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sábado, 25 de julio de 2020

CONTRACORRIENTE: CUARENTENA, PANDEMIA Y SARASA

Contracorriente

CUARENTENA, PANDEMIA Y SARASA

              Empecemos este comentario aclarando que “sarasa” para la RAE es un hombre afeminado, pero no es ese el sentido que se le da a esta palabreja en la Argentina. En nuestros años estudiantiles hablábamos de “guitarreo” y también de “sanata” o “sanateo”. En fin, para el caso es lo mismo. “Sarasa” es decir de todo sin decir nada, más o menos.

             Entrar en detalles acerca de la cuarentena es un trabajo bastante arduo. Establecer escalas de “aislamiento social” o directamente encierro no es un tema menor. Dar permisos a tales o a cuales, en tales o cuales horarios, de tales y cuales formas, tomando tales y cuales precauciones es, para decirlo también coloquialmente, un mambo absoluto. Siendo “bambo”, nuevamente entre nosotros, un estado de alteración mental producto de alguna ingestión no apropiada de estimulantes o narcóticos.

            Si pensamos que el mundo tiene 7.500 millones de habitantes y debemos establecer “protocolos” de movilidad, aislamiento, encierro y todo lo demás para cada una de las millones de actividades diferentes, en los más diversos lugares del planeta, con las más diversas costumbres, las más diversas composiciones sociales, los más diversos estándares de calidad de vida, los más diversos climas y todo un etcétera que supera más que largamente la capacidad humana podemos tener una dimensión de la ímproba tarea reservada hasta ahora a las divinidades, que por la pandemia del nuevo coronavirus, han asumido distintas autoridades hasta en los más recónditos lugares del orbe.

          Pero quedémonos en la Argentina, justamente para por lo menos reducir un poco el universo y dejando en lo posible las distintas situaciones que se han planteado y se plantean en el mundo entero.

          Los ensayos de apertura de la cuarentena más estricta vienen sufriendo distintas alteraciones. Se dictan normas específicas para cada actividad, para el transporte, para el paseo, para la entrada y salida de nuestros hogares, para el esparcimiento, para el distanciamiento social y para lo que se nos ocurra. Todos lo vemos y oímos todos los días todo el tiempo.

          Para no entrar en el análisis o los dichos de innúmeros infectólogos, biólogos, bioquímicos, políticos y demás encargados de sugerir y tomar medidas y explicarnos lo que nos puede pasar y nos pasa, quedémonos únicamente en la Organización Mundial de la Salud (OMS).  O sea, una vez más, reduzcamos el universo para hacerlo más fácilmente comprensible.

          La OMS viene dando marchas y contramarchas en sus informes y en sus recomendaciones. En los últimos días se dijo que los infectados asintomáticos no contagian, pero hace algunas horas oímos que ha dicho lo contrario. La verdad es que nadie sabe con exactitud cómo encarar la protección, la defensa o incluso la cura de la enfermedad que provoca el virus en cuestión.

          Todos hemos recibido a lo largo de estos ya largos meses todo tipo de información. Estamos atosigados de ella. Es la verdad.  Pero cada día parece que supiéramos menos. Cuanto más nos dicen, más incertidumbre tenemos. Al menos eso nos pasa a nosotros.

          De manera que podríamos resumir las cosas como sigue:

-          La única medida de protección segura y que nadie discute es el aislamiento. De modo que la toma de distancia social y el evitar salir de casa son largamente el único dato contante y sonante que puede evitar que nos infectemos.

-          Todo lo que sea apertura, flexibilización, “fases” o como se le llame, apunta en el sentido contrario de lo anterior. O sea, aumenta el riesgo de contagio. Éste podrá ser mayor o menor, dependiendo de un montón de factores, varios de ellos desconocidos o sobre lo que existe controversia.

-          Ante el contagio, el desarrollo de la enfermedad es incierto, depende de múltiples factores y no hay datos suficientes para saber qué puede ocurrir en cada caso. Algunos infectados resultan asintomáticos, otros tienen síntomas leves, otros muy agudos, y algunos simplemente fallecen.

       Cuando los gobernantes inician procesos o fases de apertura todo lo que nos dicen es que están probando a ver qué pasa.  El clásico “arremanguémonos y vayan”, sería. O más o menos. Porque está claro que con otras palabras eso es lo que nos dicen.

        Se encaran procesos de flexibilización de la cuarentena para ver qué pasa.

        Entendemos la situación económica. Ojo. Todo es un gran dilema y un enorme desastre de proporciones desconocidas. No sabemos cuándo y cómo terminará todo esto. Y el daño es imposible de medir, tanto en materia económica como social. Tanto en vidas como en daño psicológico, descuido de otras enfermedades. Lo que sea.

