El Ágora 29/4/12
“El ladrón
privado es el más débil de los
enemigos que la propiedad reconozca…Ella puede ser atacada
por el Estado en
nombre de la utilidad pública” Juan Bautista Alberdi
(“Sistema económico y
rentístico de la Confederación Argentina”)
Desde
el momento en
que la presidenta de la Nación resolvió, manu
militari, confiscar a la empresa YPF algo ha cambiado
definitivamente en la
Argentina. El derecho de propiedad ha quedado relegado a un
lejano segundo plano.
Lo
que está
ocurriendo con la empresa YPF demuestra a las claras que la
dominante clase
política no tiene límites y que opera impunemente al amparo de
una cierta
tendencia de la opinión pública que es “trabajada” desde todos
los espacios de
difusión político-ideológica que ha venido incorporando el
gobierno mediante
presiones de diverso rango. Porque, como puede verse, lenta y
progresivamente
el gobierno Nacional va acorralando a los medios de difusión
independientes u
opositores, aplicando todo tipo de trabas financieras; como por
ejemplo el
retiro de la publicidad oficial, la llamada “ley de medios”, el
ataque
ideológico-político a Papel Prensa S.A., la declaración legal de
interés
público para el papel de diario, etc.
En
efecto, el
gobierno argentino ha ido avanzando sin prisa pero sin pausa
sobre las
instituciones, ha deteriorado progresivamente las defensas
contra los abusos de
poder, ha generado un estado de terror en empresas y
empresarios, y ha
condicionado las libertades públicas más elementales mediante
recursos claramente
coercitivos, basados en la difamación y la injuria.
El
gobierno considera,
a nuestro modo de ver muy torpemente, que el periodismo es el
verdadero enemigo
de “la causa” y que debe ser debilitado tanto como sea posible.
E incluso
extinguido. Cree que así dominará finalmente el “relato”. Y que
con ello, el “modelo”
tendrá su éxito final. Es obvio que ningún discurso cambiará la
realidad. Y
cuando el final inexorable llegue, la culpa la tendrán ocultos
fantasmas del
capitalismo salvaje o similares. Pero eso no es problema en este
momento, según
juzgan los gobernantes.
Es
dable observar
cómo los casos más ignominiosos pasan lentamente a un segundo
plano, tapados
por la vorágine vocinglera y los discursos cotidianos. Atrás ha
quedado el affaire Schoklender,
y muy lejos
Skanska, Antonini Wilson, la bolsa de dinero de Miceli, o el
enriquecimiento
impresionante del matrimonio presidencial. Poco a poco la
población toda ha ido
aletargándose llevada de las narices hacia terrenos que han
venido siendo
alisados durante años y años.
Porque
en la
Argentina, la opinión pública en general pasa a un segundo plano
todo tipo de
tropelías en tanto y en cuanto cuente con recursos como para
seguir
tirando. Nadie se
escandaliza demasiado
por la corrupción generalizada, que considera inherente a la
clase política o a
ciertos gobernantes inescrupulosos, a los que a lo sumo les pide
que “roben
pero hagan”.
En el
caso de YPF,
específicamente, la ideología predominante es que debe ser del
Estado porque el
petróleo debe serlo. Y no importa cómo se lleve a cabo la
expropiación o
confiscación de la principal empresa a cargo de su búsqueda,
extracción y
refinación.
Nadie
parece haber
tomado nota de que el petróleo nunca ha dejado de ser del
Estado, que YPF es
una concesionaria y que tranquilamente (como ha ocurrido) los
gobiernos
provinciales pueden quitarle las concesiones a las áreas en
explotación en la
medida en que la empresa no respete los contratos de inversión,
exploración,
explotación y extracción. Es decir, nadie parece haber caído en
la cuenta de
que la administración por parte de la
empresa petrolera no es más que eso, y que nada tiene que ver
con la propiedad
del petróleo.
Pero
lo que
fundamentalmente cuenta es que nadie parece dispuesto a
detenerse en los
métodos expropiatorios. En la violación de derechos elementales
de propiedad. A
nadie le parece relevante el cómo, a lo sumo se detiene en el
qué.
Hemos
visto y oído
declaraciones increíbles, como por
ejemplo de parte del presidente del Colegio Público de Abogados
de la Ciudad de
Buenos Aires, que ha dicho que en realidad ninguna propiedad ha
sido confiscada
porque se trata de una simple concesión y que en definitiva sólo
estamos
hablando de acciones. De acciones que son títulos de propiedad,
desde ya.
La
votación en
el Senado arrojó 63
votos a favor del
acto inconstitucional de haber tomado por la fuerza la sede de
la empresa YPF,
y sólo 3 votos en contra. Si ésta medida hubiera sido llevada a
cabo por una
dictadura militar, esos mismos votantes pondrían el grito en el
cielo por el
autoritarismo que encierra. La
clara
consecuencia de esta manera de actuar es, simplemente, la de que
el fin
justifica los medios.
Pero
no sólo eso.
Porque YPF representa el 30% del mercado petrolero local. Además
de eso, la
expropiación planteada es de las acciones de Repsol y no de los
restantes
accionistas. Es decir que se trata de una gran patraña que
pretende vestirse de
un nacionalismo en
realidad retrógrado y
fascista.
Apropiarse
de lo que
es de otros. Levantarse con el botín y repartirlo entre las
“provincias
petroleras”. Acceder a “la caja”. Y punto.
Y
toda una masa
ingenua vitoreando desde el llano, creyendo que ahora sí
estaremos mejor y
seremos más independientes y más soberanos.
El
cambio que
nosotros observamos y señalamos al comienzo, no es de la
ideología
predominante, que es esa que brevemente describimos. No. El
cambio es el de que
ahora sí la presidenta de la república podrá hacer literalmente
lo que se le
cante con cualquier empresa.
Si
mañana declara de
interés público a las hamburguesas, de inmediato con un DNU
mandará a la Gendarmería
a apropiarse de Mc Donalds y
de Burger King. Nadie está seguro de que lo suyo será respetado.
De hecho no lo
está siendo, especialmente en materia de medios de difusión.
Los
espejitos de
colores han dejado de ser los que llegaban del Asia Menor,
prohibidos también
por el puño levantado del inefable secretario de comercio. Ahora
los espejitos
de colores se conforman de un nacionalismo parecido al de los
tiempos de la
recuperación de las islas Malvinas por Galtieri y sus amigos.
Falta que salga
la gente a poblar la
Plaza de Mayo y
haga sonar las bocinas de los autos.
El
mismo gobierno
que ha llevado adelante una política petrolera nefasta, que no
reconoce los
precios internacionales de los derivados petroleros para la
producción local
pero sí lo hace cuando se trata de importarlos; es el que ahora
se encargará de
producir la parte correspondiente a YPF. Con el
beneplácito de propios y extraños, personajes de baja
calidad moral y
apretadores estarán de alguna manera en
la conducción de la compañía. Ya lo están.
Es la
ideología
predominante. Es el abuso de poder ante la pasividad y el apoyo
de vastos
sectores, y el miedo de otros.
Podemos
parafrasear
a Hamlet al llegar a estas conclusiones: algo está
definitivamente podrido en
la Argentina. Y las consecuencias se verán más temprano que
tarde.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 29
de abril de
2012
No hay comentarios.:
Publicar un comentario