Segunda Opinión
Si nos guiamos por los dichos de los funcionarios
del gobierno tenemos en
la Argentina un problema moral gravísimo de parte de
empresarios,
sindicalistas, productores agropecuarios y, en general, todos
nosotros como
sociedad. Excepto los políticos que nos gobiernan, que por el
contrario se
trata de elegidos e iluminados bondadosos y geniales defensores
de la ética en
estado puro.
Parecería ser, entonces, que el
problema inflacionario (supuesto que se lo reconozca) es una consecuencia de malos
hábitos, de la
angurria de algunos, de las “avivadas” a las que alude demasiado
a menudo la
presidenta en sus apariciones públicas; y en cuestiones tales
como la puja
distributiva o las eternas y recurrentes conspiraciones.
Según el discurso
oficial, prácticamente
no hay sector de la sociedad que no tenga responsabilidades en
el desastre que
con rapidez increíble se avecina. Pero
no los gobernantes.
Todos; banqueros y productores, supermercadistas y
sindicalistas,
periodistas y opositores políticos, resultan ser los
responsables. Todos, menos
tú, como se dice en España.
A estas alturas el sofisma es tan evidente que,
excepto en los sectores más
fanatizados que llegan a aplaudir las devaluaciones que lleva
adelante un gobierno
que dijo mil veces que
no devaluaría; o que
incluso vivan un aumento irrisorio a los jubilados anunciado con
bombos y
platillos por parte de una presidenta que parece haber perdido
definitivamente
el rumbo; todos, en realidad, parecen haber
comprendido definitivamente que lo mejor es ponerse a
salvo. Y esto
incluye en nuestro modo de ver a los propios gobernadores e
intendentes
oficialistas, amén de legisladores de diversas provincias y
también nacionales.
El jefe de gabinete se ha vuelto literalmente
insufrible en sus idas y
venidas acusatorias, en sus contradicciones con el ministro de
economía, y en
sus ditirámbicos entreveros verbales intentando aclarar que
ahorrar es cosa de
avaros pero en realidad también lo es de virtuosos.
Volvamos a poner una vez más las cosas en su
lugar. La inflación es un
fenómeno monetario y es responsabilidad de los gobernantes
contar con una
moneda sana y confiable.
Si analizamos los dichos de todos y cada uno de
los funcionarios oficiales,
desde la presidenta para abajo, encontraremos un discurso
calcado del que en
otras épocas hemos visto y oído demasiado. Todos, como decimos,
aparecen como
responsables de los aumentos de precios, que son
“injustificados”, “excesivos”,
“especulativos” y un sinfín de calificativos por el estilo.
El discurso, o más bien el relato, es lapidario: la cuestión inflacionaria,
supuesto que fuera
reconocida (y no lo es), es
responsabilidad de la sociedad, que debe generar conductas
acordes a las
esperanzas del gobierno, enfrentarse y controlarse a sí misma,
defenderse y “cuidar”
que no la estafen comerciantes o gremialistas; empresarios o
ruralistas;
supermercadistas o banqueros.
¿No es llamativo que en toda esta retahíla no
aparezca el punto fundamental
de la desconfianza y la presión sobre los precios, que no es
otro que el manejo
político de la moneda? Todos los precios, todos los “acuerdos”,
todos los
márgenes de ganancia, toda la “cadena distributiva”, todo,
absolutamente todo,
se fija en pesos. Pero no se dice una palabra sobre la política
monetaria. No
se habla oficialmente de si tal política tendrá por casualidad
algo que ver en
lo que pasa con los precios. ¿No sienten, amables lectores, que
algo se les ha
quedado en el camino a los funcionarios oficialistas?
Pues bien, la causa de la inflación es monetaria.
Y la moneda la emite el
gobierno, acá y en todas partes del mundo. La razón de ser de la
inflación es
monetaria, y no se trata de que los argentinos somos ovejas
negras. Transferir
la responsabilidad es lo corriente entre los políticos. Pero los
políticos,
llegado el caso, también son ovejas negras, dado que son tan
argentinos como
nosotros.
Tenemos dos elementos claros y definidos en la
formación de los precios de
una economía: los bienes y servicios de un lado, y los pesos del
otro. Y los
funcionarios hablan de los precios y de la gente que los
establece o los paga;
pero no de la moneda.
Es como si en lugar de pesos se utilizaran como
referencia de valor pedazos
de papel de diario, digamos. Un gobierno dice que las cosas
tienen que valer
determinados pedazos de papel, y la sociedad debe aceptar,
defender, y, llegado
el caso, denunciar, a quienes no aceptan recibir esos papeles de
diario en
contrapartida de los bienes que entregan.
La realidad es bien simple. La Argentina carece de
moneda porque el
gobierno se ha encargado de destruirla. Se le ha quitado la
autonomía al Banco
Central cuando fue echado el anterior presidente, Martín
Redrado. En su lugar
se designó a la señora Marcó del Pont, quien en irresponsables
declaraciones
iniciales fijó la pauta: “la emisión de moneda de ninguna manera es
inflacionaria”. Junto a
esto, el gobierno y sus principales voceros se cansaron de
repetir que el Banco
Central no debía ser autónomo, sino responder a las necesidades
políticas y al “modelo”.