        Finalmente, pensamos que hay que tener sumo cuidado con caer en la negación freudiana. No se trata de contar los muertos de las demás enfermedades que aquejan al mundo para comparar con esta pandemia y terminar diciendo que no es para tanto. Porque la verdad es que nadie sabe si no es para tanto. Y en todo caso, ninguno de los daños colaterales que puede provocar la toma de medidas de aislamiento, cuarentena, lavado de manos, desinfección de objetos, alcohol en gel, barbijos y demás elementos, tiene que ver con otra cosa que el hecho de minimizar el riesgo ante la infección por éste virus

Buenos Aires, 11 de junio de 2020                                         HÉCTOR BLAS TRILLO

SEGUNDA OPINIÓN: ELUSIÓN, EVASIÓN Y GASTO PÚBLICO

SEGUNDA OPINIÓN

 

ELUSIÓN, EVASIÓN Y GASTO

 

 

                   Hace unos días, el presidente Fernández hizo declaraciones a una radio en las que acusó a los contadores de “interpretar las normas a su antojo” para de ese modo llevar a la elusión impositiva. Se refirió al “sistema contable” y mencionó el “gasto administrativo” en el que se incurre, que incluye también los honorarios de los contadores.

                 Avanzó también sobre los estudios jurídicos que según sus dichos  “construyen empresas offshore” para dejar de pagar impuestos.

                Estas declaraciones encierran de por sí varios  matices que es imprescindible clarificar. El primero de ellos es el de que eludir impuestos es  absolutamente legal y lógico. No es lo mismo que EVADIR  impuestos, que sí es ilegal. Muchas veces se confunde una cosa con la otra e inclusive en no pocos titulares comentando estas declaraciones, se habla de “evasión” cuando Fernández no usó esa palabra. Seguramente como abogado que es ha tenido ese cuidado.

              Pero es evidente que el tono utilizado resulta confuso y agraviante. Y lleva sin duda a que quienes desconocen la diferencia entre eludir y evadir, caigan en la trampa emocional de suponer que todos los profesionales contadores son en realidad hacedores o cómplices de maniobras tendientes a pagar menos impuestos mediante ardides plagados de ilegalidad.

            Interpretar “las normas a su antojo” resulta una afirmación temeraria e impropia. Hacerla general resulta agraviante, injuriosa y francamente torpe.  Es obvio que no todo el mundo se dedica a interpretar normas “a su antojo”, y si así fuera, está la Justicia, el Tribunal Fiscal y los propios entes recaudadores de impuestos para poner las cosas en su lugar. Como habitantes de esta Nación, todos tenemos el derecho de interpretar lo que se nos plazca, le guste o no al señor presidente. Y si las leyes están mal hechas (cosa bastante generalizada) lo que ocurre es que se multiplican las controversias y las causas judiciales.

            Las normas impositivas son en general muy confusas, y no pocas veces contradictorias. Además, conforman muy serias desigualdades en el trato a los contribuyentes. Se aplican todo tipo de retenciones, precepciones y pagos a cuenta de tributos, se revierte permanentemente la carga de la prueba, se legisla a través normas de segundo orden y hasta de los aplicativos, se diluye el reconocimiento del ajuste por inflación y no se reconoce ni siquiera mínimamente que el adelanto de pagos tiene un costo financiero que el Estado hace años que se niega a reconocer. Una manera indirecta de incrementar la alícuota por encima de la que establecen las propias leyes.  No vamos a abundar en esto, que en todo caso es materia de otro trabajo, pero estamos seguros de que cualquiera que nos lee y desarrolla alguna actividad, se encuentra de repente con retenciones de impuestos en su cuenta bancaria cuyo origen y causa desconoce. Porque éstas se aplican antes inclusive de comunicar al contribuyente las razones por las que se lo hace, obligando a éste a reclamar de mil maneras en caso de considerar que no corresponde. Mientras tanto, el dinero queda en poder del Fisco. Se revierte así manifiestamente la carga de la prueba. Y aún en el caso de que el contribuyente tenga razón, el dinero retenido indebidamente se devuelve vaya uno a saber cuándo y a valores no ajustados por la inflación.

          Los profesionales asesoran a sus clientes entre muchas otras cuestiones para que la excesiva carga tributaria repercuta lo menos posible, lo cual es legal, es lógico y funciona así en el mundo entero.  Cualquier profesional debe hacerlo.

