El Ágora
EL ASISTENCIALISMO
En la actualidad más de 3.600.000
chicos menores de 18 años perciben en la Argentina la denominada Asignación
Universal por Hijo, y se dice que por razones burocráticas, ignorancia, falta
de documentación u otras cuestiones hay 1.500.000 niños más en condiciones de
recibirla que no lo hacen. La cifra es sencillamente descomunal.
Se calcula que el total de chicos
comprendidos en esas edades debe rondar unos 13.000.000, es decir que
prácticamente el 40% de ellos pertenece a hogares que no están en condiciones
de supervivencia mínima razonable como para no necesitar esta ayuda.
Si estimamos la población del país
en 44 millones de personas, y estimamos que cada familia está constituída en
promedio por 4 personas, tenemos unos 11 millones de hogares. Se calcula que en
promedio, por hogar, un niño y medio debe percibir la AUH, es decir unos
3.400.000 hogares deberían percibir la AUH por tener niños en edad de merecerla y condiciones de trabajo insuficientes. El
28% de los hogares.
Si pensamos que no todos los
hogares tienen hijos en las edades citadas, es fácil colegir que la cifra del
30 o 32% de pobreza en el país es más que razonable.
¿Cómo llegamos a esto? Obviamente por
las políticas de Estado que una y otra vez impidieron, negaron, trabaron o
entorpecieron las inversiones externas e internas de mil maneras. Con trabas,
controles, “permisos”, cepos cambiarios, prohibición de girar dividendos,
cierres de importaciones y exportaciones y un sinfín de “inventos” más, entre
los cuales se encuentra, como señalamos tantas veces, los cambios permanentes
de reglas de juego de todo tipo y color, incluyendo confiscaciones de empresas
y ahorros, cambios impositivos, intentos de prohibir despidos, dobles
indemnizaciones, la inconcebible estafa inflacionaria y mil etcéteras. Y todo
esto luego de haber tenido durante 12 años los mejores precios de las
commodities (trigo, soja, petróleo, maíz, etc) más altos de la historia que favorecieron
enormemente al país. No entramos aquí en la cuestión de la corrupción o las
licitaciones amañadas de obra pública porque nos parece fundamental no salirnos
del eje de razonamiento que pretendemos mantener.
Damos con números los datos referidos
a la AUH a modo de ejemplo, pero, como todos sabemos, en la Argentina existe un
sinnúmero de ayudas y subsidios de toda índole, desde planes para Jefas y
Jefes, ayuda escolar, por estudios, por uso doméstico de energía, por
transporte y “emprendimientos” y muchísimo más. Existen planes superpuestos en
Nación, Provincias y hasta Municipios, y también las denominadas “tarifas
sociales” para hogares de menores recursos, boleto económico para el transporte
escolar, o directamente gratuito, descuentos o gratuidad para jubilados en
diversas situaciones, y más y más etcéteras.
Se otorgan créditos subsidiados
para viviendas, se llevan adelante iniciativas para reducción de IVA u otros
impuestos y contribuciones sociales a determinados sectores, se avanza en
regímenes promocionales por zonas o regiones, y siguen los etcéteras.
Desde nuestra más tierna infancia,
recordamos una y otra vez planes de todo tipo para fnanciar viviendas, asignar
pensiones, otorgar jubilaciones incluso sin aportes y demás.
De una forma o de otra, todos
podemos decir que recibimos alguna forma de subsidio de manera directa o
indirecta. Esto es, como es obvio, apenas un repaso a vuelapluma.
Además de esto, y por lo menos
legalmente, todos tenemos acceso a la salud pública de manera gratuita, además
de tener la obligación de aportar a las llamadas “obras sociales” si somos
trabajadores en relación de dependencia o monotributistas, y al PAMI si somos
jubilados. Con lo cual contamos por así decirlo con doble cobertura médica. Lo
que dicho sea de paso viene a decirnos que no es cierto que los trabajadores
informales no tengan acceso a la salud, porque sí lo tienen en los hospitales públicos. Como todos
nosotros.
