El
Ágora
ECONOMÍA: ¿HACIA UN ESTADO POLICIAL?
Si bien la Argentina dista muchísimo
de ser un Estado
gobernado por un régimen totalitario que se encarga de
suprimir las libertades
de las gentes, es evidente que es cada vez mayor la injerencia
del gobierno en
las actividades de las personas.
Si
bien en este comentario nos referiremos únicamente a la
economía, no caben
dudas de que se ha avanzado de manera considerable sobre las
llamadas
libertades civiles en los últimos años. Ello ha ocurrido por
ejemplo en materia
de programas de estudio escolar en todos los niveles. También en
materia de
periodismo independiente se ha iniciado un claro proceso de
persecución verbal
y propagandística hacia las opiniones disidentes. Son ejemplos.
En
materia económica, que es lo que en este caso nos atañe,
observamos desde hace
ya varios años el continuo ataque a los empresarios y a las
empresas, los
controles e imposiciones de precios, las limitaciones
arbitrarias a las
importaciones y exportaciones, etc.
Días
pasados escuchábamos en la radio un reportaje al candidato
Hermes Binner por
parte del periodista Víctor Hugo Morales, quien en un momento
determinado se
explayó en explicaciones sobre la probidad, la moralidad y la
rectitud del
funcionario Guillermo Moreno. La referencia a este curioso
personaje viene una
vez más a cuento. Casi por las mismas horas, la presidenta de la
Nación hacía
referencia también a las capacidades de este mismo funcionario.
Sabemos
por innúmeras publicaciones, inclusive por filmaciones tomadas
por cámaras
ocultas o no, que el citado funcionario es una persona violenta
y agresiva, que
no duda en amenazar, insultar y descalificar a quienes tiene
frente a él; para
pasar luego a los hechos económicos aplicándole a quienes se le
enfrentan ,
desde restricciones al comercio hasta inspecciones selectivas.
No estamos ni de
lejos ante una persona que sea respetuosa de la Constitución y
de las leyes,
sino de un provocador de características autoritarias, que
incluso se rodea de
verdaderos patoteros para llevar a cabo fines intimidatorios.
Abundar es
redundante, pero recordar de quién se trata es fundamental.
Porque
es obvio que el tal funcionario está donde está porque la señora
de Kirchner
así lo desea. Y hace lo que hace y del modo en que lo hace
porque cuenta con su
aval y aprobación.
Podríamos
discutir si se trata de una persona proba y de condiciones
morales intachables
quien amenaza incluso públicamente a la gente, como aquella
famosa escena de
intención de degüello que
le hiciera al
entonces ministro de economía Lousteau. Pero insistimos,
queremos hablar de
economía. Vayamos a los hechos.
Como
es sabido en estas horas el país se debate ante la necesidad de
evitar
sanciones de parte del GAFI (Grupo de Acción Financiera
Internacional) debido a
su liviandad en las cuestiones vinculadas al lavado de dinero.
Precisamente por
haber sido puesto nuestro país “en capilla”, se dictaron en los
últimos meses
una cantidad inusitada de normas (e incluso una ley) tendientes
a obligar a los
diversos actores (bancos, empresarios, profesionales, etc.) a
denunciar toda
clase de operaciones “sospechosas” ante la Unidad de
Investigaciones
financieras (UIF). Este esquema en general no avanza en el
sentido de que el
Estado vigile y controle la operatoria financiera, sino que apunta a que los distintos
factores se
denuncien entre sí, violando entre otras cosas la privacidad de
las “acciones
de los hombres”, el
secreto profesional
y revirtiendo la carga de la prueba ante la duda. Si bien muchas
de estas
medidas vienen impuestas desde el Exterior, lo cierto es que en
el ámbito
local, donde la arbitrariedad capea por doquier, resultan
todavía más graves.
La
posibilidad de acciones penales basadas en presunciones hace
rato que se ha
incorporado a nuestra legislación tributaria. Incluso existe ya
jurisprudencia
tendiente a limitar seriamente la posibilidad de que el Estado
encarcele a las
personas por el simple hecho de “presumir” que operaron de
manera ilegal. A
menos que tales individuos prueben que no.
La
gravedad de toda esta legislación está fuera de toda duda en
nuestro modo de
ver. Pero, excepto en ámbitos judiciales de probada seriedad, no
parece haber
tomado todavía suficiente consideración entre la dirigencia en
general, incluyendo
ciertos ámbitos académicos, que
sin embargo no trepidaron en su momento en consentir el famoso
blanqueo de
capitales de la ley 26.476.
No se
avanza sobre las libertades individuales si no existe una clara
pasividad de
parte de buena parte de la opinión pública. Y parece que acá una
parte
importante de tal opinión ha tomado el camino lábil de dejar
hacer.
En
las últimas horas, se han llevado a cabo “operativos” en el
Microcentro
porteño, incluso con un camión de la Gendarmería Nacional, para
intentar frenar
la operatoria en las casas de cambio y en los bancos, hacia
donde se dirige la
población para adquirir divisas y deshacerse de los devaluados
pesos
argentinos.
