Segunda opinión 17/3/12
ACTUALIDAD
ECONÓMICA: FRAGILIDAD
La política económica llevada adelante por el
gobierno nacional a partir
del año 2003 fue la del sostenimiento de un tipo de cambio real
alto. El
objetivo era, como se sabe, poder volver competitivo internacionalmente el
sistema productivo allí
donde no lo era. También
era la forma de
obtener recursos mediante la aplicación de impuestos adicionales
a las
exportaciones en aquellos casos en que el sistema productivo sí era (y es)
claramente
competitivo.
Para pasarlo al plano concreto: la Argentina no es
un país de alta
competencia internacional en materia industrial pero sí lo es en
la producción
de materias primas, especialmente (pero no únicamente) las
provenientes de la
agricultura y de la ganadería. De tal modo que la aplicación de
derechos de
exportación (conocidos como “retenciones”) cumplían (y cumplen)
la finalidad de
desdoblar el mercado cambiario de modo que los sectores más
competitivos
recibían (y reciben) un menor valor por los dólares provenientes
de sus
exportaciones, en tanto que los sectores menos competitivos
(industriales) uno
mayor.
El tan mentado “modelo” consiste entonces en que
el Estado Nacional se
quede con la diferencia entre el tipo de cambio que le reconoce
a unos, y el
que le reconoce a los otros. Esa diferencia contribuyó
decididamente a generar
el llamado superávit fiscal. Es decir que todo cerraba de
maravillas: tipo de
cambio alto sostenido mediante la emisión monetaria necesaria
para adquirir los
dólares provenientes de las exportaciones a precios superiores a
los que, de
funcionar, determinaría el mercado. Este esquema se vio
fortalecido por los
altos precios en internacionales de los productos primarios, que
contribuyeron
de ese modo a mantener muy buenos márgenes de ganancia para los
productores
locales, a pesar de la poda que significaba, y significa, la retención sobre sus
exportaciones.
Estamos hablando de un traspaso de los ingresos
que deberían recibir los
exportadores de materias primas, incluyendo el petróleo, hacia
el Estado. Y estamos
diciendo que ese traspaso fue
posible gracias al tipo de cambio elevado artificialmente y a
los altos precios
de la producción primaria en el mercado internacional.
El gobierno nacional (tanto el de Néstor Kirchner
como el de su esposa)
consideró siempre que
los recursos
provenientes de los derechos de exportación conforman parcial o
totalmente un
superávit fiscal. Y a partir de esta premisa, ese dinero fue (y
es) utilizado
para solventar gastos estatales (subsidios, gastos denominados
sociales, obras,
etc.). Pero lo cierto es que de tal manera, se inyecta dinero al
circuito
económico que proviene esencialmente de la emisión monetaria
adicional
destinada a comprar los dólares con sobreprecio. Así fue hasta
el año 2008 por
lo menos.
Sostenemos que tal utilización es decididamente
inflacionaria y que allí
está el principal problema del “modelo” .
Podemos abundar en otras cuestiones derivadas de
esta forma de actuar,
aspectos a los que muchas veces nos hemos referido. Pero en este
caso preferimos
ceñirnos a este problema, porque está a la vista que el esquema
está agotado.
El gobierno no habla de la inflación y no reconoce
su existencia. Pero es
obvio que le preocupa y mucho y es por eso que intervino el
INDEC en el año
2007, y desde mucho antes inició una seria política de controles
de precios,
márgenes de utilidad, análisis de costos y demás prácticas tan
comunes como
reiteradas en nuestro país. Es
que la
inflación se constituyó en el eje de la dinámica del sistema
económico. Y también en
una forma de financiar el gasto.
Dentro de esa política francamente inconsistente y
evidentemente no
conducente a resolver el problema que el propio Estado Nacional
creaba, se llegó al
absurdo de prohibir exportaciones
de carnes, granos y hasta productos elaborados, como las carnes
procesadas que
prácticamente no se consumen en el país.
Las prácticas de controles de precios y
prohibiciones de exportaciones
produjeron un claro retaceo de la inversión, medida como
porcentaje del PBI a
lo largo de todos estos años. Con lo cual el deterioro se hizo
cada día más
marcado. A ello se sumó la crisis del año 2008, de origen
internacional pero
notoriamente incentivada en el medio local por una desacertada
política
intervencionista con el sector agrícola, que culminó como
sabemos con la famosa
circular 125 que establecía para la soja un tratamiento similar
al que recibe
todavía hoy el petróleo. Tal tratamiento consiste básicamente en
que las
retenciones a las exportaciones son porcentualmente crecientes
por encima de determinado
precio en dólares. De tal modo que si los precios
internacionales suben, un
porcentaje mayor del producido, pasa al Estado como derecho de
exportación. Es
decir que el ingreso obtenido por los productores nunca podría
pasar de un
cierto valor por tonelada. Así ocurre en el petróleo, donde
mientras el valor
del barril supera los 100 dólares en el mercado internacional,
para cualquier
producción local que se exporte tal valor ronda los 45 dólares.
Pero, naturalmente que los precios de los insumos
locales en pesos han
venido subiendo en estos
años cada vez más aceleradamente, por lo que para los
productores fueron
subiendo en dólares, dado que el valor de la moneda extranjera
no siguió ni
sigue el curso de la inflación. Ni siquiera sigue el de la
inflación medida por
el INDEC.
Por eso los márgenes de utilidad se reducen o
directamente desaparecen en
algunos casos.
Ahora bien, el gobierno nacional bien podría
producir una devaluación tal
que compensara este desfasaje, volviendo de ese modo al inicio.
