UNA MANSEDUMBRE INEXPLICABLE 30/5/11

El Ágora

UNA MANSEDUMBRE INEXPLICABLE

Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí" Martín Niemoeller (erróneamente atribuida a B. Bretch)



Suele decirse que nada es más temeroso que el capital. En realidad lo que está diciéndose es que los propietarios del capital temen perderlo y por eso se ponen rápidamente a la defensiva ante cualquier ataque a la propiedad privada. Por esa razón, especialmente, los regímenes intervencionistas y distribucionistas chocan una y otra vez ante la realidad de que todas las medidas que se toman en esa dirección, por más bienintencionadas que fueren producen efectos contrarios a los deseados.

Pero antes de llegar al extremo inevitable, como ocurre actualmente en diversos países de Europa, suele ocurrir que se pasa por una suerte de meseta o plano intermedio en el cual se organizan corporaciones o cámaras para intentar hacer “lobby” ante las autoridades y evitar que el sector de que se trate resulte perjudicado en el peor de los casos. En el mejor, obviamente, que salga favorecido.

El favoritismo tiene que ver, obviamente, con lo políticamente correcto en cada caso, lo que a su vez está relacionado con la marcha de las encuestas. Por tal razón, el manejo propagandístico para torcer hacia ciertos rubros las preferencias, puede servir de base para la asignación de tal corrección política.

Por eso los gobiernos con base populista e intervencionista, apuestan fuerte al manejo de la propaganda oficial, al tiempo que restringen, como ocurre efectivamente en la Argentina, la prensa privada. Lo hacen de manera directa, que generalmente es bastante mal vista, o por medio de artilugios verbales tendientes a demostrar que la prensa en general, excepto la oficial, miente, y, por ende, merece ser repudiada. Otro vicio al que se recurre es el de favorecer económicamente con la publicidad oficial a los medios amigos. También, claro está, disponer del espectro radioeléctrico otorga un plus considerable a los gobernantes, que tienen el poder de asignar “concesiones” sobre la base de las preferencias políticas de los concesionarios. Esta cuestión es fundamental y debería de una buena vez ponerse sobre el tapete la metodología para asignar frecuencias, porque cuando el que decide es el poder de turno, fácil es imaginar para dónde se inclina la balanza.

En la Argentina también se ha producido la derogación de una ley denominada “de medios” para sancionar otra en su lugar. Para ello se recurrió a argumentos que pudieran resultar “políticamente correctos”, como por ejemplo afirmar que la vieja ley provenía de tiempos de la dictadura. Insólitamente, el interventor en un organismo controlador creado también por una dictadura (el COMFER) fue el encargado de plasmar en el papel las opiniones del círculo áulico encargado de controlar “el relato”, eufemismo reservado para poder manejar los contenidos de los medios audiovisuales sin demasiados miramientos.

Aparte de la permanente alusión a la dictadura para intentar defenestrar la vieja ley (que por otra parte estuvo vigente durante la friolera de 27 años, de los cuales casi 20 fueron de signo peronista sólo a nivel nacional), se utilizaron otros argumentos, como por ejemplo resaltar la necesidad de mayor pluralidad mediática, mientras se hablaba de “monopolios” sin tomar nota siquiera de que el uso de esa palabra en plural anula el concepto del prefijo “mono”.

Obsérvese que la acusación de mentir desplegada desde los medios de difusión de propaganda oficial se dirigió y dirige especialmente a ciertos medios, como lo son el grupo Clarín y el grupo La Nación (especialmente al primero de ellos) pero obviamente no se trepida en incluir allí a todos aquellos medios que manifiestamente o no muestran su desacuerdo con las medidas del actual régimen de gobierno.

En un Estado de Derecho, las acusaciones de ese tenor deben ser hechas ante la justicia, presentarse las pruebas que hacen a derecho, y buscar la condena de quienes falsean la verdad. Pero como es evidente que muchas veces en verdad los medios díscolos no mienten sino que suministran información relatándola de un modo que al gobierno no le gusta, lo mejor es actuar contra ellos mediante la propaganda. Mientras tanto, la acusación a esos medios disidentes parte de los medios oficiales u oficialistas, que según esta curiosa argumentación cargada de maniqueísmo, no mienten.

