El Ágora 19/4/12
YPF: "EXPRÓPIESE"
“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de
la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de
sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de
utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada” Art. 17 Constitución de
la Nación Argentina
Hacer una reseña de lo que ha venido ocurriendo en
estos días, a partir del anuncio de la presidenta Cristina
Fernández sobre la estatización del 51% de las acciones de YPF
sería demasiado extenso y hasta redundante. Por eso,
consideramos que es suficiente con resaltar algunos puntos que
estimamos resultan de verdadero interés para el futuro de la
economía del país.
Como transcribimos
al inicio, la expropiación debe ser calificada por ley y
previamente indemnizada; cosa que no se ha hecho. En realidad,
un grupo de funcionarios acompañados por la Gendarmería ocupó
las instalaciones del edificio de YPF expulsando en pocos
minutos a varios directivos que como mucho pudieron recoger
algunas de sus pertenencias. Este accionar es tan elocuente
que también nos exime de mayores comentarios.
La expropiación ya se ha producido en la práctica,
aunque de un modo destemplado, prepotente y claramente
inconstitucional. Pero además de eso, se ha hecho de una
manera discriminatoria hacia la firma española Repsol,
poseedora de algo más del 57% del paquete accionario,
excluyendo a los demás accionistas y por lo tanto no aplicando
el principio básico de la proporcionalidad.
El decreto de “necesidad y urgencia” dictado por la
presidenta fue el de la intervención, tal como días pasados se
dictó en contra de TBA a raíz del accidente ferroviario de la
estación Once. Sin embargo, a esta última empresa fue enviado
un interventor y nada ha ocurrido con sus directivos, viéndose
así claramente la diferencia de procedimiento entre un caso y
el otro. Sin ser lo más relevante, el modo distinto de actuar
es también una prueba de la clara diferenciación que establece
el gobierno nacional entre quienes resultan ser sus amigos y
quienes no lo son.
La exposición en el Congreso Nacional del
viceministro de economía y “subinterventor” de YPF, Axel
Kicillof, estuvo plagada de argumentos inconsistentes que no
hicieron otra cosa de
culpar el mismo gobierno al que pertenece, desde el momento en
que es éste quien debía controlar y trabajar para lograr la
mejor performance posible en materia energética. La
inconsistencia es más que clara si vemos que ahora será este
mismo gobierno quien se encargará no ya de controlar como
evidentemente no lo hizo, sino de dirigir directamente los
destinos de la empresa.
Al mismo tiempo, el señor Kicillof mostró un tono
agresivo e insultante hacia quienes no están en su vereda
ideológica (usó términos como “tarados”, “papagayos”,
“estúpidos”, y similares en varias oportunidades), mostrando
así su intolerancia y su desdén por las opiniones divergentes,
en un evidente indicio de autoritarismo e intolerancia.
Tratándose por lo demás de un funcionario de segundo nivel,
uno no se explica por qué el encargado de explicar lo que está
ocurriendo no hubiera sido de manera preponderante el ministro
de planeamiento Julio De Vido. Y tampoco uno se explica
demasiado por qué este ascendente personaje no ha merecido
severas críticas por su agraviante terminología.
Las incoherencias fueron de tal grado que en un
momento dado el senador radical “Nito” Artaza pidió que se le
diera la palabra al señor De Vido y al señor Cameron
(secretario de energía) para que respondieran a las “durísimas
acusaciones” que estaban recibiendo, siendo que son ellos los
responsables de lo que supuesta o realmente hubiera ocurrido.
Como también se habló de pasivos ocultos y otras
irregularidades, es importante resaltar que YPF venía
cotizando en la Bolsa de Nueva York, para lo cual es preciso
cumplir con una enorme cantidad de requisitos formales y
legales, incluyendo vastas auditorías y dictámenes. Este
funcionario vino a decirnos, en apenas 24 horas, que tales
tareas profesionales estaban erradas y que él, en apenas pocas
horas, había podido comprobar la existencia de tales pasivos,
aunque no los justipreció.
Todo lo ocurrido ha llevado a los tenedores de
acciones de la empresa a perder prácticamente dos tercios del
valor del capital con que contaban, pérdida que solamente es
atribuible a las maniobras de un gobierno que no repara
mientes a la hora de avanzar sobre los derechos de propiedad
de los habitantes, sin cortapisas ni miramientos. Y eso hasta
ahora.