Pero eso no es posible y
no lo es por varias
razones, la principal de las cuales es que en el año 2002 la
capacidad ociosa
de la economía local estaba en torno del 50% debido a la crisis
de la llamada
convertibilidad. Pero tal capacidad ociosa dejó de ser relevante
a partir,
justamente, del año 2008, cuando la economía alcanzó (hay que
recordarlo) los
niveles que tenía una década antes, en 1998.
Hoy por hoy una devaluación produciría un
estallido inflacionario
inmediato. Por eso vienen tomándose medidas a nuestro criterio
profundamente
erradas pero tendientes a hacerse de recursos disimulando el
verdadero mal. Por
eso se busca por todos los medios suprimir los subsidios o
disminuirlos al
máximo para bajar el gasto, dado que los recursos provenientes
de las retenciones
a las exportaciones ya no valen lo mismo, dado que los pesos no
valen lo mismo
que hace 4, 3, 2 o un año. Y
el gasto
público en general ha crecido a tasas impresionantes en estos
años.
Dejamos de lado aquí consideraciones políticas
tanto como nos es posible.
Solamente pretendemos hacer un recuento de lo ocurrido y
ponernos en un lugar
de observación de lo que ocurre que elimine las contaminaciones
derivadas de
las opiniones políticas, justamente.
Y decimos esto porque también tenemos que decir
que el dinero proveniente
del esquema de tipo de cambio elevado artificialmente fue
utilizado de manera
ineficiente y discrecional. De modo que no sólo terminó siendo
notoriamente
inflacionario, sino que ni siquiera mejoró la productividad,
como podría haber
ocurrido si se hubiera destinado seriamente a mejorar la
infraestructura de
caminos y ferrocarriles. Por citar un ejemplo.
El sostenimiento de las tarifas de los
combustibles a precios congelados
durante varios años provocó una evidente desinversión que ahora
intenta
paliarse con medidas efectistas, tales como la quita de
concesiones en
determinadas áreas petroleras. Lo cierto es que hace ya unos
cuantos años que
viene advirtiéndose la merma en la producción, la falta de
inversiones en
exploración y explotación, y hasta el masivo cierre de
estaciones de servicio
en todo el país, que nadie en su sano juicio puede negar.
A su vez el consumo se ha incrementado
notablemente, y no solamente por el
crecimiento del parque automotor o por la venta de aires
acondicionados, como
suele repetirse. Porque lo cierto es que los precios bajos
siempre llevan a un
mayor consumo. De allí las curiosas publicidades que durante
tanto tiempo hemos
visto y oído en las que las propias empresas distribuidoras de
energía
eléctrica nos invitan a consumir menos, cuando es elemental que
el objetivo de
cualquier empresa es el de vender más.
Estamos entonces en un momento crítico en el que
el gobierno nacional busca
recursos modificando la carta orgánica del Banco Central para
liberar reservas,
o cerrando masivamente las importaciones para poder mantener una
balanza comercial
favorable que se torna insostenible.
Es que tal balanza proviene del juego armónico
entre la demanda y la oferta
de dólares, y la diferencia entre una y otra se ha achicado
notoriamente en
estos años, precisamente porque cada vez es más barato traer
productos del
Exterior y más caro producirlos localmente. Por supuesto que en
moneda local.
El recurso de prohibir por todos los medios
posibles que la gente adquiera
dólares va de consuno con esta política. Pero todo ello tiene el
tinte del
voluntarismo que se observa desde siempre en los controles de
precios. Dado que
la realidad no se comporta como nosotros queremos que se
comporte –parecen
decir los gobernantes- prohibimos la realidad.
Y lo cierto es que el efecto de esta clase de
medidas no es otro que la
merma de la producción, el exacerbamiento de la inflación (no
dejar entrar
productos que compiten con los locales hace que éstos últimos
suban sus
precios) y el mercado negro cambiario. A
lo que se suma el ya conocido “deme dos” y no solamente en
Miami, sino también
en países limítrofes, como Chile y Uruguay.
El marcado deterioro de las cuentas públicas y la
fragilidad de las medidas
voluntaristas solo puede conducir a situaciones cada día más
complicadas.
Y encima la quita de subsidios produce un malestar
notable en la población,
que termina descubriendo así que una vez más se ha recurrido a
artilugios
monetarios para venderle bienestar y progreso. Llega un momento en que el
rédito político de
culpar a empresarios, a opositores, y a “medios” no da más
resultado. La gente
se vuelve hacia los gobernantes para pedir explicaciones, pues
son éstos
quienes detentan el poder.
El golpe de efecto que todo esto produce en los
dirigentes políticos es muy
grande. Por eso el nerviosismo que se nota en ciertos ministros,
o las excusas
francamente intolerables cuando se producen accidentes como el
del ferrocarril
en la estación Once. Pero
la verdad es
que a todo esto no se llegó de un día para otro. No se perdió el
autoabastecimiento petrolero de repente, sino que vino
perdiéndose a lo largo
de años. No se deterioró
el ferrocarril
un aciago día de febrero de 2012, sino que lleva décadas de
deterioro que no
fue revertido por la administración del matrimonio Kirchner.
Lamentablemente, y como escribimos alguna vez, la
política y la economía
tienen intereses contrapuestos: la política intenta generar
bienestar del modo
que sea, y la economía sabe que el bienestar solamente se genera
con capital de
trabajo, educación, esfuerzo y tiempo. Por eso la fragilidad de
las medidas en
curso es tan evidente. Por eso la fragilidad en general que
vivimos en estas
horas.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 17
de m arzo de
2012
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