EL PAÍS DE LAS QUINTITAS 12/3/11

l Ágora

El país de las quintitas

El tema no es nuevo. Lleva varias décadas de vigencia. Los distintos “sectores” buscan agremiarse, acercarse entre sí, “colegiarse”, agruparse. Así, constituyen una “cámara”, una “unión”, un “colegio” o, como se usa decir ahora: un “espacio”. A partir de ello, se lucha por obtener privilegios, dádivas, concesiones. Prebendas. Por supuesto que ninguna concesión lograda es gratis. Entra dentro de lo que los jóvenes y no tan jóvenes denominan “transa”.

Estamos haciendo una afirmación en crudo luego de muchos años de profesión. A veces la contrapartida del “favor” es evidente, otras veces no lo es tanto. Y en muchas más pasa totalmente desapercibida, pero existe.

Estas agrupaciones pueden contar incluso con leyes votadas en el Congreso. O surgir de “decretos-leyes” de rancias dictaduras pasadas de moda y de época.

Hay experiencia de sobra en el país sobre cómo se obtienen leyes con beneficios exclusivos para determinados grupos corporativos que se mantienen por décadas, pese a su evidente inconstitucionalidad.

Cuando la generación de estos grupos es más o menos espontánea, como si se tratara de un club o de una institución cualquiera de origen civil, la adhesión es voluntaria. Cuando se produce mediante la primacía de una ley, un decreto, un decreto de necesidad urgencia, una resolución, una nota externa, una circular, un comunicado o lo que fuere emanado de alguna rama del Poder Ejecutivo, la cuestión se torna coercitiva.

Así tenemos organizaciones “sindicales” que son, como todo el mundo sabe, verdaderas “cajas” donde los laburantes deben dejar parte de sus sueldos y sus empleadores son los encargados de “retener e ingresar” los importes para que los capitostes se eternizan en la “conducción” al amparo del reparto de pequeñas porciones o diezmos del dinero recibido en tales condiciones.

Las “cámaras empresarias” actúan de manera similar. Por ahí no existe una obligación legal de “pertenecer”. Pero si te quedás fuera, estás en el horno cada vez que se obtiene algún “beneficio”.

Pagar la cuota obligatoriamente para poder estar dentro. El clásico principio mafioso, aunque el término pueda resultar demasiado duro. La verdad es que no encontramos otro.

Exactamente lo mismo ocurre con las llamadas “profesiones liberales”. Los profesionales deben estar “matriculados” en instituciones por lo general llamadas “colegios” o también “consejos” que se encargan de agruparlos. Tales organismos se sostienen con los aportes compulsivos de los profesionales, que de ese modo ven restringido el derecho constitucional de trabajar libremente y terminan aportando coercitivamente sumas de dinero en concepto de “derecho de matrícula” o también de tasas o cuotas de “legalizaciones” de firmas, pasando también por el pago de cánones específicos e incluso aportes jubilatorios a cajas de jubilaciones o dependencias de medicina básica ad hoc. Si no lo hacen, no sólo no pueden ejercer su profesión, sino que inclusive se llega a prohibir que trabajen en algo que se parezca en la práctica al ejercicio de dicha profesión.

Todos estos organismos están fundamentados en la necesidad de agruparse para defender derechos, y también de colegiarse para protegerse de la invasión exógena. También para obtener privilegios y beneficios especiales a cambio de ingentes sumas de dinero a aportar a lo largo de la vida profesional o empresarial o laboral de sus integrantes. Es demasiado obvio que la si la gente busca agruparse para defender sus intereses, la aplicación de leyes que obligan a pagar cuotas resulta cuando menos incomprensible. Digamos que te obligan a pagar para ayudarte.

Es que estas verdaderas quintas tienen una cuota de poder basada en el principio fascista de la afiliación obligatoria. De la coerción. De la dependencia más repugnante.

Para poder trabajar, para poder tener un negocio, para poder instalar una industria o desempeñar una labor profesional independiente, hay que estar afiliado al sindicato, cámara, unión, colegio o consejo del ramo.

Tales organismos a su vez convocan a “elecciones” que se disfrazan de democráticas cuando en realidad de trata de contubernios más o menos organizados detrás de listas armadas al amparo y bajo el peculio de los dineros recaudados en las condiciones descriptas. La antítesis de la democracia, la cara cruda del fascismo más rancio, presentada como panacea de la democracia.

En ciertos casos, se firman “pactos de alternancia” en el poder, como ocurre con la “Unión Industrial” que incluso dejan fuera cualquier posibilidad de participación de manera directamente oficializada.

