Segunda opinión
TOMAR NOTA DE
LOS BUEYES CON QUE
ARAMOS
No
vamos a repetir acá todo lo ocurrido en estas últimas horas con
relación a la
llamada ley de medios audiovisuales y el reclamo del grupo
Clarín.
Todos
sabemos lo ocurrido y lo que es más, todos sabemos de qué se
trata. De qué va la cosa, como dicen los españoles.
Luego
de conocida la decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial de
extender la
medida cautelar planteada por el multimedios, los funcionarios
evidentemente
impulsados por la propia presidenta de la Nación, salieron a
criticar de manera
impúdica a jueces de reconocida probidad. Jueces que como es
obvio representan
al tercer poder de la República, al cual han acudido las partes
para resolver
la constitucionalidad o no de dos artículos de la citada ley.
Como
ocurriera con el caso de la Fragata Libertad, retenida en Ghana;
o con el juez
neoyorkino Thomas Griesa, el ataque estuvo dirigido en general
contra los
encargados de juzgar.
Basta
que las decisiones judiciales no resulten favorables a las
pretensiones del
Poder Ejecutivo, para que salga la andanada de críticas al
“colonialismo
judicial”, a los jueces comprados por la otra parte, a la
preeminencia de las
potencias occidentales o a la influencia nefasta de los llamados
“fondos buitre”. Da lo
mismo.
Cuando
la justicia del país del Norte resolvió dar más tiempo para
responder a nuestro
país, la decisión fue recibida con júbilo en los despachos
oficiales; en los
mismos despachos y por las mismas caras que horas antes tomaban
para sí la muletilla
del “colonialismo” puesta a rodar por la presidenta de la
Nación.
El
Poder Ejecutivo emite bonos, promulga leyes, decide caminos a
seguir y luego,
cuando los involucrados recurren a la justicia local o
internacional y éstas
fallan en contra, los funcionarios salen con los tapones de
punta poco menos
que contra el universo que nos es esquivo.
Todo
esto sin dejar de recordar que en los últimos días existió una
clara presión
sobre la justicia argentina para lograr el objetivo bastardo de
conseguir jueces
adictos que fallaran a favor del Poder Ejecutivo. Una verdadera
vergüenza
institucional.
Los
periodistas pagos por el gobierno, o adictos al régimen, han
salido por estas
horas con toda clase de diatribas, hablando entre otras cosas de
la
“hipocresía” de la Corte Suprema. Una verdadera afrenta en este
caso del otrora
opositor Víctor Hugo Morales, que francamente muestra una faceta
mezquina e
insultante que personalmente no le conocíamos.
Sería bueno que fundamentara sus dichos, dado que lugares
donde hacerlo
tiene de sobra. Pero lo cierto que ya no lo hizo, y quedó en
evidencia.
Los
insultos y las descalificaciones son patrimonio de este gobierno
y de sus más
encumbrados funcionarios. Lo mismo ocurrió cuando fue de la
famosa resolución
125. También cuando salió la gente a protestar en los llamados
cacerolazos.
Uno
puede ver en esta actitud la bronca del prepotente que no
consigue su objetivo.
También la soberbia del que espera que nada le resulte contrario
a sus
designios.
La
idea que subyace sería más o manos la siguiente: “Si avanzamos
sobre un
accionista de YPF y le quitamos sus acciones sin pagar un solo
peso, o si
amenazamos con apoderarnos de medios de radiodifusión de un
grupo al que
claramente le tenemos inquina, podemos hacerlo y nada nos
detendrá” “ Y si al
mismo tiempo permitimos que otros multimedios operen como si la
ley de medios
no existiera, porque no es lo que nos interesa, tampoco”,
agregan.
La
notable incongruencia está a la vista. Los jueces son
hipócritas, títeres o
están al servicio de oscuros intereses cuando no nos dan la
razón. Los fallos
de la Corte no se dictan para ser cumplidos si no resultan
favorables a la
posición oficial. Y los jueces son pasibles de todo tipo de
diatribas. Incluso
los jueces internacionales.
