Contracorriente
EL DISTRIBUCIONISMO Y LA EQUIDAD
A punto de terminar el año, iniciamos un nuevo capítulo de nuestros comentarios. Nuevo nombre, vieja historia. En realidad, misma historia.
El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, se mostró enojadísimo con la oposición en una conferencia de prensa convocada para manifestar su descontento por la falta de quórum en la sesión legislativa de esa jurisdicción para la aprobación de incrementos impositivos.
El mandatario provincial ha hecho hincapié, una vez más, en la necesidad de que quienes más tienen más paguen para poder generar una distribución que se considera más humana de la riqueza. Esta es una idea que ha prevalecido en nuestra sociedad a lo largo de muchos años. Y podríamos decir que prevalece en el mundo entero o buena parte de él.
Se resalta lo bueno que es hacer pagar más a los más ricos, para favorecer así a los menos afortunados. Pero no se discute acerca de las consecuencias que ocasiona esta visión de las cosas.
La Constitución habla de “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” (artículo 16). Este derecho suele confundirse, a nuestro criterio no siempre de manera inocente, con la idea de equidad.
Pero resulta que mientras la equidad implica que cada uno recibe lo que le corresponde o merece, la igualdad implica tener los mismos derechos ante la ley. Se trata de igualdad ante la ley, ya que todos los seres humanos somos tan iguales como diferentes.
La idea de dar a cada uno lo que se merece es una idea que implica subjetividad, y por lo tanto deja a criterio de los gobernantes qué cosa merece cada habitante de la Nación.
Aquí hacemos abstracción de todo tipo de desvíos consecuencia de la administración de la cosa pública. Sólo estamos refiriéndonos a la cuestión de fondo. A la idea central de que quitándole a quienes más poseen para dárselo a quienes tienen menos se corrige la injusticia que genera lo que podríamos llamar la sociedad capitalista.
En nuestra cultura directamente suena justo que quienes tienen más recursos hagan un esfuerzo adicional, y esta es la razón por la que en general el sistema impositivo castiga a quienes tienen mayores ingresos o más cantidad de bienes con alícuotas superiores para distribuir el producido entre los más débiles.
Podremos coincidir o no con esto, pero lo que no podemos es dejar de analizar las consecuencias. Porque nada es gratis, y toda política que base la redistribución de la riqueza en un principio que se aleja de proporcionalidad desalienta la inversión, baja la productividad, y produce salida de capitales hacia puertos menos onerosos.
La virtud de la caridad implica un sacrificio, lo cual equivale a decir que tiene un costo. Pero la igualdad a la que alude nuestra Carta Magna no dice que deba obligarse a un esfuerzo más que proporcional a quien más tiene, sino que tal esfuerzo debe ser PPOPORCIONAL
Por lo demás, el sistema que nos rige otorga a los gobernantes la facultad de crear impuestos y gabelas de diverso tipo que los habitantes estamos obligados a pagar. Lo que significa que estamos ante una obligación cuyo incumplimiento termina siendo un delito. Por lo tanto no estamos hablando de caridad en realidad, sino de coerción, fuerza pública y poder de policía a cargo del Estado. En otras palabras, acá no interesa si cada uno de nosotros es solidario, caritativo o altruista. Simplemente debe cumplir con la ley y pagar.
Esto puede parecer de Perogrullo, pero no lo es tanto si analizamos que en general lo que prevalece es el discurso de que debemos ser solidarios, como si el hecho de tener la obligación de cumplir con la ley no fuera suficiente. En un Estado moderno no interesa si cada uno de nosotros es solidario, generoso o lo que fuera. Interesa que cumpla con la ley. Por supuesto que no es irrelevante que todos seamos más comprensivos de una realidad social adversa, pero esto a su vez no implica que debamos seguir el camino que señala la idea de la equidad entendida como principio que obliga a producir según la capacidad y recibir según la necesidad, pero a costa de tener obligaciones adicionales por haber tenido tal o cual éxito patrimonial.
Los constituyentes de 1853 tenían bien claro esto. La igualdad implica proporcionalidad. De allí el Estado obtiene los recursos para, entre otras cosas, mejorar en lo posible la vida de los menos favorecidos. Es posible ser equitativo en la distribución de lo que sea, pero también resulta equitativo que quien deba pagar lo haga en la misma proporción cualquiera sea su producto.
Es bueno considerar estos aspectos, que tan pocos adherentes parecen tienen hoy en día, porque es obvio que el retraso progresivo de nuestro país lleva más de 80 años, en los cuales se han creado y recreado infinidad de normas tendientes a favorecer a los más débiles, tanto a nivel nacional como provincial o departamental. Y los resultados están a la vista.
Dijimos al comienzo que esta idea de la equidad prevalece hoy en el mundo entero, emparentada con la necesidad. Pero es una de las razones que dan lugar a la aparición y proliferación de los llamados “paraísos fiscales” entre otras cosas, que luego los gobernantes quieren combatir con mil artilugios, intervencionismos y sanciones. Todo esto con más que relativo éxito, pero que sirve para agudizar el ingenio de quienes no están dispuestos a pagar alícuotas extravagantes. También esta línea de razonamiento conduce a la holgazanería. Y siempre sufre la creación de riqueza y la productividad.
Por supuesto que nuestro querido país ha sufrido a lo largo de décadas de muchas desnaturalizaciones en materia económica y social, y por eso el retroceso relativo es mayor que en otras latitudes. Y esto es bueno aclararlo también: varios países occidentales están retrocediendo raudamente en comparación con países orientales que han iniciado la senda del crecimiento virtuoso hace ya varias décadas. Pero más allá de que esta comparación pueda tener matices que conducen a hablar de explotación o inhumanidad, lo cierto es que la igualdad ante la ley, si es aplicada, poco o nada tiene que ver con tales desvíos. Los recursos de los Estados deberían obtenerse siempre de manera proporcional entre todos los habitantes, y su administración queda a cargo de los gobiernos de la manera que juzguen más prudente.
Obsérvese que en general la llamada clase política se apresura a cargar de culpas a quienes de un momento para el otro se encuentran alcanzados por nuevos gravámenes diferenciales. Y siempre se alude a la falta de solidaridad, a que tales sectores “pueden pagar más” y cuestiones así. Esta conceptualización “prende” fácilmente en la población, que de inmediato pasa a considerar de egoístas y faltos de generosidad y colaboración a quienes se ven afectados por la desproporcionalidad tributaria.
Vamos a terminar citándolo a Abraham Lincoln. Una cita que no por conocida viene a mal tener presente, especialmente en estos tiempos de crisis que nos toca vivir. "No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro”
Al menos reflexionar sobre estos temas sin rechazarlos de plano, puede ser un buen comienzo de una nueva era para la Argentina.
HÉCTOR BLAS TRILLO
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