Héctor Blas TRILLO

Segunda Opinión

LA CAÍDA LIBRE ES IDIOSINCRÁTICA

         «No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés» (Adam Smith)

            Un reciente informe del Banco Mundial elaborado en forma conjunta con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), señala que entre 1950 y 2016 el país estuvo un  32% de ese lapso  con caída de la actividad económica. Sólo creció un 2,7% desde ese año. Las cifras son elocuentes. Sólo la república del Congo tuvo una performance peor.

             El informe habla de la necesidad de hacer reformas estructurales y “poner el acento en el funcionamiento de las instituciones” como base para revertir el desarrollo “negativo” e iniciar lo que podríamos llamar un ciclo virtuoso.

            Coincidimos básicamente en que es necesario hacer reformas estructurales en el sentido de lograr una mayor eficiencia y mejorar la productividad. Y de hecho, solo con el funcionamiento integral de las instituciones puede afianzarse el Estado de Derecho y lograr la seguridad jurídica indispensable para crecer en un marco de respeto a las leyes.

            Pero nos parece fundamental señalar que para lograr estos objetivos es necesario modificar antes, de alguna manera, la idiosincrasia del pueblo argentino, gestada a lo largo de décadas de repetición de errores y consignas vacuas.

En otros trabajos hemos hablado del intervencionismo y del asistencialismo como parte del gran problema idiosincrático que aqueja a nuestro país.

           No son sólo palabras. Desde hace ya muchos años, incluso antes del ciclo que abarca el trabajo al que nos referimos, nuestro pueblo se ha impregnado de creencias y de actitudes a todas luces contrarias al objetivo buscado.

           Sería imposible reseñar en un simple comentario la cantidad de leyes, decretos, resoluciones y normativa en general que apuntan a otorgar beneficios y ayudas a los más pobres.  Son incontables.  Desde todos los planos posibles se han establecido criterios que hasta fueron agregados a la Constitución Nacional en la reforma del año 1957. Como el salario mínimo vital y móvil. A su vez, se ha repetido hasta el cansancio que la inflación es provocada por empresarios inescrupulosos que se abusan de los más débiles y que la evasión o la elusión de los impuestos es consecuencia de la angurria de avaros y egoístas que sólo piensan en ellos mismos.

          Hacemos un breve paréntesis para señalar que en esta ocasión no nos proponemos analizar temas como la corrupción, cuyo daño es evidente. Pero sí decir al menos que los sistemas políticos basados en el intervencionismo y la preponderancia del Estado en la actividad económica, suelen ser los más propensos a la generación de bolsones de corrupción. Contar con la posibilidad de modificar tasas de interés, tipos de cambio, o la elección de sectores a los que promover, suele ser una tentación muy grande.

          En la Argentina está mal visto ganar dinero. Es un país en el que dejando de lado que quien gane dinero lo haga de manera ilegítima o ilegal. Ganar dinero, y sobre todo mucho dinero, no es considerado un acto virtuoso sino más bien al contrario. Suele partirse de la base de que quien gana mucho debe andar en algo turbio, o se abusa de los más débiles.

          Así, el sistema tributario se ha gestado sobre la base de que las escalas de alícuotas deben ser “progresivas” (“quien más tiene más paga”). La búsqueda de “conquistas sociales” ha sido una constante, pese a lo cual el país está como está.

          Los sistemas de ayuda social han llegado para quedarse. Parece inevitable tener que otorgar jubilaciones sin aportes, asignaciones universales por hijo, planes de ayuda económica, tarifas sociales, boletos escolares e infinidad de normas pretenden favorecer a “los humildes” . Y sin embargo, un país como el nuestro que en 1895 tuvo el ingreso per cápita más alto del mundo, y que hacia los años 40 ocupaba el séptimo u octavo liar, y contaba con un ingreso per cápita más alto que todo el resto de América Latina junta, está hoy en el puesto 80 en el mundo.

          Las empresas deben aportar dinero para las asignaciones familiares. Las leyes laborales y especialmente las indemnizaciones por despido no solamente encarecen el costo de los salarios en promedio, sino que afectan la ocupación y son una clara incitación al trabajo informal. Esto es una realidad incluso en el mismo Estado, lleno como está de “contratados”, o sea de monotributistas, que es la forma de disimular una relación de dependencia. O los innúmeros ítems “no remunerativos” que una y otra vez aparecen en los acuerdos salariales de toda clase y color.

