EL PRODUCTO DE LA MEDIOCRIDAD 20/7/09

Segunda Opinión

EL PRODUCTO DE LA MEDIOCRIDAD



En estas horas los medios de difusión se encuentran abarrotados de información respecto del llamado al diálogo de parte del gobierno nacional, visiblemente afectado por la derrota electoral del 28 de junio y, por qué no decirlo, bastante desorientado.

Desde el vamos debemos decir que confiar en unas autoridades que una y otra vez han violado sistemáticamente instituciones elementales de la vida en democracia resulta una pretensión absolutamente inviable.

Repetir aquí las tropelías kirchneristas en estos seis años es absolutamente ocioso. Sin embargo, no está de más recordar la más absoluta falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la asignación irregular de recursos, las concesiones a empresas de amigos, la reforma del Consejo de la Magistratura, los sonados casos de corrupción (Skanska, Antonini, sobreprecios en la obra pública, los lotes del Calafate, etc.), la falta de una explicación clara y contundente respecto del caso de los fondos de Santa Cruz, y la verdadera frutilla de la torta que significa el incremento patrimonial ominoso declarado por el matrimonio presidencial; son casos de una elocuencia estremecedora que pinta de cuerpo entero el funcionamiento ilegítimo de un gobierno surgido y gestado sobre bases espurias (la abolición de internas abiertas en 2003, la colocación a dedo del candidato Kirchner, el incumplimiento de los plazos constitucionales del gobierno de Duhalde. la designación también a dedo de Cristina Fernández como candidata, la presentación de las llamadas candidaturas testimoniales y un interminable etcétera.

Estamos entonces en un mundo comandado por un grupo de dirigentes que carece absolutamente de escrúpulos democráticos y constitucionales, capaz de cualquier cosa para intentar permanecer en el Poder, absolutamente negador de la realidad, profundamente maniqueo (lindante con la esquizofrenia), y que absurdamente se presenta como transformador y paladín de la ética, mientras la pobreza trepa al 40% de la población, al tiempo que tales dirigentes muestran descaradamente un enriquecimiento que da náuseas a quienes todavía creemos tener un dejo de moral.

En este marco (perverso, falaz, pretencioso, autoritario, nepotista), desde los sectores de la oposición se lanzan infinitas propuestas para sostener un diálogo. Propuestas de poco vuelo, lindantes en el simplismo ramplón, ajenas a la lógica más elemental del deber cívico de encarar antes que nada la institucionalización de un país devastado por el nepotismo y el amiguismo.

Tomemos algunos ejemplos: De Narváez propone eliminar ciertas retenciones (derechos de exportación) y segmentar otras según las toneladas producidas o comercializadas; Stolbizer pretende recuperar el Indec restituyendo al personal de carrera despedido por la patota morenista; Solanas propone sancionar una ley que suspenda los despidos sin causa (¿existen despidos sin causa en el Universo conocido?), Viale (Partido Socialista) propone sacar el IVA a los productos de la canasta básica; Fernanda Reyes (Coalición Cívica) propone que los fondos de la Anses se destinen a un aumento del 20% de las jubilaciones y Claudio Lozano sostiene que hay que democratizar esa institución con la creación de un directorio integrado por representantes de jubilados, trabajadores, empresarios y Estado.

Faltan los violines de fondo para sellar la escena y estas propuestas parecen extraídas del relato del hundimiento del Titanic, o también de la descripción histórica de la destrucción de Bizancio.

El gobierno kirchnerista carece de credibilidad. Los llamados superpoderes son bastante más que eso, porque se han convertido en poderes discrecionales, no en delegaciones de funciones dentro de la República. Por lo tanto no se trata solamente de superpoderes, sino del abuso arbitrario de poderes otorgados dentro del marco supuestamente constitucional.

VEAMOS LAS PROPUESTAS

RETENCIONES

La política de retenciones (a unos sí, a otros no, hoy a unos, mañana a otros, según los precios y toneladas, o según las necesidades, o según si rige o no la coparticipación federal) es un galimatías tétrico. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, y no trasnochados razonamientos diferenciales y zonales.

