Translate

Follow by Email

domingo, agosto 06, 2017

ECOTRIBUTARIA: INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO Y OTRAS MENUDENCIAS

Ecotributaria
INFLACIÓN, TIPO DE CAMBIO Y OTRAS MENUDENCIAS
“La inflación es siempre un fenómeno monetario” Milton Friedman

En los últimos días la suba del tipo de cambio ha provocado preocupaciones de diversa índole, especialmente en el gobierno nacional; por más que se pretenda lo contrario.
De hecho, el viernes 28 finalmente el Banco Central salió a vender más de 300 millones de  dólares cuando la moneda verde había pasado tranquilamente el techo de los $ 18 por unidad, intentando ponerle un freno vendiendo más barato algo que de por sí estaba costando más caro.
Este tipo de jugadas no son gratuitas, como todos quienes estamos vinculados con esta actividad sabemos.
El tipo de cambio permaneción más o menos “planchado” mientras la inflación aumentaba alrededor de un 60% luego de la salida del ridículo “cepo” instaurado por Cristina Fernández y Axel Kicillof intentando tapar el Sol de la realidad con el dedo del autoritarismo.
La moneda norteamericana llegó a costar más de $ 16 a fines de 2015, valor que bajó a alrededor de $ 15.- y que se mantuvo con muy pequeñas oscilaciones hasta hace un par de semanas.
¿Por qué ocurrió esto?. Por varias razones que podríamos detallar. Diremos simplemente que hubo sobreoferta de moneda extranjera producto de la política monetaria del Banco Central, que se centró en las altas tasas de interés en pesos para “secar” la plaza, que originaron la llegada de los llamados “capitales golondrina” que venden dólares para comprar Lebacs –por ejemplo- con tasas de interés que en su momento sobrepasaron el 38% y hoy están encima del 26% en pesos. De tal manera que estos inversores primero vendieron sus dólares, que pasaron a pesos, para luego volver a dólares y lograr ganancias elevadísimas en moneda dura. También hubo ingreso de dólares por el endeudamiento del Estado, en parte para renovar financiamientos anteriores y en parte para lograr nuevo financiamiento a los efectos de cubrir el enorme déficit fiscal heredado sin tener que recurrir a emisión monetaria espuria tanto como fuera posible.
A su vez, la quita de las llamadas “retenciones” a prácticamente todas las exportaciones mejoró los ingresos de divisas por el comercio exterior, trayendo más y más dólares que de tal modo se volcaron al mercado.
Es decir, gran oferta de dólares que mantuvo estancado el valor de la divisa. Y aclaramos, por si cupiera, que cuando hablamos de dólares hablamos de cotización del peso frente a monedas extranjeras en general. Lo hacemos para simplificar el texto y para que se facilite la explicación.
Claro, el atraso cambiario tiene consecuencias. Para no irnos muy atrás las tuvo en enero de 2014, cuando Kicillof debió aceptar que el dólar pasara de 6 a 8 pesos. También las tuvo cuando mediante el “cepo” intentó mantenerlo en 9 pesos provocando enormes problemas con importación de insumos básicos y hasta de medicamentos o tampones.
La realidad es que de una manera u otra nuestros beneméritos gobernantes han intentado queriéndolo o no, mantener atrasado el valor del dólar para frenar así de manera artificial la inflación.
Pero ocurre que la inflación es un fenómeno monetario que de una forma o de otra termina destruyendo estos ardides intervencionistas. Porque el problema está en el déficit fiscal que debe ser financiado, y no en otra parte. Si se financia con emisión de moneda sin respaldo, se genera inflación. Si se financia con endeudamiento, se tira la proverbial “pelota para adelante”.
Eso ha ocurrido en la Argentina durante décadas. Salvo escasísimos períodos de superávit fiscal.
Actualmente el país registra déficit comercial. Es decir está importando más de lo que exporta. Eso se debe entre otras cosas a que el dólar ha quedado barato. También a cierto incremento de la actividad o a la necesidad de reponer o mejorar bienes de capital (que es lo que está importándose de manera creciente) aprovechando el tipo de cambio.
A su vez los llamados “capitales golondrina” están saliendo, y el endeudamiento externo del Estado para financiar el déficit está aflojando bastante. Dicho de otro modo, mientras por un lado aumenta la demanda de dólares por importaciones, también lo hace por parte de quienes prestaron sus dólares pasándolos a pesos en Lebacs y ahora se retiran. A su vez baja la oferta como consecuencia de que ha bajado la tendencia al endeudamiento externo, y han bajado comparativamente las exportaciones (si las relacionamos con las importaciones) Más demanda, menos oferta: suba del tipo de cambio.
Ahora el Banco Central, por enésima vez en la historia intenta frenar la suba del precio de la divisa para frenar las “tendencias inflacionarias”, para que tal suba “no se traslade a los precios”, etc. Nada nuevo bajo el Sol.
Pero el problema está en el déficit fiscal, que es el que genera la emisión espuria de moneda y por lo tanto la pérdida de valor de ésta, es decir: la inflación. Porque la suba de precios no es la causa de la inflación, sino la consecuencia.
Políticos y economistas nos han acostumbrado a que el índice de precios al consumidor, otrora denominado “de costo de vida” haya pasado a ser sinónimo de inflación. Y este concepto es, a nuestro modo de ver, totalmente erróneo. Los precios suben de manera dispar, en distintos meses, en distintas épocas, y en diversos bienes. No lo hacen todos juntos ni al mismo tiempo. Pero suben. En realidad el verbo correcto sería que se ajustan a la pérdida de valor de la moneda. Pierde valor la moneda como consecuencia del déficit fiscal, se ajustan al alza los precios de bienes y servicios.
Funcionarios, políticos, periodistas y economistas se preocupan si en un mes “aumentan las tarifas”, la carne o lo que sea, porque provocan un “salto inflacionario” y este concepto no es correcto. Aumentan el costo de la vida, sí. Pero la inflación está allí desde que hay déficit fiscal y mientras lo haya y sea preciso financiarlo con emisión de moneda.
Y esto no es un juego de palabras sino la triste realidad. Porque son estas cuestiones las que llevan luego a “frenar el alza del dólar” para frenar así la inflación, cuando en realidad lo que ocurre es que se encarece enormemente la economía en dólares como consecuencia del artilugio monetario de impedir que suba el precio de dólar, o para mejor decir, que se ajuste al alza el precio de la moneda extranjera.
El precio del dólar es un precio más, como el del tomate, el de la luz o el de la carne. Frenarlo con artilugios monetarios no hace sino empeorar las cosas. Comienzan a bajar las reservas del Banco Central, se encarece la economía, los turistas extranjeros disminuyen, los turistas locales viajan más al exterior, muchos argentinos viajan a Chile, a Paraguay o a EEUU a hacer sus compras por los precios son muchísimo más bajos que aquí y cosas por el estilo. Es decir que la economía sufre las consecuencias de  esta forma de intervencionismo, no es un beneficio sino un perjuicio.
Durante el tiempo que lleva el actual gobierno no había habido intervención en el mercado cambiario sino manejo financiero por parte del Banco Central de la tasa de interés en pesos y endeudamiento externo en dólares. Esto es también una forma de intervención.
Por supuesto que es difícil bajar el déficit fiscal. El gasto es inmenso. El propio Macri llegó a decir que tiene un “agujero de 500.000 millones de pesos”. Provincias endeudadas o directamente en bancarrota, como Santa Cruz. Un desastre.
Subir los impuestos es imposible porque lo que se requiere si se pretende reactivar la economía es bajarlos.
El gobierno pensó de entrada en abrirse al mundo e intentar atraer capitales para mejorar los ingresos y así financiar el alarmante déficit hasta donde sea posible con recursos genuinos. No es mala idea, pero requiere inversiones que exigen seguridad jurídica, que sigue estando muy lejos de lograrse.
También ha intentado incentivar la obra pública y en muchos casos lo ha hecho, inclusive transparentando los oscuros métodos de otorgamiento de licitaciones que fueron práctica corriente en el gobierno anterior (y en otros anteriores también). Pero el camino es largo y sinuoso, como reza el título de una vieja canción.
Entonces, y para concluir. Lo primero que debemos tener en claro es cuál es el núcleo del problema; que claramente es la inflación; qué cosa la origina: el déficit fiscal que lleva a la necesidad de financiarse con emisión de moneda. Cómo se corrige: con mayores recursos (inversiones), con baja del gasto público (licitaciones no amañadas que eliminen sobreprecios) y finalmente una reforma tributaria integral que corrija el verdadero galimatías en que ha quedado el sistema impositivo luego de años de improvisaciones.
No hay milagros. No hay magia, digamos parafraseando a la presidenta anterior. El país no tiene el 30% de pobres ni está el doble de caro que nuestro vecino Chile por culpa de los supermercadistas o de las maldades de un jamás definido “neoliberalismo”. 
Con que ciertos políticos se interioricen un poco de las cuestiones que aquí comentamos y traten de encontrarle respuestas tendríamos un avance notable. Eso creemos. Pero si seguimos en campaña y lanzamos spots en los que decimos que hay que bajar el IVA a los bienes de consumo masivo, o que no hay que comprar en supermercados, o que hay que bajar la jornada laboral a 6 horas para que todos tengan trabajo estamos realmente complicados. Y como final grotesco, el “garrote” de aquel extraordinario jugador de fútbol que fue José Sanfilippo, que parece creer que la economía, las finanzas, la inflación y el crecimiento de las inversiones es una cuestión de dar palos, como el inefable Guillermo Moreno.


