Segunda Opinión
En materia
económica toda acción es
posible, lo que no es posible es evitar las consecuencias.
Prácticamente desde fines del siglo
XIX y mucho más desde el
inicio del siglo XX, se ha convertido en una especie de
necesidad política la
llamada distribución de la riqueza.
Probablemente el origen de esta idea tenga que ver con
algunos
postulados del socialismo, relacionados con la
explotación del hombre por el hombre, a la que hiciera
referencia Carlos
Marx, lo mismo que la llamada teoría de
la plusvalía, que definía como la diferencia entre lo que
el obrero percibe
como salario y el valor que representa aquello que produce.
Por supuesto que nuestro país no ha
sido una excepción en
esta línea. Durante muchos años el derrotero de la “distribución
de la riqueza”
fue parte de la campaña de prácticamente todos los partidos
políticos.
No son pocos los analistas de la
ciencia económica, incluido
el citado Marx, que han arribado a la conclusión de que la
llegada del llamado
capitalismo con la Revolución Industrial y el advenimiento del
derecho de
propiedad han sido los pasos que permitieron al mundo entero dar
un salto
superlativo en la calidad de vida con
relación a la existente en el Medioevo. La idea central del ideólogo
citado era la de
que el capitalismo conlleva errores que el socialismo debería
corregir. Pero no
negaba el salto cualitativo que el mundo había dado con la
llegada del derecho
de propiedad.
Esta pequeña introducción sirve para
adentrarse en la
cuestión específica de lo que podríamos llamar el costo del distribucionismo.
En Europa y en otras partes se habla
del Estado Benefactor.
Es decir, la cobertura social que debe hacer el Estado cuando
las condiciones
económicas no permiten a una parte de la población hacer frente
a sus
necesidades básicas. Distribuir la riqueza generada por unos,
para que otros
que no alcanzan a ella puedan sentirse plenos en el desarrollo
de su vidas. El
también llamado Estado de Bienestar.
Por supuesto que esta concepción de
la vida y de la riqueza
da pie al uso político que se hace, y que, con matices, es
bastante universal.
Cualquier político sabe que si “redistribuye” puede hacerse
popular y obtener
más votos en el futuro. Y hasta pasar a la historia como una
persona de bien
que se ocupa de “los humildes”.
Pero la producción de riqueza tiene
su correlato directo en
la productividad, es decir en la cantidad de bienes y servicios
que es posible
producir mediante un aporte determinado de capital y mano de
obra. En la
productividad influyen factores como la
tecnología, la educación de la población, la especialización y
la carga
administrativa de sostener al Estado. Es
aquí justamente donde entra a jugar el distribucionismo. El
Estado aplica impuestos
con el objeto de poder cumplir sus
funciones. Si entre sus funciones está la de atender a quienes
no tienen acceso
en un momento dado a determinado grado de bienestar, entonces
también ésta
función deberá ser atendida.
Pero esta atención tiene un costo. Y
ese costo incide en la
productividad empresaria.
En países como la Argentina la carga
tributaria es muy
grande, y no solamente por el costo económico o financiero
directo que
significa aplicar determinadas alícuotas o impuestos; sino
también por el costo
administrativo que deben afrontar las empresas y los
particulares para cumplir
con las exigencias de los organismos de control tributario. Todo
este costo
deteriora la productividad.
A partir de la crisis de fines de
2001, se adoptó en el país
una política de tipo de cambio alto, también denominado cambio
competitivo. Se
buscó instalar un alto precio de la divisa para de ese modo
favorecer la
competitividad. Al
percibir los
empresarios más pesos por sus ventas, su situación de
competencia mejora.
Pero obviamente que este es un
artilugio monetario que no
reemplaza en modo alguno a la necesidad de volverse más
competitivos. Y el
artilugio, además, genera consecuencias, como por ejemplo la
alta inflación que
ahora padece el país. Además,
lo mismo
que anteriores artilugios (como la llamada convertibilidad) no
puede sostenerse
indefinidamente. Eso es lo que está ocurriendo en estos
momentos, en donde se
aplican todo tipo de restricciones en el mercado cambiario
porque una
devaluación mayúscula de la moneda generaría un irrefrenable
impulso
inflacionario adicional que muy probablemente terminaría muy
mal.
La realidad indica claramente que en
nuestro país, luego de
más de 60 o 70 años de políticas redistributivas de la riqueza,
el atraso
económico, tecnológico y, como derivados directos de ello, el
atraso cultural
se han hecho evidentes.
Ninguno de los postulados en los que
se basa la distribución de
la riqueza sirve para eliminar las carencias. Por el contrario
las anquilosa y
las convierte en permanentes. La ayuda social por tiempo
indeterminado no
resuelve los problemas de la falta de trabajo, de la pobreza o
de la exclusión social,
sino todo lo
contrario, los vuelve permanentes. Esto es así porque quienes se
ven
beneficiados por ayudas o privilegios monetarios, por naturaleza
prefieren
conservarlos. Y quienes se los otorgan también, dado que así se
garantizan las
futuras elecciones políticas.
Pero el costo de sostener el sistema
influye negativamente en
la productividad y anula progresivamente la posibilidad de
competir, a menos
que los precios internacionales de los productos exportables
suba de tal manera
que compense la diferencia. Eso es lo que ha ocurrido en estos
años con la
producción primaria, especialmente de soja.
En los países centrales europeos, e
inclusive en EEUU (aunque
allí en mucha menor medida) existe una extensa gama de subsidios
y atenciones a
los efectos de garantizar a la población determinados
beneficios. Los estados
europeos se han sobre endeudado a
lo largo de los años como resultado precisamente de esa
política. Allí ni los
impuestos fueron suficientes. Y
la
inflación (ese impuesto encubierto tan común en países como el
nuestro) no es
bien vista en aquellas latitudes.
La verdad es que los resultados de
esta clase de ideología no
han sido en absoluto positivos. Mantener la idea de que la vida
no tiene un
costo y de que en cualquier situación el Estado acudirá en
nuestra ayuda no es,
desde ningún punto de vista, algo razonable.
Es posible atender situaciones
límite, dentro de ciertas
pautas bien estudiadas, con ajustes econométricos y cálculos
actuariales.
Incluso asumiendo el costo. Lo que no es posible es suponer que
la ayuda puede
ser ilimitada y permanente. Es obvio que se trata de una
ilusión. Una ilusión
que sólo sirve para postergar el desarrollo, que contribuye a
una suerte de
humillación social y que desincentiva la universal necesidad de
esforzarse en
pos de un mundo mejor.
Atender lo básico durante un lapso,
mientras se desarrollan
políticas que tiendan a mejorar la eficiencia, es saludable.
Pero aún así tiene
un costo. Y ese costo debe ser contemplado.
La política y los políticos en
general tienden a tirar la
pelota hacia adelante, y no se hacen cargo luego de las
consecuencias, pidiendo
una y otra vez refinanciaciones, o cayendo directamente en
cesaciones de pago
como en el caso argentino.
El distribucionismo eterno y sin
límites es una peligrosa
ilusión. Es necesario siempre tener en cuenta lo que cuesta y
cómo se afronta
el pago de todo. En la vida no existe la gratuidad. Alguien debe
pagarlo.
Inundar el mercado de billetes de
banco no es sinónimo de
reparto de riquezas. Es bueno tenerlo bien en cuenta. De una vez
y para
siempre. Aunque sea muy difícil aceptarlo.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 24
de setiembre de
2012
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