Resulta también inconsistente que no se hubiera
considerado el hecho de que la familia Eskenazi posee el 25%
del paquete accionario y que aún no lo ha pagado, porque lo
convenido con este mismo gobierno fue una compra prácticamente
sin dinero y a resultas de la distribución futura de
dividendos. Una incoherencia más teniendo en cuenta que los
funcionarios hablan de falta de inversiones en exploración y
en la necesidad de no repartir dividendos para aplicarlos a
ese fin, siendo que éstas mismas autoridades aprobaron la
transferencia de ese porcentaje del paquete accionario contra
dividendos, justamente. Fue este mismo gobierno quien aprobó
en su momento la distribución anual de hasta el 90% de las
utilidades, incluyendo utilidades provenientes de ejercicios
anteriores, según se ha venido informando.
La pérdida del autoabastecimiento energético llegó
luego de varios años de anuncios en el sentido de que la
política llevada a cabo era absolutamente contraria a los
intereses de la Nación. No porque Repsol obtuviera utilidades,
como se afirmó, sino porque se congelaron durante años los
precios y se violaron los acuerdos originarios del año 1992
por parte del propio Estado Nacional, que mantuvo así una
política incentivadora del consumo y desalentadora de la
exploración y de la producción. En estas mismas columnas nos
hemos ocupado de este asunto en numerosas oportunidades, como
lo han hecho profesionales mucho más entendidos en la materia,
y especialmente los ex secretarios de energía que elaboraron
informes escritos, y que en algunos casos tuvieron
dificultades para exponer ante la opinión pública, debido a que el gobierno
nacional, al parecer, los veía como opositores y contrarios a
los intereses del partido gobernante.
Es importante señalar que por ejemplo el precio del
gas se paga en la Argentina algo así como 2,90 dólares el
millón de BTU (unidad calórica de medida), mientras que el
importado de Bolivia cuesta en torno de los 8 dólares; y el
proveniente de Trinidad y Tobago (que es licuado en ese país,
embarcado, traído al puerto de Bahía Blanca y “deslicuado”
para inyectarlo en los gasoductos locales) cuesta unos 18
dólares la misma unidad. Está
muy claro que realizar grandes inversiones para explorar y
luego explotar gas para finalmente obtener un precio ridículo
ha hecho que las empresas gasíferas hubieran mermado su
producción y posiblemente derivado inversiones hacia otros
países (esencialmente Brasil y Bolivia) para en definitiva
producir allá y en todo caso vendernos el gas a 8 dólares,
como en el caso
boliviano.
Este mismo problema se ha manifestado también en
combustibles líquidos y en el petróleo crudo, donde está
vigente un sistema similar al de la rechazada resolución 125
para el sector agropecuario, de modo que superado cierto
precio por barril, el resto se lo queda el Estado vía
retenciones a las exportaciones.
Y esta parte del análisis nos lleva a la siguiente.
Porque YPF representa algo así como el 30% del mercado local
petrolero y gasífero. Cabe entonces preguntarse por qué
únicamente se va contra esa empresa y no contra las demás que
trabajan en el país. Si se trata de una actividad declarada de
utilidad pública, no debería quedar una sola empresa privada
dedicada a ella.
Ahora bien, lo que por ahí más debemos resaltar es
el claro consenso que ha recibido la expropiación de la
petrolera, más allá de que se difiere en las formas. Hemos escuchado en estas
horas a políticos opositores que afirman que aprobarán el
procedimiento, aunque “en disidencia”, con la excepción
declarada del partido de Mauricio Macri y algunos pocos
legisladores más. Es
decir, que los políticos que ahora se muestran complacidos con
la expropiación no les importan las formas. No les importa que
prácticamente a punta de pistola hubieran sido echados los
directivos del edificio de la empresa, no les importa que no
hubiera una ley, no les importa que no se hubiera indemnizado
a los accionistas, ni les importa que se hubiera discriminado
y expropiado únicamente a uno
de los tenedores de acciones y de una sola compañía petrolera,
en lugar de hacerlo
proporcionalmente a todos, como hemos dicho.
Muchas veces hemos señalado que en la Argentina
prácticamente no existen opositores, sino en todo caso
competidores, es decir individuos dedicados a la política que
puestos a gobernar pretenden hacer lo mismo, aunque consideran
que ellos lo harían mejor.
Y acá está el meollo de la cuestión, porque el daño
que están haciéndole al país es enorme. Es similar a aquella
famosa ovación en el Congreso cuando el inefable Adolfo
Rodríguez Saa informó que dejaría de pagar la deuda externa.