Al mismo tiempo que se avanzaba sobre la Carta Orgánica, se
determinaba
disponer de las reservas para pagar la deuda externa. La elocuencia del absurdo ha
sido tan grande
que llama la atención que solamente unos pocos hubieran
levantado la voz lo
suficiente.
La función del Banco Central es la de conservar el
valor de la moneda. Lo
es por ley, pero además por necesidad pública. No es atender los
caprichos
políticos.
Así las cosas, no menos de 30.000 millones de
dólares se destinaron a pagos
de deuda externa, dejando a los pesos sin respaldo. Al mismo
tiempo, la señora
Marcó del Pont ponía en práctica su aserto: la emisión no es inflacionaria. ¿Conclusión? Está a la
vista.
Ahora el gobierno echó a esa señora y puso en su
lugar a un técnico de
reconocida trayectoria y aceptado en general en el mercado como
una persona
seria y responsable. ¿Se sabe exactamente por qué se hizo este
cambio? ¿Nos
hemos preguntado a qué se debe semejante giro si todo venía
fenómeno y el Banco
Central se ocupaba de atender las necesidades del “modelo”?
Entendámonos. No es que algo haya cambiado, porque
como se sabe
políticamente acá manda Cristina Fernández, y lo que ella decide
se hace y si
alguien no le gusta se lo despide y a otra cosa. De manera que
el señor
Fábrega, nuevo presidente del Central, no tiene casi margen de
maniobra.
Pero, insistimos, ¿cuál es la causa del cambio?
Respuesta: el estrepitoso
fracaso de la improvisación y cuando no de la desidia monetaria.
Aclaremos el punto de la moralina: en un Estado de
Derecho la gente no
tiene por qué ser buena, mejor o peor, solidaria o dadivosa. La
economía
funciona dentro de la ley y con independencia de tal o cual
consideración
personal sobre virtudes y defectos. Lo que sí corresponde es que
cada uno se
ciña a la ley, que pague sus impuestos y que cumpla con sus
obligaciones como
ciudadano. Punto.
Esto de apelar a conductas, comportamientos y
buena fe parece bastante
absurdo. Lo que hace falta es una moneda sana. Durante la
llamada “convertibilidad”
se había acabado la inflación en el país. La razón de ello es la
utilización de
una moneda seria como referencia. Más allá de que un sistema de
ese tipo es
insostenible en el tiempo si hay diferencias entre la
productividad de nuestro
país y el país de origen de la moneda de referencia, lo cierto
es que mientras
se sostuvo la convertibilidad no hubo en la Argentina
especuladores,
angurrientos, pujas distributivas, márgenes de ganancias
“excesivos”, ni nada
que se le parezca.
Está muy claro entonces dónde está el problema.
Porque el país era el
mismo, la gente era la misma, la cadena distributiva también.
Los empresarios
ídem y los sindicalistas también.
En realidad, pensamos que el gobierno busca
torpemente a quién echarle la
culpa de sus desaguisados monetarios. Porque de otro modo la
presidencia
del Central no se
hubiera cambiado, ni
se hubiera devaluado la moneda luego de tantas maldiciones
echadas por la
señora de Kirchner sobre los “devaluacionistas”.
El cambio de rumbo incluye la apertura muy parcial
del cepo cambiario,
luego de dos largos años de sostener que los argentinos debíamos
ahorrar “en
pesos”, de una manera francamente infantil.
¿Cómo es posible que se piense que para que los
hábitos de ahorro cambien
lo que hay que hacer es obligar a la gente a cambiar? ¿Cómo
alguien en su sano
juicio puede creer que es necesario obligar a la población a
ahorrar en pesos
si eso es lo que conviene hacer?
L a moneda ha sido destruida por la negligencia,
la impericia y la
improvisación. Atributos
claros y
contundentes de personajes que habían sido presentados como
“brillantes” y
demuestran todos los días una increíble ineptitud.
Un comentario final sobre la emisión de moneda sin
respaldo. En el último
año la expansión monetaria estuvo en el orden de los 100.000
millones de pesos.
Netos quedaron unos 70.000 millones. Casi un 35% del total del
circulante. En diciembre
la masa monetaria se expandió un 12%.
Ciertos voceros del gobierno han sostenido que
mientras por ejemplo en los
EEUU se emite dinero y no produce inflación, acá la cosa no
funciona de la
misma manera por culpa de “los empresarios”. La falacia es
llamativa.
Una moneda sana se construye luego de un largo
período de seriedad y
autonomía del Banco Central. Sólo luego de 20, 30 o 40 años de
ejercicio
responsable de la política monetaria permiten dar confianza a la
gente en
pedazos de papel con un número que dice que valen tantos pesos,
dólares o lo
que sea.
Cuando esa confianza se ha logrado, una emisión
adicional no lleva a la
gente a volcarse masivamente a gastar los billetes provocando
presión sobre los
precios. Esa es la
diferencia entre lo
que ocurre en EEUU y lo que pasa aquí.
Digámoslo claramente. No es que la emisión no
provoque inflación allá en el
Norte. Sino que provoca
una inflación
mucho menor a menos que, claro está, se desmadre
definitivamente.
Si pensamos que en 1971 una onza de oro costaba 35
dólares y hoy por hoy
ronda los 1.400, está claro lo que queremos decir.
HÉCTOR
BLAS TRILLO
Buenos Aires, 5 de febrero de 2014
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