El Ágora
EL PERONISMO Y LA PRENSA LIBRE
La libertad de prensa no necesita de regulaciones, es más, no acepta regulaciones. Porque las regulaciones de por sí son una limitación a cualquier libertad.
La situación planteada por el poder ejecutivo con relación a la historia de Papel Prensa muestra las diversas aristas con las que el peronismo histórico ha buscado siempre limitar la libertad de expresión en la Argentina.
El Matrimonio presidencial inició sus ataques a la libertad de expresión prácticamente al día siguiente de asumir el poder. Primero lo hizo sutilmente, y luego cada día más descaradamente, hasta llegar al punto en el que estamos.
Este artículo no pretende entrar en las disquisiciones acerca de la historia de la fábrica de papel de diarios creada en los finales del gobierno militar de Lanusse y en la cual son socios entre otros los dueños de los diarios La Nación y Clarín, junto al mismísimo Estado nacional. Sí pretende poner un poco de luz al accionar manifiestamente díscolo con la libertad de expresión de parte de un vastísimo sector del llamado peronismo.
La historia del partido fundado luego del golpe militar de 1943 por el entonces coronel Perón lleva la pátina del ataque artero contra la libertad de expresarse. En efecto: en la segunda mitad de los años 40 se inició el proceso de racionalización del papel de diarios que culminó (o no) con la clausura y la confiscación del matutino La Prensa en enero de 1951. El proceso se había iniciado con el pretexto de que el papel para diarios debía ser distribuido de acuerdo con los argumentos oficiales, para lo cual se había llegado a crear un organismo ad hoc, la subsecretaría de informaciones, a cargo de un patético personaje llamado Emilio Apold, que administraba la distribución del papel según su criterio, que no era otro que el de acallar a los díscolos y favorecer a los obsecuentes. A tal punto era así que cuando se resolvió determinar el volumen de cada publicación, se determinó que A los efectos de la limitación de páginas dispuesta no se tendrán en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes de los organismos del Estado. Más sincericidio imposible. No queremos llevar a la larga la historia, baste decir que además, se había creado una Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas en la Cámara de Diputados que presidía Héctor J. Cámpora, para darse cuenta de qué se trataba la cosa.
El diario La Nación, el otro medio de gran importancia en aquellos años después del clausurado La Prensa, llegó a publicarse con solamente 6 páginas, mientras el Estado creaba un ente denominado ALEA que agrupaba 7 diarios capitalinos, 63 del Interior, doce revistas, la editorial Haynes, 15 radios en las principales ciudades y 8 talleres gráficos. No por nada Perón llegó a decir a su retorno en los años 70 que él y su partido tenían todos los medios de su lado.
Es útil recordar que por ejemplo en aquellos tiempos se había prohibido el uso del lunfardo, por lo que se habían modificado las letras de muchos tangos (que entonces estaban de moda) de manera francamente grotesca. Baste recordar Mi noche triste y aquella famosa estrofa que dice “Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida” , que por imperio de la censura denigrante pasó a decir “Muchacha que me dejaste en lo mejor de mi vida”.
El peronismo se opuso a la libertad de prensa siempre. La escuela musoliniana fue su sino. Desde el primer día. Y sigue siéndolo.
Y no se trata únicamente del gobierno del Matrimonio Kirchner o del segundo peronismo de los años 70, que distribuían y distribuyen la publicidad oficial entre los medios amigos y la retacean a los que no apoyan. En tiempos de Carlos Menem también hubo proyectos impulsando limitaciones a la libertad de libertades, como suele llamársela. Algunos a cargo del hermano del presidente, el senador Eduardo Menem. Y también en esos años la distribución de publicidad fue el caballito de batalla discriminador, solapado y brutal a la vez, contra la libertad de opinión.
También, ya que lo mencionamos, es conveniente recordar que durante el gobierno de Héctor J. Cámpora se expropiaron a punta de pistola los canales de televisión privados de la ciudad de Buenos Aires y que muchos artistas (Tato Bores, Aldo Cammarota, Luis Politi, Héctor Alterio y tantos más) debieron salir del aire (y muchos de ellos del país) en los meses y años que siguieron, siempre dentro del gobierno peronista.