INDEC

La restauración del Indec parece una idea importante, pero resulta imposible imaginarla en un gobierno que ha hecho de esa institución una payasada histórica, y aún se aferra al mismo esquema manteniendo en funciones a un funcionario de características francamente fascistas en su lugar y con todos los poderes delegados.

DESPIDOS SIN CAUSA

El pedido de que no haya despidos sin causa es una entelequia propia de mentes afiebradas de ideologismo insostenible en términos presentes e históricos. Repartir dinero de banco sin producción de bienes es inflación y destrucción, y no solución ante emergencias. Los despidos jamás son sin causa. Y la ley (los llame como los llame) prevé las indemnizaciones correspondientes.

EL IVA

El IVA es un impuesto que se aplica sobre valores agregados, como su nombre lo indica. Quienes venden productos alcanzados por ese impuesto, deducen el mismo impuesto abonado en sus insumos. Por lo tanto si una empresa comercializa productos de la canasta básica y obtiene en un día ingresos por 1000 pesos más IVA, es decir 1.210 pesos (dado que la tasa es del 21%), que a ella le costó producirlos 800 pesos más IVA, es decir 968, tendremos el siguiente resultado. Posición de IVA débito fiscal $ 210, posición de IVA crédito fiscal $ 168, ingreso neto de IVA al Fisco $ 42. Ganancia operativa: por ventas sin el IVA $ 1000.- Costo de tales ventas sin el IVA $ 800. Neto $ 200 de ganancia.

Si el IVA es quitado en la venta final del producto, tendremos: precio de venta $ 1000.-, precio de costo $ 968.-. Ganancia neta: $ 32.- Si el comerciante pretendiera mantener la misma ganancia que cuando sus productos tributaban IVA, debería vender a un precio tal que le permitiera recaudar por la misma venta $ 1.168. Es decir un 96,5% del precio anterior con IVA. Resultado: baja de precio de un 3,5% merced a la sesuda medida de solicitar que el IVA sea quitado a los productos de la canasta básica. Si se pretende dialogar con 50 partidos políticos para tratar temas de esta envergadura, realmente estamos en el horno.

AUMENTO A JUBILADOS



Una medida de este tipo siempre es plausible. ¿Es necesario, sin embargo, llevar o intentar llevarla a una mesa de diálogo para sentar las bases de la gobernabilidad y la convivencia democrática? Esta pregunta también cabe para las demás consideraciones en general.

Que se aumente a los jubilados para conservar un poder adquisitivo razonable no es solamente hablar de un porcentaje, el que fuere. Es hablar de una escala que respete los aportes originales de cada uno, en lugar de una masificación absolutamente injusta y contraria a derecho. Que una cifra superior a los 5.000.000 de jubilados esté percibiendo hoy una jubilación que no alcanza a los dos tercios del llamado salario mínimo vital y móvil (que es de $ 1.240) es una vergüenza por donde se la mire. Máxime si se tiene en cuenta que ese salario mínimo está absolutamente desactualizado. Y esto con independencia de si es sostenible o no la idea de un salario mínimo. Porque es evidente que no es sostenible ante los mismos hechos, como el referido. Si hoy mismo 5.000.000 de jubilados no pueden percibir el salario mínimo, y la categoría mínima de monotributo por la que se paga un sustituto del impuesto a las ganancias y del IVA es 1.000 pesos mensuales, está bien claro de qué estamos hablando.

El destino de los fondos de la Anses, además, está estigmatizado por el robo a las AFJP y a todos los futuros jubilados que libremente eligieron aportar a ellas hace poco más de un año en virtud de una ley de este mismo gobierno. Y está siendo repartido por el gobierno para sostener empresas quebradas y para repartir créditos a los amigos e inclusive a empresas multinacionales de origen norteamericano, como la General Motors.



LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ANSES

La Anses no es una institución democrática. Es una imposición del poder de policía del Estado contraria a los derechos y garantías constitucionales de los habitantes de la Nación de disponer de su salario como mejor les plazca. Un diputado nacional pide que se democratice, lo cual implica que también piensa que no es una institución democrática (coincidiendo con nosotros en ese punto), pero luego pide que ello ocurra conformando una especie de comité de administración integrado por jubilados, trabajadores, empresarios y (cuándo no) el Estado ¿Esto es democratizar?

