El Ágora
ACTUALIDAD ECONÓMICA: EL
“COSTO ARGENTINO”
La
Argentina está muy cara no porque nos “roben los
supermercados” o se abusen de
nosotros los “formadores de precios”. Hay que poner la mira
en la realidad y
dejarse de politiquería.
Por estas horas ha vuelto
el remanido discurso de que los precios de
los alimentos y otros bienes son muy elevados por culpa de que
determinados
sectores se abusan de toda la población y encima lo hacen con
la ayuda del
actual gobierno. En nuestra opinión dicha “explicación” no
sólo es oportunista
y carente de fundamento técnico, sino que produce un gran daño
en la opinión
pública, toda vez que políticamente siempre se ha asociado la
suba de los
precios a la actitud empresaria y en muy pocas oportunidades
(y sin la debida
vehemencia, además) se ha quitado toda responsabilidad al
Estado responsable
del valor de la moneda.
Una
vez más vuelve a escucharse aquello
de que “los supermercados le roban a la gente”. Y más allá del
pleonasmo que
esto significa (¿a quién, si no?) es interesante recordar que
en su momento,
siendo presidente, Néstor Kirchner, expresó públicamente en un
discurso: “Sr.
Coto (Alfredo), deje de meterle las manos en los bolsillos a
la gente”. Misma
idea, mismo origen político.
Sin el
ánimo de defender a nadie en
particular, porque naturalmente entendemos que cada cual sabrá
defenderse solo,
si es que quiere
hacerlo; es útil volver
sobre el asunto cada vez que aparece un brote. Porque es como
si se tratara de
alguna enfermedad que de vez en cuando reaparece, esto de
buscar culpables
donde sea y quitarse las culpas propias.
Primero
digamos una vez más que los
precios elevados no constituyen inflación. Porque la inflación
es la suba
sostenida de los precios, o lo que es su equivalente: la
pérdida de valor de la
moneda. Que los precios de los productos y servicios sean
caros implica que
vivir en nuestro país es caro, sí, pero no existe relación
entre una cosa y la
otra.
En la
Argentina resulta carísimo el
sistema tributario, que es uno de los pilares para el
sostenimiento de un
Estado cuasibenefactor que reparte desde jubilaciones sin
aportes hasta
asignaciones por hijo, pasando por subsidios diversos, salud
pública y un
sinfín de cuestiones relacionadas con el llamado “gasto
social” cuya
eliminación o reducción tiene un inmenso costo político, como
vimos que ha
ocurrido (más allá de errores cometidos) con la recuperación
de las tarifas de
gas y de luz.
El
déficit fiscal producto del enorme
gasto público, es muy difícil de manejar y necesita ser
financiado de alguna
forma si no puede reducírselo. Esta es la gran encrucijada del
Estado argentino
que se repite cíclicamente a lo largo de muchos años.
El
déficit se financia con emisión de
moneda, que provoca inflación; con presión tributaria (que
impide o limita
enormemente el desarrollo de la actividad económica); o con
endeudamiento, que
entre otras cosas aumenta la oferta de dólares en el mercado
produciendo una
baja de su valor en pesos, es decir que contribuye a generar
el llamado
“atraso” cambiario.
El
sistema tributario es un desastre, no
sólo por la maraña de impuestos nacionales, provinciales y
municipales sino
también por la inmensa carga de trabajo administrativo que
implica para los
contribuyentes, a lo que se suma el costo financiero de abonar
anticipos, pagos
a cuenta, retenciones y percepciones de toda índole, sobre
todo lo cual jamás
se reconoce un interés o el efecto de la inflación. Dicho de
otro modo, los
impuestos se anticipan a lo largo del año como si la moneda
tuviera un valor
constante, mientras ésta pierde un 20, un 30 o un 40% de su
valor.