          Este no pretende ser un comentario político, pero entendemos que el del presidente sí lo es. Es además lamentable y provocador, y concluye por enviar a unos contra otros, algo clásico en ciertas ideologías por lo general de carácter populista.  Resulta así que los malos de la película son los contadores. No las leyes mal hechas. No la inflación provocada por la emisión espuria de moneda. No las resoluciones y decretos que fijan retenciones, percepciones, anticipos, tasas de interés y demás yerbas. No los organismos de recaudación, no la complejidad administrativa. No la arbitrariedad de un Estado rapiñero.

         Pasemos ahora al “gasto administrativo” que incluye, claro está, el costo de contratar profesionales. 

         En la Argentina se dice que existen 165 impuestos diferentes, divididos entre la Nación, las provincias y los municipios o departamentos.  Todos ellos requieren trámites administrativos que conforman una carga pública. Cualquier oficina de cualquier empresa del tamaño que fuere, incluye varios empleados que dedican buena parte de su tiempo a cumplir con disposiciones nacionales, provinciales y municipales de todo tipo.  Liquidar los impuestos y pagarlos es una parte. Pero no la única.  Por ejemplo en la cuestión laboral las disposiciones son innumerables, contradictorias y superpuestas.  Un verdadero aquelarre normativo. Y en esto concordamos con el presidente, si es lo que quiso decir.  En esta ímproba tarea de cumplir con las exigencias del Estado, tenemos a los contadores, a los estudios de los contadores, a los empleados de esos estudios, a los empleados de las empresas. a los abogados, a los hacedores de sistemas contables que deben reformarlos permanentemente ante la volubilidad constante de la normativa, etc.

         Pero hay una cuestión que debemos considerar y que no la ha mencionado el presidente. Si el sistema tributario se simplificara, cosa que fervientemente deseamos, también se simplificaría la administración del Estado en su conjunto. Es decir, deberían desaparecer oficinas y reparticiones públicas de todo tipo y color. Miles y miles de asesores y “subasesores” (para traer a cuento, ya que estamos, al genial Tato Bores) deberían desaparecer. Lo cual es más que saludable, claro está.

         En otras palabras, reducir el costo administrativo de las empresas significa también reducir el costo administrativo del Estado. No surge de las palabras del presidente que tuviera en cuenta este pequeño detalle. Porque hoy por hoy según datos publicados el Estado en su conjunto cuenta con cerca de 4 millones de empleados, muchos de los cuales se dedican, entre otras cosas, a recibir, atender, procesar y conformar los infinitos trámites que origina, también entre otras cuestiones, la liquidación y pago de los 165 impuestos mencionados.

         Claro que sería más que bienvenido esto. No podemos ni debemos pensar que los empleados públicos, los asesores y “subasesores” en general se confabulen para “interpretar normas a su antojo” y complicarnos la vida.  Eso parece que sólo queda para los contadores.

         Y finalmente, respecto de las empresas “offshore”, es importante recalcar que los países de baja o nula tributación, normalmente denominados “paraísos fiscales”, surgen precisamente como consecuencia de que Estados, como la República Argentina,  desarrollan a lo largo de muchos años el aquelarre impositivo cargado de costos de todo tipo en el que estamos inmersos, (administrativos y financieros) y que normalmente conocemos como “presión tributaria”. En la Argentina, los organismos recaudadores de impuestos actúan de manera rapiñera, y se acompañan para ello de normas amañadas y para nada equitativas entre el Fisco y los contribuyentes, como todo el mundo sabe. De manera que los profesionales deben esforzarse adicionalmente para encontrar la manera de reducir los costos. Especialmente los tributarios.

      Cuando el dinero se va del país, o se refugia en monedas extranjeras, no lo hace porque los habitantes de este querido país son unos desalmados que solo piensan en ellos o por razones psicológicas, sino porque los políticos en general, y el señor presidente en particular, hacen la vista gorda ante estas cuestiones. Y sólo parecen interesados en aplicar nuevos gravámenes.

     No es delito disponer de lo que es de uno. No es delito evitar hasta donde se puede la rapiña, la injusticia y la falta de equidad. No es delito eludir. Sí lo es evadir. Muy cerca del delito sí lo  está la aplicación de gravámenes como si la unidad de cuenta (la moneda) no perdiera su valor. O se revierta la carga de la prueba al aplicar retenciones y percepciones. O no se reconozca la inflación al liquidar gravámenes. 

     No es atacando las consecuencias como se arreglan las cosas, sino las causas. Ni las empresas “offshore”, ni los contadores, ni los abogados ni nadie tienen la responsabilidad de dictar las normas justas y equitativas, sencillas, prudentes y respetando los derechos de propiedad. No salen los capitales del país porque sus dueños no quieran a la Argentina, sino porque el costo excesivo, la rapiña y la arbitrariedad son factores de riesgo que nadie quiere soportar.               

