ECONOMÍA EN BLANCO Y NEGRO 6/10/12

Segunda opinión

 ECONOMÍA EN BLANCO Y NEGRO

INTRODUCCIÓN

La situación planteada por fuerzas como la  Gendarmería Nacional o la Prefectura Naval no registra antecedentes, pero tiene una clara explicación: no es habitual que se bajen los salarios mediante un decreto, y difícilmente sea tolerable, especialmente si se habla de quitas del 50 o 60%.

Indudablemente la redacción y la subsecuente sanción  del decreto 1307/2012 resultan ser de una torpeza incomprensible. A tal punto que no faltan quienes opinen que se trata de un acto de provocación. Tanto sectores oficialistas como opositores han hecho sus interpretaciones políticas. Pero la cuestión, si bien está vinculada, es esencialmente económica. Es importante no dejar de abordar el foco primario de cualquier problema para intentar resolverlo de manera definitiva.

Analizar la situación desde una perspectiva básicamente económica puede servir para clarificar el panorama, no ya de las fuerzas en conflicto, sino del trabajo en blanco en general en la Argentina.

Desde hace ya muchos años, y en todos los frentes, sucesivos gobiernos vienen atacando y combatiendo el llamado trabajo en negro, es decir, informal. Con mayor o menor grado de éxito, lo cierto es que jamás se ha podido solucionar este flagelo.

En general se tiende a establecer una cifra del orden del 40% o algo menos de trabajadores en condición informal.

DISTINTAS MODALIDADES

Antes que nada hay que distinguir entre lo que podría llamarse trabajo en negro genuino, de otras variantes, como ser el trabajo en negro parcial o  los casos de percepción de adicionales denominados “no remunerativos”.

El trabajador que genuinamente está en negro, es aquel que directamente no figura en los registros de su empleador. Aquel que está parcialmente en negro es el que percibe un salario en blanco (que puede incluir conceptos no remunerativos) y el que directamente percibe una cifra “por afuera” de su recibo, o sea directamente en negro.

LAS CAUSAS

Más allá del cálculo oficial, es posible sostener que las cifras de remuneraciones que no están sujetas a aportes y contribuciones al sistema de previsión social para trabajadores en relación de dependencia superan largamente el 40% citado. Si se suman percepciones por fuera del sistema legal y conceptos no remunerativos sin duda se arribará a esa conclusión. A ello hay que agregarle la enorme cantidad de empleados que figuran como “contratados” en dependencias públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales. Los “contratados” son trabajadores en relación de dependencia a los que el Estado empleador los obliga a inscribirse como monotributistas, y luego les exige entrega de facturas por honorarios. Éstos últimos suman varios centenares de miles.

A su vez los convenios laborales o inclusive los ajustes que disponen los gobiernos en determinadas circunstancias suelen llevar el rótulo de “no remunerativos” y por lo tanto no sujetos a aportes, ni a contribuciones, ni a sumar para el aguinaldo, y tampoco en caso de despido sin causa. Obviamente todo ello en contra de lo dispuesto en la ley de contrato de trabajo.

Si bien en las convenciones colectivas poco a poco estos conceptos tienden a regularizarse y sujetarse a aportes y contribuciones hacia el futuro; surgen nuevos incrementos que nuevamente adoptan esa modalidad. Esto no es lo que ocurre en el caso de la Gendarmería, donde la situación lleva acumulándose  más de 20 años.  Es que en la Administración Pública los conceptos suelen sostenerse en el tiempo, y cada vez se acumulan más rubros “no remunerativos”. Cuando la inflación es alta, como lo es en éstos últimos años, llega un momento en que tales conceptos superan largamente al sueldo sujeto a aportes y contribuciones. Y precisamente uno de los problemas de la merma en sueldos de los gendarmes es consecuencia de la regularización de conceptos no remunerativos y por lo tanto sujetarlos a aportes, cosa que reduce el llamado salario “de bolsillo”.

Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? ¿por qué si la ley dice que todo aquello que un trabajador percibe en moneda o en especie debe ser considerado parte del salario y sujeto a aportes y contribuciones, ello no ocurre? Por un lado porque se viola la ley, indudablemente. Pero  se viola con el consentimiento de empresarios y de sindicalistas. ¿Por qué?.

