El Ágora
Lo que ha ocurrido en las horas posteriores al
fallo de la Corte Suprema
dictaminando la constitucionalidad de los artículos de la
llamada “ley de
medios”, cuestionados entre
otros por el
grupo Clarín, muestra una sintomatología que debe ser expuesta
con la mayor
claridad que se pueda.
Tal vez yo no lo logre, ya que estamos, pero al
menos lo intentaré.
Ante todo se oye en todas partes que el fallo debe
ser acatado, cosa sobre
la cual yo por mi parte no tengo ninguna duda. Pero debo decir
que el gobierno
nacional tiene serios antecedentes de haber hecho exactamente lo
contrario:
esto es, no acatar los fallos. Tal vez de allí surja esa especie
de duda
respecto del acatamiento, aunque invirtiéndose los términos.
Y vale tener en cuenta que acatar un fallo de la
Corte no significa
compartir lo que dice. Acá no está en juego el sometimiento de
las ideas, sino
como mucho la aceptación del orden constitucional.
El fallo en sí es lo suficientemente extenso como
para exceder largamente
lo que yo por lo menos intento destacar. Es extenso y a la vez
está lleno de
perlitas y curiosidades que podrían resumirse en lo expresado
públicamente por
el presidente Lorenzetti, cuando afirmó que “esto acaba de
empezar”, en el
sentido de que ahora queda abierta la puerta a todo tipo de reclamos
judiciales. Por la
desinversión a la que deben someterse los grupos periodísticos,
por la defensa
de la libertad de prensa o por la “adecuación de oficio”, o la
independencia y
neutralidad técnica del órgano encargado de llevar adelante el
cumplimiento de
la ley, hoy por hoy la AFSCA.
Nada está dicho, dijo Lorenzetti, a pesar de que
todo debió estarlo y para
eso falló la Corte.
La ley de medios tiene ya cuatro años de vigencia
y ha sido incumplida
absolutamente por todos los involucrados, empezando por la
AFSCA, que jamás la
hizo cumplir a quienes no reclamaron judicialmente.
Si bien prácticamente nadie lo pone en duda, es
digno de señalar el hecho
de que en todo momento el ataque estuvo y está dirigido contra
el enemigo
público número uno del gobierno: el grupo Clarín.
Y por eso, mientras ninguno de los demás grupos se
adecuó a nada pasados ya
cuatro años, apenas conocido el fallo, el señor Sabattella montó
un ridículo
show yendo él mismo personalmente a notificar a la empresa en su
domicilio en
la calle Piedras, cuando lo que correspondía es que fuera el
notificador al
domicilio constituido, que es el del Estudio de abogados que
defiende al medio
de prensa. Se informó que también se apersonó un notificador en
tal domicilio,
porque es lo que hay que hacer, pero de esto la prensa parece
que no se enteró.
O más bien, que los montadores del show no se lo comunicaron
porque no formaba
parte del mismo.
El gobierno kirchnerista inició su grosero ataque
contra el grupo Clarín
luego de la llamada crisis del campo. Y desde aquellos tiempos,
nunca cesó. Más
bien fue escalando posiciones.
Desde la ridícula campaña con globitos y
calcetines del secretario de
comercio hasta la llamada ley de medios, que claramente apunta
al desguace del
grupo Clarín, no sólo por lo que dice sino por la evidencia del
accionar del
propio gobierno. Baste recordar cuando al propia presidenta
inauguró la idea
del “7D” para comprender lo que digo.
La constitucionalidad admitida por la Corte tiene
por lo menos dos aspectos
dignos de ser señalados. Por un lado se sostiene en el fallo que
Clarín no
demostró que se ataque la libertad de prensa con esta ley. Como los reclamos de
constitucionalidad son
específicos, debe el grupo demostrar que está siendo afectado en los
puntos que
reclama. Y parece ser que no lo ha hecho. Lo cual no quiere
decir, agrego, que
no pueda hacerlo en lo futuro.