                                                                                                                                                      Buenos Aires, 28 de mayo 2020

HÉCTOR  BLAS TRILLO

PANDEMIA: EL SISTEMA NOS PASA FACTURA

Contracorriente

 

PANDEMIA: EL SISTEMA NOS PASA LA FACTURA

 

                     La pandemia tiene consecuencias, podría ser una conclusión prima facie estrictamente sanitarista. Todos podemos afirmar sin temor a equivocarnos en lo más mínimo que la forma en que vivimos ha cambiado absolutamente. Barbijos, alcohol en gel, encierro en los hogares, lavado de manos, etc. Cuarentena, distancia social en las calles, controles policiales, y mucho más muestran que nada ya será lo mismo, al menos por mucho tiempo.

                    En el aspecto económico, el mundo se encuentra virtualmente paralizado y no vale la pena entrar en detalles aquí. Todos sabemos de qué se trata. Las pérdidas son monumentales y serán mucho peores, lamentablemente.

                  Pero, al menos al decidirnos escribir estas líneas, personalmente pensamos en la realidad argentina. Más específicamente en la realidad económica de nuestra querida patria.

                 Podemos separar algunas cuestiones que parece que podemos dejar, por un momento, en un costado.

                 Inflación, gasto público, ineficiencia del Estado, déficit fiscal, emisión espuria de moneda, presión fiscal exorbitante, endeudamiento y todas las demás cosas que habitualmente abordamos en análisis de todo tipo y color vinculados a estos temas. Separemos por un momento esto.

                En estas últimas jornadas hemos visto desde compras de alimentos por parte del Estado a precios claramente superiores a los corrientes, hasta la puesta en escena de millones de personas que deben acudir a la caridad pública para poder sobrevivir, entre otras cosas porque subsisten en la marginalidad, de manera informal y con todo tipo de carencias.

               Esto no es nuevo, claro que no. Todos los sabemos. Todos los políticos, funcionarios y demás deudos lo saben. Todos.

              La economía informal en la Argentina supera posiblemente el 50%.  Venta informal, manteros, marcas de ropa o de lo que sea adulterados, películas en DVD, venta ambulante, ventas sin factura, lo que se nos ocurra. Lo veníamos viendo todos los días. Durante décadas. Y cada vez más.

             Pero ahora la pandemia ha traído a la superficie el verdadero cáncer que significa vivir de este modo.

             Funcionarios corruptos que compran con dinero público alimentos, pañales, barbijos y medicamentos. Capas de amigos del poder en cargos públicos para los que clara y muy largamente no son idóneos. Búsqueda de culpables en empresarios “miserables”, entes “hegemónicos”, grandes empresas  y el sinfín de acusaciones a comerciantes que “suben los precios y se aprovechan” son moneda corriente y no vale la pena abundar tampoco en eso.

            Empleo en negro, monotributistas que no son tales, cifras “no remunerativas” y toda la gama de mecanismos de evasión y de elusión de las cargas tributarias largamente desmesuradas impuestas por el sistema, aparecen como si se tratara de esa  basura que traen las olas a la orilla del mar,  producto de años de contaminación irresponsable.

            En estas horas se habla de “1.000 geriátricos” que en la Capital funcionan de modo irregular.  Los comunicadores hablan de “la falta de controles” y de los “empresarios truchos” que regentean estos establecimientos. Hace unos días hablaban de los funcionarios corruptos, de los “acaparadores” que guardan los barbijos o el alcohol.  Hace algunos años el problema eran las remiserías. También los “charters”. Hoy es Uber. Lo que sea. Son las consecuencias del sistema.

          Sí, las CONSECUENCIAS DEL SISTEMA.  Recordemos algunos casos. ¿Cuántas veces a lo largo de décadas vimos al PAMI funcionar normalmente sin irregularidades? ¿Cuántas veces vimos licitaciones cristalinas, abiertas y puestas en conocimiento público? ¿Cuántas veces corroboramos que las diversas “obras sociales” se manejan y funcionan de manera accesible para todos sus afiliados sin “curros” varios? ¿cuántas veces corroboramos que el mecánico, el verdulero, el chapista, el plomero o quien sea nos da facturas en regla?

         Podríamos seguir recurriendo a  estrujar nuestra memoria para traer a cuento innumerables descalabros financieros y económicos a lo largo de DÉCADAS.

         No estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de TODOS LOS GOBIERNOS.

