VOLVIMOS AL "LO ATAMO´ CON ALAMBRE" 22/10/13

El Ágora

ACTUALIDAD ECONÓMICA: VOLVIMOS AL “LO ATAMO´CON ALAMBRE”

Hagamos un poco de historia: la Argentina vivió económicamente cerrada al mundo durante muchísimos años con el argumento de que había que fomentar la producción nacional, dar empleo y crear las condiciones para el desarrollo industrial. Partiendo de esta base, los sucesivos gobiernos llevaron adelante políticas con la intención de promover determinadas actividades, con el objetivo de alcanzar una independencia económica considerada vital, dado que el aparato agrícola ganadero aparecía desvirtuado aquella recordada teoría del economista Raúl Prebisch:  “ el deterioro en los términos del intercambio”. En otras palabras, parecía conveniente desarrollar la industria en tal o cual sector, para evitar tener que importar bienes de capital o incluso de consumo que cada vez nos costaban más toneladas de trigo o de carne. La idea de que los productos primarios perdían valor con relación a las manufacturas duró muchos años. Demasiados. Hasta que la realidad demostró que  desde las oleaginosas hasta el petróleo pueden demoler cualquier fundamento teórico.

Con los años, las iniciativas de “sustitución de importaciones”  fueron muy variadas. Desde fabricar automóviles, hasta acero, aluminio, o papel para diarios. Todo con apoyo del Estado, es decir, con el producido de los impuestos que paradójicamente provenían de las rentas de la actividad agropecuaria.

Siempre nos resultó forzado el argumento del deterioro en los términos del intercambio, especialmente porque la producción de determinados bienes, sean éstos industriales o agropecuarios, es absolutamente mutante. Los bienes industriales no son siempre los mismos, ni de igual calidad ni de similar grado de avance tecnológico. Y las materias primas no siempre se producen en la misma proporción, entre otras cosas por los avances que se producen en la genética, tanto agrícola como ganadera.

La Argentina eligió el camino de intentar industrializarse siguiendo los parámetros que cada gobierno trazara en materia de prioridades: ora vehículos, ora aviones, ora acero, ora aluminio o lo que fuera. En algún momento hasta se protegió sobremanera la industria de las incipientes calculadoras de bolsillo con el objetivo de desarrollar en el país la industria de la computación. Mientras el sector verdaderamente rentable y eficiente de la economía debía pagar por las iniciativas surgidas de la frondosa imaginación de los funcionarios, que por las razones que fueren elegían qué cosa había que intentar desarrollar.

Hace ya muchos años, una ley de “compre nacional” dispuso entre otras cosas que quienes deseaban importan algún bien de capital debían consultar primeramente a la cámara del ramo correspondiente para ver si la industria nacional disponía de ese bien, o en caso de no ser así, si podría disponerlo dentro de un plazo determinado, que si no recordamos mal era de 6 meses. No entraban en juego ni la calidad ni el precio del bien en cuestión. Y al final tampoco terminaba siendo importante el plazo para la producción y entrega.

En materia de los llamados servicios públicos, el cuadro era (y en buena medida sigue siéndolo) que el Estado debía prestar tales servicios sin competencia alguna, mediante la fijación de las tarifas basándose en cuestiones vinculadas con un cúmulo de razones por lo general arbitrarias y de ocasión, pero prácticamente nunca basándose en expectativas de rentabilidad o necesidades de actualización o reinversión para mantener la eficiencia y calidad el servicio.

De esta forma se llegó a finales de los años 80 con un país en el que prácticamente los servicios que debía prestar el Estado porque se lo había impuesto así, eran absolutamente deficitarios y de pésima calidad. La telefonía, la electricidad, el agua corriente y el abastecimiento de combustibles sufrían las consecuencias de décadas de tarifas políticas y desinversión.

Muchos recordarán la falta de electricidad en verano o los cortes de luz programados. También que hacían falta más de 30 años para conseguir una línea telefónica que funcionaba “por pulsos”. Y seguramente habrán tenido que hacer largas colas alguna vez para cargar nafta. O quizás dejado algún café sin tomar por el gusto a cloro del agua de red con que estaba hecho. Y ni qué hablar de la imagen del Microcentro lleno de generadores de electricidad y cruzadas sus calles por centenares de cables aéreos que tapaban el sol, muchos de ellos servían para compartir las escasísimas líneas telefónicas existentes.

La base del prolongado deterioro de nuestro país tiene mucho que ver con lo que acá someramente revivimos.