La respuesta está dada por la carga que significa remunerar en blanco. Por cada 100 pesos de sueldo bruto el trabajador percibirá alrededor de 83; y el empledor pagará un total cercano a 123 pesos. A ello hay que agregar otros conceptos tales como seguro de vida obligatorio y ART. Lo cierto es que tomando solamente estos conceptos el cargo total de aportes y contribuciones es de $ 40.- (17 + 23), esto significa casi el 50% más de los 83 pesos que el trabajador percibirá.

Un trabajador que percibe su sueldo en blanco y recibe sin embargo una serie de conceptos “no remunerativos” que no están sujetos a aportes y contribuciones, permite que el salario “de bolsillo” sea mayor con un menor costo para su empleador.

Por su parte los monotributistas aportan sí al sistema previsional y a una obra social, pero se trata de una cifra fija que no guarda relación porcentual con el monto percibido como honorarios, no cuentan con  estabilidad laboral, no perciben aguinaldo, no serán indemnizados en caso de despido, etc.

Cabe recordar aquí que en la misma dirección iban los llamados tiques canasta o vales de almuerzo, que habían sido impuestos por ley y finalmente fueron suprimidos cuando la ley fue modificada por una iniciativa del diputado Héctor Recalde, que sin embargo nunca que se sepa ha presentado alguna queja para que estos conceptos “no remunerativos” sigan la misma suerte, que es lo que corresponde.

Evidentemente se está ante un problema de muy larga data, que se agrava con el proceso inflacionario y que tiene una enorme repercusión social. Pero que se sostiene en el tiempo porque cualquier intento de resolverlo puede ser lapidario para cualquier presupuesto.

En efecto, la suba de costos como consecuencia de que los empleadores deban abonar  un 50% por el salario en blanco “de bolsillo” conlleva la necesidad de ajustar los precios de los productos que venden. En el caso del Estado los mayores costos llevan a mayores necesidades de ajustes tributarios, o más emisión de moneda, o a ambas cosas. También a aumentos de tasas y todo tipo de contribuciones.

Esto puede explicarse entonces de manera muy simple, aunque bastante antipática para muchos: el mercado no aguanta la enorme diferencia entre un sueldo que está  sujeto a cargas y otro que no lo está.

En el mundo entero las razones aritméticas de la economía informal tienen mucho que ver con la imposibilidad del mercado de abonar los mayores precios resultantes.

Es necesario también dar un vistazo a las razones del trabajo en negro, tanto el genuino como el parcial.

Las pequeñas y medianas empresas no pueden sostener el enorme costo impositivo y previsional, especialmente cuando inician sus actividades. De hecho, el mismo Estado establece regímenes de promoción de empleo, tales como una quita en las contribuciones para empleos nuevos, los períodos de prueba, los contratos a plazo fijo o de temporada o las pasantías. Pero esto no siempre es suficiente. Porque a la de por sí elevada carga previsional hay que sumar la carga impositiva. Cualquier negocio en la provincia de Buenos Aires o en la Capital Federal debe asumir desde sus comienzos costos enormes por habilitaciones, tasas e impuestos vinculados con la instalación y puesta en marcha, que podrá tal vez recuperar en un futuro  si el negocio funciona razonablemente. Si ello ocurre, es decir si el negocio evoluciona favorablemente, la carga tributaria hará su parte, porque el sistema fiscal en la Argentina parte de la base de que quienes obtienen mayores ingresos deben abonar tasas más elevadas, lo cual deteriora la tasa de retorno del capital invertido. Es decir, la utilidad marginal del capital. Llegado este punto, si el comerciante sube más los precios merman sus ventas, y si no lo hace, el negocio se vuelve muy poco atractivo.

Es por ello que en muchas actividades un porcentaje importante se comercializa en negro. Esto no es novedad para quienes conocen el paño, aunque suele atribuirse la causa a la malignidad del comerciante. O a su avaricia.

Habrá quienes así obren, por supuesto. Pero atribuir a factores subjetivos tales el comportamiento de centenares de miles de comerciantes es, cuando menos, poco serio.

Todo el mundo ganar más dinero, mejorar su estándar de vida. Pero antes obviamente lo que quiere es no perder su capital. Y lo cierto es que el problema persiste a lo largo de muchísimos años. El trabajo en negro es una constante en la Argentina, y lo es, justamente, porque los costos previsionales son muy elevados y porque también lo son los demás costos ligados a cargas públicas.

