Segunda Opinión
Cada hora que
pasa son más
evidentes las dificultades que tiene el actual gobierno para
manejar la
situación económica. También la social, pero no el tema al que
queremos
referirnos, al menos de manera directa.
Nuestros
gobernantes han
instalado la idea, y no pocos referentes y comunicadores la han
hecho propia,
de que en la Argentina existe una “cultura dolarizada”. Partiendo de esa premisa, a
nuestro modo de
ver falsa, se concluye que es necesario empezar a “pensar en
pesos”, “por las
buenas o por las malas”, como dijo el titular de la UIF, José
Sbatella días
pasados.
La realidad es
que en la
Argentina hace muchos años que no existe una moneda sólida. Una
unidad de
cuenta confiable. Y no existe porque sucesivos gobiernos se han
servido de la
emisión espuria para financiar crecientes déficit fiscales de
todo tipo y origen.
Desde el
crecimiento exponencial
de la burocracia administrativa nacional, provincial y
municipal, hasta la
verdadera maraña de subsidios, planes, promociones, asignaciones
universales y
demás cuestiones que implican una cifra que claramente supera
los 100 mil
millones de pesos anuales que el Estado gasta para mantener
dentro de ciertos
parámetros los datos de pobreza y de inflación.
Como todo eso
no alcanza, se le
miente a la gente sobre los índices desde hace cuando menos 5
años, se apodera
el Estado de los fondos de las AFJP, se modifica la Carta
Orgánica del Banco
Central para poder emitir pesos a gusto, y finalmente de intenta
“pesificar” la
cabeza de una sociedad abrumada por la evidencia.
Las
prohibiciones sobre
importaciones, el cepo cambiario, el sistema delator de control
de movimientos
entre los propios habitantes de la Nación (existen más de 60
regímenes de
información fiscal), las dificultades para adquirir moneda
extranjera para
viajar al exterior y la realidad de que existe un mercado
cambiario que se
maneja con valores muy superiores a los oficiales; son datos que
ponen de
relieve la verdadera situación en la que nos encontramos.
Mientras el
gobierno intenta por
todos los medios controlar todo lo que hacemos y niega que se
trate de evitar operaciones
en negro, por el otro, abiertamente, repite una y otra vez que
lo que hace
falta es “desdolarizar” la economía. Con lo cual comparten el
mismo podio ambas
realidades: el control fiscal como causa y motivo de los
controles cambiarios,
y la falta de dólares como elemento determinante de las
prohibiciones para
lograr que la gente pase a operar en pesos.
Existen
operaciones legales
hasta el momento, como el denominado “contado con liqui” que
colocan el dólar a
valores superiores a los $ 6,20. Ni
siquiera estamos hablando de “arbolitos”.
Ante este
cuadro de situación,
la presidenta de la Nación, atacada por la evidencia de que ella
misma y muchos
funcionarios tienen ahorros en moneda extranjera, ha salido a
ponerse de
ejemplo y a anunciar que ella habrá de pesificar
sus ahorros. Una verdadera figura surrealista más propia de una
fantasía
animada, porque ninguna pesificación de depósitos cambia la
situación de fondo:
los dólares en cajas de ahorro o plazos fijos están conformando
los encajes y
las reservas del Banco Central, y esta situación sólo cambia si
el titular de
esos ahorros retira esos dólares, no se resuelve pasarse a
pesos.
No es la
primera vez que una
presidenta (o presidente, en su caso) se pone al frente de estas
verdaderas cruzadas
para la tribuna, según las cuales pasan a ser ejemplos de lo que
se debe hacer
o no. No hace mucho ocurrió algo similar con la renuncia a los
subsidios a los
servicios públicos (tema que al momento aparece congelado
absolutamente). El papel
de “modelo a seguir” tiene muchos
antecedentes. Baste recordar, por ejemplo, aquellos tiempos en
los que los
funcionarios no debían ir de vacaciones a Punta del Este.
La cruda
realidad, volviendo al
tema que nos ocupa, es que nadie va a vender a
$ 4,50 lo que vale $ 6,20. De igual modo que salvo
algunos compelidos
por la necesidad de figurar en algún listado para no perder
privilegios,
renunció a los subsidios.
Un sistema
jurídico-político no
se construye sobre la base del voluntarismo o apelando a la
“solidaridad”, sino
con leyes que deban ser cumplidas por todos, sean buenos o
malos, dioses o
demonios.
El país vive
momentos de “precrisis”,
en los que se observa una disparada inflacionaria, una
retracción en las
actividades económicas, un “parar para ver” en casi todos los
órdenes de la
economía.
Las
dificultades en las
importaciones y en las exportaciones, la prepotencia oficial
encarnada en el
secretario de comercio, la carga de trabajo de infinitos
controles, presentaciones,
pedidos de permiso, etc no hacen sino corroborar que acá estamos
entrando en un
cuadro estanflacionario que ya se ha iniciado y que será difícil
detener.
Los conflictos
sociales son
evidentes. Las huelgas, los cacerolazos, las movilizaciones, los
cortes de
rutas y puentes, la
reacción de los
ruralistas ante un nuevo impuestazo, etc.
La confiscación
de YPF fue, en
nuestro modo de ver, una especie de frutilla de la torta. Porque
ha significado
no una violación de un contrato de concesión, sino simplemente
la “toma” lisa y
llana de un patrimonio privado sin resarcimiento alguno. Los
gobernantes y
buena parte de la oposición ha seguido adelante en este asunto,
nombrando un directorio,
encaramando a un afamado ingeniero, anunciando intentos de
acuerdos con
inversores internacionales y OLVIDANDO que tienen que pagar por
lo que
confiscó. Quizás justamente lo más alarmante, dentro del cuadro
de evidente
violación del derecho de propiedad, sea esto último. Esa suerte
de “pelito pa
la vieja” que se hizo. Y todos lo más campantes. Lo mismo que
cuando se declaró
el default, nuestra dirigencia política festeja la apropiación
de lo
ajeno. Y, como si tal
cosa, espera que
las consecuencias sean favorables.
La verdad es
que se observa una
especie de negación de la realidad que se extiende a todos los terrenos. La justicia opera
lenta y a
destiempo en casos más que sonados en los que están involucrados
funcionarios o
socios de ellos. No existe referencia
oficial
acerca de la necesidad
de combatir
una inflación que ya es alarmante. La continuidad en sus cargos
de funcionarios
prepotentes y francamente ridículos que hacen propaganda contra
medios de
comunicación con globos y con calcetines.
Y un caso
verdaderamente
incomprensible es el de la ex Ciccone Calcográfica, que por lo
que se sabe ha
sido autorizada a imprimir billetes de 100 pesos, cuando se
desconoce quiénes
son sus verdaderos dueños, que se encuentran amparados por el
anonimato de un
oscuro fondo de inversión. Una empresa a la que se le ha
levantado la quiebra
por pedido de un ministro de economía al
titular de la AFIP, que consintió hacerlo y otorgó un plan de
facilidades con
una tasa de interés del 6% anual en pesos. Un ministro de
economía que hoy es vicepresidente
de la Nación y que se encuentra denunciado de formar parte de
una manera o de
otra del entramado por el cual un monotributista, de apellido
Vanderbroele, se
hizo cargo de la dirección.
En esta
realidad que brevemente
resumimos ¿Alguien puede creer seriamente que los habitantes de
esta Nación
seremos convencidos de que debemos pensar en pesos?
Sólo queda
esperar que en algún
momento la dirigencia
política tome el
toro por las astas y se dé un baño de realismo. Pero
sinceramente dudamos que
ello ocurra.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 9
de junio de 2012
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