Buenos Aires, 29 de julio de 2017                                             HÉCTOR BLAS TRILLO


CARRIÓ Y LOS SUPERMERCADOS

La candidata Elisa Carrió salió a "invitar" a no comprar en los supermercados porque venden caros los alimentos y "estafan a los argentinos" (supongo que a los extranjeros también) . Luego agregó "a menos que ofrezcan descuentos", porque "cómo puede ser que a mitad de semana una cosa valga algo y el fin de semana valga la mitad".
Dijo también que "el abuso en los precios de los alimentos es enorme" y que ella no compraba más en los supermercados desde el año pasado.
Lo primero que viene a mi mente con estas declaraciones es aquella recordada frase del difunto Néstor Kirchner, cuando literalmente dijo "Sr. Coto, deje de meterle la mano en el bolsillo a la gente", la segunda cosa que viene a mi mente es cuando el mismo ex presidente mandó al piquetero nazi Luis D Elía a atacar a la empresa Shell, la tercera cuestión que vino a mi mente es lo que pasó en Venezuela cuando es payaso de Maduro mandó a la gente contra los supermercados y se produjo uno de los saqueos más grandes de la historia de América.
Luego vinieron a mi mente otros episodios, pero no quiero abusar recordándolos a todos. Lo cierto es que esto de mandar a la gente en contra de determinados comercios es, para mí, un acto de profunda irresponsabilidad.
Yo he dicho en este muro que cada vez compro menos en los super, por diversos motivos. Por ejemplo los vinos me parecen carísimos en el Coto de Ramos Mejía. Así que le compro al chino y a otra cosa.
Me pregunté por qué esta señora, que tiene fama de ser tan investigadora ella, no se contacta con los representantes de los supermercados y averigua un poco cómo funciona el sistema de comercialización antes de salir a decir que "estafan a los argentinos".
Pero hay más, culpar a los supermercadistas de provocar la inflación es ignorar cómo funciona la economía, y esta señora eso hizo al decir que los precios de los alimentos "son el núcleo duro de la inflación", lo cual implica que si los precios de los alimentos fueran más bajos, habría menos inflación o no la habría. O al menos no se la incentivaría.
Señora: la inflación es un fenómeno monetario, y si los precios de las cosas suben es porque hay más moneda para poder pagarlas, o de lo contrario dejan de consumirse y los precios bajan. El núcleo duro de la inflación, o más bien el único núcleo, es el déficit fiscal que se cubre con emisión de moneda.
Yo no conozco en profundidad el sistema de comercialización de los supermercados, pero sí sé que los acuerdos con los bancos y las tarjetas para otorgar descuentos tienen que ver con la ventaja financiera que se obtiene.
Que los clientes usen determinadas tarjetas, o que paguen por ejemplo con tarjetas de débito, tienen que ver con el hecho de que los clientes operan con esas tarjetas y eso favorece a los emisores de las mismas, que o bien reciben el dinero en el caso de las de débito, o cobran comisiones e intereses (aparte de los saldos) en el caso de las de crédito.
Cabe recordarle a la señora Carrió, ya que estamos, que esta política de descuentos los fines de semana no la aplican solamente los supermercados, sino la mayoría de las firmas comerciales, desde casas de electrodomésticos o de ropa, hasta los comercios que venden sábanas y colchones o los shoppings en general, con lo cual bueno sería que nuestra benemérita investigadora también se preguntara cómo hacen todos estos comerciantes para vender a un precio durante la semana, y a otro los fines de semana. Y no se limite únicamente a los supermercados. ¿No?, es lo menos que puede pedírsele. Si vamos a hablar de diferencias de precio entre semana y fin de semana, hablemos, pero de todas, y no solamente de las de los súper. Porque en tal caso yo le recomendaría que además de no comprar en los supermercados, no compre en las grandes casas de ropa, o de electrodomésticos, o en los shoppings, o que no saque pasajes de avión en compañías de bajo costo y así siguiendo.
La consultora ABECEB hizo un estudio el año pasado que demostró que la ganancia promedio operativa neta de un supermercado es del orden del 2,7%, especialmente por la inmensa carga tributaria que soportan ya que entre otras cosas (esto lo digo yo) deben vender todo en blanco, cosa que no ocurre en ningún comercio de barrio.
Y acá yo creo que la ganancia de los supermercados está más que nada en la cuestión financiera. Es muchísimo el dinero que ingresa al contado o mediante tarjetas de débito e incluso de crédito, que se cobran a los 15 o 20 días, mientras que los súper compran con 60, 90 y hasta 120 días según he leído.
A mí esto de usar políticamente a los supermercados para hacer campaña me resulta más que cansador. Hace AÑOS que viene repitiéndose la misma cantinela. ¿Qué tal si los cerramos a todos y terminamos con el problema, señora?...eso sí, cerremos tiendas, shoppings, casas de electromésticos y demás comercios que aplican técnicas de comercialización similares, ¿no?
Es decir, cerremos todo, dejemos a los comercios de barrio que figuran casi todos como monotributistas y terminamos con la inflación en la Argentina ¿verdad?