Así las cosas, llegamos a la conclusión de que tenemos en la Argentina dos tipos de medios de difusión, básicamente: los que mienten (disidentes) y los que no mienten (oficialistas). El esquema es tan absurdo que debería generar una reacción colectiva de envergadura, pero eso no ocurre.

Hasta acá hemos dejado expresado nuestro punto de vista respecto al cuadro de situación en general en lo que se refiere a la manera de accionar del gobierno ante la opinión de los diversos medios. Entendemos que algo similar ocurre en lo que se refiere a los indicadores económicos. Como se sabe y ha sido denunciado reiteradas veces, la intervención en el INDEC ocurrida a comienzos de 2007 dio lugar al despido de los funcionarios y técnicos de carrera que trabajaban en ese Instituto, hasta ese momento cargado de verdadero prestigio local e internacional. Lo que han dicho y hecho las autoridades nacionales intervinientes fue, partir de entonces, modificar la forma de calcular los índices de precios, al tiempo que públicamente salieron a defenestrar la metodología anterior con diversas argumentaciones que exceden este análisis.

La forma en que se desarrollaron estos hechos incluyó quejas y protestas varias de parte de los funcionarios desplazados, que entre otras cosas denunciaron públicamente la existencia de patotas o grupos de presión de diverso calibre encargadas de corregir a como dé lugar cualquier intención de volver atrás en la forma de cálculo de diversos índices. Esto fue publicado reiteradísimas veces en todos los medios de difusión más o menos independientes del país.

A partir de ese momento, los índices de precios al consumidor especialmente mostraron un incremento notablemente más bajo que los cálculos efectuados no ya por las consultoras privadas, sino por las propias provincias. Es decir, los cálculos oficiales de diversas provincias, elaborados por organismos locales, disintieron manifiestamente de los cálculos nacionales, cosa que antes no ocurría, por lo menos en la actual dimensión.

Desde luego cabría la posibilidad de que verdaderamente la intervención nacional podría estar en lo correcto y, en cambio, ser erróneos los cálculos provinciales, pero si atendemos a otros indicadores, veremos que la cosa no parece ser así.

Por ejemplo: los incrementos salariales en estos últimos dos años han superado el 26% anual promedio, aunque en muchos casos se estuvo largamente por encima del 30%, mientras que la recaudación fiscal muestra crecimientos anuales de punta a punta del orden del 35 y hasta el 40% anual. También en esos niveles se encuentra la emisión monetaria. Los incrementos de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias también muestran, al menos a partir de julio de 2010, un crecimiento acumulado superior al 40%.

Si el PBI bien medido supongamos que hubiera crecido en 2010 un 8 o un 9% es de imaginar que las demás variables que damos como ejemplo, no deberían diferir demasiado de estos porcentajes. Resulta cuando menos desconcertante, y aún a pesar de otros factores que pueden afectar hacia una dirección u otra tales variables, que la recaudación tributaria crezca de la forma en que lo hace únicamente por efecto de la mejora en la lucha contra la evasión. Dicho brevemente: si los precios al consumidor crecen por año un 10 o un 11%, y la economía lo hace un 8 o un 9%, la recaudación no podría crecer un 35 o un 40%, a menos que la tasa inflacionaria medida como el incremento generalizado de los precios, fuera bastante mayor. Esta incongruencia nunca fue explicada, que sepamos, por las autoridades interventoras del organismo.

Desde hace algunos meses, la secretaría de Comercio Interior ha iniciado una estrategia consistente en multar a las consultoras que publican los índices de precios cuando éstos difieren de los oficiales nacionales. Para ello se ha recurrido al argumento de que tales consultoras no calculan adecuadamente o sobre bases científicas sostenibles dichos índices. Como se sabe, son varias las firmas que han recibido notificaciones primero intimándolas a explicar la metodología de cálculo y luego la multa por considerarse tal cálculo al parecer no suficientemente fundamentado. El ministro Boudou acaba de avalar la aplicación de estas multas con el argumento de que de este modo se contribuye a la transparencia de la información. Es interesante recordar que cuando este ministro se hizo cargo de su actual función, señaló públicamente que pretendía sanear el INDEC; opinión que al menos en sus dichos se ha revertido. También es preciso recordar que esta situación se da desde el comienzo de 2007, por lo que la secretaría señalada no consideró necesario hacer nada a este respecto durante ese año y los tres siguientes.

