LA VERDADERA OPOSICIÓN NO EXISTE 22/3/11

El Ágora

Actualidad política:La verdadera oposición no existe



Hablemos en términos económicos, que es lo que atañe a nuestra profesión: en la Argentina no existen líneas de pensamiento sustancialmente diferentes.



En la Argentina, salvo honrosas excepciones, no existen personas que crean a pie juntillas en las libertades de la Constitución. No existen personas que crean que verdaderamente debe ser respetada de cabo a rabo la “declaración de derechos y garantías”. Habrá quienes se aparten más y quienes lo hagan menos, pero en general está claro que todos lo hacen. De otra manera no podría explicarse que una y otra vez a lo largo de varias décadas, la Constitución Nacional simplemente no se cumpla.

Pretendemos hacer una sinopsis de aquellos aspectos en materia económica en los que es evidente que no se respetan los preceptos constitucionales, pero también queremos argumentar brevemente acerca de la moral media de la población, que tiende a considerar que no es posible desarrollar actividad económica alguna sin la injerencia del Estado omnímodo. Dato este no menor, porque da pie a que políticos de toda laya se encaramen en el “relato” de las “políticas activas” e impidan o limiten de mil maneras el simple fluir de las leyes del mercado, que en definitiva no hacen otra cosa que respetar la propiedad privada. La nuestra es simplemente una opinión, la de nuestros gobernantes en cambio se traduce en hechos: prohibiciones, regulaciones, “permisos”, y otras yerbas son moneda corriente y se aplican según lo que sus afiebradas mentes les indiquen, a cada momento, como correcto.

Porque allí donde no existe el libre comercio, no existe la libre disposición de los bienes, y donde ésta no existe, no es posible garantizar la inviolabilidad de la propiedad.

El Estado se mete en todo. Prácticamente no existe actividad que no esté reglamentada, y aquella que no lo está genera reclamos para que pase a estarlo.

No está de más fijar cierto marco regulatorio para garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales, pero en la Argentina el tal marco regulatorio suele ser violatorio del derecho de propiedad, como por ejemplo cuando un secretario de Estado mediante una resolución impide la exportación de carnes. O inclusive mediante llamados telefónicos más o menos intimidatorios, como es vox pópuli.

Pero veamos someramente algunas líneas de pensamiento en las cuales estamos seguros que coincide la inmensa mayoría de la población.

- Quien más tiene más debe pagar. Más que proporcionalmente.

- Los artículos considerados de lujo deben tener impuestos diferenciales.

- Los márgenes de ganancia no deben ser “excesivos”, y si lo son (a juicio de no sabemos quién) el Estado debe intervenir y fijar márgenes menores.

- Deben existir bancos del Estado para financiar “emprendimientos” a tasas blandas.

- Es correcto que el sistema jubilatorio sea coercitivo porque de lo contrario la gente elige no cuidar su futuro. La misma gente que sin embargo elige libremente a los gobernantes.

- La riqueza debe distribuirse según parámetros considerados justos por determinados individuos o instituciones,(que de tal modo actúan como jueces naturales), lo cual implica quitarles a quienes lo ganan para darles a quienes no lo hacen.

- Debe haber sistemas de ayuda para que quienes no tienen dinero, puedan acceder a una vivienda digna, lo cual en la gran mayoría de los casos no significa un crédito a largo plazo, sino un regalo con fines claramente políticos.

- Debe haber planes de ayuda. Dinerarios, alimentarios, “sociales”. Debe entregarse dinero en concepto de asignación por hijo.

- Los sindicatos deben manejar las obras sociales, y los aportes a unos y a otras deben ser compulsivos y estar a cargo de los empleadores la retención y pago de las cuotas.

- Cada sindicato debe ser el único representativo por rama de actividad.

- En las profesiones debe regir el principio de la colegiación obligatoria. Todos los profesionales deben pagar una matrícula para poder ejercer su profesión.

- Los planes de enseñanza deben ser “oficiales” de lo contrario nadie podrá acceder a ningún título.

- Las importaciones de bienes y servicios deben limitarse para favorecer la “industria nacional”

- Debe promoverse la compra de bienes producidos localmente.

- Es necesario tener superávit comercial (exportar más de lo que se importa)

- Las divisas que ingresan al país deben ser vendidas obligatoriamente al Banco Central y cambiadas por moneda local.

- Determinadas obras deben ser sí o sí encaradas por el Estado. Nadie imagina a una empresa privada construyendo un subterráneo.

