Segunda Opinión
Suplemento del boletín de actualidad económica y
fiscal
En el discurso de apertura de las sesiones
ordinarias del Congreso
Nacional, la señora presidenta se refirió largamente a una gran
cantidad de
temas, con abundante cantidad de datos y referencias históricas.
Sin embargo,
nada dijo que sepamos de los dos grandes problemas de la actual
situación de la
economía. Esto es, de la inflación y el cepo cambiario.
Es evidente que existe una intención clara de
parte del gobierno de no
hacer referencia a estas cuestiones. No resulta creíble a estas
alturas la
versión de que la presidenta cree que no existen.
El problema inflacionario es de larga data en el
gobierno del matrimonio
Kirchner. Comenzó en los albores del año 2003 con la política de
“tipo de
cambio alto” forjada por el Dr. Lavagna para sostener una
competitividad
forzada mediante la emisión de moneda para adquirir dólares
caros por parte del
Banco Central.
Al cabo de unos años, la suba de precios inherente
al “modelo” terminó
licuando el tipo de
cambio inflado
artificialmente, y ante la imposibilidad de afrontar el frente
externo si se
reconoce una devaluación que adecue las cosas a la realidad, el
actual gobierno
recurrió a lo que la gente denominó el cepo cambiario. Pero, al mismo tiempo, la
falta de recursos
fiscales suficientes obligó a la emisión de moneda sin ningún
respaldo, como
tantas veces ocurrió a lo largo de la historia argentina del
siglo XX.
El estado de cosas ha llevado a la aplicación de
controles de precios, que
forzosamente deberán ser multiplicados en las próximas semanas
para poder
sostener la ilusión de una baja inflación que el sólo hecho de
imponer
semejantes controles demuestra lo contrario. A esto se ha sumado
la insólita,
inconstitucional y hasta patética prohibición de publicar avisos
en los diarios
a los supermercados y cadenas de electrodomésticos para aplacar
la demanda.
En su momento, la señora presidenta también negó
la existencia del cepo al
mercado cambiario, y adujo para ello al
hecho de que los argentinos pueden viajar al exterior y operar
en divisas sin
problemas.
La verdad es, sin embargo, claramente otra. Ambos
problemas están acuciando
al gobierno y a la población, afectando la tranquilidad y las
expectativas
futuras, y generando desconfianza y mercados negros.
La presidenta hizo muchas referencias, como queda
dicho, a evoluciones
históricas. Y con independencia de que las comparaciones las
hizo en general con
los momentos más aciagos de la crisis (años 2002 y 2003)lo cual
de por sí es
engañoso, es sintomático que se hubiera manejado con datos
nominales, es decir
no ajustados por el ritmo inflacionario. Hablar de ajustes del
1000% sin
contemplar los efectos de la inflación hace presumir que el
gobierno cree que
quien percibe montos de ese calibre está ganando 10 veces más.
Lo cual a todas
luces es irreal en términos de cantidad de bienes adquiribles.
El mercado cambiario está en una situación
sumamente comprometida. El dólar
denominado “blue” ha llegado a los 8 pesos, terminando la semana
en un valor de
$ 7,80. Mientras tanto, en Montevideo las casas de cambio
operaban a $9,45 por
unidad en el cierre de la semana pasada. Un exportador de soja
percibe por cada
dólar un valor neto de $ 3,30. El problema existe y es muy real.
Y demasiado
grave como para ignorarlo.
La verdad es que la lógica hubiera indicado que un
discurso de apertura de
sesiones tuviera referencias a estos problemas y a cómo se
supone que el actual
gobierno encarará los mismos en este año parlamentario que se
inicia. Esto no
ha ocurrido.
