El Ágora
¿GOBERNAR PARA LOS RICOS?
En términos generales, los resabios
del kirchnerismo, lo mismo que la izquierda, acusan a la actual administración
de estar “gobernando para los ricos”. De nada sirve que sepan, tanto estos
sectores como la comunidad en general, el estado en que quedó el país luego de
12 años de gobierno populista con claro sesgo autoritario. Ni las cifras de
pobreza difundidas por la UCA (ya que el anterior gobierno decidió no
difundirlas nunca más para no “estigmatizar” a los pobres), hasta los datos de
la UNICEF recientemente conocidos, demuestran que en la Argentina existe un 30%
por lo menos de la población por debajo de la línea de pobreza, y que 4
millones de niños entre 0 y 17 años se encuentran en condiciones paupérrimas de
supervivencia, por decir lo menos.
Se ha heredado una situación sobre
la que no vale la pena insistir, pero sí recordar a grandes rasgos: más de 20
millones de personas que reciben algún tipo de subsidio directo del Estado, la inmensa mayoría de la población con
sueldos inferiores a $ 6.500 por mes, un déficit público de 7% del PBI
nacional, una economía desquiciada, con caídas inconcebibles en volúmenes de
exportación, generación de energía (absolutamente deficitaria), economías regionales
paralizadas por el atraso cambiario, cierres de importaciones y exportaciones,
prohibición de giro de dividendos, endeudamiento del Tesoro Nacional con el
Banco Central del orden de los 40.000 millones de dólares, contratos oscuros y
cautivos con China y Rusia, préstamos leoninos al Banco Central denominados
“swaps” para sostener volúmenes de reservas, deudas de miles de millones de
dólares por importaciones impagas y un sinfín de etcéteras.
El nuevo gobierno ha salido al ruedo
intentando arreglar, a grandes rasgos, las principales distorsiones en la
economía, desde la salida del default con los denominados “holdouts”, hasta el
oprobioso y retrógrado “cepo” cambiario, pasando por el “sinceramiento” de
tarifas de servicios que llevaron al país al actual estado de déficit
energético, cortes de luz y de gas, baja de tensión y de presión en ambos
servicios, deterioro sostenido y constante del servicio de transporte y
nuevamente un montón de etcéteras.
La inflación, que era inexistente en tiempos
de la llamada convertibilidad, pasó a ser moneda corriente desde los tiempos en
que el ex ministro Lavagna pretendía mantener una economía “competitiva”
mediante el artilugio monetario de comprar dólares más caros de lo que valían,
emitiendo moneda para tal fin.
El actual gobierno, que siente una
inmensa culpa por tener que salir a sincerar tarifas (especialmente en Capital
Federal y Gran Buenos Aires, ya que en el Interior la situación es bien
distinta), rápidamente ha salido a intentar tapar agujeros otorgando “tarifas
sociales”, ayudas extra a los jubilados y ajustes a las apuradas en el
destruido esquema del impuesto a las ganancias. Al mismo tiempo, intenta llevar
adelante un proyecto de restitución de IVA a jubilados en determinadas condiciones
y con determinados topes. A su vez, reinstala en denominado “plan precios
cuidados” que no es más que un engaña pichanga para intentar disimular el
efecto de la inflación, que al dejar de estar reprimida por el cepo cambiario
se manifiesta en toda su contundencia.
Lo cierto es que nadie ignora que las
tarifas eran regaladas, tanto en gas y luz como en transporte. En
ferrocarriles, por ejemplo, no sólo eran ridículas sino que la mayoría de los
pasajeros no abonaban siquiera su boleto.
Lo ocurrido en años de
populismo fue que mucha gente se acostumbró a contar con servicios
prácticamente gratis, y por lo tanto a destinar el dinero a otros fines, que es
lo que normalmente ocurre en cualquier hogar y en cualquier circunstancia. Claro, esto en Capital y Gran Buenos Aires
fundamentalmente, porque en la región urbana se concentra el mayor porcentaje
de población del país y es aquí donde están los votos para el populismo.
Las tarifas ridículas incluyen el agua
corriente, los combustibles líquidos y otras derivaciones. De tal modo que la
desinversión fue creciendo a lo largo de los años, generándose los cortes y la
baja de la calidad de los servicios de todo lo cual el anterior régimen culpó,
desde siempre, a las empresas, sin la menor autocrítica por la falta de
adecuación de las tarifas a la pérdida de valor de la moneda producto de la
desidia y el despilfarro.