Aparte
de esto, y colateralmente, muchas
veces las retenciones y percepciones bancarias, el Estado
Nacional o los
Estados provinciales las aplican sin constatar si corresponden
o no,
simplemente porque lo “presumen”; y deben ser los
contribuyentes los que deben
demostrar que eso no es correcto, para lo cual hay que
movilizar papelería,
adjuntar datos, exhibir comprobantes, libros o lo que sea; en
lo que constituye
una verdadera reversión de la carga de la prueba. Ya que es el
Estado el que
debe probar que debemos pagar un impuesto, y no los
contribuyentes los que
debemos probar que no nos corresponde. Y
además, si probamos esto último, deberemos luego tramitar la
devolución de lo
que el Estado nos retuvo o percibió de modo indebido, cosa que
ocurrirá, con
suerte, el proverbial “día del arquero”, sin ajuste por
inflación (prohibido
por la ley de convertibilidad del año 1992) y sin ningún
resarcimiento.
Los
comerciantes y las empresas soportan además ingentes cargos
financieros, ya que
por ejemplo el IVA debe abonarse alrededor del 20 del mes
siguiente a aquél en
que se produce la venta, con independencia de si la venta fue
cobrada o no.
Como
por otro lado la tasa de interés es
altísima, producto de la inflación que el propio Banco Central
se ocupa de
tratar de frenar “secando” la plaza de pesos ofreciendo altas
tasas de interés
a los bancos para que adquieran las llamadas “Lebacs” (letras
del banco
central) y otros títulos; tenemos que para una PYME común y
silvestre el costo
financiero es aún mucho mayor. Y esto tiene la lógica
elemental de que el
Estado seguro pagará sus bonos, pero una PYME del Gran Buenos
Aires no sabemos
si podrá hacerlo.
Hay
mucho más si analizamos lo que pasa con los costos impositivos
y con la carga
de trabajo administrativo que implica estar al día con los
organismos
recaudadores. Por ejemplo: cada vez que una ley establece
algún beneficio, como
sería el caso de la llamada ley PYME de hace pocos meses, la
AFIP reglamenta su
implementación y exige cumplimientos y puestas al día para
otorgar el
beneficio, yendo incluso por sobre la
propia ley. O
exigiendo cosas tales como
el establecimiento del “domicilio fiscal electrónico”, esto es
una cuenta de
email donde pueda notificar o intimar al contribuyente por
supuestos o reales
incumplimientos. Como las obligaciones son tantas
(presentaciones, pagos en
término, regímenes de información de todo tipo y color, etc)
permanentemente se
reciben notificaciones que además no es que se hacen llegar al
contribuyente,
sino que se publican en un rubro denominado “e ventanilla” en
la página web del
sujeto obligado. Por lo cual es preciso estar mirando todos
los días para saber
qué nuevos reclamos habrán acontecido. Y si todo esto no se
hace, se pierden
los beneficios que otorga tal o cual ley.
En este
verdadero galimatías, y como hemos
señalado tantas veces, la venta informal es moneda corriente,
y es permitida y
tolerada por los sucesivos gobiernos, como ocurre en las
llamadas “saladas” y
“saladitas”, o a través de los “manteros” en la vía pública,
especialmente en
las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril o en los
centros urbanos y
transporte público.
También
podríamos agregar el costo laboral,
que es inmenso, ya que por cada 100 pesos de bolsillo que
recibe un trabajador,
el empresario debe pagar casi el doble.
Todo esto
tiene relación directa con los
precios, pero hay más. El transporte es carísimo. En los
combustibles más de la
mitad de su valor son impuestos. De tal modo la carga fiscal
supera el 100%, a
lo que se suman fletes, seguros, desgaste de los camiones
(porque los
ferrocarriles están destruidos desde hace muchos años),
custodia y un montón de
gastos y cargas provinciales, entre ellas impuesto sobre los
ingresos brutos y
hasta “tasas de desinfección” al pasar de unas provincias a
otras.
Entonces
volvamos ahora al principio. Los
supermercados operan
el 100% en blanco.
Nadie se va sin su ticket de cualquier compra que realice en
cualquier cadena
de supermercados. Eso no ocurre, como todos sabemos, en los
comercios pequeños
o medianos del barrio, donde por lo general los comerciantes
se inscriben como
monotributistas y declaran sólo una parte de sus ingresos, en
la figura
conocida como “enanismo fiscal”.
