Héctor Blas TRILLO

El Ágora (2/3/12)

LOS DOS GRANDES AUSENTES

En estas horas, como es lógico, se multiplican los análisis sobre el discurso de Cristina Fernández ante la asamblea legislativa dando comienzo al período ordinario de sesiones. De momento, y en lo personal, no pretendemos, de momento,  entrar nosotros de lleno en la vorágine del análisis sobre la enorme cantidad de cuestiones de las que habló la presidenta.

Sí  interesa decir que la inauguración del período de sesiones se lleva a cabo mediante una ceremonia que incluye un discurso descriptivo de la labor del gobierno durante el último período transcurrido y el trazo de las líneas que habrá de seguir en el siguiente. Es decir, proyectos, ideas, lineamientos sobre lo que habrá de hacerse. Además, el discurso debe estar dirigido a toda la población.

Es fácil observar en los videos la amplia movilización de adherentes al régimen, transportados en los clásicos colectivos escolares que se estacionan en la Nueve de Julio y adyacencias. Es fácil verificar las banderas de adhesión de grupos creados al amparo del propio Poder Ejecutivo, como el denominado La Cámpora, que regentea el propio hijo de la presidenta de la  República. Es fácil, en suma, comprobar que nada de lo planeado parece haber considerado la idea de que en una república un presidente rinde cuentas y habla de proyectos ante los representantes del pueblo, y que si tiene que hacerlo en la soledad más absoluta de las “barras”, pues debe hacerlo así y a otra cosa. Una vez  más, en definitiva, un aceitado “aparato” que cuesta mucho dinero ha sido puesto en marcha  con la clara complicidad del propio Poder Ejecutivo Nacional.

Como todos sabemos, el discurso duró casi tres horas y media. Por momentos se volvió anodino  ante la proliferación de cifras y referencias, muchas de ellas surgidas de informes desconocidos o avalados por índices surgidos de mentirosos organismos oficiales como el INDEC. En buena parte, la presidenta se dedicó a conversar con los asistentes, o a hacer referencias personales e intercambiar miradas, sonrisas o búsquedas de personas que sabía estaban presentes en el recinto. Algo similar al “Aló, Venezuela” del pintoresco dictadorzuelo caribeño.

Como decimos, no queremos en este comentario analizar el discurso. Pero sí hacer referencia a algunas cuestiones que nos parecieron decididamente insólitas.

En primer lugar, la alusión a la situación en España y en particular, la exculpación del abogado Baltasar Garzón, presente en una de las gradas junto a las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Este profesional acaba de ser condenado por las Cortes españolas a once años de inhabilitación por haber ordenado intervenir las comunicaciones de varios imputados en casos de corrupción. No es del caso analizar las razones o no de la justicia española, cuya sentencia ha sido apelada por el ex juez, sino preguntarnos a santo de qué la presidenta argentina sale a defender a Garzón en un acto de inicio de sesiones legislativas en el Congreso de la Nación.

Todos sabemos que se trata de un personaje singular que tiene el antecedente de haber actuado en casos como el del difunto dictador trasandino Pinochet, o en la causa por los llamados “vuelos de la muerte” en nuestro país. Pero la condena a la que se hace referencia tiene que ver con otra cosa, es una causa por corrupción política vinculada con el Partido Popular, hoy en el poder en España.

La evidente toma de posición en defensa de un ex juez extranjero constituye una clara intromisión en asuntos de otro país, y especialmente de la justicia de ese otro país; y resulta cuando menos inadmisible.  Y ni siquiera se trata de que la presidenta o quien fuera pudiera o no analizar el caso en particular, sino que no corresponde armar semejante espectáculo nada menos que en Congreso Nacional para respaldar a una figura sujeta a cuestionamientos jurídicos en su país. Saber ubicarse en el rol que ocupa es una de las características del buen gobernante. La señora de Kirchner es la presidenta de la Argentina, no una vocera de un ex juez extranjero que usa el Congreso Nacional como caja de resonancia.  Pero, está muy claro que la pretensión era la de congraciarse con los grupos autocalificados de defensores de los derechos humanos.

Otro aspecto insólito, a nuestro juicio, es la evidente negación de los informes de la Auditoría General sobre el  estado de los ferrocarriles, como si estos no hubieran existido. Y también la alusión irónica al Jefe de Gobierno y a la policía en el subterráneo, sin tomar en cuenta que la ley 24.588, conocida como “ley Cafiero”, define exactamente cuál es la función de la Policía Federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y no puede ser que la presidenta no la conozca. Hubiera sido muchísimo más sencillo que el gobierno nacional exhibiera el contrato acuerdo entre éste y la ciudad de Buenos Aires para ver si realmente se había transferido o no el subterráneo en el marco correspondiente, y no en semejante circunstancia ante el Congreso.

