Héctor Blas TRILLO

Segunda Opinión

UNA ECONOMÍA RECARGADA

        Un balance de la situación económica a lo largo del actual gobierno, parece ser necesario sobre el final del año, el tercero del mandato vigente.

        

          Resulta importante resaltar lo ocurrido a lo largo de estos tres años del actual gobierno en materia económica. A eso dedicaremos las siguientes líneas.

         La actual administración adoptó un criterio gradualista para intentar resolver el problema fiscal heredado. Interpretó que un ajuste estilo shock era políticamente inviable considerando la situación.

 

        Porque, en efecto, se trata de un gobierno cuya representación en ambas cámaras del Congreso ha sido y sigue siendo minoritaria y la necesidad de acuerdos con diputados y senadores de otras bancadas, más los acuerdos necesarios con gobernadores de diversa extracción, es un trabajo ímprobo. Y la verdad es que nadie parece dispuesto a resignar algo sin recibir nada a cambio.

        No somos analistas políticos pero no podemos dejar de resaltar esto. Porque la política gradualista elegida no solamente fue impulsada por ser conveniente políticamente, sino porque era la única posible en un marco político entre acomodaticio y bastante inescrupuloso en el arco opositor.

        Hace muchos años que la mayoría de la gente en la Argentina parece haber perdido la noción de que todo cuesta dinero, de que nada es gratis. Y no son pocos los que creen que los dineros seguirán fluyendo para subsidios, planes, asignaciones, tratamientos médicos o lo que sea, así como cae la lluvia o crecen los pastos.

       En suma, el país siguió el camino del endeudamiento externo al tiempo que se suprimían la mayoría de las llamadas retenciones a las exportaciones y se iniciaba un proceso de reforma impositiva mientras se impulsaba también una reforma laboral con la intención de ir bajando costos y posibilitando así una mayor productividad.

       Puede que no haya sido una mala idea. Si bajamos los costos y mejoramos la productividad, la economía puede crecer y aportar más recursos al Fisco y al sistema previsional, de manera que el endeudamiento inicial para financiar el déficit podría irse diluyendo en el tiempo. Y si a eso le sumamos una mayor seguridad jurídica y un gobierno constitucional adverso al autoritarismo y a los abusos de poder, llegarían las inversiones de la mano de un evidente  e incondicional apoyo internacional, especialmente de China, de EEUU y de Europa en general.

      Pero la verdad es que por un lado las reformas se iniciaron tímidamente y la mayor parte del trabajo ni siquiera comenzó. La reforma laboral terminó a los cascotazos en la plaza del Congreso, la reforma fiscal fue apenas un parche, y poco o nada se hizo para terminar de una vez con la inmensa maraña burocrática a la que debe someterse cualquier habitante de este país  que quiera poner en marcha una actividad.

      El formato perverso de recaudación de impuestos mediante sistemas arbitrarios de retención, percepción, anticipos y pagos a cuenta de los más diversos tributos siguió y sigue vivito y coleando. Se aflojó un poco el tema de los embargos fiscales que simplemente trababan los fondos y había que conseguir nuevos recursos para cancelar la deuda reclamada por la AFIP y entonces poder disponer de los fondos trabados. Con lo importante que esto puede llegar a ser, es apenas un grano de arena en un desierto de verdadera prepotencia fiscal.

        Al mismo tiempo se votó una ley para favorecer a las PYMES con el diferimiento del pago del IVA a 90 días de las operaciones, considerando que este impuesto se declara por lo devengado y debe pagarse prácticamente a los 20 días del mes siguiente, cuando en la mayoría de los casos la cobranza no se ha producido. Pero entonces la AFIP reglamentó la operatoria y terminó interpretando que si una PYME no está al día ante el Fisco, para decirlo cortito, entonces no puede gozar del “beneficio” del pago diferido. Y todos sabemos lo que puede llegar a significar eso de estar al día con la AFIP, con la maraña de presentaciones que deben hacer los sufridos contribuyentes.

     

       Hay muchísimos ejemplos en el plano del ente recaudador nacional, y ni qué hablar de los provinciales.

       

       Las trabas burocráticas y el peso financiero que encierra la obligación de efectuar todo tipo de pagos a cuenta, más el costo administrativo de cumplir con todas las exigencias de los distintos fiscos, directamente no se ha tocado.

       El gobierno recurrió al FMI como última instancia para intentar mejorar el cuadro. Era prácticamente el último recurso.  Porque si bien ha habido inversiones, especialmente en el área energética; y se ha recuperado ostensiblemente la producción gasífera, esto es apenas una pequeña dosis de una medicina que necesitamos en cantidades industriales.

     Hoy por hoy, el riesgo país está en torno de los 780 puntos, eso significa que los bonos argentinos pagan 7,8 puntos más de interés en dólares que los bonos del tesoro norteamericano. Y eso ocurre porque quienes invierten en títulos argentinos, sólo lo hacen a tasas altísimas, porque el riesgo que perciben es muy alto.