Y, ya que estamos y denunciamos, demostremos por qué los supermercados estafan a los argentinos, y por qué los demás comercios que hacen lo mismo no. ¿No le parece? HÉCTOR BLAS TRILLO 22-7-2017

ECOTRIBUTARIA: LOS IMPUESTOS Y EL ESTADO DE DERECHO

Ecotributaria
LOS IMPUESTOS Y EL ESTADO DE DERECHO
El sistema de recaudación de impuestos mediante recursos tales como retenciones, percepciones y pagos a cuenta ha llegado a extremos increíbles, y de un modo u otro es aceptado mansamente por una sociedad resignada.
         No es una cuestión nueva, lleva ya demasiados años. Aunque en los últimos 10 o 15 años se ha agravado ostensiblemente. Los sistemas de retención, percepción y pagos a cuenta de impuestos nacionales y provinciales se han multiplicado hasta el infinito. Ello además de haberse revertido absolutamente la carga de la prueba. Los organismos recaudadores establecen pautas para incluir a supuestos o reales contribuyentes en los denominados “padrones” de modo que quienes comercian con ellos deben consultar de manera permanente para determinar si corresponde o no retener o percibir diversos impuestos sobre las operaciones realizadas. Cada persona o empresa afectada por este sistema, si considera que ha sido injustamente incluida en los “padrones” debe iniciar un largo derrotero para demostrar que no corresponde que esté en tal situación, para lo cual debe acercar información, documentación y toda clase de pruebas a juicio de los distintos organismos fiscales nacionales y provinciales tendientes a demostrar que se encuentra mal catalogada y que no es correcto que se le retenga o perciba tal o cual impuesto.
         El sistema es en sí mismo claramente inconstitucional porque nadie es culpable a menos que se le demuestre que lo es, y no a la inversa. Pero además, aún en el caso de que la víctima de este abuso pueda demostrar que no corresponde que le cobren un impuesto, y encima  por adelantado, debe luego tramitar la devolución, lo que por lo general se transforma en una nueva odisea, que en el mejor de los casos termina con que se le permita utilizar el monto de la exacción como “pago a cuenta” de otros impuestos, o tal vez que algún día imposible de determinar se le devuelva el dinero sin ajustar por la inflación y sin reconocer interés alguno.
        Estas prácticas se han generalizado y hemos visto casos de contribuyentes que por un simple depósito bancario reciben hasta 8 retenciones de impuesto sobre los ingresos brutos de diversas provincias. Pero no solo eso. También hemos visto casos de entes exentos del impuesto sobre los ingresos brutos pero que por ejemplo adeudan una cuota, dos o las que fueren del impuesto a los automotores que se los incluye en el “padrón” y por lo tanto se los somete al pago de un impuesto que no le corresponde pagar en ningún caso, porque el fisco considera que si no pagó un impuesto (automotores) debe ser sancionado pagando otro (ingresos brutos). Esto constituye un verdadero dislate a simple vista. Pero ocurre y es violatorio de elementales garantías constitucionales.
       Como ocurre que algunas provincias aplican descuentos en impuestos como el inmobiliario a los buenos cumplidores, de manera que aquellos que por la razón que fuere adeudan tal impuesto, son sancionados no solamente con intereses y multas por el no pago en término de los tributos, sino que pagan una alícuota mayor, la cual es claramente una sanción fuera de toda norma procedimental. Hemos visto casos de descuentos de hasta el 25%, de tal modo que por ejemplo un impuesto determinado de $ 100 se convierte en uno de $ 75 para buenos cumplidores. En tal caso, el contribuyente moroso pierde el beneficio y debe pagar $ 100.- es decir un 33% más, ello aparte de pagar los intereses resarcitorios y las multas que se aplicarán sobre la cifra de $ 100.-
       En términos generales la AFIP ha venido dictando normas para otorgar beneficios a los contribuyentes cumplidores, por ejemplo permitiéndoles algunos magros planes de pago, o la prórroga por 90 días en el pago del IVA impuesta por ley. Pero para esto es preciso estar al día con una serie de cuestiones, porque de no estarlo, la AFIP quita el beneficio. Verdaderamente es a nuestro juicio no solamente una andanada de actos ilegítimos, sino también un absurdo.  Ello así porque en general quienes no pagan en tiempo y forma sus impuestos no es porque son evasores, ya que evasores son los que no declaran sus obligaciones (otra confusión muy común incluso entre profesionales). Suele ocurrir que quienes presentan sus declaraciones y luego no pagan en tiempo y forma es porque sencillamente NO PUEDEN. En una época se otorgaban planes de facilidades cuando el contribuyente demostraba, con una serie de requisitos, que tenía problemas financieros. Ahora es al revés, si el contribuyente tiene problemas financieros y por eso es moroso, no se le permite acceder a planes. Y lo que es todavía peor, cuando se accede a planes y luego no se cumple con ellos, la AFIP exige el pago del total adeudado en un plazo de 15 días, caso contrario lo pasa a la vía judicial y termina embargando las cuentas bancarias. El absurdo llevado al extremo. Si el contribuyente no paga porque no puede hacerlo (de lo contrario no lo hubiera declarado o no hubiera presentado el plan), es ahora obligado a pagar al contado, con intereses, y con los honorarios del abogado del Fisco si no cumple, y soportar el embargo de las cuentas que le impide por ejemplo seguir cumpliendo con otras obligaciones incluso fiscales.
       Otra verdadera curiosidad es la que deriva de una vieja resolución ahora reformada que permite que quienes son monotributistas tengan una tasa diferencial del impuesto a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque). Por esta resolución, el contribuyente podía presentar una nota en el banco dada su condición de monotributista y lograr una reducción de la tasa del impuesto, que en lugar de ser del 0,6% al débito y otro tanto al crédito, ésta pasa a ser del 0,25% respectivamente.  La razón de esta normativa es que como el monotributista no puede utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios como pago a cuenta de ningún tributo, es razonable que se le fije una alícuota menor. Incluso esto debería ser automático, sin necesidad de solicitarlo. Pues bien, el año pasado la AFIP emitió una resolución por la cual se otorga esto que llama “beneficio” a aquellos contribuyentes que estén al día con el pago del monotributo. De tal modo que si no están al día, no solamente deberán pagar los intereses resarcitorios y demás sanciones previstas en la ley de procedimiento fiscal, sino se le cobrará la tasa plena del impuesto a los débitos y créditos, aplicando de este modo una sanción absolutamente ilegítima.
       Existen muchos ejemplos en la misma dirección que estos que brevemente comentamos. Los organismos de recaudación avanzan raudamente por encima de las normas y aplican sanciones que aquí calificamos de ilegítimas pero que tranquilamente podemos tildar de ilegales. Es absurdo que por ser moroso en un impuesto, el contribuyente deba pagar otro,  esto es clarísimo.
       Y es más absurdo todavía que quienes tienen dificultades para pagar sus tributos sean perjudicados negándosele beneficios legales (caso PYMES, por ejemplo) sino que además se los obliga a pagar al contado lo que obviamente no han podido pagar con plazos.
       En nuestra opinión, ni la AFIP ni las oficinas de rentas provinciales tendrían que tener ninguna posibilidad de llevar adelante este tipo de políticas. Ni las recaudatorias manu militari, ni la aplicación de “sanciones” claramente improcedentes, ni la quita de posibilidades de financiarse a quienes justamente más lo necesitan. Sin embargo esto ocurre, y ocurre cada vez más.
       La política que viene observándose en la AFIP desde hace bastante tiempo se ha exacerbado últimamente hasta lo indecible. Una inmensa cantidad de regímenes de información cruzada, la repetición de información inútil, con una increíble sobrecarga administrativa, como por ejemplo el libro de sueldos y jornales que claramente se satisface con el formulario 931 que todo empleador debe confeccionar y presentar mensualmente, obliga a las empresas a dedicar tiempo y dinero por todos los motivos apuntados.
       Si a todo esto sumamos las clausuras y otras “bondades” del sistema que impiden a la gente trabajar en lugar de aplicar sanciones administrativas o multas, estamos en el último escalón previo a la caída de muchas empresas por imposibilidad de sostenerse. Y ni qué hablar de la llamada “industria del juicio laboral”.
      Estas cuestiones en general no solo no han cambiado con el nuevo gobierno, sino que se han multiplicado como una especie de tumor maligno. Piénsese por ejemplo que en los 20 meses que lleva el actual gobierno no se ha implementado el ajuste por inflación de los balances de las empresas, con lo cual se sigue pagando una tasa del 35% sobre las ganancias en buena medida producto de la inflación. Es decir, ficticias. Y en tal período la inflación habida alcanza al 60%.
      Ninguna reforma tributaria se ha encarado todavía. Y hace casi dos años que se habla de encararla. Pero además, ninguna reforma tributaria podrá funcionar si no se corrigen estas aberraciones jurídicas. No es sólo el peso de la carga tributaria que es insostenible y contribuye a generar una inmensa economía informal; es también la anómala conformación de un sistema de pagos a cuenta, anticipos, adelantos, retenciones, percepciones y una interminable lista de obligaciones informativas que hace imposible que una empresa esté al día en todo cuanto se le exige.
     La presión tributaria no sólo es inmensa por las alícuotas y por la ominosa cantidad de impuestos existentes,  o por la prohibición del ajuste por inflación establecida por la llamada ley de convertibilidad del año 1992, sino también por la carga administrativa y financiera de un sistema injusto, abusivo y en muchos aspectos inconstitucional que viola elementales normas del Estado de Derecho que tanto postula el presidente de la Nación que debe restablecerse.
    Todo adelanto de impuestos que no reconozca un interés razonable para el contribuyente, significa una mayor alícuota final. Esto también hay que resaltarlo.
    Y finalmente cabe decir que la confianza empieza por respetar los derechos y garantías constitucionales, que incluyen clara y largamente la presunción de inocencia. Y es el Fisco el que debe demostrar que somos contribuyentes antes de cobrarnos un solo peso, y no al revés.