En esta y otras  cuestiones, y más allá de la objeción general al objeto del discurso, la presidenta se mostró prácticamente como una recién llegada al gobierno, cuando como se sabe junto con su difunto esposo lleva ya nueve años. Todo lo acontecido en esos años, resultó maravillosamente bueno, excepto lo que hicieron o no hicieron los demás.  No observamos un solo mea culpa. Y sí una maldad creciente e indolente de parte de empresarios, empresas, grupos económicos, “monopolios” periodísticos y hasta ¡maestros!.

Pero hubo sin embargo dos grandes ausentes en el larguísimo peregrinaje discursivo: la inseguridad y la inflación.

No escuchamos una sola referencia a estos dos acuciantes temas.  Como si no existieran.

En tres horas y media de discurso la presidenta no consideró necesario hablar de ellos. Ni una  palabra.

Da la sensación de que la presidenta siguió la línea de lavarse las manos ante la inseguridad, como si ésta no sólo no existiera, sino también que en caso de existir no es culpa del Estado Nacional.

Pero de la seguridad debe ocuparse el Estado Nacional y las provincias.  Cuando el Estado Nacional desconoce una ley y saca la policía de espacios públicos está  avalando la inseguridad y la muerte, como pasó en el parque Indoamericano. Allí, recordarán nuestros amables lectores, luego de una intervención de la Policía Federal, un incomprensible ministro de justicia de la Nación salió a decir que tal policía no podría ocuparse porque no tenía efectivos suficientes, cuando el día anterior sí los había tenido. Además, y siendo que corresponde que el Estado Nacional se ocupe, la confesión de que no tiene gente por parte del propio ministro es una confesión de una ingenuidad  notable. Es manifestarse incapaz para ocupar el cargo que ocupa. Que es lo mismo que ocurrió en estas horas con la ministra Garré.  ¿Cómo es posible que se saque a la policía de una red de subterráneos y al día siguiente vuelva a ponérsela como si se tratara de un simple par de zapatos (para parafrasear a la propia presidenta en su ataque al jefe de gobierno)? Porque si tal policía hace falta en otro lugar, ese otro lugar quedará liberado por 30 días más, ¿o no? Y ha quedado liberado hasta que quedó liberado el subte ¿no? No queremos hacer juegos de palabras sino mostrar la iniquidad de semejantes argumentos.

La inflación es el impuesto más injusto y es responsabilidad del Estado combatirla. Es un flagelo que afecta especialmente a quienes tienen ingresos fijos. Y también es la forma que tiene el propio Estado de financiar el gasto con emisión de moneda. Emisión que sirve para restar valor a los pesos que la gente tiene en sus bolsillos o en el banco. En lugar de hablar de este verdadero problema, la señora hizo mención de que será enviado un proyecto para derogar la ley de convertibilidad.

Más allá de que no son pocos los que no saben que tal ley sigue vigente en aspectos tales como la prohibición de indexación de los contratos, lo cierto es que no sólo lo está sino que lo ha estado en estos 9 años de gobierno del Frente para la Victoria. Y cabe preguntarse por qué ahora y por qué no hasta ahora.

Y la verdad es que esa ley pone una traba a la disposición de las reservas del Banco Central, al decir que éstas deben cubrir la base monetaria. En este esquema, el poder ejecutivo ha podido disponer de los “excedentes” de reservas para destinar al pago de los intereses de la deuda. Pero resulta que tales excedentes se han acabado. Y entonces ahora lo que se pretende es poder fijar el volumen de reservas con independencia de cuál sea la base monetaria.  De tal modo, si tal volumen se fija por debajo de la base monetaria, el Poder Ejecutivo podrá disponer de la diferencia.

Tanto en un caso como en el otro, dado que las reservas se han adquirido en una buena parte mediante la emisión de moneda, su uso indebido es decididamente inflacionario.

Todo esto fue aplaudido por la claque desde las gradas del Congreso Nacional, en una especie de parodia de la felicidad ante la desgracia.

Entonces, la inflación y la inseguridad fueron los grandes ausentes del discurso presidencial. O más bien estuvieron presentes, pero de manera solapada, al punto de que fueron aplaudidos por los amigos del régimen, reclutados en micros que se estacionaron en lugares prohibidos, y que tuvieron el raro privilegio de llenar las gradas del congreso, al cual ninguno de nosotros ha podido concurrir. Y seguramente el Estado habrá pagado el precio de tal reclutamiento, por sí o por interpósita persona, dado que se trató de un día laborable.

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                   Buenos Aires,  2 de marzo de 2012