      Ahora bien, por qué razón ese riesgo es tan alto. La respuesta es obvia.  Pero digamos primero que el gobierno ha pactado con el FMI reducir el déficit fiscal a cero, para lo cual se ha comprometido a no emitir moneda sin respaldo hasta junio de 2019. También se ha encargado de borrar con el codo lo que había escrito con la mano en materia de retenciones a las exportaciones, que si bien en porcentajes mucho menores, las reinstauró. Incluyendo además a las exportaciones industriales, que anteriormente no sufrían esta clase de gravámenes.

     

      Dio marcha atrás en la desaparición del impuesto sobre los bienes personales, y al mismo tiempo sigue poniendo trabas para impedir el ajuste por inflación de los balances impositivos, gravando de ese modo ganancias ficticias. Aplicó el impuesto a la renta financiera a los operadores particulares lo cual es un verdadero horror que sólo significa subir las tasas de interés y aumentar, de manera concomitante, el riesgo país.

     Y una medida por demás curiosa ha sido la de gravar dentro del impuesto a las ganancias la compraventa de inmuebles a partir del 1º de enero de 2018. De manera tal que si una persona compra un inmueble luego de esa fecha, y pretende venderlo después, deberá determinar la ganancia y  abonar el 15% de impuesto en lugar del tradicional ITI (impuesto a la transferencia de inmuebles) del 1,5% sobre el valor de vanta.

    Se comprenderá sin demasiado análisis que si un país pretende mejorar la inversión para lograr un mayor capital per cápita, que es la verdadera y genuina fuente para mejorar la calidad de vida, estas cosas van todas y cada una en el sentido inverso.

        Podemos sumar la revaluación de los inmuebles en la provincia de Buenos Aires, y tal vez en otras, con el objeto de aumentar por esa vía la recaudación en el impuesto inmobiliario. Las tasas y gravámenes municipales y departamentales siguen su curso ascendente. Y casi no queda nada por inventar para agregar nuevas fuentes de ingresos a los exhaustos fiscos.

        Todo esto conduce a una sola conclusión que no por reiterada debe ser remarcada: todo el ajuste que requiere un Estado gastador, ineficiente y despilfarrador, lo harán los privados.

       Y las expectativas son buenas, dicen algunos. Mientras otros observamos que con tasas de interés para las PYMES del orden del 80% en los bancos, y mucho más altas en el descuento de cheques, con una inflación esperada para 2019 del 25 o 30%, el destino pare inexorable.

      La realidad es que se siguen manteniendo los esquemas heredados. Planes de controles de precios (“precios cuidados”), tasas de interés exorbitantes para mantener en línea el tipo de cambio, retenciones a las exportaciones, mayor presión tributaria y una inmensa trama de planes, subsidios, asignaciones y jubilaciones sin aportes, todo lo cual hace inviable el sistema económico en el mediano plazo.

     La deuda externa representa hoy el 90% del PBI, un volumen que reclama de manera urgente la reestructuración, para evitar males mayores.

     La recesión no puede sino aumentar. Podrá reducirse algo la inflación aplicando el corsé monetario, pero difícilmente se corrijan los problemas estructurales si no se ataca de una buena vez el gasto público (incluido el “social”), si no se lucha por una mayor eficiencia del Estado (nacional, provincial, municipal), si no se termina con la maraña burocrática y un régimen fiscal verdaderamente rapiñero y picapleitos. Y por supuesto una reforma laboral que facilite la contratación de trabajadores sin la carga leonina que significa hoy por hoy

     Nos guste o no, en la Argentina hay que terminar con la ineficiencia, con la sobrecarga administrativa, con la arbitrariedad en la aplicación de tributos, con el gasto desmadrado que sólo pretende financiarse con mayor ajuste del sector privado, porque la clase política, ésta y todas las anteriores, prácticamente no aporta nada, sólo pretende encontrar algún nicho al que cobrarle un peso más.

     Obsérvese que si en algo están de acuerdo desde siempre nuestros beneméritos legisladores, es cuando se votan nuevos impuestos.

     Prácticamente la mitad de la población recibe hoy dinero del estado. Millones de hogares tienen tarifas “sociales” de luz, de gas, de agua.  Se reparten asignaciones por hijo sine die. Existe el “boleto escolar” por el cual miles y miles de chicos y jóvenes viajan gratis. Los jubilados pagan menos de la mitad del valor del boleto de transporte. El subterráneo para ellos es gratis.  Quienes usurpan terrenos y conforman villas de emergencia se ven favorecidos no pagando los servicios, al tiempo que los legaliza, se los urbaniza y se le otorgan todos los derechos, dejando así el penoso mensaje de que quien roba o usurpa, gana.

    Y estos son ejemplos. No estamos hablando de no ayudar a quien lo necesita, estamos hablando de ordenar las cosas, de limpiar de malezas el terreno, de reencauzar el orden de las cosas, y sobre todo de no convertir en perenne una ayuda que por definición debe ser transitoria.

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                                                                        Buenos Aires, 16 de diciembre de 2018