ADMINISTRAR LA RUINA

Segunda opinión

 ACTUALIDAD ECONÓMICA:ADMINISTRAR LA RUINA

Los cortes de luz de la semana anterior fueron  de una contundencia política fenomenal para poner sobre el tapete una vez más el drama energético. Desde hace varios años desde muchos sectores, incluyendo éstos comentarios, se ha venido afirmando que la falta de adecuación de los contratos y el congelamiento tarifario conducirían poco a poco al desastre.

El deterioro de la producción energética, la falta de inversiones, la necesidad de importaciones crecientes (muchas veces hechas de apuro y carísimas) han llevado la situación a un grado de inviabilidad real y palpable.

Es bueno recordar cómo hasta no hace mucho el ministro De Vido y otros  encumbrados funcionarios negaban la crisis energética y acusaban de conspiradores y golpistas a quienes, como los 8 ex secretarios de energía, avisaban de una y mil maneras el problema que se avecinaba. Al punto que llegaron a limitarle a dicho grupo la posibilidad de realizar seminarios y charlas para exponer informes sobre el cuadro de situación. Finalmente, el ministro De Vido y el llamado viceministro de Economía anunciaron incrementos en las tarifas, tanto de energía eléctrica como de gas, tanto para hogares como comercios e industrias. Con tales ajustes se pretenden recaudar 2.000 millones de pesos que se destinarán a fondos fiduciarios administrados por el Banco Nación (como eran los del conocido caso Skanska) para financiar obras a criterio del Estado. En verdad, entonces, no se trata de un incremento de tarifas sino una suba de impuestos incluidos en las tarifas, que no irán a las empresas distribuidoras sino al Estado.

La persistencia en estas prácticas es realmente llamativa. Estos fondos (en general fideicomisos) no están en verdad sujetos a  la administración y control de los organismos del Estado que son comunes a las empresas públicas, y por lo tanto dan lugar a una mayor discrecionalidad.

Las empresas en cuestión hace rato que están virtualmente en cesación de pagos y no cuentan con fondos ni para pagar los ajustes salariales, conllevan además un fuerte déficit operativo. Estas serias dificultades no se corrigen sino con bajas de impuestos, ajustes reales de tarifas o subsidios.

El ministro De Vido hizo alusión, en una disertación que encabezó junto con Kicillof, a que las tarifas de luz en la Argentina son ostensiblemente más económicas que en Brasil (once veces mayor), Chile (12 veces mayor) y Uruguay (16 veces más cara). En cuanto al gas, indicó el ministro que  es 22 veces más caro en Brasil, 14 veces en Chile y 16 veces en Uruguay.

El funcionario Kicillof señaló que las tarifas económicas permiten a los habitantes disponer de dinero para impulsar la economía, y en ello las justificó, prácticamente.

Pero es obvio que si es necesario incrementarlas para crear un fondo para hacer frente a la crisis, eso significa una clara contradicción con el impulso que ha pretendido darse a la economía.

Desde el punto de vista estructural, resulta francamente inconcebible mantener tarifas tan baratas como para desfinanciar y desinvertir el sistema energético mientras se incentiva supuestamente la producción y consumo de bienes para cuya elaboración se requiere energía.

Así, se da la paradoja (o no tanto) de que debemos salir a importar energía a precios internacionales para lo cual destinamos ingentes cantidades de divisas provenientes de exportaciones primarias. Y entre otras cosas importamos electricidad de Brasil por los mismos canales construidos para exportarle hace algunos años, y lo hacemos desde centrales térmicas del país vecino, alimentadas con gas boliviano, que pagan varias veces más caro que los que se paga a los productores en el país

El absurdo de terminar gastando el dinero de la bonanza de precios de commodities para comprar energía por aplicar políticas de subsidios que además incentivan el derroche energético (son comunes las publicidades invitando a no gastar energía eléctrica o agua) no hace sino corroborar la falta de una política al menos razonable en la materia.

Ahora, y por lo que se dijo, serán estos funcionarios los encargados de determinar a qué será destinado este dinero extraordinario. Y cabe preguntarse por qué razón Kicillof o el mismísimo De Vido habrían de saber más que los propios productores y distribuidores en la materia.

Las empresas distribuidoras de energía se encuentran, según informaciones periodísticas, literalmente en cesación de pagos. Y lo están precisamente por el retraso tarifario. Además de ello, los últimos balances presentados muestran ingentes pérdidas que obviamente reducen el patrimonio y las posibilidades de seguir manteniendo el sistema de distribución. El impuesto que ahora se agrega no constituye un incremento en la tarifa, como que da dicho, sino en un cargo con destino a un fondo específico a administrar por funcionarios del Estado Nacional. Entonces ¿cómo se resolverá la crítica situación financiera de las empresas?

En materia petrolera el gobierno ha establecido un mecanismo de control absoluto sobre la producción, distribución, márgenes de utilidad, precios y demás variables de funcionamiento empresario. De tal manera, las empresas petroleras que no son estatales seguirán siendo privadas por el momento, pero administradas y reguladas literalmente por el Estado.

En estas condiciones ¿alguien estará dispuesto a invertir dinero en el país con el objeto de mejorar el cuadro de situación?

La situación es lamentable, y lo es más allá de la posición ideológica de cada uno de nosotros. El Estado no está en condiciones de proveer los fondos necesarios como para revertir la situación de crisis energética; las empresas privadas en estas condiciones no invertirán ¿cuál es entonces la salida?

No hay una salida. El poder que han adquirido ciertos funcionarios como los nombrados, que excede largamente lo establecido en la propia Constitución nacional en su artículo 14 especialmente, no puede corregir el problema y eso está a la vista. Hace 10 años que no sólo no puede corregirlo sino que lo agrava día a día.

El gobierno de Néstor Kirchner llegó a exigir que YPF distribuyera todos los dividendos por sus ganancias para que el grupo Eskenazi pudiera pagar así su ingreso en el 25% del capital de esa compañía. El propio gobierno contribuyó, de ese modo y muy claramente, a que YPF careciera de recursos para invertir. Y ahora la confiscación de las acciones de Repsol, no solamente se ha constituido en una verdadera violación de la propiedad privada, sino que como obvia consecuencia, ha cerrado los caminos a cualquier intento de inversión, como está a la vista.

La pésima situación en la que nos encontramos no se resolverá con parches como el que motiva este comentario. Tampoco con apelaciones al nacionalismo o acusaciones a difusos intereses. No se resolverá insultando, echando, quitando o violando derechos básicos. Sólo se agravará.

Estamos, pues, administrando la ruina.

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                      Buenos Aires,   25  de noviembre de 2012