programas de computadora los habrá comprado o conseguido de manera informal.
Si adquiere películas en DVD o CD musicales en los infinitos puestos callejeros ni hablar. Como mucho recibirá un comentario del estilo de “llévela tranquilo, don, que funciona perfecto…si tiene algún problema me la trae que se la cambio”.
Si contrata un servicio en un gimnasio. Si compra hojas para la carpeta de su hijo en la librería. Si lleva su auto al mecánico. Si contrata a un viaje en remis. Podrá observar que, salvo que pida especialmente un comprobante legal, no tendrá nada, o a lo sumo un papelito que dirá algo así como “no válido como factura”.
Si necesita materiales de construcción le ocurrirá algo parecido. Otro tanto si va a la gomería. Al chapista. A una casa de venta de productos dietéticos.
Muchas veces recibirá presupuestos por trabajos para su hogar que llevan el aditamento verbal de “esto es sin IVA”. O sea, si quiere factura el precio es otro.
En tiendas, “boutiques” o zapaterías barriales también le ocurrirá que le digan: “si tiene algún problema y quiere cambiar, con la bolsita basta”
Ni qué hablar lo que ocurre en las “Saladas “ y “Saladitas”, en el Mercado Central o en las ferias artesanales, que dicho sea de paso tienen hasta un permiso especial para trabajar sin comprobantes.
En las playas de estacionamiento. En los albergues transitorios. En la mercería. En la tintorería. En la panadería.
En donde se le ocurra, Ud verá que tiene grandes dificultades para conseguir una factura en regla, que sólo podrá obtener si la reclama y a veces con insistencia.
Por supuesto que en muchos lugares habrá de recibir Ud una factura en regla. Especialmente en las grandes cadenas de supermercados o casas de comidas rápidas.
Pero las fábricas medianas y pequeñas comercializan buena parte de su producción dentro del mercado informal. Es que aunque sus dueños no quisieran hacerlo así, les resulta imposible vender sus productos en un 100% con factura. Los clientes, especialmente comercios medianos y pequeños, le pedirán que por lo menos la mitad de lo que compran, sea en negro.
Todo esto funciona de este modo desde hace varias décadas.
¿Cuáles son las causas de este comportamiento generalizado? ¿Por qué ningún gobierno ha podido luchar en serio para terminar con este flagelo que no se suele ver en los países avanzados? Y en definitiva: ¿Por qué en los países avanzados funciona y aquí no?
Las causas son varias. Pero la principal es la presión tributaria desproporcionada. En esto casi ningún investigador de este tema difiere. Luego entran otras cuestiones: el uso que hace el Estado del dinero es también una razón de peso. Y no tanto porque lo malgaste, sino porque como no brinda buenos servicios a su cargo, obliga a la población a contratar de manera privada tales servicios, lo cual implica pagar dos veces. Eso pasa con la educación, pasa con la seguridad y claramente pasa con la salud.
Las explicaciones de los gobernantes suelen no considerar estos aspectos fundamentales. Lo habitual es que se acuse a empresarios y comerciantes de ser “angurrientos”, de tener una “cultura de la evasión”, de no ser solidarios y cosas por el estilo.
Sin embargo, resulta obvio que la gente de bien no quiere estar fuera de la ley y no resulta razonable suponer que un porcentaje enorme de la población está contento violando la ley.
Habrá quienes seguramente obren de manera incorrecta por las razones que esgrimen los gobernantes u otras. Pero no caben dudas de que el comportamiento generalizado tiene que ver con cuestiones bastante más objetivas que la presunción de delincuencia. Y esas cuestiones objetivas son fácilmente detectables: si se pagan todos los impuestos y cargas resulta imposible ser competitivos. Si se pretende que toda la producción de una fábrica se venda con factura eso será imposible porque no habrá compradores.
Esta realidad no ha entrado, que recordemos, en ningún análisis político serio a lo largo de muchos años.
Sin embargo, han sido incontables las moratorias, los planes de facilidades y hasta los blanqueos de capitales. El último de los cuales ha sido prorrogado y se encuentra vigente. Y también a lo largo de muchos años han surgido promociones con reducciones de porcentajes de contribuciones laborales para incentivar el empleo registrado. A estas promociones se le suma, además, la increíble cantidad de conceptos “no remunerativos” que se acuerdan entre empresarios y sindicatos. ¿Cómo una parte de la remuneración puede ser “no remunerativa”?
Cabe recordar que tal categoría no sufre ni aportes de los trabajadores ni contribuciones de los empleadores. Ni entra en el cómputo del aguinaldo ni en la indemnización en caso de despido.
¿Y por qué ocurre esto? Porque las contribuciones y aportes son muy elevados y no pueden pagarse fácilmente, cosa que tácitamente tanto empleadores como sindicalistas vienen reconociendo desde hace varios años, siempre con el aval del Ministerio de Trabajo, que homologa una y otra vez los acuerdos.
Y la frutilla de la torta es la inmensa cantidad de empleados públicos que figuran como “contratados” registrados como monotributistas. Es decir, en negro.
Ahora bien, las empresas y comercios que venden parte de su mercadería sin comprobantes no pueden luego afrontar los sueldos y contribuciones jubilatorias por el simple hecho de que no tienen ingresos “en blanco” suficientes.