La protección industrial llevó a una industria subdesarrollada, cara y de mala calidad. Incapaz de competir a gran escala con el mundo. El sistema de servicios públicos directamente llegó al colapso por falta de mantenimiento y de obras de infraestructura, y solamente se mantuvieron en pie, aunque muy deteriorados, algunos ramales troncales del ferrocarril nacional, que finalmente terminaron de desmantelarse durante los años 90.

En general los sucesivos gobiernos nunca aceptaron ni remotamente que las causas del prolongado deterioro de los servicios y la calidad de vida eran producto de las políticas llevadas adelante. En el medio, siempre aparecieron todo tipo de fantasmas vinculados a supuestas o incluso reales fuerzas del mal que intentaban beneficiarse a costa del pueblo argentino. Sin embargo, un análisis imparcial  no puede dejar de tomar en cuenta todo esto que a manera de reseña venimos señalando. Podemos discutir las bondades de determinado tipo de proteccionismo en cuanto a su duración, pautas de recupero del costo incurrido, etc. Lo que es indiscutible es la inviabilidad de aplicar proteccionismo sine die.

Cuando en los años 90 se inició el proceso privatizador, el mismo fue aceptado de manera mayoritaria por las diversas fuerzas políticas, encabezadas por el oficialismo de filiación justicialista. Si bien hubo no pocas denunciadas trapisondas en el medio, lo cierto es que el apoyo fue bastante generalizado, entre otras cosas porque nadie tenía variantes para ofrecer para salir del atraso. Al final del gobierno radical, las reservas del Banco Central llegaban a tan sólo 70 millones de dólares.

Cabe recordar, por otra parte, que varias de las llamadas privatizaciones fueron en realidad concesiones, dado que los bienes no dejaron de ser del Estado argentino. En efecto, desde el petróleo hasta los vetustos ferrocarriles, siguieron siendo patrimonio nacional. Y lo son aún hoy. Tan sólo se otorgó en concesión el  gerenciamiento.

A fines de los años 90 la llamada “convertibilidad”, que había funcionado como verdadero corsé antiinflacionario, estaba agotada. El agotamiento de un sistema de conversión monetaria está relacionado de manera directa con la comparación relativa entre la productividad el país versus tal productividad en el país de la moneda de referencia. Dicho de otro modo: si la moneda de referencia es el dólar, es obvio que el producido argentino debe ser muy similar al producido norteamericano. De lo contrario resulta insostenible mantener la paridad cambiaria, dado que si un dólar produce más bienes en EEUU que en la Argentina, la lógica indica que el precio del dólar debe subir en pesos, o las importaciones de bienes terminan reemplazando a la producción nacional.

Mucho de eso es lo que pasó en la Argentina. Por eso finalmente la llamada “convertibilidad” llegó a su fin y el resto es más o menos historia conocida.

La devaluación llevó a la moneda norteamericana a 4 pesos en poco más de un mes, y luego se estabilizó algo por debajo de los 3 pesos durante bastante tiempo. Así y todo, el precio de la divisa era sostenido “alto” de manera artificial, mediante el recurso de emitir moneda para comprar los dólares que ingresaban a gran escala producto de la mejora relativa del precio de las commodities, que por otra parte daba definitivamente por tierra con aquella teoría del “deterioro en los términos del intercambio”.

El gobierno nacional puso en práctica las llamadas “retenciones a las exportaciones” (en verdad el impuesto a las exportaciones) con el argumento de la emergencia económica luego de la crisis de 2001/2002. Hasta el cansancio se reiteró que se trataba de un impuesto distorsivo y que finalmente sería revertido, lo que nunca ocurrió hasta ahora.

La salida de la llamada “convertibilidad” bajó el gasto público en dólares de manera increíble, prácticamente al 25% o 30% de lo que era, mientras al mismo tiempo el Estado se hacía de enormes diferencias producto de las “retenciones” mencionadas y la suba de los precios internacionales. El país se había convertido en superavitario producto del dólar alto, de las retenciones y de los precios internacionales de las commodities. Para ser más claros: no era que de golpe nos volvimos eficientes y poderosos, no. Simplemente se había producido internacionalmente un cambio de precios relativos y adicionalmente el país recurría nuevamente a un artilugio monetario (el del dólar alto) para poder ser “competitivos”. Lo repetían los funcionarios una y otra vez.