Los “colegios” y los “consejos” hacen pie en las distintas provincias, de manera tal que los profesionales deben afiliarse a ellos para poder desempeñar su tarea en cada jurisdicción, abonando la cuota correspondiente, que es fijada por tales organismos en función de sus cuentas de ingresos y gastos. Luego, han de abonar tales profesionales las distintas gabelas para legalizar sus firmas y avalar sus escritos con el sello profesional. A ello se le suma la afiliación obligatoria a la caja de jubilación respectiva. Por lo tanto quienes desean ejercer la profesión en todo el país, deberán contar con 24 afiliaciones compulsivas, pagar las 24 gabelas, y adherir a los mecanismos burocráticos pertinentes en cada provincia para poder llevar adelante su tarea. O, como ocurre en la práctica, buscar colegas zonales que se ocupen en los casos correspondientes. O, lo que también es común, centralizar los domicilios legales dentro de una sola provincia o dos.

A su vez, los sindicatos son sindicatos y las cámaras son cámaras. Se supone que pretenden obtener beneficios para sus afiliados. Para ello es imprescindible que sean organizaciones creadas libremente y que funcionen en competencia dentro de la libertad que marca la Constitución. No es lo que ocurre entre nosotros, donde mayoritariamente tales instituciones son únicas por rama de actividad, cuentan con “personería gremial” en el caso de los sindicatos (que otorga el Poder Ejecutivo), y con una especie de “target institucional” cuando se trata de cámaras.

En el caso de “colegios” y “consejos”· de profesionales, la cosa es todavía más alarmante. Éstos organismos pretenden ocupar el lugar de verdaderos sindicatos que “defienden” incumbencias y generan “trabajo”. También buscan encontrar, mediante lobbies de distinta índole, ciertos privilegios de parte de legisladores y funcionarios.

Cabe recordar aquí que constitucionalmente todos los habitantes de esta patria tienen iguales derechos y obligaciones, salvo específicos casos vinculados con la nacionalidad, que se vinculan básicamente con la posibilidad de ocupar ciertos cargos públicos. También existen derechos y obligaciones específicos según las responsabilidades por el ejercicio de una ocupación determinada. Las colegiaciones y afiliaciones obligatorias, y la entrega de personerías exclusivas a determinados gremios o instituciones tienen el sello fascista en su orillo desde el mismo inicio: 1943. El fondo de esta cuestión no es la asociación o colegiación en sí, como suelen confundir no pocos “analistas”, sino la obligatoriedad. En un país libre los habitantes tienen el derecho de asociarse con fines útiles, y también de no hacerlo, o de dejar de estar asociados.

No son los “colegios” y los “consejos” sindicatos sino organismos encargados, por delegación del Poder Ejecutivo, de ejercer el poder de policía profesional. Y más allá de que tal delegación pueda ser cuestionada fervorosamente, como lo hacemos desde estos modestos comentarios, su ejercicio tiene una cierta base de legalidad. Pero no la tiene por cierto que tales organismos se ocupen de cuestiones vinculadas con el turismo, con la atención médica, con la búsqueda de trabajo, con la actividad física, con el teatro, con la venta de vinos o con lo que se le ocurra al amable lector que sea posible. En estos días, algunos de estos organismos, están difundiendo como un logro que determinados documentos como el pasaporte o el DNI puedan ser tramitados en exclusividad en ellos. Una acción evidentemente discriminatoria

Luego de 60 años, ciertos consejos de profesionales, creados al amparo de este sistema de concesiones, se han convertido en verdaderas marañas burocráticas financiadas por el aporte compulsivo de los matriculados.

Si bien la colegiación es un derecho, no lo es la obligatoriedad de colegiarse. Constituye una clara violación de los principios constitucionales básicos enumerados en el artículo 14 y también en el 14 bis de la Carta Magna.

CONCLUSIONES

Es absolutamente natural que determinados intereses se agrupen y constituyan una base de lucha común en defensa de lo que consideran les corresponde. Los límites los pone la Constitución Nacional.

Como ésta no se cumple, funcionarios de segundo o de tercer nivel se arrogan facultades extraordinarias, tales como impedir vender o comprar determinados productos, otorgar o no determinadas ventajas de toda índole, etc.

A este esquema perverso se le suman los colegios y los consejos de profesionales, que con el correr de los años se han convertido en obligatorios en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos grupos actúan de manera similar: buscan privilegios que el resto de la sociedad deberá pagar. Porque nada es gratis en esta vida.



Héctor Blas Trillo 8 de marzo de 2011
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