UNA LEY PARA CADA UNO 15/1/12

El Ágora

UNA LEY PARA CADA UNO (O EL MACARTISMO SOLIDARIO)

El principio de la igualdad ante la ley, consagrado por nuestra Constitución Nacional, tiene su fundamento en la individualidad del hombre. Debemos agregar por la dudas que el concepto “hombre” se refiere al género humano, y nada tiene que ver con el sexo. Confusión semántica muy común hoy por hoy que nos obliga a este tipo de aclaraciones.

Precisamente nuestra Ley Fundamental considera a todos los habitantes (es decir, ciudadanos o extranjeros) dignos de igual tratamiento ante la ley, tanto para el ejercicio de sus derechos, como para el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es así porque cada individuo, como tal, es diferente. Posee individualidad. Características personales, capacidades, inteligencia o lo que fuere. Este principio es universal, es decir que se refiere a todos los aspectos de la vida en la Nación.

Pues bien, lo que nos motiva a escribir estas líneas es la observación de que en la Argentina actual, éste principio ha sido abandonado prácticamente por todas las ideologías en boga. A derecha y a izquierda podemos ver cómo se ejercitan supuestas actitudes solidarias tendientes a proteger “al más débil” y cómo se acepta como algo lógico y corriente que determinadas personas tengan tratamientos “diferenciales” en materia de tarifas,  subsidios, asignaciones y “planes” de ayuda.

Vemos lo que está pasando con las tarifas del consumo hogareño de energía eléctrica o gas, donde pretenden establecerse categorías de consumidores, incluso barrios o zonas supuestamente pudientes a los cuales corresponderá aplicarle precios más altos. Pronto tal vez aparezcan los funcionarios con una distinción idéntica pero de los barrios o zonas intrínsecamente "carenciados”, aparte de la ponderación que se llevará a cabo de cada habitante de la Nación sobre su capacidad adquisitiva para determinar si deberá pagar o no una tarifa más alta o más baja. O tal vez ninguna. Simultáneamente, ya se habla de fijar tarifas diferenciales para el transporte automotor de pasajeros, siempre sobre la base de la capacidad de pago de los viajeros.

Hemos manifestado reiteradas veces que los tratamientos diferenciales contribuyen a anquilosar la pobreza, incluso a fomentarla. El sólo hecho de poder recibir bienes a precios inferiores constituye un indudable privilegio al que accederán aquellos que tengan una condición social más pobre o así sean considerados. Ésta condición será conveniente mantenerla, al menos en los papeles, para poder seguir gozando del beneficio.

De más está decir que la “selección” que los funcionarios hagan respecto de quiénes entran en el grupo favorecido y quiénes no, dará lugar a todo tipo de corruptelas. Es decir, lo mismo que ocurre hoy con los planes sociales y las ayudas de diversa índole con las que el gobierno Nacional pretende paliar, pero eterniza, la pobreza intrínseca a la que nos referimos.

Nuestros padres fundadores tuvieron muy en cuenta estas cuestiones al momento de redactar, de manera simple y llana, los criterios fundamentales sobre los que debe sentarse la vida de una comunidad. La Constitución Nacional no recurre a grandes disquisiciones semánticas para enunciar lo simple y llano. Esto es sabido. Pero el concepto es fijo, concreto, contundente. Un par de renglones bastan, a diferencia de las grandes parrafadas incomprensibles que utilizan hoy en día nuestros legisladores.

Ser iguales ante la ley nos obliga a todos a pagar por lo que consumimos aquello que lo consumido vale. Por lo tanto no corresponde que algunos paguen un precio más elevado que otros. Pero además de no corresponder, es nefasto desde el punto de vista del desarrollo social.

Se fomenta así la desigualdad en lugar de  promover la igualdad. También  el llamado clientelismo político. Pero no sólo se los fomenta, sino que se los establece con la fundamentación de que su aplicación es un rasgo de bondad, ética y atención de “los humildes”. Todo empeora , sin embargo, en la cuestión de los llamados cartoneros, o de los limpiavidrios, o de la cantidad impresionante de gente que duerme en las calles de Buenos Aires y en el suburbio. O en las innúmeras “villas” paupérrimas que como manchas de aceite crecen todos los días en tantísimos barrios de las ciudades más pobladas del país.

Digamos también que no se trata de que a las gentes en dificultades hay que dejarlas morir de inanición o cosa por el estilo. En definitiva de lo que se trata es de encontrar el rumbo para lograr un crecimiento sostenido y sin artilugios monetarios, para que la promoción del bienestar general sea un hecho concreto motivado en la capacidad y el esfuerzo de los habitantes de la Nación, y no en la dádiva otorgada displicentemente por los gobernantes.