Llegamos así a la proverbial madre del borrego. Una presión tributaria insoportable, un cuadro inflacionario insólito al que además se agrega el hecho de que no se ajustan los valores fijos que permite deducir, por ejemplo, la ley de impuesto a las ganancias (gastos de automóvil, gastos de sepelio, valor del automóvil para ser amortizado, etc.) Una Sociedad Anónima o una S.R.L. pagan hoy el 35% de impuesto a las ganancias sobre sus utilidades netas, que se ven incrementadas de manera artificial por efectos de la inflación . Pagan ingresos brutos con tasas del orden del 3% mínimo. Pagan ganancia mínima presunta al 1% de su activo (sin computar el pasivo), pagan el 21% de IVA sobre las ventas. Pagan bienes personales, tanto las sociedades como las personas físicas. Pagan sellos, tasas municipales, derechos y guías de transporte o seguridad e higiene, entre muchas otras cargas. Y los anticipos y pagos a cuenta (retenciones, percepciones) hacen que los impuestos se abonen en casi su totalidad por adelantado o antes de cobrar las propias ventas con lo cual es necesario financiarse en los bancos a tasas hoy por hoy exorbitantes (superiores al 50% en descubiertos bancarios) En materia laboral, entre aportes y contribuciones sobre el salario registrado, se llega a un 40%. Un empleado con un sueldo de $ 100, se le descuentan $ 17 y se le suman $ 23 de contribución patronal. Sin considerar aquí aportes a la ART o seguro de vida obligatorio. Si consideramos los $ 40 sobre el sueldo neto de $ 83 que percibe el empleado, la carga es del 48,19%.
La presión tributaria objetiva es enorme en la Argentina. Según sean los cálculos está cercana al 50%. Y si le sumamos la inflación (que es también presión tributaria), es mucho más. Y si le agregamos el hecho de que los impuestos se abonan casi en su totalidad por adelantado e incluso antes de haber cobrado las operaciones, la presión es mucho más alta todavía.
Desde hace muchos, demasiados años, los gobiernos vienen dictando normas que intentan reducir el llamado empleo no registrado otorgando beneficios en las contribuciones patronales. Incluso actualmente está vigente la ley 26.476 del año 2008 y que se ha limitado hoy a los llamados convenios de corresponsabilidad gremial.
Pues bien, la presidenta de la Nación acaba de anunciar un nuevo proyecto de ley que apunta a reducir las contribuciones a las empresas pequeñas y medianas fundamentalmente, con el objeto de otorgar un incentivo a empresarios y comerciantes que favorezca el empleo registrado.
Cualquiera que haya intentado desarrollar algún emprendimiento, por modesto que fuere, sabe de las dificultades y costos que implica ponerlo en marcha. Es directamente imposible arrancar con todo en regla. Por eso es que se buscan desde el gobierno atenuantes para bajar las cargas, como por ejemplo el monotributo, o las reducciones previsionales. Ser monotributista es una ventaja comparativa en determinadas circunstancias.
Y precisamente el propio gobierno sabe muy bien que la presión tributaria es insostenible. Por eso las moratorias, blanqueos y planes de financiación. Por eso las quitas o reducciones. Por eso las promociones.
En estos momentos el trabajo en negro, no registrado, está cerca del 40%. Pero si consideramos en negro a los “contratados” y a los conceptos “no remunerativos” tendremos un porcentaje mucho mayor de sueldos que se abonan fuera del circuito legal sometido a aportes y contribuciones. Y es el Estado (nacional, provincial y municipal) uno de los principales empleadores de personal no registrado.
Esta es la cruda realidad y es por eso que fracasan los intentos de reducir el empleo en negro. Fracasan porque no se está atacando el problema. Porque los gobernantes parten del supuesto de que los empleadores tienen a sus empleados en negro de puro delincuentes angurrientos que son, en lugar de analizar en profundidad todas las razones y atacar las causas del problema. Los gobernantes miran para otro lado cuando se les habla del personal “contratado”, como también miran para otro lado cuando se les dice que los principales bancos y por ende los principales banqueros son del Estado.
Para terminar con el flagelo es indispensable una reforma tributaria integral, el retorno al federalismo fiscal, la abolición del financiamiento inflacionario del Estado, la seguridad jurídica, la permanencia en el tiempo, la unificación de las alícuotas, la eliminación de las promociones, la generalización de los tributos y muchos otros aspectos que son técnicos pero que en conjunto apuntan a una sola cosa que está dicha en la Constitución Nacional hace ya 160 años, y que es aquello de que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Debe facilitarse sí, el acceso a cualquier actividad. Debe ser sencillo y rápido el trámite. Debe aceptarse que resulta imposible sostener un pequeño negocio si hay que afrontar la carga tributaria increíble que debe afrontarse.
La principal razón por la cual en países como los EEUU todo el mundo paga su “tax” en las compras, es que el mismo está en el orden del 6 o 7% según los Estados, ya que además allá sí funciona el federalismo. Acá sólo entre Ingresos Brutos e IVA tenemos no menos de 24% de recargo sobre el precio.
Hay que atacar las causas, no las consecuencias. Hay que comprender que con la carga tributaria que debe soportarse, es imposible que la economía funcione. Así, la injusticia de la evasión genera la injusticia de la competencia desleal. Y a ellas se suma la injusticia de las moratorias y de blanqueos de capitales, que siempre terminan poniendo en un mejor lugar a los evasores, en detrimento de los que intentan cumplir.
HÉCTOR BLAS TRILLO
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