PROPIEDAD Y SOBERANIA 28/4/11

El Ágora

PROPIEDAD Y SOBERANÍA



Siempre hemos considerado al nacionalismo como una limitación intelectual en el tiempo y en el espacio. No decimos esto despectivamente hacia la intelectualidad de quienes profesan esa ideología, sino que lo hacemos desde el punto de vista de la limitación que encierra el hecho de no considerar el universo todo al momento de decidir qué es lo mejor.

Nuestra apreciación seguramente puede sufrir críticas y tal vez ciertas cuestiones vinculadas con la soberanía de las naciones hayan llevado, en algunos casos, a la necesidad de ser nativos de un territorio determinado. En el caso concreto de la Argentina es sabido que constitucionalmente el presidente de la República debe ser argentino nativo. Esa idea tiene que ver con la conservación de la nacionalidad, porque se supone en términos generales que la extranjería de nacimiento puede ser señal de dependencia ideológica y cultural hacia el país natal. Obviamente que no existe ninguna prueba concreta de que esto sea así, de manera que más allá de análisis jurídicos que escapan a nuestro conocimiento, lo cierto es que privarse de la posibilidad de elegir a una persona brillante como presidente por el hecho de haber nacido en otro país, es una limitación. A menos que esté demostrado que operará en favor de otra Nación, lo cual de antemano no es posible.

En estos días se ha planteado el caso concreto de Barack Obama y la sospecha de que no hubiera nacido en territorio norteamericano. Al punto que el presidente de los EEUU debió publicar en Internet la copia de su partida de nacimiento.

En otro nivel casos como el de Francisco de Narváez entre nosotros, o el de Arnold schwarzenegger en los EEUU resultan también emblemáticos. Ambos son nacidos en países distintos de aquel en el que han construido sus vidas. Ambos pueden ser gobernadores si resultan elegidos, como ha ocurrido en el caso del actor de origen austríaco; pero no pueden ser presidentes en esos países.

Este tipo de cosas en nuestro modo de ver conforman atavismos cuyo origen se remonta tal vez a la preservación del territorio de manera instintiva y visceral. Sabemos que lo que decimos puede dar lugar a controversias. Acéptesenos al menos nuestro disenso.

Esta introducción viene a cuento a raíz de las declaraciones de la presidenta de la República respecto del envío de un proyecto de ley al Congreso para que se limite la cantidad de tierra adquirible por los extranjeros en el país.

El tema no es nuevo, ni en la Argentina ni en el mundo. Muchas naciones limitan efectivamente la compra de tierras, e incluso de inmuebles, a ciudadanos extranjeros. El caso de Suiza es tal vez el más emblemático, por lo que ese país representa en punto a las libertades de las personas.

Más allá de cualquier otra cosa, el resabio nacionalista de esta clase de cuestiones es evidente y no requiere mayor análisis. Sí es importante considerar el tema desde el punto de vista político y, sobre todo, económico.

Entre nosotros hay una ley que limita la compra de tierras a extranjeros en zonas de frontera. Tenemos entendido que ha sido derogada en tiempos de Carlos Menem, pero la verdad es que no hemos encontrado la norma legal correspondiente. Y en todo caso no es más que una muestra de una realidad ideológica.

En nuestra opinión este tipo de legislación es claramente inconstitucional. Los habitantes de la Nación Argentina son iguales ante la ley. Los habitantes son todos los que habitan el país, y no solamente los ciudadanos. Se dirá que la propia Constitución niega tal igualdad en el caso del presidente, y es cierto. Pero en todo caso está expresamente consignada esta excepción en la Carta Magna.

La visión negativa sobre los extranjeros que compran tierras es de vieja data. El caso de la Patagonia y los británicos compradores ha dado lugar a verdaderos tratados sobre la nacionalidad y la posesión del territorio, máxime teniendo en cuenta el caso de las Islas Malvinas.

En nuestra opinión, y yendo definitivamente al grano, el concepto de nacionalidad o de soberanía nada tiene que ver con el de la propiedad. La soberanía en este caso del Estado argentino es un hecho. De modo que la propiedad de los bienes, incluyendo las tierras, está sometida a la legislación argentina en todos los casos.

Es obvio que el Estado está en condiciones de regular absolutamente todas las cuestiones que tienen que ver con la propiedad. Fijar tasas y gabelas, trazado de caminos y hasta de la propiedad del subsuelo, que desde hace muchos años pertenece al Estado, en nuestro criterio también de manera inconstitucional, pero que está vigente y que hace que cualquier persona que compre un predio, no disponga de la propiedad del petróleo que pudiera encontrar en él, para dar un ejemplo.

También existe, como se sabe, la posibilidad de la expropiación por causa de la utilidad pública, mediante ley de la Nación y con la indemnización correspondiente.

Entonces ¿cuál es el problema? ¿a qué le teme la presidenta?

No queremos eludir el bulto. Es obvio que el poder económico influye en las decisiones administrativas y políticas en todos los niveles. Pero el límite siempre es la Constitución, incluso cuando se dictan leyes.

La verdad es que no existen razones de peso que impidan el desarrollo a pleno de la Constitución Nacional, y sería bueno que nuestros políticos en general, y la presidenta en particular, de una vez por todas tomen nota del hecho de que su violación permanente no hace otra cosa que generar mayor inseguridad política, jurídica y por ende económica, todo lo cual es francamente negativo y ahuyenta inversiones, más que atraerlas.