Los Kirchner mostraron desde el comienzo de su gestión (y mucho antes, en su provincia) la verdadera fobia que sienten por la libertad de opinar, que encaja exactamente con el pasado y el presente peronista. Precisamente porque llevan el sello autoritario en sus orígenes peronistas, se han comportado una y otra vez consecuentemente.
Así las cosas, soliviantaron un “observatorio de medios”, apoyaron la intervención flagrante de un organismo dictatorial y fascista como el Comité Federal de Radiodifusión, llevaron adelante la sanción de una ley de “medios audiovisuales”, se alzaron en contra del grupo Clarín y finalmente montaron un andamiaje patético de la mano de Guillermo Moreno para tomar por asalto la empresa Papel Prensa. Hay que decir que en su afán autoritario y autista, porque esa es la realidad, sumaron el coro de mentalidades totalitarias devenidas hoy por hoy en paladines de la supuesta defensa de ciertos derechos de las gentes. Así, grupos de autocalificados “intelectuales” se juntaron en un conglomerado llamado Carta Abierta, o se arrimaron al poder para hacer negocios de diversa índole las Madres de Plaza de Mayo. Grupos y grupúsculos de origen marxista leninista también brindaron su apoyo, al punto de que algunos medios de marcada adherencia a regímenes totalitarios han demostrado gran fervor por defender la prepotencia y el bastardeo de las instituciones. Es evidente que hoy por hoy el gobierno cuenta en su haber con varios medios de difusión que, o son del Estado y están al servicio exclusivo de la propaganda oficial, o son de los amigos y también lo están
Lo cierto es que con todos estos antecedentes a lo que queremos llegar es al meollo del problema que nos ocupa. ¿El problema que pretendió poner sobre el tapete la señora presidenta la semana pasada en su alocución por la “cadena nacional” es la transacción espuria de las acciones de Papel Prensa? ¿O es acaso la regulación y distribución del papel para diarios? Porque son dos cosas bien diferentes y en verdad nada tienen que ver una con la otra.
En lo que respecta a los orígenes de Papel Prensa como queda dicho preferimos no avanzar y en todo caso lo dejamos para otro trabajo. Pero baste decir que el Estado es también socio de esa empresa y por lo tanto ha formado parte de la transacción, donde ha permanecido durante 34 años. Si la transacción fue ilegítima lo incluye, señores.
Las patéticas imágenes mostradas en todos los medios en las que un secretario de Estado a los gritos dice cosas tales como “ acá no se vota” no presagian nada que tenga que ver o se le parezca a una gestión democrática. La verdad es que desde hace cerca de un año es vox pópuli que el gobierno del Matrimonio quiere quedarse con Papel Prensa, lo que equivale a decir que siendo accionista minoritario pretende dominar la empresa.
En consecuencia, si de lo que se trata es de analizar la transacción original de las acciones, no se entiende por qué se pasa a un proyecto de ley por el cual pretende declararse de “interés público” la producción de papel de diario, así como también que se faculte al Poder Ejecutivo a regular la distribución.
La realidad es una sola y es obvia. Regular y administrar la producción de papel apunta a regular la distribución de ese insumo para controlar a la prensa, como lo ha hecho el peronismo desde siempre. Con la publicidad oficial, los canales públicos, la distribución de conversores gratuitos para ver la televisión digital, y también con el control de la producción de papel, el gobierno peronista pretende volver a los años 50 o a los años 70. Esa es la realidad.
Porque es bueno decir que el papel de diario se importa libremente y por lo tanto aunque la producción de Papel Prensa (o de Papel del Tucumán, que es la otra empresa que también produce papel para diarios) sea manipulada con determinada finalidad, es fácil adquirir papel importado, que hoy por hoy incluso puede resultar más barato que el nacional, debido entre otras cosas a que la venta de diarios impresos se ha reducido a nivel mundial en un tercio, generando excedentes de oferta y capacidad ociosa de las plantas.
Además, existe una ley de defensa de la competencia que tranquilamente puede aplicarse en el caso de observarse actividades reñidas con las prácticas leales de mercado.