Buenos Aires, 19 de julio de 2017                                             HÉCTOR BLAS TRILLO

EL ÁGORA: EL COSTO ARGENTINO

El Ágora
ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL “COSTO ARGENTINO”
         La Argentina está muy cara no porque nos “roben los supermercados” o se abusen de nosotros los “formadores de precios”. Hay que poner la mira en la realidad y dejarse de politiquería.
         Por estas horas ha vuelto el remanido discurso de que los precios de los alimentos y otros bienes son muy elevados por culpa de que determinados sectores se abusan de toda la población y encima lo hacen con la ayuda del actual gobierno. En nuestra opinión dicha “explicación” no sólo es oportunista y carente de fundamento técnico, sino que produce un gran daño en la opinión pública, toda vez que políticamente siempre se ha asociado la suba de los precios a la actitud empresaria y en muy pocas oportunidades (y sin la debida vehemencia, además) se ha quitado toda responsabilidad al Estado responsable del valor de la moneda.
       Una vez más vuelve a escucharse aquello de que “los supermercados le roban a la gente”. Y más allá del pleonasmo que esto significa (¿a quién, si no?) es interesante recordar que en su momento, siendo presidente, Néstor Kirchner, expresó públicamente en un discurso: “Sr. Coto (Alfredo), deje de meterle las manos en los bolsillos a la gente”. Misma idea, mismo origen político.
       Sin el ánimo de defender a nadie en particular, porque naturalmente entendemos que cada cual sabrá defenderse solo, si es que  quiere hacerlo; es útil volver sobre el asunto cada vez que aparece un brote. Porque es como si se tratara de alguna enfermedad que de vez en cuando reaparece, esto de buscar culpables donde sea y quitarse las culpas propias.
      Primero digamos una vez más que los precios elevados no constituyen inflación. Porque la inflación es la suba sostenida de los precios, o lo que es su equivalente: la pérdida de valor de la moneda. Que los precios de los productos y servicios sean caros implica que vivir en nuestro país es caro, sí, pero no existe relación entre una cosa y la otra.
      En la Argentina resulta carísimo el sistema tributario, que es uno de los pilares para el sostenimiento de un Estado cuasibenefactor que reparte desde jubilaciones sin aportes hasta asignaciones por hijo, pasando por subsidios diversos, salud pública y un sinfín de cuestiones relacionadas con el llamado “gasto social” cuya eliminación o reducción tiene un inmenso costo político, como vimos que ha ocurrido (más allá de errores cometidos) con la recuperación de las tarifas de gas y de luz.
      El déficit fiscal producto del enorme gasto público, es muy difícil de manejar y necesita ser financiado de alguna forma si no puede reducírselo. Esta es la gran encrucijada del Estado argentino que se repite cíclicamente a lo largo de muchos años.
      El déficit se financia con emisión de moneda, que provoca inflación; con presión tributaria (que impide o limita enormemente el desarrollo de la actividad económica); o con endeudamiento, que entre otras cosas aumenta la oferta de dólares en el mercado produciendo una baja de su valor en pesos, es decir que contribuye a generar el llamado “atraso” cambiario.
       El sistema tributario es un desastre, no sólo por la maraña de impuestos nacionales, provinciales y municipales sino también por la inmensa carga de trabajo administrativo que implica para los contribuyentes, a lo que se suma el costo financiero de abonar anticipos, pagos a cuenta, retenciones y percepciones de toda índole, sobre todo lo cual jamás se reconoce un interés o el efecto de la inflación. Dicho de otro modo, los impuestos se anticipan a lo largo del año como si la moneda tuviera un valor constante, mientras ésta pierde un 20, un 30 o un 40% de su valor.
      Aparte de esto, y colateralmente, muchas veces las retenciones y percepciones bancarias, el Estado Nacional o los Estados provinciales las aplican sin constatar si corresponden o no, simplemente porque lo “presumen”; y deben ser los contribuyentes los que deben demostrar que eso no es correcto, para lo cual hay que movilizar papelería, adjuntar datos, exhibir comprobantes, libros o lo que sea; en lo que constituye una verdadera reversión de la carga de la prueba. Ya que es el Estado el que debe probar que debemos pagar un impuesto, y no los contribuyentes los que debemos probar que no nos corresponde.  Y además, si probamos esto último, deberemos luego tramitar la devolución de lo que el Estado nos retuvo o percibió de modo indebido, cosa que ocurrirá, con suerte, el proverbial “día del arquero”, sin ajuste por inflación (prohibido por la ley de convertibilidad del año 1992) y sin ningún resarcimiento.
      Los comerciantes y las empresas soportan además ingentes cargos financieros, ya que por ejemplo el IVA debe abonarse alrededor del 20 del mes siguiente a aquél en que se produce la venta, con independencia de si la venta fue cobrada o no.
      Como por otro lado la tasa de interés es altísima, producto de la inflación que el propio Banco Central se ocupa de tratar de frenar “secando” la plaza de pesos ofreciendo altas tasas de interés a los bancos para que adquieran las llamadas “Lebacs” (letras del banco central) y otros títulos; tenemos que para una PYME común y silvestre el costo financiero es aún mucho mayor. Y esto tiene la lógica elemental de que el Estado seguro pagará sus bonos, pero una PYME del Gran Buenos Aires no sabemos si podrá hacerlo.