Desde las consignas oficiales y nacionalistas, siempre se hace mención de determinados “terratenientes” extranjeros que han comprado grandes extensiones. Lo mismo que otros aspectos vinculados con la economía, siempre se habla de “grandes” para descalificar a los inversores. Así como en este caso se habla de grandes terratenientes, en otros se hace referencia a grandes exportadores, grandes empresas, grandes empresarios. Parecería que ser grande es un aspecto negativo. De allí se deriva la idea de la “concentración”, que es la otra palabreja a la que estamos acostumbrados todos. La concentración económica, los grandes grupos concentrados, etc.

¿Cuál es el problema, per se, de las concentraciones económicas y su vinculación o no con la propiedad de la tierra por parte de extranjeros? No queremos mezclar los tantos, pero lo cierto es cuando se intenta limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros, se apunta a los “grandes” antes que nada. Y esto es lo que se difunde como publicidad para lograr el objetivo.

En un país libre que existan grandes empresas es un hecho positivo, no negativo. Los casos de oligopolios y hasta de monopolios se controlan mediante legislación vigente y no existe ninguna razón para impedir el comercio libre, excepto, claro está, los prejuicios ideológicos.

Veamos la cuestión desde el otro lado: cuando se venden tierras, incluso cuando se venden empresas o propiedades en general, se produce una compraventa. Es decir, hay alguien que vende lo que en este caso un extranjero compra. Cabe suponer que la llamada extranjerización se produce cuando quien vende es un argentino nativo o por adopción, y quien compra es un extranjero que no posee la nacionalidad local, ni siquiera por adopción. Corresponde preguntarse qué ocurre con el dinero de la venta, ¿verdad? Porque si el dinero de la venta se utiliza para el desarrollo de cualquier emprendimiento económico lo que en verdad ocurre es que aumenta la inversión, hecho que es beneficioso para el país, obviamente.

Y acá entramos entonces en el verdadero fondo y trasfondo de estas cuestiones.

Naturalmente que el vendedor dispone del dinero y puede hacer, dentro del ámbito de la legalidad constitucional, lo que le parezca mejor con él. Si se lleva ese dinero a Suiza, por ejemplo, está produciendo un efecto económico determinado: que un banco suizo le preste luego ese dinero a un inversor de algún lugar del mundo para desarrollar algún proyecto. Es decir, la inversión se realiza en otra parte y no en el país.

¿Y por qué alguien puede resolver llevar su dinero a Suiza y no dejarlo, por ejemplo, en un banco local para que alguien tome un préstamo y lleve adelante algún proyecto de inversión? La respuesta es obvia.

Entonces, lo que la ideología nacionalista postula es que hay que impedir que ese propietario del dinero “se lo lleve afuera”. Como esto resulta de difícil aplicación, lo mejor es impedir directamente que la tierra se venda a extranjeros. Al menos esto es lo que parece.

La verdad es que esta clase de limitaciones lo único que produce es mayor inseguridad jurídica y ahuyenta inversiones y capitales. No queremos utilizar golpes bajos pero es famoso el caso de los fondos por las regalías petroleras de la provincia de Santa Cruz.

Cuando el Estado de Derecho funciona con plenitud, las inseguridades disminuyen notablemente y se alientan las inversiones. Cuando se actúa arbitrariamente o se viola la ley fundamental, se opera en el sentido inverso.

Porque inclusive dentro del ideario nacionalista, existen condiciones preestablecidas que no se mueven todos los días como ocurre en la Argentina. Con todo lo negativo que tiene la limitación del universo en función de la nacionalidad, si al menos se sostiene en el tiempo y se plantean claramente los pasos a seguir en cada caso, no podremos contar con un Einstein porque era extranjero, pero sí podremos garantizar a un inversor local que fabrique chupetines, gane su dinero y disponga de sus beneficios. Ahora, si cuando obtiene esos beneficios resulta que también le impedimos que los disponga y se los lleve donde quiera, el daño es mayor. Y ese daño desalienta la inversión, obviamente.

Por eso es que no terminamos de entender, incluso en el plano ideológico, este avance en la confusión entre propiedad y soberanía.

Se habla del agua, por ejemplo. Pero está claro que en la Argentina los ríos no son privados ni pueden serlo. Y tampoco el subsuelo. Entonces ¿de qué estamos hablando?

Porque hay algo peor todavía que la confusión entre propiedad y soberanía que dio origen a este comentario: el desconocimiento. En definitiva es esa la base del problema.

Volvemos a decir que sabemos que otros países aplican criterios restrictivos a la propiedad de la tierra, pero que desde el punto de vista económico a nosotros nos parecen inconsistentes.

En términos generales todos los aspectos limitantes del derecho de propiedad constituyen trabas al desarrollo de la economía y, por ende, impiden la mejora del bienestar de la población.

Estamos acostumbrados en la Argentina a esta clase de vivencias. Desde los controles de precios a la prohibición de importaciones, pasando por el “compre nacional” o la construcción de un edificio allí donde cuando se adquirió el predio era posible.

Ni qué decir de los planes Bónex, corralitos y corralones. Pesificaciones asimétricas o devaluaciones que estafaron a propietarios de billetes que eran “convertibles de curso legal”. Violación de contratos, alteración de las reglas de juego, prohibición de exportaciones y mil ejemplos más.

La invasión del Estado sobre la propiedad privada no conduce a mayor bienestar. Conduce a la salida de capitales del país, como todos hemos visto en la Argentina a lo largo del último medio siglo por lo menos.

Nadie deja su dinero allí donde un funcionario puede disponer, en tu toque, cambiar su destino.

En estos últimos párrafos sí estamos hablando de propiedad, que como vemos está sometida a la soberanía del Estado ¿no?

Si el Estado se sale de madre e incumple con la Constitución, en lugar de seguir sus claros principios, el problema es grave, pero muestra claramente que no está en juego la soberanía de ninguna manera.









Héctor Blas Trillo 28 abril de 2011
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