Por otro lado está el controvertido tema de la
finalización de las
licencias otorgadas en muchos casos por el mismo gobierno
kirchnerista. Este
asunto tiene a su vez al menos dos aristas: por un lado la
licencia en sí, y
por el otro los bienes invertidos por la empresa para llevar
adelante la
prestación del servicio licenciado.
La ley dice en su artículo 161 que tanto la
licencia como los bienes
afectados deben ser transferidos a terceros dentro del exiguo
plazo de un año.
Esto, que ha sido considerado constitucional por una mayoría de
cuatro a tres
en la Corte, significa lisa y llanamente que quien obtuvo una
licencia y llevó
adelante inversiones para poder desarrollar su tarea durante los
próximos 10 o
15 años, debe desprenderse a las corridas en un año de ambas
cosas: licencia y
bienes. El fallo sostiene además, que en caso de que tuviera
algo que reclamar
patrimonialmente, deberá recurrir a la justicia.
Esto último es de una obviedad llamativa.
Cualquier exceso sobre el derecho
de propiedad puede ser recurrido. Y la indemnización en casos de
expropiación
está prevista en la mismísima Constitución Nacional. No se
entiende, por tanto,
a título de qué la Corte lo reafirma.
Sin ánimo de polemizar, supongo que es bastante
más que obvio que el trato
a la prensa de parte del actual gobierno dista largo trecho de
lo que podría
llamarse la tolerancia o la convivencia con los medios
independientes del poder
político. Esto no puede ser ignorado por la Corte, la cual si
bien pudo haber
considerado que Clarín no demostró en esta instancia que hubiera
riesgo para a
libertad de prensa, sabe que sí
lo hay y
que el fallo puede dar lugar a grandes cimbronazos políticos.
La obviedad de que en caso de disconformidad
patrimonial la parte afectada
puede recurrir a la justicia para ser indemnizada, encierra el
claro sofisma de
que le Estado argentino no paga sus deudas cuando no quiere, y
tampoco respeta los
fallos. Esto ha ocurrido en
diversos casos como por ejemplo con los jubilados, e incluso se
ha manifestado
clara rebeldía con el juicio en Nueva York que siguen los
acreedores que no
aceptaron el canje.
Por otro lado, la Corte no ignora que un juicio
por resarcimiento de daño
lleva en la Argentina no menos de una década y con suerte al
cabo de ese tiempo
el Estado si respetara el fallo pagaría con bonos a 20 o 30 años
más, con lo
cual el perjuicio económico producido afecta a mucho más que una
generación
entera.
Si este es el orden social para la libertad que
pretendieron establecer los
constitucionalistas de 1853 o no, deberán juzgarlo quienes
correspondan. Para
mí no lo es.
La ley en cuestión abarca diversos temas, mientras
deja afuera otros como
si no existieran, siendo que son éstos últimos el futuro de las
comunicaciones,
y en buena medida el presente. Por ejemplo deja fuera Internet,
pero se mete
con el llamado espectro radiofónico, que como se sabe es
limitado y es allí
donde cabe que se confieran licencias, según el ordenamiento
vigente. Internet
no está contemplada en la ley, y en cuanto al cable, cualquier
regulación se
entromete en la determinación personal de la gente, ya que allí
no existe
espectro y con la televisión de alta definición los canales
pueden ser
infinitos.
El planteo esgrimido por los jueces es que el
Estado tiene el derecho de
regular la actividad y en definitiva cualquier cuestionamiento
es posterior a
tal regulación. Lo digo en términos “caseros”. No soy abogado.
Pero esa es la
idea.
Dicho todo esto, cabe preguntarse si de este modo
es como se logrará que en
la Argentina rija realmente la libertad de expresión y si se
espera que con
este grado de seguridad jurídica las inversiones llegarán a
nuestras
playas, como llegan a
las uruguayas o a
las brasileñas.
