El Ágora
Es una
constante en el actual gobierno
el ataque a la prensa opositora, calificada genéricamente como
“hegemónica” y
también como “monopólica”. También lo es el ataque a periodistas
con
nombre y apellido, de
parte de los
propios funcionarios del poder político o
a través de organizaciones más o menos armadas al socaire
del dinero
público.
Siguiendo esta
línea, la señora
presidenta atacó personalmente al periodista Marcelo Bonelli,
ligado desde hace
muchos años al grupo Clarín, ello en virtud de que su esposa y
un socio de ésta
recibían de YPF una suma de $ 240.000 por la prestación de
servicios “que no
sabemos si son periodísticos”.
El ataque a
personas físicas o
jurídicas desde la cadena nacional de radiodifusión, y
especialmente el ataque
a través de acusaciones o divulgaciones de datos de familiares
de periodistas
es de una gravedad que no hace falta describirla aquí. La inusitada violencia que
la señora presidenta
ejerce contra la prensa opositora probablemente no sea tomada en
su justa
dimensión por la ciudadanía. Como si todos y cada uno ya nos
hubiéramos
acostumbrado a semejante enormidad.
En este caso en
particular, y
según los dichos del propio Bonelli, al parecer a la señora
presidenta le había
enojado sobremanera que el periodista hubiera difundido un
trascendido sobre la
voluntad de renunciar del director de YPF, Miguel Galuccio, al
parecer descontento
con la sanción de un decreto de intervención y autorregulación
total del
mercado petrolero y gasífero.
Del mismo modo
que días pasados,
en otro discurso en cadena, la presidenta acusó a un agente
inmobiliario de no
haber presentado declaraciones juradas impositivas por varios
años, molesta
porque en una nota periodística ésta persona había señalado que
la actividad
inmobiliaria se había paralizado desde el momento en que arreció
el llamado “cepo
cambiario”.
El objetivo de
este comentario
es referirnos al periodismo y su libertad de actuar, de manera
que el segundo
ejemplo lo traemos a cuento solamente para mostrar el
procedimiento, por
llamarlo de algún modo, con el que la señora abusa de su poder,
obtiene
información personal que debe preservar el secreto fiscal, y
hace difusión
pública en cadena nacional por la cual se obliga a todos los
medios radiales y
televisivos a difundir.
Luego de este
ataque al
periodista mencionado y la referencia a su esposa, la señora
dedicó unos
cuántos párrafos a hablar de ética pública y de la necesidad de
sancionar una
ley de ética periodística.
Desde el vamos,
la utilización
de medios audiovisuales (es decir, periodísticos) para difundir
datos privados
de periodistas y de sus familiares es una acción innoble reñida
con la más
elemental concepción de la ética que pueda tener un individuo.
Pero hay más.
La señora, que
toma el micrófono
y parece no querer largarlo jamás, se explayó respecto de
periodistas que al
parecer reciben dinero de empresas, queriendo señalar de ese
modo que tales
profesionales perciben una suerte de coima por mantener o
difundir determinado
tipo de noticias o ideas, y no otras. En otras palabras, hay
periodistas
estrella que son “comprados” por empresas para difundir lo que
éstas últimas
quieren. La señora no usó éstas palabras, claro está, pero la
alusión a que “reciben
dinero de empresas” no parece tener otra connotación. Porque si
se tratara de
un sueldo o un honorario, esto es lógico, legal, y carece de
sentido (aún en el
marco autoritario en el que se mueve el actual gobierno) traerlo
a cuento.
Nosotros
pretendemos defender la
libertad de prensa, y no a periodistas ni a periódicos. Y
entonces nos
preguntamos varias cosas.
En primer
lugar, teniendo como
tiene la señora presidente tantos informantes y “sabuesos”
investigando el
pasado de todo el mundo (como ha quedado de sobra demostrado),
cómo es que no
sabe en concepto de qué la señora del periodista citado y su
socio recibían una
paga de YPF.
En segundo
lugar, si la señora
sabe y conoce los montos que perciben los periodistas que
trabajan en los
medios oficiales sostenidos con el erario, y si ello le parece
ético, en tanto
y en cuanto tales medios solamente se limitan a llevar adelante
propaganda
oficial.
En tercer
lugar, y siguiendo la
misma línea de razonamiento, si le genera algún prurito que el
dinero público
utilizado para sostener programas como “Fútbol para todos” donde
los relatores
y comentaristas reiteran alusiones políticas o consignas
partidarias a favor del
partido gobernante.