          Los distintos gobiernos avanzan sobre las empresas para controlar sus precios, fijar las condiciones de contratación de trabajadores, establecer límites a las ganancias y asegurarse de que distintas ligas de consumidores se “defiendan” de la leonina voracidad de los comerciantes. Obviamente esto es lo que se dice.

          A su vez, distintas organizaciones “sociales” exigen que todo sea gratuito. Que los remedios sean baratos. Que las “prepagas” no suban sus cuotas pero sí atiendan todo tipo de enfermedades, incluso muchas crónicas y con medicación costosísima.

         Distintos gobiernos han estigmatizado a los llamados “formadores de precios”, a las “cadenas de distribución”, al “agio y la especulación” y a los “golpes de mercado” y otras bellezas por el estilo.  Pero ninguno de tales gobiernos ha dicho una palabra sobre la responsabilidad que le cabe al Estado en tanto lograr tener una moneda sólida y garantizar la seguridad jurídica.

      Una contradicción explícita es el sistema tributario vigente. Cargado de mecanismos de retención, percepción, pagos a cuenta y anticipos. Escalas “progresivas” y no reconocimiento el efecto inflacionario ni del costo administrativo que significa cumplir con la maraña burocrática de obligaciones que se le imponen a los contribuyentes, significan buena parte de la contribución a la baja productividad en la Argentina. De cada peso que el ciudadano ingresa a su bolsillo, prácticamente 60 centavos vuelven al Estado de una forma u otra. Se dice que 8 millones de personas que trabajan formalmente sostienen al resto de los 44  millones de argentinos. Es rigurosamente cierto que más de la mitad del ingreso del Estado por los tributos, se gasta en lo que normalmente se conoce como ayuda social.

      Y, hay que decirlo, existe desde siempre un conflicto de intereses entre la política y la economía. O más bien entre los políticos y la llamada “ciencia de la escasez”. Un político suele elaborar su estrategia de campaña sobre la base de otorgar beneficios, reducir impuestos, ayudar a los humildes (no es lo mismo ser humilde que ser pobre, pero “pega” mejor hablar de humildad). Por supuesto estas cosas pueden sumar votos, pero llevan a la baja productividad, a la pérdida de la cultura del trabajo, a la comodidad de recibir dinero gratis, y finalmente a la creencia de que el Estado debe ocuparse de nosotros porque tenemos el derecho de que se ocupe.

      Por ese camino lo que finalmente ocurre es que el país se endeuda, el déficit se hace enorme, la ineficiencia y la baja productividad se anquilosan, y sucede lo que viene sucediendo en la Argentina desde hace décadas: la crisis.

      Muchos economistas hablan de los ciclos económicos y no vamos a discutir eso. Pero es cierto que si la economía está sana y la gente ha comprendido cuál es la función de cada uno dentro del sistema político económico, cualquier altibajo se suaviza notablemente.

      Creemos que se entiende bien adónde apuntamos con todo esto. No existe posibilidad alguna de crecer si no llegan capitales. Y no llegarán capitales si se los persigue, si no se respetan los contratos, si se violan las leyes, si se confiscan empresas, etc. Y si llegan algunos capitales, es porque la tasa de retorno de la inversión esperada es muy alta. Porque el riesgo es muy alto. No es lo mismo invertir en algún país subdesarrollado de África, que hacerlo en Austria o en Suiza. Porque el riesgo no es el mismo.

       Ahora bien, luego de décadas de batir el parche de las ayudas sociales y de que todo debe ser barato, o gratuito. Y que nadie debe ganar mucho dinero y que los empresarios son todos abusadores y vivillos que quieren esquilmarnos; esto ha prendido en la sociedad de una manera  notable. Y esto es lo que llamamos la “caída libre idiosincrática”.

       Por eso, y volviendo al inicio de este trabajo, corresponde hacer notar con muchísimo énfasis, que toda reforma estructural es necesario lograr un cambio en la idiosincrasia de nuestro pueblo. Un cambio de mentalidad que signifique garantizar el funcionamiento en libertad y bajo el imperio de la ley, las instituciones y el Estado de Derecho. Y llegar verdaderamente a aplicar los principios de la equidad, de la igualdad ante la ley y de la libertad de comercio tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.

            

                            

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                                                                        Buenos Aires, 8 de junio de 2019