Uno puede arriesgar y tratar de conjeturar en el
trasfondo ideológico que
envuelve al núcleo gobernante. Hace un par de semanas un diario
de línea
oficialista hacía referencia a la devaluación del bolívar en
Venezuela mediante
un párrafo asaz llamativo: “Venezuela contra los ataques
especulativos”…el
dólar oficial se devaluó a 6,30 bolívares … “aunque en el ilegal
mercado
paralelo este monto se duplica o triplica…”
Es interesante analizar un poco estas líneas, que
fueron publicadas en
Página 12. En primer lugar la mención de un mercado “ilegal”;
que evidentemente
es así en tanto la ley lo diga, pero que no cambia el hecho de
que tal mercado
existe, y en él existe una oferta y una demanda. Eso aparte del
hecho de que,
en el caso argentino, no son pocos los que señalan que el propio
gobierno
interviene para evitar que el “blue” se dispare, y los llamados
“arbolitos” son
moneda corriente en el Microcentro de Buenos Aires sin que nadie
los detenga en
su accionar. De igual manera que los controles de precios, la
fijación de tipos
de cambio apuntan siempre a no aceptar que el mercado hace subir
el precio de
la moneda extranjera. Se recurre a una especie de chaleco de
fuerza legal para
evitar una realidad incontrastable. La presión inflacionaria, la
incertidumbre,
la falta de confianza y un montón de factores asociados producen
la suba del tipo
de cambio. Y uno de los motivos es
la
prohibición oficial de que la gente adquiera libremente la
moneda extranjera en
casas de cambio. Aquello que no se puede adquirir porque se
prohíbe su venta,
sube de precio si hay demanda. Y nadie puede declarar la
ilegalidad de la
demanda. Por eso cada vez que este tipo de políticas se aplican,
los analistas
sólo están tratando de ver cómo se sale de ellas. Y nunca la
salida ha sido
suave ni tranquila, sino más bien explosiva por las presiones
acumuladas. Este dato
también ayuda a crear un clima
negativo y aumenta la demanda de moneda extranjera.
El párrafo al que hacemos referencia también
señala que el dólar paralelo
en el país bolivariano “duplica o triplica” el valor oficial. En
esto hay un
juego comunicacional que va de consuno con la visión ideológica
de la cuestión.
Todo el mundo sabe que en la Argentina el dólar “blue” vale
alrededor de $ 8.-
y que si extrapolamos el comentario del diario en cuestión
estaríamos ante la
posibilidad de que costara entre 8 y 16 pesos. Es decir, una
afirmación falaz,
producto de la moda del “relato” que intenta desvirtuar el
mercado libre al
afirmar que una moneda extranjera puede costar, alegremente, la
mitad o el
doble.
Sabemos que en nuestro país hace varios años que
las mediciones de
inflación y demás que surgen del INDEC son consideradas erróneas
por las
consultoras privadas en general. Y también lo son por las
provincias que miden
la propia inflación. En términos generales, mientras el gobierno
habla de una
inflación que no llega a los 10 puntos, las demás mediciones
acercan la cifra a
los 25 puntos. La distorsión es muy grande y afecta a otras
mediciones conexas,
como el precio de la canasta básica o los índices de pobreza o
indigencia, que
reflejan de tal modo datos irreales.
Probablemente los ideólogos del gobierno tuvieran
tendencia a presuponer
que los índices son “ilegales” y que debieran todos ceñirse a
los “legales”. De
hecho varias consultoras fueron multadas y debieron dejar de
publicar sus
estimaciones. Pero la realidad cayó como un baldazo cuando
alguien hizo la
cuenta y concluyó que una persona puede comer con algo más de $
6.- por día. La
demostración por el absurdo que aprendimos en la escuela
secundaria podemos
verla en la realidad económica argentina.
La idea de que existe una moneda de curso legal y
de que el gobierno puede
fijarle el valor que todo el mundo debe aceptar, se choca con la
realidad de
que la gente no confía y no respeta esos valores. En verdad, el
Congreso fija
el valor de la moneda, pero para sostenerlo existen
instituciones creadas al
efecto, como el Banco Central. La moneda es un pagaré, y su
valor está dado por
el respeto y la confianza que la gente le asigna, y no por el
surrealista
intento de obligar a ahorrar en pesos.
El problema inflacionario no es, visto desde su
origen, otra cosa que un
problema monetario. No es que suben los precios porque sí, sino
que suben
porque aumenta la cantidad de moneda circulante y ésta pierde su
valor. Hay
otros factores que puede producir inflación, como la llamada
aceleración de
circulación de la moneda u otros. Pero esencialmente si aumenta
la cantidad de
circulante en torno del 40% anual y el producto bruto apenas
crece un 1%,
estamos ante una presión inflacionaria enorme. Y por añadidura
también estamos
ante una presión similar en el tipo de cambio.
Esto es así e intentar esconderlo debajo de la
alfombra sólo genera más desconfianza.
Porque los problemas deben ser encarados para ser resueltos. Y
la sensación que
la población tiene es la de que el gobierno no toma nota de que
existen. El
hecho de que la presidenta se maneje con cifras nominales es una
clara muestra
de ello.
Dicen los psicoanalistas que la mejor manera de
encarar los problemas es
empezar por reconocer que existen. No parece que ello haya
ocurrido hasta el
momento.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos Aires, 3
de marzo de 2013
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