     Hay mucho más si analizamos lo que pasa con los costos impositivos y con la carga de trabajo administrativo que implica estar al día con los organismos recaudadores. Por ejemplo: cada vez que una ley establece algún beneficio, como sería el caso de la llamada ley PYME de hace pocos meses, la AFIP reglamenta su implementación y exige cumplimientos y puestas al día para otorgar el beneficio, yendo incluso por sobre  la propia ley.  O exigiendo cosas tales como el establecimiento del “domicilio fiscal electrónico”, esto es una cuenta de email donde pueda notificar o intimar al contribuyente por supuestos o reales incumplimientos. Como las obligaciones son tantas (presentaciones, pagos en término, regímenes de información de todo tipo y color, etc) permanentemente se reciben notificaciones que además no es que se hacen llegar al contribuyente, sino que se publican en un rubro denominado “e ventanilla” en la página web del sujeto obligado. Por lo cual es preciso estar mirando todos los días para saber qué nuevos reclamos habrán acontecido. Y si todo esto no se hace, se pierden los beneficios que otorga tal o cual ley.
     En este verdadero galimatías, y como hemos señalado tantas veces, la venta informal es moneda corriente, y es permitida y tolerada por los sucesivos gobiernos, como ocurre en las llamadas “saladas” y “saladitas”, o a través de los “manteros” en la vía pública, especialmente en las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril o en los centros urbanos y transporte público.
    También podríamos agregar el costo laboral, que es inmenso, ya que por cada 100 pesos de bolsillo que recibe un trabajador, el empresario debe pagar casi el doble.
    Todo esto tiene relación directa con los precios, pero hay más. El transporte es carísimo. En los combustibles más de la mitad de su valor son impuestos. De tal modo la carga fiscal supera el 100%, a lo que se suman fletes, seguros, desgaste de los camiones (porque los ferrocarriles están destruidos desde hace muchos años), custodia y un montón de gastos y cargas provinciales, entre ellas impuesto sobre los ingresos brutos y hasta “tasas de desinfección” al pasar de unas provincias a otras.
      Entonces volvamos ahora al principio. Los supermercados  operan el 100% en blanco. Nadie se va sin su ticket de cualquier compra que realice en cualquier cadena de supermercados. Eso no ocurre, como todos sabemos, en los comercios pequeños o medianos del barrio, donde por lo general los comerciantes se inscriben como monotributistas y declaran sólo una parte de sus ingresos, en la figura conocida como “enanismo fiscal”.
     Hasta donde sabemos, uno de los grandes negocios del supermercadismo es el financiero. Dado que muchísimas de sus operaciones se realizan en efectivo o con tarjeta de débito, mientras que las cadenas realizan sus compras en grandes cantidades, con interesantes descuentos por eso mismo, y con pagos a 60, 90 o más días.
     Lo mismo ocurre con otras grandes cadenas, como las hamburgueserías por citar un ejemplo.
     Por supuesto que no tenemos medida la incidencia de cada uno de los factores enumerados en cada caso. Porque además cada cadena tiene su propia política de compras y ventas, y lo mismo cada comerciante barrial. No es lo mismo operar en un shopping que hacerlo en una galería comercial de González Catán.
     Si tenemos que traer cincuenta contenedores de manzanas o peras desde Río Negro, debemos emplear 50 camiones. Si esta operatoria pudiéramos hacerla en tren, como en los viejos tiempos, o como hacen hoy por ejemplo en EEUU, entonces una sola formación con una sola máquina diesel (a lo sumo dos) traería la misma mercadería en 50 vagones. La diferencia de costo es abismal.
     Pero para eso hace falta invertir muchísimo dinero en restaurar el ferrocarril, aparte de mantenerlo dejando de cobrar tarifas políticas y cobrando lo que corresponde para mantener el servicio en condiciones.
    El actual gobierno apunta a lograr grandes inversiones en diversas áreas, como la petrolífera o la energética, para de esa manera hacer crecer la economía y disminuir así el déficit fiscal y su incidencia según lo que venimos comentando. Pero no es nada sencillo de lograr esto. Porque los inversores internacionales esperan una cierta seguridad jurídica, y también esperan que la maraña burocrática e impositiva tenga un cierto orden y la razonabilidad que implica reconocer lo verdaderamente pagado.
    Sobre la reforma tributaria mucho se ha venido hablando, pero lo cierto es que salvo pequeños parches más bien políticos que otra cosa, es muy poco lo que se ha hecho. Se le sacó la pata de encima a los productores primarios (excepto la soja) quitando las retenciones, o la prohibición de exportar trigo, por citar ejemplos. Enormidades heredadas de la gestión anterior que produjeron un daño enorme a las economías regionales. Por supuesto que reactivar este sector puede coadyuvar en gran medida a levantar tales economías y toda la industria agropecuaria asociada. Y también la comercial vinculada a ellas. Pero no deja de ser apenas un botón de muestra.
       El dólar no está “atrasado” únicamente por el endeudamiento para paliar el déficit. Lo está porque las altas tasas de interés en pesos provocan el ingreso de los llamados capitales “golondrina”  que colocan sus dólares en pesos a interés para luego “salir” logrando grandes ganancias en dólares.  También produce “atraso cambiario” la limitación que existe en diversas importaciones, porque no es cierto que se pueda importar cualquier cosa sin limitaciones, como quieren hacernos creer ciertos políticos inescrupulosos. El argumento es siempre el mismo: si abrimos las importaciones la competencia destruye el empleo local. Pero la limitación en las importaciones también lo hace, precisamente al producir atraso cambiario, encarecimiento de los bienes nacionales y baja de su calidad. Pese a lo cual se insiste en dictar normas de “compre nacional” que han demostrado ser nefastas para el país desde hace muchísimos años.
        Tal vez nos hemos extendido demasiado en este artículo, pero entendemos que es necesario poner las cartas sobre la mesa y dejar de apostar al oportunismo político. La Argentina no tiene la tercera parte de su población bajo la  línea de pobreza por culpa de los supermercados. Basta de ingenuidades.