- Las tarifas de los transportes deben ser fijadas por el Estado.

- Los subsidios ayudan a bajar la inflación.

- Lo mismo ocurre con las llamadas “campañas de abaratamiento”, o el “camine señora” que supuestamente contienen la inflación.

- Los impuestos a las ganancias y al patrimonio, e incluso a los activos, favorecen la distribución del ingreso y son justos.

- Los impuestos a los consumos perjudican a los más pobres.

- Debe haber tarifas diferenciales (“sociales”) para los más pobres.

- Las empresas quebradas deben ser “recuperadas” para mantener la fuente de trabajo.

- La intrusión en propiedad ajena merece ser considerada un problema social y no un delito.

Por supuesto que podríamos seguir largo rato con esta enumeración. No queremos hacer aquí un juicio de valor, estamos enumerando conceptos que suponemos la inmensa mayoría de la población comparte.

Conceptos tales como la solidaridad, vista como la ayuda incondicional al prójimo, la caridad, la dadivosidad y otros por el estilo son vistos como condición necesaria para poder integrar una sociedad. No es posible pensar en una sociedad donde la gente simplemente es como es: mala, buena, avara, generosa o lo que fuere.

Si observamos en la Argentina actual, incluso si llevamos a cabo encuestas como está tan de moda hacer hoy en día, veremos que en muy pocas cosas de las enumeradas encontraremos algún disenso. Casi no hay oposición.

Y los actuales “referentes” políticos, sean del partido o tendencia que fueren, no difieren mayormente en cuanto a considerar los temas planteados de manera similar. Es decir: la oposición no existe.

La Constitución Nacional, tal como mencionamos al principio y es archiconocido, establece una serie de derechos y garantías que son comunes a todos los habitantes (no ciudadanos, como también suele confundirse) de la Nación. Entre tales derechos, y en plano estrictamente económico, está el del respeto irrestricto a la propiedad. También la igualdad ante la ley, la libertad de trabajar, de enseñar y aprender, de ejercer toda industria lícita, de asociarse con fines útiles, de afiliarse y desafiliarse, etc. No es tan difícil repasar rápidamente estos derechos y compararlos con la realidad para ver que la mayoría no se cumple, o se cumple muy parcial y condicionadamente.

Según esta ley fundamental, el Estado se ha creado para proteger los derechos y las garantías de los individuos, no para atacarlos y violarlos. La igualdad ante la ley, la equidad. Aquello de que la igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas. Y de que todos los habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Todo ello está escrito hace más de 150 años, pero se cumple relativamente, o directamente no se cumple. Y sin embargo, los distintos referentes políticos siguen adelante.

En nuestra opinión ésta es la característica general del pensamiento del grueso de la población del país, y es la que tienen prácticamente todos los políticos. La idea central es que el Estado debe intervenir en todo y por todo, porque los individuos por sí mismos no sólo no son capaces o no quieren hacer las cosas mejor, sino que por el contrario, son incapaces o sólo desean el daño ajeno.

Pero hete aquí que los gobernantes son también individuos y no difieren en su condición de seres humanos del resto de los habitantes del país.

La supuesta oposición no pretende ocupar el poder para tratar de volver a los principios constitucionales y respetar los derechos individuales tal como los forjaron los Constituyentes del 53. No. Lo que pretenden es encargarse ellos, regular ellos, intervenir ellos aquí, allá o acullá. Porque suponen que ellos lo harán bien, mientras que éstos lo hacen mal.

No existe en la Argentina un partido político que como tal pretenda restablecer la línea argumental de Juan Bautista Alberdi. Nadie pretende restablecer los sanos principios constitucionales. No. Lo único que hay son partidos políticos que quieren ocupar el lugar de quienes mandan para llevar adelante su propio proyecto intervencionista. Y todos los ejemplos que brindamos más arriba, para todos esos partidos políticos, son correctos, sólo que ellos lo harán mejor.

Por eso decimos que en la Argentina, en realidad no existe oposición. Nadie parece dispuesto siquiera a cuestionar la permanente violación del Estado de Derecho. Nadie discute siquiera los ejemplos enumerados en este comentario. A lo sumo pretende corregirlos para mejor. Y precisamente el problema está en la concepción filosófica (consciente o no) de tales ejemplos.

Esa concepción que señala que la riqueza es una injusticia, que la pobreza es un daño que debe repararse, que la gente por sí sola es mala, y que el Estado es bueno.









Héctor Blas Trillo 22 de marzo de 2011