Cada vez más los sectores que otrora defendían esta visión de la realidad se han plegado al discurso políticamente correcto de la ayuda permanente.

Pero la verdad es que más allá de nuestra posición principista lo cierto es que darle a los gobernantes el poder de fijar indefinidamente prebendas o ayudas, es lo mismo que constituir prerrogativas o fueros personales, cuestiones que también están sanamente vedadas por nuestra Carta Magna.

Es que la idea de que las cosas pueden obtenerse sin esfuerzo lleva a muchas personas a quedarse en esa región en la cual la ayuda siempre les llegará. Eso lo sabemos todos. Lo que ocurre con los “planes” es una muestra cabal de lo que decimos. Basta interrogar a las personas que acompañan a ciertas manifestaciones y piquetes para comprobar que están allí porque reciben ayudas y están sujetas  a perderlas si no concurren.

Esto, que es tan obvio, en esta Argentina del “relato”, no se discute siquiera. Nadie se atreve al parecer,  a decir con todas las letras que la igualdad ante la ley es un principio claro e inobjetable. Que más allá de lo que diga la misma Constitución, el otorgamiento de favoritismos a unos que otros han de pagar, conforma el lumpen del populismo totalitario.

También hay que decir que esta necesidad de distinguir entre pobres y ricos, lleva a los gobernantes a obtener todo tipo de información de la población. A “ficharla” para decirlo cortito. Cosa que ocurre por ejemplo con la tarjeta SUBE para viajar en el transporte público, que requiere que la persona que la adquiere deba aportar sus datos personales, número de documento y demás, de tal modo que dicha tarjeta se convierte en una especie de “chip” que permite seguir los movimientos del usuario. Si esto no es una pieza de colección del totalitarismo más puro, qué otra cosa lo será.

Si repasamos por ejemplo lo que ocurre con los denominados “manteros” de la calle Florida, podemos ver que los funcionarios se ocupan de manifestar claramente la diferencia que existe entre simples revendedores de  productos que obviamente no pagan ningún impuesto; y aquellos llamados artesanos que parece que tuvieran un permiso especial para ubicarse donde les plazca. En la ciudad de Buenos Aires hay normas específicas que autorizan a quienes solamente buscan sobrevivir a instalarse y vender sus productos.  Pero en realidad todos los habitantes de la Nación buscamos sobrevivir, y por lo tanto la colusión entre los intereses de unos y de otros es evidente.

Los comentarios que pueden oírse o leerse de parte de todo tipo de políticos y opinantes, avalan desde ya la idea de que los artesanos puedan vender sus productos libremente o bajo ciertas condiciones; pero los revendedores no. Y la pregunta que correspondería hacerse es por qué no. Porque no todos los necesitados tienen la virtud de poder elaborar artesanías, suponiendo que tal rubro quedara debidamente definido, además. De tal modo que si los necesitados en cuestión no son capaces de fabricar artesanías, deberán arreglárselas como puedan. Y si todo el mundo fuera capaz de elaborarlas, entonces tendríamos una invasión de vendedores ambulantes fuera de toda lógica.

Como puede verse, todo el esquema se cae por imperio de esa especie de macartismo solidario que pretende dividir a la población entre ricos y pobres, con una traza demasiado gruesa y demasiado clientelista que deberán establecer los funcionarios y políticos de turno.

Si existen “planes sociales”, asignaciones universales por hijo y demás esquemas de ayuda, cabe preguntarse por qué los artesanos o quienes fueren podrán ubicarse en la vía pública y vender sus productos. La inobservancia de lo obvio no deja de ser siempre un síntoma.

Como hemos dicho, en estos aspectos no existen mayores diferencias ideológicas. No importa si se trata del gobierno Nacional o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre la tendencia es a distinguir entre algunos y el resto, lo cual constituye una evidente desviación del principio de igualdad ante la ley que da lugar a este comentario.

Debe quedar en claro que no  es una ley para cada uno lo que debe existir, sino una ley para todos.  Y también es importante dejar perfectamente sentado que, más allá de nuestra opinión principista,  una cosa es ayudar al desvalido, o al que tiene dificultades durante un lapso determinado, y otra muy distinta es hacerlo durante años y años sin final del partido a la vista. Basta analizar la situación en determinados países avanzados, cuya capacidad y recursos es muy superior a la nuestra, en los cuales se determinan plazos concretos para que los beneficiarios de subsidios sean dados de baja. Pretender (y en definitiva mantener) ayudas de emergencia sine die es, como hemos dicho, eternizar el problema y de ningún modo resolver la cuestión de la pobreza.

Héctor Blas Trillo                                               Buenos Aires, 15 de enero de 2012