Buenos Aires, 4 de junio de 2017                                             HÉCTOR BLAS TRILLO

PIE DE PÁGINA: LA COPARTICIPACIÓN Y SANTA CRUZ

Pie de página
LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL Y SANTA CRUZ

Con este trabajo iniciamos una nueva serie de comentarios que denominaremos PIE DE PÁGINA y que se dirigen a aquellos temas que mezclan cuestiones políticas con aspectos fiscales.


       La llamada “coparticipación federal de impuestos” nació en nuestro país en el año 1935, y tuvo su causa en la crisis mundial del año 1929 que produjo una escasez de recursos al erario nacional muy significativa. No tenemos intención de hacer aquí una reseña histórica de esta cuestión, baste decir que una vez instalado el sistema, éste se afianzó cada vez más, y finalmente adquirió rango constitucional con la reforma del año 1994, que pidió al Congreso que se dictara un nuevo esquema de coparticipación en el transcurso del siguiente año, cosa que no ha ocurrido hasta ahora.
      La coparticipación ha venido a reemplazar al federalismo tributario, que ha pasado al gobierno nacional la recaudación de determinados impuestos que deben luego ser coparticipados con las provincias. Y precisamente el criterio de distribución de los ingresos recaudados es  el que ha generado una endemoniada disputa de intereses que lleva más de 80 años.
      Porque a la distribución se le han sumado cuestiones ideológicas, que abarcan desde el apuntalamiento de regiones estratégicas, hasta la pobreza relativa de determinadas provincias respecto de las otras.
      Sabemos que desde hace ya muchos años las leyes tienen en la Argentina una validez relativa. Éstas terminan siendo modificadas por decretos, a veces de “necesidad y urgencia” y otras ni siquiera eso. O por simples resoluciones de secretarías y subsecretarías. Sólo a guisa de ejemplo recordamos que en la Argentina se prohibió la exportación de todo tipo de carnes por una decisión de la Secretaría de Comercio. Ni la ley, ni la Constitución (la madre de todas las leyes), ni el Congreso, ni la Justicia ni nadie hizo absolutamente nada relevante para revertir semejante disparate jurídico. Y no queremos salirnos del tema económico, pero en este querido país hasta se han anulado leyes como si jamás hubieran existido.
      De tal forma que a la ley de coparticipación federal, que fue modificada varias veces, se le sumó en los años 70 una entelequia que cobró la forma de “Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN) para tirar alguna que otra soga a provincias en dificultades. Y en nuestra opinión, en el sumun del despropósito, el llamado “Fondo de Reparación Histórica” para la provincia de Buenos Aires, que siempre resultó la más perjudicada por el régimen coparticipatorio, por ser justamente la más rica y la que debía recibir menos para favorecer así a las llamadas provincias pobres.
      En fin, así las cosas, las disputas interprovinciales fueron permanentes. Incluso las cuestiones de interpretación de la norma fueron la vida cotidiana en la materia.
     La verdad de esta historia es que este sistema simplemente ha abolido de un plumazo el régimen federal de impuestos, que implica que cada provincia debe recaudar lo suyo y pasar una parte  a la Nación para el sostenimiento del Estado Federal y no al revés.
    Ésta es la razón profunda del nacimiento de los feudos provinciales. Porque éstos se sostienen con el dinero que reciben de coparticipación sin hacer nada para recaudarlos. Porque las provincias recaudan los impuestos provinciales, (ingresos brutos, sellos, inmobiliario) pero se desentienden de los nacionales (ganancias, IVA, ganancia mínima presunta, bienes personales). Así las cosas, la lucha por recibir mayor coparticipación de impuestos nacionales tiene su justificación. Necesitan recursos que luego destinan al gasto público improductivo e incluso al clientelismo y especialmente al nepotismo, sin tener que sufrir la impopularidad de tener que recaudar tales impuestos nacionales. Las provincias en general sufren las consecuencias de este régimen perverso, porque reciben sin esfuerzos grandes sumas de dinero que termina siendo siempre insuficiente.
         No hay que olvidar que la economía y la política, si bien van de consuno, tienen intereses contrapuestos. Los economistas serios apuntan al ahorro y a la inversión para mejorar la calidad de vida. Los políticos a la “distribución” para obtener así mayor popularidad y votos.
         Y toda esta historia viene a cuento de lo que ocurre hoy en Santa Cruz. La señora gobernadora dijo desde el comienzo de su gestión, en diciembre de 2015, que su provincia estaba “quebrada”. Es decir que no es que lo dice ahora, lo dijo apenas asumió, siendo que desde 1983 esa provincia estuvo gobernada por distintas variantes del peronismo, y la Nación misma lo estuvo, salvo durante la presidencia de Alfonsín y el breve interregno de De la Rúa (que en verdad era también una coalición con parte del peronismo).
         Ahora la provincia patagónica está en crisis terminal.  Y por supuesto los políticos se culpan entre sí.  La gobernadora culpa a la Nación por no “coparticiparle” el dinero necesario. Vieja historia de la gran mayoría de las provincias cada vez que  los recursos no alcanzan. Recordemos la pelea entre Scioli gobernador de Buenos Aires, y la señora presidenta Cristina Fernández para pagar los aguinaldos, por ejemplo.
         No nos hemos detenido a analizar en este caso quién tiene razón. Creemos que cada quien debería mostrar sus números. La Nación y la provincia de Santa Cruz. Que quienes gobiernan hagan los deberes y hagan públicos esos números, como corresponde que lo hagan desde siempre.
          Pero lo cierto es que la pelea por la coparticipación empezó en 1935, y nunca terminará a menos que se vuelva al régimen federal de impuestos.  Y también es cierto que si la provincia de Santa Cruz estaba quebrada en diciembre de 2015 según las palabras de la propia gobernadora, el sayo deben ponérselo primero quienes la quebraron, es decir los propios peronistas, los propios compañeros de ruta de Alicia Kirchner. Explicaciones que personalmente no recordamos que alguna vez se las pidieran a Cristina Fernández.
   