Hay que decir que estas cuestiones no
son nuevas en la Argentina de los últimos 70 años. Ya han ocurrido. Cuando se
habla del abandono del ferrocarril, suele hacerse referencia a la década del
90, pero la verdad es que las tarifas políticas y la falta de inversiones en
una infraestructura costosísima como la ferroviaria data de varias décadas. Y
no es cierto que los ferrocarriles hubieran sido “privatizados”, porque jamás
dejaron de ser del Estado, lo mismo que el Subsuelo, es decir, los combustibles
líquidos y el gas.
Nosotros no podemos saber si el actual
gobierno hará las cosas bien, si habrá corrupción o situaciones delictuales,
pero sí podemos afirmar que la reinserción en el mundo era indispensable. Tanto
lo era que cuando el ministro Prat Gay salió a pedir dinero para abonar a los
holdouts luego del acuerdo arribado, recibió ofertas por 67.000 millones de dólares, de los cuales tomó
apenas 16.500 para pagar a los acreedores 9.300 millones e incrementar con el
resto las reservas del Banco Central para afrontar compromisos en los próximos
meses.
Y no hablamos aquí de la corrupción de todo tipo que hoy está en el
centro de las denuncias y acciones judiciales, con empresarios y ex
funcionarios procesados y detenidos por la Justicia. Personajes a los que bien poco le importó “gobernar para
los pobres”. Hay que repetirlo, porque parece que hiciera falta.
Para que vuelva la inversión debe
haber un reacomodamiento de los llamados precios relativos, debe haber una
reinserción en el mundo a la que nos referimos, debe haber estabilidad jurídica
y debe garantizarse tanto como sea posible que la ley será respetada y que
volverá el Estado de Derecho y el respeto de las Instituciones. En estas cosas,
como en tantísimas otras en la vida, no hay milagros.
Acá no se trata de transferencias de
ingresos a los “poderosos”, como repiten desde las usinas del régimen que
abandonó el poder el 10 de diciembre expulsado por el voto popular.
Para que las fábricas trabajen, los
campos produzcan, y la economía funcione, debe existir un sistema jurídico,
económico y político que respete las reglas del juego y garantice la
continuidad jurídica, de manera tal de atraer inversiones y mejorar la
capacidad productiva y sobre todo la productividad.
Toda la carrera de precios y salarios
que debimos soportar todos estos años tiene como único responsable a un gobierno
que no trepidó en “darle a la maquinita” de hacer billetes con el objeto de
repartir dádivas y brindar así la idea de que de tal modo se ayuda a los
pobres.
¿Es posible considerar exitoso a un
gobierno que teniendo los mejores precios de la historia de las commodities
(soja, trigo, petróleo, lácteos) haya dejado un país con un 30% de su población
por debajo de la línea de pobreza y 20 millones de personas necesitando de un
subsidio del Estado para sobrevivir por no contar con un trabajo digno? ¿A qué
se debe que 4 millones de niños tengan que comer en las escuelas y no en sus
casas? ¿Esto es gobernar para los pobres?
La finalidad del sistema político, el
que sea, es la de crear condiciones para que la gente tenga trabajo, estudie,
se prepare para la vida y desarrolle su potencial tanto como sea posible para
permitirle vivir dignamente con “el sudor de su frente” ¿o no?
La deuda que ha dejado el kirchnerismo
es enorme, y no solo crematística sino también social. A ello se agrega la inmensa corrupción, que
costó incluso numerosas vidas, o las operaciones denominadas de “dólar futuro”
que implicaron una pérdida de 70.000 millones de pesos producto de la venta a
precio vil de dólares en los meses de noviembre y comienzos de diciembre que
debió afrontar el actual gobierno.
Falta infraestructura, faltan rutas,
quedan pendientes miles y miles de juicios previsionales perdidos por el Estado
(o que se perderán en el futuro), falta equipamiento, existe un evidente atraso
en telefonía, los pleitos en el CIADI no se han terminado ni muchísimo menos.
Y todo este inmenso caudal, que tantos
miles de millones de pesos cuesta, debe ser afrontado por el sector privado,
que soporta la presión tributaria más alta de la historia, a la que se suma la
inflación y la pérdida de mercados internacionales producto de la desidia y
hasta de la estupidez.
Las consignas vacuas del estilo de
“gobernar para los ricos” caen como globo desinflado ante la evidencia del
desastre socioeconómico heredado. El atraso educativo, la inseguridad, la
drogadicción, el narcolavado, el deterioro social, la pobreza, la indigencia y
hasta el “hambre de agua” de aquel chico de nuestro Norte que quedó grababa en
nuestros sentidos para siempre. Todo este engranaje maldito y retrógrado, ¿es
acaso el producto de un gobierno que gobernó para los pobres?
Las mentiras terminan más rápido de lo
que los mentirosos suponen. Y cabe recordar que “sólo la verdad nos hará
libres”.
Buenos Aires, 9 de mayo de 2016 HÉCTOR
BLAS TRILLO
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