En
el caso del juez Griesa, el director de la Biblioteca Nacional
Horacio
González, llegó a analizar sesudamente sus rasgos para encontrar
en él a un
autoritario al servicio del Imperio. Si no estuviéramos tratando
de escribir en
serio diríamos que lo que expresó es una soberana gansada. Pero
como intentamos
ser serios, debemos entonces decir que intentar valorar a una
persona por sus
rasgos es lo que hizo el nazismo, con las consecuencias que
todos, salvo
Ahmadinejad y unos cuantos locos, conocemos.
Obviamente
no esperamos que un oscuro director de una biblioteca que alguna
vez intentó
impedir que Vargas Llosa inaugurara la Feria del Libro por sus
ideas políticas,
va a provocar en el mundo el daño que provocó el nazismo, pero
no deja de ser
necesario poner sobre el tapete estas cosas. Porque los grandes
depredadores
prehistóricos salieron de un huevito como inocentes bichitos
antes de
convertirse en grandes monstruos devoradores de carne.
Lo
más triste en todo esto es que desde la dirigencia política en
general se ha
venido tomando casi con displicencia la actitud de un gobierno
de rasgos
claramente autoritarios. En
estos temas
que estamos comentando y en muchos otros.
La
ley de medios fue votada en el Congreso por muchos legisladores
que no forman
parte del partido gobernante. Lo mismo la ley que confiscó la
empresa YPF. Para
citar otro ejemplo.
Un
gobierno que sabemos que desconoce los fallos de la Corte, que
sabemos que
presiona y abusa del poder, que sabemos que oculta sonadísimos
casos de
presunción de corrupción, que hasta el presente no ha dado una
sola explicación
de lo ocurrido con Ciccone Calcográfica, o con el caso del
emprendimiento
Sueños Compartidos, o con la situación de la dirigente Milagro
Sala en Jujuy, o
con el tema de Antonini Wilson y su valija llena de dólares y su
salida del
país sin ningún problema, o con el caso del sobreseimiento por
enriquecimiento
ilícito del matrimonio presidencial.
Un
gobierno que clara y manifiestamente le miente a la gente en una
universidad
norteamericana, o en los índices de inflación. O en lo que sea.
Un
gobierno que actúa de este modo en infinidad de situaciones es
un gobierno que
merece el mayor cuidado a la hora de acompañarlo en los
proyectos que sean. Es
decir, más allá de compartir su punto de vista. Porque es bien
claro que se
trata de un gobierno que incumple la ley, que incluso se burla
de los
habitantes de la Nación cuando la señora presidenta dice
públicamente que no
mandará los gendarmes por más que se lo pidan; o cuando nos dice
sin ponerse
colorada que acá de llevan a cabo conferencias de prensa y no
existe un “cepo
cambiario”.
Un
gobierno que no toma medidas seria contra la inseguridad. Que no
hace sino
pelear abiertamente con el jefe capitalino afectando a millones
de personas.
Un gobierno que
niega la realidad económica,
en suma. En tales
condiciones, un
gobierno como este merecería tomar recaudos. Serios recaudos.
Merecería
también mayores críticas de parte de opositores. Merecería en
serio intentar
armar una plataforma donde se bosquejen unos cuantos principios
comunes que
cualquier persona de bien ha de tener, cualquiera sea su
ideología.
Y
volviendo a la ley de medios: mientras todos vemos cómo se ha
achicado el
espectro de opiniones mediante ardides políticos y económicos,
mediante
asignación de partidas obscenas de publicidad a medios casi
inexistentes,
mediante presiones que incluyen “resoluciones” de un secretario
de comercio
psicópata que impiden difundir datos a economistas privados,
etc. Mientras todo
esto ocurre, la señora presidenta sigue repitiendo como un
sonsonete que lo que
se busca es “democratizar” la
libertad
de expresión, que más voces se escuchen y vean.
Mientras
va en una dirección totalitaria, afirma sin inmutarse que va en
la dirección
contraria. Es realmente notable. Tan notable como evidente que
acá se trata de
que, de una buena vez por todas, tomemos real nota de con qué
bueyes aramos.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 8
de diciembre de
2012
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