En cuarto
lugar, si el reparto
de publicidad oficial, violando incluso fallos de la justicia,
como es el caso
del periódico Perfil, no le parece una ominosa prueba de la
falta de ética a la
que se refiere.
En quinto
lugar, si le parece
conducente al logro de los objetivos éticos, la utilización del
“escrache” de
clara raigambre fascista.
Creemos que con
estas preguntas
dejamos claramente expuesta nuestra visión, y en aras de la
brevedad, no
abundaremos en otras cuestiones, que bien podríamos hacerlo.
La ética puede
ser definida como
aquella parte de la filosofía que trata de la moral de las
obligaciones de los
seres humanos. Es, por lo tanto, un concepto integral,
abarcativo de todas las
acciones del hombre.
No es factible
no ser éticos en
una cosa y serlo en otras. O se es ético o no se lo es.
Por lo tanto
establecer
tribunales especiales o como se les llame para deducir si una
persona actúa
éticamente en su profesión o en lo que sea, es un acto reñido
con el principio
general de que las personas deben ser juzgadas en sus actos por
los tribunales
naturales surgidos de la Constitución. Y no por sus pares, y
muchísimo menos
por individuos dedicados a la política, cuyos intereses
contrapuestos con
quienes son críticos de su accionar son más que obvios.
La señora
aludió a esto, pero
dijo que el proyecto de ley de ética debería ser presentado por
periodistas,
porque si lo presentan los políticos rápidamente serían tildados
de pretender
amordazar o censurar a
la prensa. Perdónenos,
señora, no es que serían acusados de tal pretensión, es que tal
pretensión es
la única posible. Y endilgarle la “tarea” a periodistas para que
conformen un “foro”
de ética es exactamente lo mismo. Y lo es porque en estos
momentos el
periodismo se encuentra dividido entre el sostenido por el
dinero público, que
es mayoría, y el que conserva aún el ámbito de la actividad
privada, que
resulta más creíble y es más leído, escuchado y visto por
televisión y por eso
se sostiene pese a las diatribas públicas reiteradas por Ud
misma y por sus
funcionarios y colaboradores.
Armar un foro
de periodistas
implica constituir un grupo de
individuos,
integrarlos significa nombrar en él a profesionales que “reciben
dinero de
empresas” o del Estado, como ocurre con los medios oficiales u
oficialistas
¿Esto le parece que conducirá a una mayor ética periodística en
la Argentina?
La ética y la
moral la señalan
las personas que eligen lo que les parece. La mejor ley de ética
es la que no
existe. Y la ética es un concepto demasiado amplio como para
dejar la
calificación en manos de un grupo de individuos de una
determinada profesión.
Si a cualquiera
de nosotros se
nos declara faltos de ética en nuestra profesión, por ese sólo
hecho dejamos de
ser personas éticas en nuestra vida, ante nuestras familias y
ante nuestros
semejantes. Casi podría
decirse que
semejante propuesta proviene de la liviandad o del enojo que le
produce por lo
general a la clase política la libre difusión de ideas.
Si los
periodistas son acusados,
como Ud. Lo hizo, de faltos de ética por recibir dinero de
empresas. Y si los
periodistas son acusados, aunque Ud omitió hacerlo, de recibir
dinero del
Estado para hacer propaganda política del gobierno, entonces
estamos hablando
de otra cosa.
Nos recuerda a
ese “revisionismo histórico”
“nacional y popular” que pretende
poner “las cosas en su lugar” cuando desde el mismo origen ya
tiene la camiseta
puesta desde su propia creación.
Es la gente la
que elige leer
Clarín o Tiempo Argentino. O La Nación, o Página 12. El gobierno
nacional puede
distribuir solamente los diarios nombrados en segundo término en
los vuelos de
Aerolíneas Argentinas, pero no puede impedir que la gente
adquiera los diarios
nombrados en primer término. Ahora bien, y dicho sea de paso,
¿le parece ético
que la aerolínea de bandera solamente entregue periódicos
oficialistas
recargados de “entregas de dinero” en propaganda oficial?
Hablamos a
nombre personal, pero
nos parece que para pedir ética, primero debemos revisar si
nuestro propio
comportamiento es ético. De lo contrario parece mejor dejar que
la gente
decida, ¿no?
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 12
de agosto de
2012
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