¿Cuál es el costo para el país de
todo este sistema asistencialista? La realidad es que no existen datos
concretos. A veces se tiran cifras a nivel nacional que, según hemos podido
revisar, suelen ser incompletas porque no cubren todos los aspectos. Pero si a
eso le agregamos las cifras de asistencialismo provincial y municipal o
departamental, los valores son increíbles.
Esto nos lleva a una conclusión
bastante simple y obvia: El Estado (nacional, provincial, municipal,
departamental) quita vía impuestos o mediante emisión de moneda, una enorme
cantidad de dinero de la producción para pagar el asistencialismo. Quitar ese
dinero a la producción significa ser menos eficientes productivamente, porque
quienes producen lo que sea deben contribuir al sostenimiento del sistema, que de
tal modo encarece sus productos y los vuelve poco competitivos. La baja
competitividad en la Argentina (y en muchas partes) pretende resolverse
mediante artilugios monetarios tales como elevar el tipo de cambio de manera
artificial, emitiendo moneda y comprando los dólares más caros de lo que valen
para de tal modo lograr que quienes desean exportar puedan hacerlo, dado que el
tipo de cambio alto permite vender al exterior a precios más bajos en dólares.
Claro que la contracara de esto, es
que la emisión de moneda por encima de los valores de mercado del tipo de
cambio, se transforma en inflación, que es lo que ha ocurrido en la Argentina
ya en tiempos de Néstor Kirchner. Finalmente, es imposible sostener el sistema,
el dólar debe “atrasarse” para evitar que aumente desmedidamente la inflación,
el país deja de ser competitivo (porque en muchos aspectos nunca lo fue, entre
otras cosas por “bancar” el asistencialismo) y finalmente se produce el
estallido.
Sabemos que decir esto no es políticamente
correcto y estamos acostumbrados a recibir críticas de todo tipo. Pero es la
realidad.
Que alguien proponga en la Argentina
reducir el asistencialismo es mal visto. Esa es la verdad. Todo el mundo
considera “correcto” ayudar al desvalido, y nosotros también. El punto es cómo
logramos que el desvalido deje de serlo y pase a producir su propio sustento,
es decir a tener un salario adecuado para poder pagar la luz, el gas, la
escuela de los chicos o lo que sea sin tener que recurrir a ayudas y dádivas
varias.
No existen los milagros, salvo para los
místicos. Acá de lo que se trata es de establecer reglas de juego estables, con
un Banco Central autónomo que sostenga en serio el valor de la moneda para
posibilitar las transacciones y los créditos a largo plazo y bajas tasas, la seguridad privada, el respeto
irrestricto de la propiedad privada, y un sistema tributario que sea ecuánime,
equitativo y que no castigue el éxito. Todo ello dentro de un Estado de Derecho
que funcione, con instituciones que funcionen, con leyes que se apliquen sí o
sí, y no que se conviertan en declamaciones para la tribuna.
No hay mucho más.
El asistencialismo se anquilosa, se lo
confunde con la forma de eliminar la pobreza, y no de eternizarla, y se lo defiende
porque considerarlo negativo es políticamente incorrecto.
Pues no. El asistencialismo, cuando se
vuelve masivo, es totalmente negativo. Debe concebirse como transitorio, hasta
tanto se resuelvan los problemas de fondo de la manera brevemente expuesta en
el párrafo anterior. Y si se asume que
la salud pública, lo mismo que la educación hasta cierto nivel, deben ser
gratuitas, hay que terminar con el doble o triple parámetro que consiste en
pagar impuestos para sostener lo público, al mismo tiempo que pagar aportes
para la “obra social” e incluso cuotas para la “prepaga”. Y lo mismo para las
escuelas, si pagamos impuestos para sostener la escuela pública, no es lógico
que debamos pagar además la cuota de la escuela privada de nuestros hijos.
A corregir estas cosas debe apuntar un
gobierno serio, positivo y que mire hacia adelante, para dejar un país mejor a
nuestros hijos y nietos. El resto, es pura cháchara pasatista, políticamente
correcta, y absolutamente contraproducente.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2016 HÉCTOR
BLAS TRILLO
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