        Pongámoslo así: los gobiernos deben administrar el dinero que recaudan coercitivamente de manera prístina y rindiendo cuentas como lo exige la Constitución. Las cargas fiscales deben ser razonables. El Estado debe respetar el derecho de propiedad y los contratos. La moneda debe ser controlada por un Banco Central o por quien fuere de manera independiente. Los sindicatos deben ser desregulados y propinarse sus recursos como lo hace cualquier club, por ejemplo. Debe haber libre afiliación y desafiliación. Debe haber libertad sindical. Deben terminarse las corporaciones, las “quintitas”. Los cotos de caza.  Los “permisos” inútiles que sólo sirven para generar escenarios de corrupción. Las licitaciones deben ser públicas y abiertas al mundo entero. Debe abolirse la coparticipación federal y volverse a la Constitución de 1853/60 donde cada provincia genera sus recursos y vive de acuerdo a sus posibilidades. Esto puede parecer dramático pero es la coparticipación federal la que genera los llamados feudos provinciales.

        Hay que terminar con el nepotismo y el amiguismo. Hay que terminar con la arbitrariedad de los funcionarios. Hay que apuntar a que la Justicia funcione de manera independiente y transparente.

        Hay que tener presente que los políticos culpan a los empresarios y a los comerciantes siempre. Pero son los políticos quienes emiten la moneda, aprueban el gasto público y  la presión tributaria y avalan con leyes los cotos de caza (sindicatos, obras sociales compulsivas, “consejos” de profesionales, corporaciones de medios, publicidad oficial digitada, etc.)

         Por supuesto que es una tarea ímproba, que puede incluso llevar décadas. Pero sería bueno tomar el toro por las astas y generar una tendencia a corregir la base del problema.

      Es muy fácil para los políticos culpar a comerciantes, a empresarios, a “grandes corporaciones”, a “acaparadores”, a “truchos” de todo tipo. Lo que seguramente es muy difícil es que alguna vez admitan que si todo esto funciona así, la culpa recae básicamente en quien fija las normas y en quien aplica el poder de policía del Estado.

      Un solo ejemplo bastará para entender buena parte de lo que queremos decir: durante la década de la llamada “convertibilidad” en la Argentina no hubo inflación, no hubo “acaparadores”, no hubo “cadenas de distribución abusiva”,  no hubo “vivillos” que subían los precios, no hubo nada de eso. No se trata de que nosotros compartamos el sistema “convertible”.  No lo compartimos porque encierra la trampa de la diferencia de productividad con el país de origen de la moneda que se usa como conversión.

      Pero es indudable que cuando el país utiliza una moneda sana, buena parte de los “inescrupulosos” y “especuladores” se convierten en buenas personas. 

      La actividad económica, en todas sus facetas, no tiene por qué involucrar a funcionarios públicos. No tiene y no debe. Los dineros del Estado deben utilizarse de acuerdo a lo que establece la Constitución y no estar disponibles para que advenedizos e improvisados puedan decir comprar cualquier cosa, desde alimentos hasta cemento, desde medicamentos hasta pollos.  Ojalá aprendamos de una buena vez.

      A lo mejor, la pandemia, dentro del drama que significa, sirva para echar luz.

 

 

 

               

 

                                                                                                                                         Buenos Aires, 25 de abril 2020

HÉCTOR  BLAS TRILLO

CONTRACORRIENTE: EL CORONAVIRUS Y LA "SOCIEDAD DE CONSUMO"

Contracorriente

 

EL CORONAVIRUS Y LA “SOCIEDAD DE CONSUMO”

 

              Hace muchos años que la crítica a la llamada “sociedad de consumo”  ha pasado a ser prácticamente una compañía para nuestra existencia.

              Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que por lo menos tal crítica ha ganado la hoy por hoy llamada “batalla cultural”

              Pero en lo personal  yo he visto que esta crítica ha ganado adeptos a lo largo de los años y ha dejado de estar circunscripta al mundillo ideológico de la izquierda política, del antinorteamericanismo e incluso de la religión, para penetrar  de manera contante y sonante en por lo menos toda la cultura occidental.

             Se ha convertido en algo políticamente correcto y digno de criticar todo lo que tenga que ver con la adquisición de productos que tal vez resulten innecesarios, o estén vinculados con la moda, con el esnobismo e incluso con  las necesidades creadas por la publicidad.

            De toda esta crítica ha derivado también un enfrentamiento entre lo que podríamos llamar la espiritualidad y el materialismo.  Una oposición entre la utilidad  y el gasto desmedido e inútil. Una especie de simbiosis entre el hedonismo y el materialismo, sea este último filosófico o no.