Decir que para ser competitivos hay que poner un dólar alto equivale a decir que con un dólar a un precio de mercado no lo somos. Algo tan simple y obvio como esto jamás fue analizado en la Argentina de estos años.

Estaba bien claro que no era que nos habíamos vuelto competitivos, sino que nos habíamos vuelto competitivos gracias al dólar alto. Gracias, entonces, a un artilugio monetario más. Artilugio que como sabemos se terminó hace rato y hoy es inviable, como antes terminó siendo  inviable la “convertibilidad”.

En todos estos años de gobierno de los Kirchner, se avanzó en una política de subsidios y de sostenimiento de tarifas políticas con negación y adulteración de la inflación. Aquel superávit producto del dólar alto y de las retenciones se gastó en el pago de subsidios de todo tipo en lugar de reservarse para la adquisición de los dólares necesarios para el pago de la deuda externa. Así es como luego se recurrió al uso indebido de las reservas del Banco Central para hacer frente a los servicios de tal deuda. También se recurrió a la confiscación de las AFJP, de cuyo capital acumulado el gobierno nacional dispone hoy por hoy como le dé la real gana.

Por estas horas está sobre el tapete el nuevo accidente ferroviario de Once y todos somos testigos del impresionante deterioro del sistema sufrido en los últimos 25 años. Pero el deterioro empezó mucho antes, luego de la estatización en los años 40. Y tal deterioro también abarcó a los demás servicios, hasta que en los año 90 las concesiones y privatizaciones dieron un respiro. Esto no es políticamente correcto decirlo hoy en día, pero lo cierto es que las inversiones que se hicieron en la década del 90 en infraestructura telefónica (fibra óptica, redes troncales, telefonía pública y celular) , en oleoductos y gasoductos, en tendido eléctrico y en mejoramiento del sistema de aguas corrientes fueron enormes. Por supuesto que las empresas que se animaron a invertir en estas latitudes, no iban a hacerlo pensando que esto es Suiza,  de manera que todas ellas tomaron todos los recaudos del caso para maximizar sus beneficios y recuperar lo antes posible la inversión que pudieran haber realizado. Y por más que apene decirlo, lo cierto es que tuvieron razón: cuando en 2002 se congelaron todos los contratos y se “pesificaron” los depósitos bancarios quedó en evidencia una situación real verdaderamente calamitosa.

En los últimos años, el sostenimiento de tarifas, subsidios, asignaciones universales y demás fueron concebidos como políticas de Estado tendientes a terminar con la pobreza. Lo cierto es que para terminar con la pobreza lo que hace falta es atraer capitales, lograr inversiones y desarrollar de manera genuina la actividad económica. Los subsidios y las ayudas no son sino paliativos, que si se sostienen en el tiempo es porque el país no ha generado las condiciones para que se haga otra cosa. Esto para pensar bien y dejar de lado suspicacias como las del llamado ”clientelismo” político. Digamos que tal vez un poco de cada cosa. Y tengamos presente que la distribución de todo tipo de subsidios y asignaciones ha sido difundida una y mil veces como una suerte de gesta emancipadora en contra de la pobreza, cuando en realidad lo que hace es mostrar que cuando más necesidad de reparto de dinero hay, más instalada está la pobreza. Se nos ha presentado como éxito lo que en verdad es un estrepitoso fracaso.

Del mismo modo, las políticas proteccionistas de las que hablábamos al principio, resurgieron como una suerte de reaseguro del fomento de “lo nacional”, sin tomar siquiera en cuenta la historia vivida, ni mucho menos analizar si fue la libertad económica relativa de los años 90, o tal libertad económica con cambio fijo lo que produjo el verdadero daño.

Porque hay que ser bien claros: la libertad del comercio exterior requiere que la variable precio de la divisa fluctúe como fluctúa, por dar un ejemplo, el precio de la hacienda. A mayor demanda de bienes importados, mayor demanda de dólares, mayor precio de los dólares. Así se equilibra el precio de los bienes importados respecto de los nacionales. Porque lo que ocurrió entre nosotros es que la diferencia entre la productividad argentina versus la productividad norteamericana (dicho así para simplificar) se fue agrandando con los años (la primera bajaba con relación a la segunda), de manera que crecía día a día la demanda de dólares, que siempre eran vendidos a un peso, contradiciendo visiblemente la llamada ley de oferta y demanda.