La
aparatosidad de esta clase de operativos es rayana con la
estupidez. Que los
gendarmes que deberían estar cuidando las fronteras estén
colaborando con un
control del mercado cambiario es francamente ridículo. Pero no
deja de ser
intimidatorio. Es decir, no difiere mayormente de lo que hace o
haría el
funcionario que mencionamos al comienzo de estas líneas:
asustar.
Ahora
bien, si el objetivo del país es lograr la aprobación del GAFI y
el control de
las operaciones “sospechosas” de lavado de dinero, no parece ser
lo más lógico
salir a disuadir a los posibles malhechores, sino por el
contrario, investigar
y atraparlos. Asustar al
delincuente
hace que éste huya y espere mejores oportunidades, no que caiga
preso.
Leemos
en el diario un comentario al parecer producido por un
funcionario del Banco
Central que no deja de llamarnos la atención : “los
procedimientos van a
continuar la semana próxima para desterrar a los coleros”, es decir, a quienes hacen la cola para
adquirir dólares.
¿Esta
es la forma de atacar el problema del lavado de dinero? La
verdad es que el
grado de torpeza de esta clase de “procedimientos” sorprende
realmente.
El
titular de la UIF, Sbatella, partió a Europa en compañía del
ministro de
justicia, Alak (el mismo que cuando los hechos del parque
Indoamericano declaró
que la Policía Federal no tenía gente suficiente para atacar el
problema y que
además le correspondía a la Policía Metropolitana, 24 horas
después de que la
Policía Federal sí había intervenido) para asistir a la reunión
plenaria del
GAFI, que se encargará de evaluar las reformas impulsadas por el
país para
combatir el lavado de dinero.
Según
las notas periodísticas, el operativo con la Gendarmería
incluída, apunta a
verificar cómo es la estructura que opera detrás de los llamados
coleros.
Uno
no tiene mayor idea de cómo deben funcionar las operaciones
detectivescas ya
que de esa materia sólo entiende lo visto en las películas. Pero
la verdad es
que más parece un grotesco que un método de detección de
irregularidades.
Entonces,
qué es lo que subyace en este accionar ridículo que seguramente
no hará sino
poner los pelos de punta a los integrantes del GAFI, si es que
se enteran. Pues
simplemente la clásica torpeza política argentina de evitar que
la gente huya
hacia el dólar. La insólita creencia de que persiguiendo al que
intenta
protegerse, éste se quedará tranquilo y dejará de intentar
protegerse.
Incongruencia
mayor o torpeza más grande no parece que exista en la materia.
Ya recordamos en
un trabajo reciente a aquel diputado radical que en los años 80
proponía
clausurar la calle San Martín (centro neurálgico de las casas de
cambio de
Buenos Aires), para, de esa manera, “terminar con la
especulación hacia el
dólar”.
Vayamos
entonces a lo verdaderamente serio. Según los cálculos en los
últimos 50 meses
salieron del sistema algo así como 68.000 millones de dólares.
Se fugaron hacia
el Exterior, los colchones, las cajas de seguridad o donde
fuere, tantos
millones de dólares como un año íntegro de exportaciones. Y la
fuga continúa a
todo ritmo. Incentivada por este tipo de truchadas,
si se nos permite la expresión, porque nos parece de lo más
gráfica.
En
lugar de crear condiciones de seguridad jurídica, es decir, de
respeto
irrestricto a las garantías constitucionales, lo que se hace es
armar
aparatosos montajes para la gilada.
Es
sabido que desde los círculos oficiales se habla del crecimiento
y de la
bonanza en general en materia económica del país en los últimos
años. No pretendemos ni
por un segundo poner en
duda tal grado de avance. Ahora, atribuirlo a este tipo de
manejos, nos parece
cuando menos estúpido.
Y
precisamente el secretario de finanzas, Hernán Lorenzino,
consideró “indignante”
un informe de la calificadora internacional Fitch, que dijo que
las políticas
del gobierno tenían un alto grado de incertidumbre.
Lorenzino
afirmó que el gobierno continuaría haciendo todo lo bueno que se
hizo en
materia de decisiones económicas. La pregunta del millón es ¿por
qué si esto es
así salen los capitales de la Argentina de la manera en que lo
hacen? ¿por qué
hace falta mandar a la Gendarmería a perseguir “coleros” en el
Microcentro
porteño? ¿Por qué hace falta que la propia presidenta de la
Nación salga a
defender por “honesto y capaz” a un funcionario de
características patoteriles?
Nosotros
consideramos desde hace ya varios años que el país se encamina
hacia un Estado
policial, como ya lo fuera en otras épocas. Y no únicamente
durante regímenes
militares.
Una
gran cantidad de datos se desconocen hoy en la Argentina. Se
persigue a quienes
intentan medir la inflación. Se ocultan datos sobre reservas
petroleras. Se deja de
informar sobre la venta de dólares
por parte del Central. Se oculta información, aumentando el
miedo.
No es
el camino hacia un Estado democrático y libre, sino antes bien
todo lo
contrario.
Esperemos
que la señora presidenta, que según todas las encuestas será
reelecta mañana,
recapacite y considere la posibilidad de que si nos ha ido bien,
podría
habernos ido mejor. Y lo mismo podría ocurrir durante su próximo
período
presidencial.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos
Aires, 22 de octubre de
2011
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