            No es mi idea, al escribir esto, profundizar en cuestiones que exceden un mero comentario y también mi capacidad personal de analizarlas en demasía. No soy un filósofo.

            Pero es interesante recordar aquello de que “toda carta tiene contra y toda contra se da…” de aquel hermoso  tango de Gorrindo y Grela llamado “Las cuarenta”.

            Porque resulta que la “sociedad de consumo”, o la necesidad, el  deseo o el gusto por consumir tienen como contracara la producción a gran escala de aquellos bienes y servicios  que serán demandados y consumidos. A su vez, el ahorro o la austeridad son  la contracara de la inversión.  Dado que quien ahorra aporta capital para que aquellos hoy llamados “emprendedores” inicien nuevas actividades y aporten bienes y servicios que serán demandados por los consumidores.  De “emprender” deriva justamente  “empresa”.

             No digo nada nuevo si resalto el hecho de que si no hay consumidores para determinados bienes, su producción resulta inútil y por lo tanto quienes trabajan e invierten en su elaboración perderán sus empleos y habrán de quebrar.

            De manera que, guste o no, cuanto más demanda de bienes y servicios haya, más incentivo habrá para producirlos y más trabajo para quienes se ocupen de satisfacer tal demanda.

            Y es en esta especie de juego de viceversa donde entra de manera conveniente la idea de la vida licenciosa, alocada, extravagante, vacua. La moda, lo “fashion”, lo banal, lo placentero o como le digamos, juegan un rol preponderante y generan culpa en la medida en la que otras personas en el mundo no pueden acceder a semejante nivel de vida. Además, con toda seguridad, cada uno de nosotros habrá de tener su propia escala de preferencias para definir aquello que es imprescindible, de lo que es superfluo.

           Todos nosotros podemos llegar a ver muy mal que mientras disfrutamos de tales o cuales comodidades, en otras partes del  mundo o incluso en nuestra propia comunidad otros carecen de elementos básicos para la supervivencia.

            Y esto nos lleva a cuestiones tales como la distribución de los bienes y haciendas. La solidaridad y todo lo que se vincula con la necesidad humana de atender al desvalido. Es una realidad y no cabe sino ocuparse de ella. Pero acá el núcleo al que apunto en este breve comentario, es otro.

            Porque si bien es cierto que hay gente en el mundo que disfruta de muy buenos estándares de vida mientras otra se muere literalmente de hambre, también es cierto que si quienes producen bienes y servicios para  que esa gente disfrute,  dejan de hacerlo por la razón que fuere; más gente sufrirá privaciones y carencias.

            Y es aquí donde la actual pandemia de coronarivus puede servirnos a todos para reflexionar seriamente acerca del llamado “consumismo”.

            La actual situación de aislamiento o cuarentena en la que se encuentra buena parte del mundo, muestra a las claras lo que aquí modestamente pretendo comentar.  Y no voy a extenderme mucho más porque entiendo que es bien claro lo que digo.

            Nuestro mundo y nuestra vida misma tienen  enormes diferencias. Carencias, privaciones, lo que sea.  Pero mientras hace 100 años la población mundial no superaba los 1.500 millones de habitantes, hoy pasa los 7.500 millones. Y mientras el promedio de vida entonces era de no más de 45 o 50 años, hoy llega casi a 80 y en algunas comunidades más que eso.

            Podremos discutir sobre todo esto y cada uno tendrá su posición. Pero resulta obvio de toda obviedad que si la rueda se detiene, la población entera sufre las consecuencias.

            Y vale la pena tener presente, también, que esto es una catástrofe y que toda catástrofe, la que fuere, no distingue entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre nobles y plebeyos.

            Termino con los versos de Jorge Manrique en las “Odas a la muerte de mi padre”.  “Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir; allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos”

                                                                                                                           

                                                                                                                                         Buenos Aires, 31  de marzo de 2020

HÉCTOR  BLAS TRILLO

CONTRACORRIENTE: LA INCONVENIENTE VENTAJA DE SER PYME

Contracorriente

 

LA INCONVENIENTE VENTAJA DE  SER PYME

                  En nuestro país conviene no crecer, no destacarse, no producir demasiado.

 

             La reunión con los productores rurales del ministro de agricultura ha puesto una vez más a las claras un problema que no por reiterado deja de ser noticia: la idea de que los pequeños o medianos productores se ven favorecidos impositivamente, mientras que los grandes sufren el castigo por el hecho de serlo.

             En un reportaje radial, el ministro sostuvo entre otras cosas que las retenciones impositivas a las exportaciones de soja  se elevan al 33%, pero que las mismas no se aplican en igual magnitud a productores de menos de 1.000 toneladas de soja.  En sus propias palabras, tales productores recibirán reintegros  que oscilan entre 8 y 10 puntos aproximadamente, según los volúmenes operados.