Todo este montaje sirve para transferir una inmensa
cantidad de fondos al poder político y no para otra cosa. Es
obvio que las provincias podrían haber quitado concesiones a
YPF o a otras petroleras y pasárselas a ENARSA, que es una
empresa petrolera del Estado Nacional que no produce hasta
ahora nada. En lugar
de eso, lo que se hace es este verdadero zafarrancho. Y
ocurre, simplemente, porque YPF cuenta hoy en día con un
ingreso bruto anual, según lo informado, del orden de los
45.000 millones de pesos anuales. Es decir que visto así, el
gobierno dispondrá de una inmensa cantidad de dinero para sus
fines políticos básicamente, como ha ocurrido con las AFJP y
con las reservas del Banco Central.
Y lo más triste de todo esto, es que una vez más la
población en general parece acompañar, movida tal vez por un
nacionalismo mal entendido y por
las banderas que agitan políticos corruptos y de clara
tendencia populista y antiempresaria. Porque por lo demás, y
tal como hemos dicho, YPF es apenas la tercera parte del
mercado.
Los problemas con los combustibles estamos viéndolos
desde hace por lo menos 6 años, no son novedad. Es bueno
recordar cuando allá por 2007 o 2008 el secretario Guillermo
Moreno anunció que iba a “llover gasoil” en la Argentina.
También conviene tener en cuenta las importaciones de ese
combustible y de fuel oil, que inclusive dieron lugar a
problemas ambientales. Y desde ya las crecientes importaciones
de gas, cuando hasta hace pocos años la Argentina era
exportador neto y por varios miles de millones de dólares.
Alguien debería explicar, para terminar, por qué
razón cuando el barril de petróleo estaba en 12 o 13 dólares
nos sobraba combustible, y por qué con el barril a más de 100
dólares nos falta.
Porque es cierto que la economía ha crecido en estos
años, tan cierto como que la producción de petróleo, sus
derivados y el gas, ha venido cayendo sostenidamente.
Es curioso que siendo negocio producir porque hay
mercado donde vender, las empresas disminuyan su producción y
no realicen inversiones. Porque si algo estamos acostumbrados
a oír de parte de los políticos y funcionarios, es que es
necesario atraer inversiones (y no sólo en el área que nos
ocupa en este caso, sino en general). Es llamativo al menos
que siendo la economía argentina una de las que más ha crecido
en todos estos años, la inversión extranjera en porcentaje del
PBI hubiera disminuido como lo hizo, y que inclusive los
propios capitales argentinos hubieran emigrado en cifras
realmente alarmantes, que se estiman cercanas a los 70.000
millones de dólares.
Nada es casual. Todo merece ser tenido en cuenta.
Pero especialmente debe tomarse nota de que la prepotencia y
la violación del Estado de Derecho subsecuente, son las
principales causas del deterioro de la imagen argentina, y de
que el llamado “riesgo país” se encuentre en torno de los
1.000 puntos.
Y por supuesto en estas horas se reciben toda clase
de presiones y quejas internacionales, lo que posiblemente
derivará en sanciones de tipo comercial que afectarán, en
mayor o menor medida, la producción nacional de diversos
rubros.
Del mismo modo que el default tuvo como consecuencia
sacarnos del mundo financiero (la Argentina solamente obtuvo
algún financiamiento externo a tasas siderales vendiéndole
bonos a Venezuela por 1.000 millones de dólares), la
expropiación a punta de pistola de la titularidad de Repsol no
es recibida con aplausos. No faltó quien se preguntara, en
estas horas, por qué se escuchan declaraciones de funcionarios
norteamericanos o mexicanos. Éstas cuestiones deberían ser
estudiadas por los legisladores que prácticamente cumplen con
la orden de votar lo que se les pide. Así podrían observar la
interrelación de intereses de los países del hemisferio norte
que poseen acciones y participaciones en YPF y en Repsol.
El daño ya está hecho, y será consumado mediante una
normativa que abre claramente las puertas para que más
temprano que tarde, otras empresas se vean en la misma
situación. Como dijo el nombrado Kicillof, la seguridad
jurídica y el clima de negocios son “palabras horribles”.
Sería interesante que los dirigentes, especialmente quienes no
forman parte del oficialismo, observaran cuidadosamente esta
clase de afirmaciones. Porque las consecuencias las va a pagar
la población toda.
HÉCTOR BLAS
TRILLO
Buenos Aires, 19
de abril de 2012
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