Algo similar ocurre en estos días, donde para importar, además de tener que solicitar inconstitucionales “permisos”, lo cierto es que se consiguen los dólares  $5,80 cuando su valor de mercado es $ 10. Tales “permisos” se otorgan con cuenta gotas y de manera arbitraria, y además son notoriamente insuficientes, porque el gobierno pretende mantener así una balanza comercial favorable, a costa de paralizar las actividades que requieren insumos importados.

Así es como hoy en día todos sufrimos el atraso tecnológico nuevamente. No se consiguen repuestos de electrodomésticos, de automóviles y de lo que sea, no funcionan los celulares por falta de infraestructura adecuada, etc.

Precisamente los dólares netos que se generan como consecuencia de las restricciones a las importaciones, se utilizan para importar combustibles y energía eléctrica, por cifras pavorosas que superan los 15.000 millones de dólares cuando hace apenas unos años contábamos con un superávit comercial en el rubro de hasta 5.000 millones de dólares. Luego de la confiscación de YPF no parece posible conseguir las impresionantes cantidades de inversiones requeridas para desarrollar Vaca Muerta.

La infraestructura vial no ha mejorado prácticamente nada. No hay nuevas rutas, ni mucho menos cadenas de autopistas. Además de importar  miles de millones de dólares de combustibles, se mantiene latente una crisis energética que el gobierno negó por años. Nos quedamos sin trigo por las políticas basadas en argumentos populistas sobre “la mesa de los argentinos”, perdimos innumerables mercados cárnicos (incluyendo el incumplimiento de la cuota Hilton los últimos 4 años) luego del increíble ataque a la actividad que incluyó una incomprensible prohibición de exportar hasta los termoprocesados cárnicos;  y una larga cadena de etcéteras, mientras el cepo cambiario, como la inflación, siguen siendo negados de manera incomprensible.

Un capítulo aparte merece Aerolíneas Argentinas, que poco a poco vuelve a ser el monopolio de otrora, cuando ninguna empresa podía establecer nuevas rutas sin consultar a la “línea de bandera” ni fijar tarifas más bajas que las de la empresa estatal.

Las pérdidas fastuosas son otra consecuencia. Aerolíneas, Aysa, Ferrocarriles y demás sufren estrepitosos déficits que ni siquiera sabemos a cuánto ascienden porque no publican sus balances.

Y en materia de petróleo tenemos además la increíble confiscación que se hizo de YPF, quitándole a Repsol el dominio de la compañía de la noche a la mañana sin indemnización alguna y con argumentos no demostrados, basados en supuestos vaciamientos que no fueron otra cosa que el  acuerdo del gobierno kirchnerista con el grupo Eskenazi y Repsol, aprobados año tras año por el propio gobierno y su ministro de planeamiento. Como se recordará, Repsol se vio obligado a vender el 25% del paquete accionario al grupo Eskenazi a pagar contra futuras utilidades de la empresa, para lo cual se convino que se distribuyeran anualmente las utilidades totales entre los socios. De ese modo, el grupo citado abonaría su “compra”. Y finalmente se acusó a Repsol, entre otras cosas, de “vaciamiento”, precisamente por no reinvertir utilidades.

 Con tantas idas y venidas, con tantas cuestiones turbias, con tanta inseguridad jurídica, fuimos volviendo poco a poco al “lo atamo´con alambre” de las décadas anteriores.  Rellenamos los cartuchos de tinta  de las impresoras, mandamos a hacer los repuestos para el auto, traemos del Exterior lo que podemos en materia informática, tiramos microondas y lavarropas por falta de repuestos y una interminable cadena de etcéteras. Cruzamos a Uruguay para comprar remedios y a Chile para adquirir televisores y electrodomésticos en general.

Mientras el deterioro sigue, desde el poder los funcionarios nos hablan de la “década ganada”. La inflación galopante, el cepo cambiario, las increíbles dificultades para iniciar cualquier actividad o las ridiculeces del secretario de comercio, que exige por ejemplo exportar a una empresa por el mismo valor de lo que quiere importar sin interesarse de lo que sea o cómo sea; muestran una realidad decadente y sombría.

Un intervencionismo sin ton ni son. Los “aprietes” de los funcionarios. Las bravuconadas y los insultos. Y finalmente hasta la culpa de la inflación, que fue negada por años. Ahora son los empresarios que suben los precios y no el gobierno que emite moneda para cerrar sus cuentas. Es bueno recordar, para terminar, que en una economía de trueque la inflación es inexistente. Y que el único que fabrica moneda es el Estado. Tomemos nota de una buena vez y para siempre.

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                      Buenos Aires,  22 de octubre de 2013