 

            A los efectos de determinar en qué escala de producción se encuentran, se tomará como referencia la producción del año anterior. A su vez se reducen las alícuotas de retención sobre los diversos productos de acuerdo al siguiente esquema;

                 Tendrán 7% de retención: girasol (antes 12%) y harinas y aceites de trigo (antes 12%). Con 5% de retención quedan arroz pulido (antes 9%), aceite de girasol (antes 12%), girasol confitero (antes 12%) y maíz flint envasado (antes 12%), harinas y aceites de sorgo (igual) y maíz pisingallo (antes 9%). Permanecen con el mismo nivel de retenciones el trigo granos (12%), sorgo (12%) y maíz granos (12%).

             El ministro ha expresado una serie de argumentos que merecen al menos un breve anáilisis.

             Por un lado ha dicho que se toma la producción del año anterior para evitar que las explotaciones grandes se dividan en otras más pequeñas para eludir la alícuota del 33%. También ha dicho que así se fomenta el crecimiento de las explotaciones más pequeñas.

             Explicó también el sentido práctico de retener a todos por igual para luego devolver o reintegrar de acuerdo a los  datos con los que cuentan las autoridades.

                          Cabe entonces analizar estas afirmaciones. Empecemos por decir que este esquema selectivo según la producción de hasta 1.000 toneladas, deja fuera a quienes producen cualquier otra cosa que no sea soja. Detalle no menor, porque si se interpreta que la política adoptada pretende favorecer a las pequeñas explotaciones, es inexplicable que sólo se aplique a las sojeras.

            El segundo aspecto a considerar es la alusión del ministro a la producción del año anterior para evitar el fraccionamiento de las explotaciones.  Acá la pregunta que cabe hacerse es: qué hará el Estado el año siguiente.  Porque quienes llevamos muchos años en esto, sabemos de memoria que en la Argentina conviene ser pequeño. De hecho la moratoria impositiva y previsional vigente por estas horas, excluye a las empresas grandes y sólo incluye a las PYMES: Más allá del obvio trato discriminatorio y por tanto a nuestro juicio inconstitucional, cabe preguntarse si nuestros gobernantes consideran que las empresas más grandes no han tenido y tienen enormes dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones.

            Son varias las empresas de gran tamaño que están recurriendo – o han recurrido recientemente- al llamado “procedimiento preventivo de crisis” para afrontar las dificultades obvias en un país con estanflación e inmensa presión tributaria. Otras muestran resultados en rojo de gran envergadura. Otras, desgraciadamente, han entrado en concurso preventivo.

          Cabe preguntarse entonces por qué se dejan fuera de las facilidades y especialmente de las condonaciones de intereses y multas a las empresas grandes cuando sí se otorgan a las PYMES.

          Y  también cabe insistir en el hecho de que se pretende escalonar las retenciones a las exportaciones.; pero sólo de la soja.

         La sensación que nos queda es que este tipo de políticas tiene dos aristas bien definidas; por un lado el castigo a los grandes, por prejuicio o por la razón que fuere, pero que no parece tener relación con el momento económico que se vive,  y por otro lado la idea que siempre ha resultado trágica: en la Argentina  conviene ser pequeño.

         Suele sostenerse que las PYMES son las que más trabajo generan. Esto puede ser cierto, lo que claramente podemos y deberíamos discutir es si esto resulta más eficiente. Porque si en lugar de una administración de una empresa grande, debemos contar con un número indeterminado de empresas pequeñas, la administración se dividirá también y cada una de ellas deberá contar con la suya. Además de ello, este tipo de empresas como cualesquiera otras siempre constituye un punto de partida importantísimo en una economía. Pero la producción a escala a precios competitivos internacionalmente no se consigue con pequeñas o medianas empresas, sino con las grandes. Incluso localmente son las grandes empresas las que más fácilmente encuadran en la ley y se encuentran siempre sujetas a controles especiales que en general resulta imposible aplicar al enorme conglomerado de pequeñas y medianas.

          En una economía sana y pujante debe encararse el trato igualitario y abandonar de una vez por todas la idea de que los grandes son depredadores, y los chicos y medianos las víctimas.  Porque es muy probable que por esta clase de prejuicios se adoptan tratamientos que resultan perjudiciales para el conjunto todo. Controlar, exigir y hacer cumplir es una cosa, castigar porque sí a los más grandes lleva simplemente a que todos quieran ser pequeños.

         No es posible, finalmente, desarrollar una economía cuando conviene ser pequeños. Esperemos que esto se entienda de una vez y para siempre.           

