Segunda Opinión
ECONOMÍA: DEL
CEPO AL AJUSTE
Nadie puede poner en duda a
estas alturas que las
medidas en materia de restricciones a la compra de moneda
extranjera, tales
como la “autorización” previa de la AFIP constituyen en realidad
un verdadero
cepo para evitar la fuga de dólares del sistema. Ningún control
de este tipo
apunta a capturar evasores porque es evidente que para poder
capturarlos es
preciso primero corroborar el delito, lo que obviamente no
ocurre cuando un
sistema operativo dice que alguien “no tendría capacidad
contributiva” o frases
por el estilo, sino cuando se adquiere moneda extranjera con
dinero de origen
ilegal.
Nadie parece tampoco
dispuesto a discutir seriamente
la clara violación de preceptos constitucionales que llevan
ínsitas esta clase
de disposiciones en cuanto prohíben la libre disposición del
patrimonio
personal y obligan a los interesados a introducirse en un
verdadero laberinto
borgeano para intentar sortear las dificultades. Las cuales por
otra parte
suelen tener un origen desconocido o responder a cuestiones
absolutamente
ajenas a la falta de declaración de bienes y haciendas, tales
como por ejemplo errores
u omisiones formales o detalles nimios en la composición de un
patrimonio.
La cuestión no se ha
quedado solamente en esta
especie de “vista previa” sino que ha avanzado de manera casi
risueña con la
aparición de sabuesos encargados de detectar si quienes viajan
al exterior
llevan ocultos entre sus prendas y petates, billetes de banco de
origen
extranjero.
A las restricciones a las
importaciones impuestas
desde hace ya bastante tiempo, se les suman cada día nuevas y
fervorosas “iniciativas”
tendientes a limitar mediante autorizaciones oficiales las
adquisiciones en el
Exterior de prácticamente todos los productos, con esa forma
primitiva de
proceder que tienen ciertos funcionarios de raigambre
intervencionista que no
alcanzan a ver que cualquier medida restrictiva en un mundo
interconectado y en
el que toda transacción requiere de dos partes, lo mismo que
para bailar el
tango.
En verdad, todo este
galimatías policíaco tiene como
único fin mantener una balanza comercial favorable en torno de
los 10.000
millones de dólares, sin tomar en cuenta que siempre las
restricciones producen
represalias y mercados negros, amén de encarecimiento de
productos y la tan
odiada “desaceleración” de la economía.
Nuestro país ha recurrido
con persistencia al uso de
reservas del Banco Central para hacer frente a compromisos de
deuda en divisas.
Ello en virtud de que el superávit fiscal hace rato que ha
mermado o
directamente se ha extinguido, y que cuando existía se lo
destinaba al gasto
corriente en lugar de destinarlo a la adquisición de las divisas
para hacer
frente a los compromisos externos. El uso de tales reservas
deteriora el valor
de los pesos y contribuye a acelerar el proceso inflacionario,
al tiempo que
las restricciones o “cepo” al que venimos refiriéndonos opera en
el sentido de
frenar la economía y por lo tanto disminuir la tasa de
inflación.
Pero resulta que llega un
punto en que las reservas
no alcanzan, el cepo importador produce reciprocidad de los
clientes y
proveedores externos y en definitiva la cuesta se empina hacia
abajo cada vez
más rápidamente.
Ni los controles de precios
ni la deformación de los
índices de inflación pueden modificar la realidad. Por ello,
mientras el dólar
oficial se mantiene dentro de un rango deprimido con respecto a
la inflación
real, se encarece cada vez más el costo de producir bienes y
servicios y baja
la competitividad, dificultando tanto la producción como las
exportaciones
locales. El efecto es más grave todavía si tomamos en cuenta las
restricciones
insólitas a las exportaciones de ciertos granos y otros
productos
agropecuarios.
El viejo adagio de la
sábana corta es perfectamente
aplicable a la situación argentina. El deterioro de las cuentas
fiscales se ve
agravado además por el estancamiento de los precios de las
commodities en el
mercado internacional. También la quita de subsidios a los
servicios de agua,
electricidad y gas tienden claramente a provocar una
desaceleración real. Lo
que ocurre con los subtes, más allá de la
cuestión política (o más bien politiquera) es una cruda
realidad. El boleto de
ese medio de transporte estaba costando algo más de 20 centavos
de dólar, un
valor a todas luces ridículo y que hace inviable la prestación
del servicio sin
un claro subsidio estatal. Para que el boleto de subte deba ser
elevado un 127%
de una sola vez, tienen que estar las cuentas lo suficientemente
deterioradas,
porque de otra forma no termina uno de explicarse el porqué.
Ningún político es
un kamikaze, y no importa el partido de que se trate.
El gobierno argentino ha
venido intentado disfrazar
esta realidad con propaganda política y ataques a los medios
disidentes. Como
ha hecho con el INDEC, ha decidido que el ocultamiento de
ciertas verdades de a
puño hace que éstas desaparezcan o se disimulen de tal modo que
no habrían de
notarse.
Nada de eso dará resultado,
obviamente. 70 años de
propaganda no lograron impedir la caída del Muro de Berlín, y
ninguna “revolución
cultural” pudo detener el avance capitalista de la República
Popular China. Más
atrás en el tiempo, ya sabemos dónde terminaron los regímenes
autoritarios
vigentes durante la segunda guerra mundial, con su aparato de
propaganda y sus “radios
del pueblo”. El final es
inevitable.
El verdadero estado
policial impuesto en las
transacciones comerciales, limitante del derecho a disponer de
los bienes
propios, propagador de sistemas de información y delación de
carácter fiscal y
bancario que han terminado con los secretos en ambos campos, y
la proliferación
de sistemas de control que limitan o dificultan seriamente la
operatoria
comercial y financiera no están destinados a mejorar el control para cumplir con exigencias
internacionales
sobre lavado de dinero. Ningún permiso previo, ninguna
autorización de
importación, ninguna restricción de exportación, ningún control
de precios,
ningún régimen de información masivo sobre movimientos bancarios
o de tarjetas
de crédito, contribuye un ápice a disminuir o terminar con el
lavado de dinero.
Máxime cuando el país hace apenas cuatro años llevó adelante
mediante una ley
un blanqueo de capitales de una amplitud y generosidad que no
tiene explicación
dentro de la lógica que hoy se pretende defender.
El cepo cambiario y del
comercio exterior en general
lleva claramente la marca del ajuste más brutal. A ello se le
suma la quita de
subsidios, que no hace sino llevarnos a preguntar para qué se
impusieron si no
eran medidas adecuadas, o en su caso por qué razón dejaron de
serlo.
Del cepo al ajuste no hay
ni siquiera un paso. Son
los dos impostores de Rudyard Kipling: el triunfo y la derrota.
El triunfo de
las medidas restrictivas contribuye a la derrota que significa
el denostado
ajuste.
Héctor Blas Trillo Buenos Aires,
11 de enero de
2012
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