Cuando un comerciante vende parte de su mercadería en negro, ingresa dinero negro con el que repone su mercadería. En negro, claro está. Por eso, paga parte de los salarios de sus empleados en negro.

El circuito negro, como se le llama en la Argentina, alcanza prácticamente a la mitad de la operatoria de la mayoría de las empresas pequeñas y medianas. En algunos ramos mucho más.

La realidad es que esto ocurre porque el mercado definitivamente no soporta el costo de la presión tributaria global (impuestos, tasas y contribuciones sociales). Muchos fabricantes no pueden vender, ni aún queriendo, toda su producción en blanco, porque no se la compran. Hay que agregar a todo esto la necesidad de anticipar los gravámenes, que tiene un costo financiero muy importante que equivale a una mayor tasa de impuesto. Lo mismo ocurre con la carga administrativa que se le exige desde el Estado a los responsables tributarios. Prácticamente la mitad del tiempo de trabajo de los administrativos de una PYME está destinado a atender obligaciones impuestas por los organismos recaudadores. A ello se suma el costo de los elementos requeridos (controladores fiscales, programas informáticos, impresoras, papelería, fotocopias, libros especiales, etc.)

Es obvio, finalmente, que existe una indeterminada producción pirata que se vende libremente en las calles de las ciudades (discos compactos, películas, elementos de computación, ropa, etc.). Se comercializan productos “truchos” a la vista de autoridades y público, inclusive en el subterráneo o en la mismísima calle Florida. También en trenes, en colectivos, en puestos ambulantes instalados en la vía pública en todas partes, y especialmente en las cercanías de las estaciones ferroviarias. El Estado está consintiendo este accionar, por acción u omisión, o directamente no puede combatirlo. Tal vez sea un poco de cada cosa.

En efecto, mucha gente no tendría acceso a niveles elementales de vida si no adquiriera ropa y otros productos en el mercado marginal.

CONCLUSIONES

Puede observarse que existe una relación directa entre el pago de salarios en negro o mediante complementos “no remunerativos”, o el eufemismo de “contratados”, está relacionada directamente con las posibilidades presupuestarias en el caso del Estado, y con la existencia de un alto porcentaje de ventas en negro por parte, en especial, de los pequeños y medianos empresarios.

El manejo de las finanzas públicas como para que el dinero alcance es responsabilidad de los gobiernos. Parece bastante obvio que el gasto (necesario o superfluo) en otros rubros, lleva a los gobernantes a sacrificar la mismísma ley de contrato de trabajo mediante complementos, contratos o asignaciones otorgados de manera irregular y contrarios a la propia ley de contrato de trabajo.

En el caso de las empresas, no es tan cierto aquello de que las ventas en negro permiten a los empresarios enriquecerse ilegalmente. Y esto es así porque la carga tributaria y previsional es tan elevada que cuando se pretende trabajar íntegramente en blanco, se produce la asfixia del negocio.

La realidad es que la comercialización en negro permite reducir precios. Y esto no es solamente competir deslealmente con quienes pagan todos los tributos y gravámenes, es también lo que por lógica buscan los consumidores. De hecho, todas las campañas pidiendo a los consumidores que exijan su factura se han chocado con una realidad bien diferente. La gente lo primero que mira es su bolsillo.

Por consiguiente, si la comercialización es informal, los salarios también habrán de serlo más o menos en la misma proporción. Poner los salarios en blanco íntegramente significa no tener dinero blanco suficiente para pagarles. Inversamente, si se vendiera todo en blanco, pagar salarios en negro aumentaría las utilidades a declarar con el consiguiente sobrecosto fiscal para el responsable.

Una comercialización en blanco se corresponde con salarios en blanco, y una comercialización en negro, con salarios en negro. Ésta cuenta bien sencilla no parecen hacerla las autoridades encargadas de la recaudación. Y tampoco la hacen políticos, economistas o periodistas.

La economía informal tiene mucho que ver con el engorro y con los costos. Aunque también pueda tener que ver con la mala fe, atribuir todo a ésta es cuando menos reduccionista y prejuzgador. La gente buena o mala está en todas partes. El sistema debe poder funcionar a pesar de eso. Precisamente para ello están los mecanismos de fiscalización y recaudación

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                      Buenos Aires,   6  de octubre de 2012