Buenos Aires, 22 de abril de 2017                                          HÉCTOR BLAS TRILLO


EL ÁGORA: DÓLAR, EFICIENCIA Y PRESIÓN TRIBUTARIA

El Ágora
ACTUALIDAD ECONÓMICA: DÓLAR,  EFICIENCIA Y PRESIÓN TRIBUTARIA
            Este comentario pretende una vez más aclarar ciertos aspectos vinculados con las variaciones en el tipo de cambio, la oferta y la demanda de moneda extranjera y si vinculación con el comercio exterior,  las tasas de interés y la productividad.
           Empecemos por señalar que cuando hablamos en las siguientes líneas del valor del dólar, estamos haciendo una referencia general a la cotización de todas las monedas extranjeras, o dicho de otra manera, a la valuación del peso argentino.
          Mucho se ha dicho y escrito sobre la preferencia de los argentinos por la moneda verde norteamericana. Se han mencionado aspectos psicológicos e incluso una misteriosa preferencia por todo lo estadounidense, es decir todo lo proveniente del país más odiado de la Tierra por la gran mayoría de los argentinos.  Una suerte de variante del llamado síndrome de Estocolmo. O algo así.
          La realidad es que la Argentina hace muchísimos años que carece de una moneda sólida y confiable. Tan poco confiable es, que incluso el gobierno anterior pretendió obligar a la gente a “ahorrar en pesos”, demostrando por el absurdo lo que es obvio: que si nadie quiere ahorrar en nuestra moneda ¿cómo se pretende obligar a alguien a que lo haga?. Parece mentira que los gobernantes sean tan obvios, porque lo que han hecho es justamente reconocer que la moneda de cuyo valor ellos son responsables, no es aceptada por la gente como reserva. Pretender obligar a alguien a hacer algo de lo que reniega es aceptar que ese algo no sirve. Y por supuesto el resultado es que ese alguien aumente aún más, si cabe, su desconfianza.
         Naturalmente que como todo precio, el de la divisa norteamericana tiene que ver básicamente con la oferta y la demanda,  cuestión que genera no pocos resquemores en economistas o políticos dirigistas y por lo general con ideas keynesianas o heterodoxas, como le llaman ahora.
         ¿Cuáles son a grades rasgos, las causas de que aumente o baje la oferta y la demanda de dólares? Por un lado la balanza comercial, es decir el comercio exterior, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si se exporta más de lo que se importa, aumenta la oferta de dólares, caso contrario disminuye.
         Otra causa de la variación en el tipo de cambio es el endeudamiento en moneda extranjera. Si aumenta la deuda externa ingresan dólares, ello aumenta la oferta. Si al contrario disminuye tal deuda porque se paga con recursos provenientes del Tesoro Nacional, la oferta local disminuye.
        Otro factor que influye en el tipo de cambio, es la tasa de interés en pesos.  Si la tasa en pesos es muy elevada y el tipo de cambio se mantiene más o menos quieto, hay inversores externos que colocan sus dólares en pesos para luego volver a dólares y obtener una tasa de interés mayor que la que obtendrían de otro modo. O al menos lo suficientemente atractiva.
      Y aquí aparece el concepto de los llamados “capitales golondrina”, que son aquellos capitales que entran al país para colocarse en pesos y hacer la diferencia luego en dólares, para salir inmediatamente después.
     Hay más variantes pero con esta somera explicación entendemos que queda más o menos claro cuál es el problema.
     Ahora bien. Cuando el Estado limita las importaciones, por la razón que fuere, lo que hace es aumentar la oferta de dólares, ya que éstos no pueden ser demandados para importar bienes y servicios.
     ¿Por qué el Estado limita las importaciones? Por ejemplo para fomentar o proteger la industria nacional. Así se consigue una industria nacional de baja calidad, poco competitiva en el mundo, con altos precios y baja demanda incluso local, ya que la gente que puede prefiere cruzar a Chile o viajar a Miami a comprar más barato. Es cierto en este punto que para viajar y comprar afuera demanda dólares.
    ¿Por qué el Estado sube las tasas de interés más allá de lo que indica el mercado? Porque necesita financiarse, porque quiere “secar” la plaza de pesos emitidos para frenar artificialmente la inflación que tal emisión produce. ¿Y por qué emite pesos adicionales? Porque necesita cubrir el déficit fiscal.
     Cuando existe déficit fiscal éste debe financiarse con emisión de moneda  o con endeudamiento. No hay otra.  Si el endeudamiento es en dólares, aumenta la oferta de la divisa y cae su precio.
     El actual gobierno facilita la compra de dólares por parte de la gente, y también posibilita demorar la liquidación de exportaciones y el ingreso de divisas, como una forma de disminuir o postergar la oferta de dólares y evitar de ese modo que caiga más su valor.
      Porque obviamente el dólar bajo hace poco rentables las exportaciones, al tiempo que incrementa el costo en dólares de los insumos. Y también de los salarios, lo cual en cierto rango facilita la salida del país de los asalariados de mayor ingreso, que van a comprar computadoras, teléfonos y televisores a Chile, además de ropa y calzado.
     Como se ve, ninguna medida dirigista puede corregir el problema de fondo, que es el déficit fiscal. Y también puede observarse que toda forma de proteccionismo conduce a resultados nefastos. Baja calidad, altos precios, baja competencia, imposibilidad de exportar y otras cuestiones son el resultado del proteccionismo. Y un dato no menor es que el proteccionismo contribuye a acumular dólares, es decir a aumentar su oferta, bajando así su precio y haciendo más difícil exportar lo que sea.
     Acá no estamos diciendo, ni insinuando siquiera, una apertura indiscriminada y que cada quien se arregle como pueda. Estamos sí afirmando que solamente intentando abrir progresivamente los mercados al mundo vamos a lograr el equilibrio. Y que si a eso le sumamos la eliminación del déficit fiscal podremos llegar a tener una moneda sana y contribuir al crecimiento sostenido.
     Las aperturas en el mundo son progresivas, se fijan pautas, plazos. Y se cumplen. Lo contrario es mantener “quintitas” con leyes de “compre nacional” y otras bellezas que claramente anquilosan la mala calidad y los altos precios. Existe la idea de que si exportamos mucho e importamos poco eso favorece la economía del país. Pero no es así, uno exporta para importar lo que necesita y mejorar así la calidad de vida. Exportar para acumular dólares en el Banco Central  es puramente mercantilista.
     Y un par de aspectos que deben considerarse, y con esto terminamos este breve comentario, son las licitaciones públicas y la eficiencia. Las licitaciones deben ser internacionales siempre, y absolutamente transparentes, publicadas en Internet y dentro de un esquema jurídico que disminuya al máximo las chicanas que suelen presentar los oferentes que no resultan seleccionados. Además, las decisiones de elección deben ser tomadas por comités idóneos, incluso internacionales, y no por el funcionario de turno, dado que no es un especialista en cada cosa que se licita, y por lo tanto el riesgo de una mala elección es grande. Ello sin contar el hecho de que se facilita así la corrupción.
       El Estado debe volverse eficiente tanto como sea posible. Debe lucharse contra la burocracia, contra la presión tributaria, con un sistema justo, equitativo y sobre todo RAZONABLE.  Todos sabemos que la presión tributaria es hoy insostenible, y es la causa de que la mitad de la economía funcione en negro.  Esto produce merma en la recaudación y por lo tanto impide llegar a alcanzar superávit fiscal que entre otras cosas posibilite comprar dólares con dinero del Tesoro Nacional para afrontar las obligaciones adquiridas.
      Así, este conjunto de simples medidas económicas mejorarán las condiciones de vida de los argentinos, atraerán capitales y crearán fuentes de trabajo.  Así es como aumenta la productividad y mejora la calidad de vida. No hay otra.
     