Hasta
donde sabemos, uno de los grandes
negocios del supermercadismo es el financiero. Dado que
muchísimas de sus
operaciones se realizan en efectivo o con tarjeta de débito,
mientras que las
cadenas realizan sus compras en grandes cantidades, con
interesantes descuentos
por eso mismo, y con pagos a 60, 90 o más días.
Lo mismo
ocurre con otras grandes cadenas,
como las hamburgueserías por citar un ejemplo.
Por
supuesto que no tenemos medida la
incidencia de cada uno de los factores enumerados en cada
caso. Porque además
cada cadena tiene su propia política de compras y ventas, y lo
mismo cada
comerciante barrial. No es lo mismo operar en un shopping que
hacerlo en una
galería comercial de González Catán.
Si
tenemos que traer cincuenta
contenedores de manzanas o peras desde Río Negro, debemos
emplear 50 camiones.
Si esta operatoria pudiéramos hacerla en tren, como en los
viejos tiempos, o
como hacen hoy por ejemplo en EEUU, entonces una sola
formación con una sola
máquina diesel (a lo sumo dos) traería la misma mercadería en
50 vagones. La
diferencia de costo es abismal.
Pero
para eso hace falta invertir
muchísimo dinero en restaurar el ferrocarril, aparte de
mantenerlo dejando de
cobrar tarifas políticas y cobrando lo que corresponde para
mantener el
servicio en condiciones.
El actual
gobierno apunta a lograr grandes
inversiones en diversas áreas, como la petrolífera o la
energética, para de esa
manera hacer crecer la economía y disminuir así el déficit
fiscal y su
incidencia según lo que venimos comentando. Pero no es nada
sencillo de lograr
esto. Porque los inversores internacionales esperan una cierta
seguridad
jurídica, y también esperan que la maraña burocrática e
impositiva tenga un
cierto orden y la razonabilidad que implica reconocer lo
verdaderamente pagado.
Sobre la
reforma tributaria mucho se ha
venido hablando, pero lo cierto es que salvo pequeños parches
más bien
políticos que otra cosa, es muy poco lo que se ha hecho. Se le
sacó la pata de
encima a los productores primarios (excepto la soja) quitando
las retenciones,
o la prohibición de exportar trigo, por citar ejemplos.
Enormidades heredadas
de la gestión anterior que produjeron un daño enorme a las
economías regionales.
Por supuesto que reactivar este sector puede coadyuvar en gran
medida a
levantar tales economías y toda la industria agropecuaria
asociada. Y también
la comercial vinculada a ellas. Pero no deja de ser apenas un
botón de muestra.
El
dólar no está “atrasado” únicamente
por el endeudamiento para paliar el déficit. Lo está porque
las altas tasas de
interés en pesos provocan el ingreso de los llamados capitales
“golondrina” que
colocan sus dólares en
pesos a interés para luego “salir” logrando grandes ganancias
en dólares. También
produce “atraso cambiario” la
limitación que existe en diversas importaciones, porque no es
cierto que se
pueda importar cualquier cosa sin limitaciones, como quieren
hacernos creer
ciertos políticos inescrupulosos. El argumento es siempre el
mismo: si abrimos
las importaciones la competencia destruye el empleo local.
Pero la limitación
en las importaciones también lo hace, precisamente al producir
atraso
cambiario, encarecimiento de los bienes nacionales y baja de
su calidad. Pese a
lo cual se insiste en dictar normas de “compre nacional” que
han demostrado ser
nefastas para el país desde hace muchísimos años.
Tal
vez nos hemos extendido demasiado
en este artículo, pero entendemos que es necesario poner las
cartas sobre la
mesa y dejar de apostar al oportunismo político. La Argentina
no tiene la
tercera parte de su población bajo la
línea de pobreza por culpa de los supermercados. Basta
de ingenuidades.
Buenos Aires,
4 de junio de 2017
HÉCTOR
BLAS
TRILLO
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