Luego de lo ocurrido con Repsol todos estamos
sufriendo las consecuencias
del verdadero despojo producido a esa empresa, luego de que este
mismo gobierno
hubiera acordado la “venta” a Eskenazi del 25% del paquete
accionario de YPF a
pagar con dividendos futuros de la propia empresa vendedora en
una operación
inaudita. Precisamente por esta obligación, es que luego la
empresa fue acusada
de “vaciamiento” y ese fue la principal razón esgrimida para la
confiscación. Ahora,
como muchas otras
empresas dagnificadas, Repsol reclama en el CIADI, la
institución del Banco
Mundial encargada de dirimir diferencias contractuales, donde se
pretenden
resarcimientos económicos que, según
algunos
cálculos, llegan a unos
65.000
millones de dólares. Una cifra descomunal producto de
incumplimientos
contractuales y violaciones de derechos de parte del gobierno
kirchnerista.
Más allá de todo esto, a mí por lo menos me
resulta curioso que un fallo de
la Corte esté tan cargado de asepsia. Es como su hubiera sido
dictado por una
Corte que desconociera la realidad argentina.
Un gobierno que ha desarrollado un verdadero
andamiaje de medios del Estado
y de allegados al Estado, quienes han comprado verdaderos
conglomerados
mediáticos, como es el caso del llamado grupo Hadad,
contrariando incluso a la
ley de medios, no parece ser el indicado para asegurar que
pretende la libertad
y la pluralidad de voces e ideas, como principio y fin.
Si se piensa que tanto el canal 7 como radio
Nacional fueron creados en su momento
sobre la base de permitir que aquellas voces relevantes que no
tuvieran acceso
a medios privados pudieran expresarse, se puede comprobar
rápidamente como el
gobierno se ha apartado absolutamente de estos principios. El
canal oficial
parece un medio de un régimen totalitario, en el cual el día
entero se lanzan
consignas y se desarrolla propaganda oficial con ataques muchas
veces arteros y
mentirosos a los opositores. Allí
no se
aceptan voces discordantes bajo
ninguna
circunstancia. Y ya se
sabe cómo
terminan los que se animan a hacer preguntas, como el periodista
Miceli.
El reparto de la publicidad oficial ha sido
cuestionado y por lo menos dos
medios (Perfil y el diario Río Negro) ganaron sus demandas de
que tal
publicidad sea distribuida sobre bases sólidas y razonables, y
no como si se
tratara de un favor a los amigos, tal como sigue ocurriendo
hasta el día de
hoy. El gobierno nacional, no ha cumplido estos fallos.
A todo esto se ha dado la paradoja de que el canal
del grupo Clarín hubiera
recibido a políticos oficialistas como es el caso de Insaurralde
o Filmus,
mientras desde el canal oficial los programas de propaganda
seguían lanzando
todo tipo de improperios contra el medio mencionado.
¿Realmente alguien puede pensar que un gobierno
como éste hace lo que hace
para garantizar así la pluralidad de voces, la libertad de
prensa o de
expresión?
El panorama no puede ser sino desalentador. Los
argumentos en contra del
grupo Clarín podrán ser tan atendibles como se quiera, pero la
forma mendaz en
la que ha ocurrido este gobierno en su contra es lamentable y
francamente
facciosa.
En un régimen democrático se respeta el Estado de
Derecho y las acusaciones
se hacen en la Justicia, no mediante globitos y calcetines o
llaveritos
repartidos por un secretario de comercio.
Sabiendo todo esto, porque nadie medianamente
informado puede ignorarlo, la
Corte ha dicho lo que ha dicho y fallado como ha fallado.
Buena parte de la población siente que una vez más
ha sido engañada. Y
toda, en su conjunto, ha sufrido y seguirá sufriendo las
consecuencias de la
forma de proceder de un gobierno que ha dado sobradas muestras
de
autoritarismo, facciosidad e intolerancia.
La verdad es que, en definitiva, han sido muchos
quienes han puesto en la
Corte sus ojos y su confianza absoluta, olvidándose que también
la Corte es
falible, y que no siempre es esperable el respeto irrestricto de
principios
constitucionales. Al
menos según mi
punto de vista.
También es cierto que hay que poder lidiar con un
régimen de este tipo,
donde los jueces han sido escrachados y hasta tratados de
“turros” por la
presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y socia en la
Fundación Sueños
Compartidos. No son tampoco datos menores.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 2
de noviembre de
2013
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