                                                                                                                            Buenos Aires, 5  de marzo de 2020

HÉCTOR  BLAS TRILLO

CONTRACORRIENTE: DÒLAR, EMISIÒN E INFLACIÒN

Contracorriente

Dólar, emisión e inflación

 

 

           Lo que sigue es un breve repaso, “apto para todo público” acerca de qué cosa es el índice de precios al consumidor y su relación con la inflación y el tipo de cambio. El comentario fue simplemente incluido en facebook, pero ante la repercusión que ha obtenido, parece buena idea transportarlo a esta sección.

        
        El índice de precios al consumidor que elabora el INDEC se basa en una ponderación de los bienes y servicios que consume una familia tipo, matrimonio y dos hijos. En su elaboración se incluyen una enorme cantidad de componentes, desde alimentos hasta artículos del hogar, ropa, entretenimiento, servicios varios, electricidad, gas, etc etc.
       

        Este índice se conoce también como "costo de vida" porque muestra lo que le cuesta a una familia vivir por mes. Por eso, la suba de este índice, refleja entonces el incremento que se produce en un mes en todos los bienes y servicios que lo conforman, en una proporción preestablecida.
       

        Es  decir que el índice se basa en consumos promedio para vivir una familia estándar. No es otra cosa que eso.


        Ahora bien, existen elementos que NO INTEGRAN este índice. Por ejemplo: no lo integran los salarios. Tampoco lo integran los subsidios que otorga el Estado para que determinadas tarifas o precios no suban nominalmente (un subsidio implica que el Estado se hace cargo de una diferencia que deberían pagar los consumidores. En otras palabras: sube el precio, pero como la suba la subsidia el Estado, no se toma en cuenta). Y tampoco lo integra el tipo de cambio.

        En estos momentos de pandemia y cuarentena, muchas actividades están detenidas, y por lo tanto no hay demanda de muchos bienes. En general "no esenciales" como se les ha dado en llamar. Muy poca gente compra ropa, libros, electrodomésticos o simplemente va a comer a un restaurante, por dar ejemplos.
         Por eso, pese a que se llevan emitidos 1.300.000.000.000.000 (un billón trescientos mil millones) de pesos, los precios, que deberían subir en consecuencia, no suben tanto. O más bien suben algunos y otros no. No hay demanda, y por lo tanto los pesos que sobran no hacen subir los precios.
Las tarifas o las naftas llevan muchos meses con valores congelados, por lo tanto si bien se consume gas y electricidad, su valor en pesos no ha variado.

        Todo lo que no sube nominalmente (o sea no aumenta su precio en pesos) no se refleja en el índice.

        ¿De qué cosas sí hay demanda?. De comida, de bebidas, de alcohol en gel, de medicamentos y de artículos de limpieza, básicamente.
¿Y de qué más? Del  dólar.


          Los pesos sobran y van a la compra de dólares. Cuantos más pesos hay, más demanda de dólares. Y en cuanto se abre un poco la actividad económica, más gente sale a comprar lo que pueda, entre otras cosas, dólares.


          Por eso el dólar "blue" sube y sube, pese a que la inflación medida por el índice de precios queda baja. Porque además el Estado no permite comprar más que 200 dólares al cambio oficial, y quien quiere, necesita y puede comprar más que eso, lo hace en el mercado del "blue"

         Por lo tanto: todos los  sesudos análisis que le dicen que el dólar no debería subir tanto porque la inflación es baja, deberían ser pasados por el tamiz de este análisis bien simple.

 
        Si el valor del dólar integrara el índice de precios, el índice de inflación sería mucho más alto. Pero como no lo integra, entonces no se lo ve. Pero está.


        Y sería mucho más alto el índice del costo de vida (llamado "de inflación") si todas las actividades volvieran a la normalidad. El gobierno intenta “esterilizar” los pesos emitidos. La información indica que más de 600.000 millones se han convertido en Leliqs (Letras de liquidez, que los bancos deben comprar del BCRA, que ese modo retira de circulación los pesos y los reemplaza por bonos). Esta operatoria posterga el momento en que tales pesos, más los intereses que el BCRA abona, salgan al mercado a demandar bienes y servicios y por lo tanto a presionar sobre la tasa de inflación.

 

        De todo este comentario nos permitimos reiterar el punto básico: no hay una relación directa entre el índice de precios (tal como se lo calcula)  y la suba del tipo de cambio por las razones señaladas. Tenerlo en cuenta nos parece fundamental

Buenos Aires, 25 de julio de 2020

Estudio

Héctor Blas Trillo

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