Los trabajadores y los empresarios están obligados por ley a aportar recursos a la Anses, y por lo tanto se trata de partícipes obligados del sistema y no de personas libres como aquellas que por ejemplo se hacen socias de un club o emiten un voto. Luego se pretende que, mediante algún sistema de representación, tales obligados tengan precisamente representación en la administración de la institución. A ello se suman los jubilados, que también estarían representados por algunos elegidos no sabemos de qué forma. Y todos ellos acompañados por un Estado que, para qué negarlo, tiene la sartén por el mango y el mango también.

Desmenucemos un poquito más: La Administración Nacional de la Seguridad Social (la Anses) ha demostrado de sobra que no es capaz de administrar los recursos de manera tal que los millones de jubilados cuenten con un monto mensual medianamente digno. Nunca. Para intentar resolver este problema, el diputado que presenta la propuesta ofrece la democratización Es decir, no ofrece una administración eficiente, sino democrática. Suena lindo, pero bastante pobre como idea. Y encima con el planteo amañando de hacer participar a obligados y obligadores. A sabiendas de que los obligadores (es decir el Estado), llevan las riendas de manera autocrática.

Una organización se maneja sobre la base de jerarquías e idoneidades (la famosa condición de la idoneidad constitucional), y no específicamente sobre la base de representaciones. El ente en cuestión es un ente estatal creado al margen de la propia Constitución y administrado por el Estado, que como tal no hace nada distinto o mejor a lo que puede hacer en todo aquello que administra (justicia, seguridad, educación, salud, transportes, servicios sanitarios, etc.). El diputado, que en sí mismo tiene una conformación que podríamos llamar ideológicamente estatista, reconoce freudianamente esta realidad y pretende cambiarla por una democratización que supuestamente vuelva eficiente lo que no lo es. ¿Se democratiza un Ente si lo integran sujetos obligados a aportar a él, o sujetos a sus disposiciones para percibir un emolumento jubilatorio? ¿la parte empresaria, que surgirá sin duda alguna de las llamadas cámaras corporativas que hoy mismo incluyen en los convenios laborales aportes obligatorios de las empresas para su sostenimiento de manera absolutamente ilegítima? ¿Puede pensarse en una institución democrática si en la misma el propio Estado que la constituyó y creó la obligación (y puede cambiarla cuando quiera mediante modificaciones legales o decretos de necesidad y urgencia) de los demás integrantes forma parte de la dirección?

CONCLUSIONES ELEMENTALES

Más allá de todas estas disquisiciones, donde podrá haber gente que esté de acuerdo y gente que no, está el hecho de qué cosa es lo que vamos a discutir y con quiénes.

¿Discutiremos la representación de la Anses, el IVA, el Indec, las escalas retentivas, el aumento a los jubilados o la prohibición de despidos, o discutiremos el marco institucional de la república para que desparezcan de una vez y para siempre el capitalismo de amigos, la disposición espuria de recursos públicos, las llamadas listas sábana, los candidatos a dedo, el abuso de poder de parte de funcionarios públicos, la falta de respeto de las instituciones, la violación de los contratos entre partes; para propender a la restauración del federalismo y en general el respeto de los derechos y garantías de la primera parte de la Constitución Nacional? ¿O por el contrario seguiremos en este chiquitaje absurdo e inconsistente que no hace más que profundizar en detalles sin ir al fondo del asunto abortándose a sí mismo?

Y lo más importante y tal vez definitorio de todo: ¿con quién discutiremos? ¿Lo haremos con probados constitucionalistas, gente de derecho, representantes genuinos del pensamiento de las fuerzas vivas y participantes de organizaciones sociales sin fines de lucro que intentan mejorar la calidad de vida de la población (más allá de aciertos y desaciertos) ¿O por el contrario nos sentaremos junto a políticos charlatanes e inescrupulosos que miran de reojo a ver quién pisa algún palito para caerle encima con esa saña que solamente puede ser producto de la mediocridad, y que hace apenas 7 años todo el mundo pedía que se fueran todos?

Este es el fondo de la cosa.







HÉCTOR BLAS TRILLO