Las últimas noticias están vinculadas con la amenaza a las consultoras de denunciarlas penalmente en caso de continuar difundiendo sus cálculos. Al menos en lo que ha trascendido el argumento utilizado para semejante amenaza es el artículo 300, inciso 1 del Código Penal. Allí se dice que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que hiciere alzar o bajar los precios...por medio de noticias falsas...” tendientes a modificar desde la decisión de comprar o de vender hasta el precio de un producto. El tema fue comentado en un cable de la agencia oficial Télam, como se sabe absolutamente adscripta a la propaganda oficial. Dice la mencionada agencia entre otras cosas que las consultoras ya habían sido multadas por la difusión de índices de precios que adolecerían de rigor científico...luego de que en los últimos días difundieran nuevas estimaciones a través de los medios de comunicación. Como decimos, dado que esta agencia es un apéndice claro de la publicidad oficial, no caben dudas que lo que ella dice es lo que dice en definitiva el gobierno. Y esto significa que: mientras durante cuatro años no se hizo nada, luego se resolvió aplicar multas, y como éstas no dieron resultado, ahora se recurre a la amenaza de accionar penalmente. Es clara la intención de redoblar la apuesta para acallar a los profesionales que estiman tales índices. Porque si no lo fuera, la acción penal debería haber ocurrido directamente hace cuatro años y medio. Y la sanción pecuniaria obviamente que también.

Nosotros hemos señalado en diversos trabajos que las irregularidades surgidas de la arbitrariedad no se condicen con el Estado de Derecho, y que la violación sistemática de principios constitucionales no contribuye a garantizar la propiedad privada de los bienes y que es ésta la principal razón por la que en la Argentina no se invierte como sí ocurre en otros países de la región. Esto por señalar específicamente el tema que profesionalmente nos ocupa, porque las derivaciones jurídicas avanzan claramente sobre la libertad de expresión.

Obsérvese, además, que el artículo del Código Penal que parcialmente transcribimos, habla de “noticias falsas”, cuestión que requiere intencionalidad o dolo. Si bien no somos abogados sabemos desde siempre que actuar con falsedad es hacerlo con malicia, y la malicia debe probarse. Las estimaciones de innumerables consultoras son eso: estimaciones; y por lo tanto no son presentadas como cálculos certeros. Incluso las cifras oficiales también son aproximaciones y nunca certezas.

En todo este penoso trayecto de un gobierno que se resiste a aceptar la opinión de quien disiente de la manera más abyecta en algunos casos (como cuando se niega la publicidad oficial, cuestión que ha dado lugar a pronunciamientos de la Corte Suprema) no observamos de parte de la dirigencia, y tampoco de la población, una reacción acorde con los hechos.

Uno puede pensar, como efectivamente lo hemos pensado y lo señalamos al comienzo de estas líneas, que quienes tienen propiedades tienen miedo y prefieren negociar. Pero al someterse a esa negociación también se someten a las bravatas de ciertos funcionarios como se ha visto por televisión en algunos casos. Y también se someten a puniciones de diverso calibre y que alcanzan un surrealismo que hasta mueve a risa de no ser por la clara violación del derecho constitucional que implican. Digamos que uno puede suponer que la tolerancia tiene que ver con el miedo y que el miedo no es zonzo. Pero no es zonzo hasta un punto en que comienza a serlo.

En la Argentina de los últimos años se ha violado el derecho a disponer de la propiedad y por lo tanto venderla al mejor postor mediante resoluciones de la secretaría de Comercio o del ministerio de Economía, por ejemplo. Se han violado contratos, se ha invadido el ámbito privado, se han exigido informaciones que son privadísimas y se han fijado precios y otorgado o no permisos de venta o de compra; todo el clara violación de los derechos y garantías de la Carta Magna.

Vemos y oímos en los medios diversas noticias y comentarios sobre cuestiones como ésta, en la que los derechos constitucionales resultan bastante más que rozados; y sin embargo no se produce una reacción que intente llevar ante la Corte Suprema todas y cada una de las arbitrariedades que se observan a diario.

Por eso es que llega un punto en que la mansedumbre verdaderamente no puede entenderse. Porque esto es mansedumbre. Ya no es solamente el temor a que pase algo más grave (que pasa cada día, por lo demás). Es realmente una mansedumbre inexplicable.



Héctor Blas Trillo 30 de mayo de 2011