Por eso decimos que más allá de cualquier consideración, de lo que se trata es de atacar una vez más a la prensa libre. Estamos cansados de oír y leer comentarios sobre el tratamiento que dan determinados medios a determinados temas. También es corriente oír y leer acerca de a qué cosas le dan importancia ciertos medios, y sobre por qué le dan importancia a unas cosas y a otras no, etc. Todo se envuelve en la misma pátina autoritaria de agresión a la libertad de pensar y decir lo que a cada quien le venga en gana. Por las razones que fuere. Por intereses, por ideología, porque le parece que así debe ser. Eso es la libertad.
Y eso ni siquiera tiene que ver con quién es el dueño de una empresa papelera o un canal de televisión o una radio. Excepto, claro está, que sea el Estado el dueño. Porque si el Estado es dueño de un medio de difusión o una agencia de noticias, lo que debe hacer es ser neutral, cosa que ni por las tapas ocurre en esta Argentina kirchnerista.
La gente elige y escucha o lee lo que quiere. Equivocada o no. Cada quien es dueño de hacer lo que le plazca. El Estado no.
Esto nunca lo han entendido los que aborrecen la libertad de expresión. La llamada ley de medios pretende, según se ha dicho, fomentar que éstos se multipliquen en un ámbito de igualdad y pluralismo. Sin embargo, pretender que determinados grupos de poder organizados sobre la base de una legislación corporativa y fascista (como es el caso del sindicalismo con “personería gremial” por rama de actividad y aportes compulsivos de los trabajadores) no es fomentar la prensa libre. Y poner en manos del Estado la regulación de contenidos tampoco.
No es serio bajo ningún punto de vista crear organismos estatales para controlar y aceitar lo que se difunde. Eso hizo Perón siempre. Eso condujo a cierres, persecuciones y exilios. Periodistas, actores, libretistas y hasta series de televisión de origen extranjero fueron los grandes excluidos de la televisión y de la radiofonía argentinas.
Es hora de que todos los argentinos nos pongamos de acuerdo acerca de dónde está la verdadera libertad. Y que quede bien en claro que no es nuestra intención, ni remotamente, defender negocios turbios u oscuras concupiscencias sino todo lo contrario.
Hemos conocido generacionalmente lo ocurrido en los años 70 y antes también. Sabemos que por ejemplo la familia Gainza, dueña del diario La Prensa en ese entonces, no quiso ingresar a la sociedad adquirente de Papel Prensa por cuestiones éticas, ya que consideraba que no era ético ser socios del Estado nada menos que en la producción de la materia prima para suministrar información a la población.
Por todo lo expuesto no podemos aceptar ni por asomo que un gobierno como el actual, con serios antecedentes autoritarios, envíe a hacer un informe sobre el traspaso de las acciones de Papel Prensa nada menos que a un personaje siniestro si no fuera por lo absurdo, como lo es Guillermo Moreno. Es surrealista que un informe elaborado por ese señor se titule “La Verdad”. Francamente es tragicómico.
Y que a partir de ese informe se inicie el proceso de intento de regulación del papel de diario por parte del Poder Ejecutivo, que es una cuestión absolutamente ajena porque si los titulares de la papelera no cumplen sus funciones adecuadamente existen los mecanismos legales para modificar esa situación.
Unas horas antes del discurso “en cadena”, se afirmaba en los pasillos que la intención era meter presos a Bartolomé Mitre y a Héctor Magnetto, como referentes de los diarios La Nación y Clarín acusándolos de cometer crímenes de lesa humanidad. Uno no podía menos que preguntarse quién iría preso por el lado del Estado, es decir, el otro socio en la transacción. Lo cierto es que por la razón que fuere y que la presidenta debería explicar, todo se redujo a una serie de acusaciones bastante inconexas y sumamente parciales (no aparecen en el discurso los montoneros, y un personaje es nombrado como “testaferro” de Graiver, como si se tratara de una profesión más) que derivó en un proyecto de ley para que nada menos que el Estado de la mano de Guillermo Moreno regule la producción y distribución de papel. Una patética muestra de la situación política en la que nos toca vivir.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010 HÉCTOR BLAS TRILLO
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