        

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017                                             HÉCTOR BLAS TRILLO

LA VAINA: LA ECONOMÍA INFORMAL

LA VAINA
LA ECONOMIA INFORMAL


         Las causas de la operatoria en negro hay que buscarlas y analizarlas un poco más profundamente de lo que suele hacerse. Desde aquella campaña del "no deje que le roben" hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. La atribución a "los empresarios" que son unos "avivados" ("alimañas", escuché ayer en una radio) del problema de la informalidad es cuando menos una apreciación simplista, por no decir que infantil.
Quienes trabajamos en esto (y diríamos que todo el mundo) sabemos que en el GBA los negocios venden buena parte de sus productos en negro, sin entregar factura. ¿Eso significa sí y solo sí que están "robándote"?, Por empezar digamos, en pos del buen uso del idioma, que correspondería hablar de "hurto", pero bueno, dejémoslo así.
La realidad es que la venta en negro permite bajar los precios y competir. ¿Cuál es la causa de que los sucesivos gobiernos toleren las saladas, las saladitas, el Mercado Central y demás deudos? ¿Y la venta informal y "trucha" en las calles? Todos vemos todos los días a pilas de vendedores, especialmente en los centros urbanos del GBA y también en la CABA, vendiendo toda clase de mercadería, sin ningún tipo de comprobantes, copias pirata de películas, lo que sea.
Esta operatoria tiene mucho que ver con el altísimo costo que tiene en la Argentina operar en blanco, señores. Si pretendés vender todo en blanco y cargar la retahíla de impuestos nacionales (IVA, ganancias, ganancia mínima presunta, bienes personales, impuesto al cheque); o la amalgama de gravámenes provinciales y municipales (ingresos brutos, sellos, seguridad e higiene, ABL, inmobiliario, gravamen a la herencia -transmisión gratuita de bienes- tasa vial); a lo que se suma la maraña de regímenes de retención, percepción, anticipos, pagos a cuenta y lo que se te ocurra; podemos tener bien en claro cuál es el panorama. El peso económico que esto significa es inmenso. No sólo la presión tributaria en sí, sino el costo financiero de adelantar dinero en un sistema que no reconoce los efectos de la inflación ni paga intereses por los adelantos. Y a ello se suma el costo administrativo, porque el tiempo y el dinero que insume andar recorriendo organismos públicos para presentar descargos, reclamos, notas varias o al menos hacer catarsis, es enorme. Como también es muy grande el costo de llenar aplicativos, cumplir con infinitos regímenes de información, de retención, de percepción y todo lo que conlleva liquidar impuestos hoy en día.
A su vez  todo esto deriva en otra cosa: el empleo en negro.
Otra vez la burra al trigo. Otra vez la clase política culpa a "los empresarios" y una larga recua de supuestos analistas se hacen eco del discurso facilista. A la enorme carga tributaria hay que sumar la carga previsional que significa pagar un sueldo en blanco en la Argentina, donde para que un laburante reciba en su bolsillo 100, el empleador debe pagar no menos de 170. Pero hay más: dado que los empleadores venden buena parte de sus productos en negro porque si no deberían bajar las persianas porque los precios resultarían inaccesibles, deben pagar sus cuentas también en negro. Es decir, si la mitad de mi negocio es en negro, recibo la mitad del dinero en negro y si pretendo pagar todo en blanco (incluyendo sueldos) mi negocio, mi balance en definitiva, me daría directamente negativo y no podría justificar la razón de ser. Es decir, nadie puede presentar Declaraciones juradas y balances diciendo que pierde y pierde, pero no cierra porque alguien aporta y aporta...Es un absurdo, más allá de que quien aporta deba justificar el origen del dinero.
Y no hay que dejar de recordar que el mayor empleador en negro es el propio Estado (nacional, provincial, municipal y departamental) por la vía de los "contratados" que revistan como monotributistas siendo que están en relación de dependencia. Y ni qué decir de los "acuerdos" de sumas "no remunerativas" (o sea sin costo previsional) que todos los días terminan siendo homologadas por el Ministerio.
En consecuencia, acá hace falta revisar todo el sistema tributario, dejarse de embromar de una buena vez con que la culpa es de los comerciantes, de los "formadores de precios" o de mongo, salir de la falacia, queridos lectores de mis modestos comentarios.
El problema de la Argentina, desde hace muchos años, es el enorme gasto público que se cubre con una presión tributaria fenomenal, con inflación por emisión de moneda, y con endeudamiento. Ahora y siempre, porque no es cierto que durante el kirchnerismo se hubiera "desendeudado" el país, sino que se cambió de acreedores, y se dejó la papa caliente del default para que lo arreglara Macri.
Termino con esto: el miércoles último estuvo en el Consejo de Ciencias Económicas Alberto Abad, titular de Ingresos Públicos, que utilizó esa caja de resonancia para mostrar una serie de "avances" en los controles, en los mecanismos de recaudación, de "bancarización" y otras bellezas. Todo muy lindo, es su función recaudar lo más posible y evitar la evasión y lo bien que hace. Pero acá no se explica por qué siguen las saladas, por qué siguen los manteros en todas las estaciones de tren y en todos los centros urbanos del GBA, por qué los "artesanos", por qué las ferias francas, por qué TODO...Abad debería decirnos qué está haciendo su secretaría, o en definitiva la AFIP para terminar con la venta en negro en todos estos frentes. Para terminar con las copias truchas, con el contrabando, con las pequeñas y grandes mafias de la piratería, con los "alquileres" de espacios para la venta en negro (andá a ponerte vos a vender caramelos frente a la estación Ciudadela a ver cuánto durás), porque esa TAMBIÉN es su función. La verdad es que por lo menos en mi opinión que todo este mundo negro siga igual es el hecho de que los funcionarios saben de memoria que si cortaran de cuajo la operatoria informal, mucha gente no podría vestirse siquiera. Mirar hacia otro lado es la mejor manera de lograr que la pobreza extrema de tanta gente no les impida sobrevivir.
Estoy tan harto de ver que no se enfocan los problemas durante tantos años que hay días en que me levanto con ganas de jorobar un poco más que de costumbre.
Basta viejo, Si llegaron al gobierno con el nombre de Cambiemos, entonces cambiemos. Cambien esto y dejémonos de pavadas.
Porque Abad puede llegar a tener un sistema de recaudación perfecto pero con la economía semiparalizada y con la recaudación cayendo, según la famosa función Laffer, que dice que a una determinada tasa de impuesto, la recaudación cae en lugar de subir. Buen viernes para todos.



Buenos Aires, 10 de marzo de 2017                     HÉCTOR BLAS TRILLO

Seguidores