Pie de página
LA
COPARTICIPACIÓN FEDERAL Y
SANTA CRUZ
Con este trabajo iniciamos una nueva serie
de comentarios que
denominaremos PIE DE PÁGINA y que se dirigen a aquellos
temas que mezclan
cuestiones políticas con aspectos fiscales.
La llamada
“coparticipación federal de
impuestos” nació en nuestro país en el año 1935, y tuvo su
causa en la crisis
mundial del año 1929 que produjo una escasez de recursos al
erario nacional muy
significativa. No tenemos intención de hacer aquí una reseña
histórica de esta
cuestión, baste decir que una vez instalado el sistema, éste
se afianzó cada
vez más, y finalmente adquirió rango constitucional con la
reforma del año
1994, que pidió al Congreso que se dictara un nuevo esquema de
coparticipación
en el transcurso del siguiente año, cosa que no ha ocurrido
hasta ahora.
La coparticipación ha venido a reemplazar al
federalismo tributario, que
ha pasado al gobierno nacional la recaudación de determinados
impuestos que
deben luego ser coparticipados con las provincias. Y
precisamente el criterio
de distribución de los ingresos recaudados es
el que ha generado una endemoniada disputa de intereses
que lleva más de
80 años.
Porque a la distribución se le han sumado cuestiones
ideológicas, que
abarcan desde el apuntalamiento de regiones estratégicas,
hasta la pobreza
relativa de determinadas provincias respecto de las otras.
Sabemos que desde hace ya muchos años las leyes tienen
en la Argentina
una validez relativa. Éstas terminan siendo modificadas por
decretos, a veces
de “necesidad y urgencia” y otras ni siquiera eso. O por
simples resoluciones
de secretarías y subsecretarías. Sólo a guisa de ejemplo
recordamos que en la
Argentina se prohibió la exportación de todo tipo de carnes
por una decisión de
la Secretaría de Comercio. Ni la ley, ni la Constitución (la
madre de todas las
leyes), ni el Congreso, ni la Justicia ni nadie hizo
absolutamente nada
relevante para revertir semejante disparate jurídico. Y no
queremos salirnos
del tema económico, pero en este querido país hasta se han
anulado leyes como
si jamás hubieran existido.
De tal forma que a la ley de coparticipación federal,
que fue modificada
varias veces, se le sumó en los años 70 una entelequia que
cobró la forma de
“Adelantos del Tesoro Nacional” (ATN) para tirar alguna que
otra soga a
provincias en dificultades. Y en nuestra opinión, en el sumun
del despropósito,
el llamado “Fondo de Reparación Histórica” para la provincia
de Buenos Aires,
que siempre resultó la más perjudicada por el régimen
coparticipatorio, por ser
justamente la más rica y la que debía recibir menos para
favorecer así a las
llamadas provincias pobres.
En fin, así las cosas, las disputas interprovinciales
fueron
permanentes. Incluso las cuestiones de interpretación de la
norma fueron la
vida cotidiana en la materia.
La verdad de esta historia es que este sistema
simplemente ha abolido de
un plumazo el régimen federal de impuestos, que implica que
cada provincia debe
recaudar lo suyo y pasar una parte a la
Nación para el sostenimiento del Estado Federal y no al revés.
Ésta es la razón profunda del nacimiento de los feudos
provinciales.
Porque éstos se sostienen con el dinero que reciben de
coparticipación sin
hacer nada para recaudarlos. Porque las provincias recaudan
los impuestos
provinciales, (ingresos brutos, sellos, inmobiliario) pero se
desentienden de
los nacionales (ganancias, IVA, ganancia mínima presunta,
bienes personales).
Así las cosas, la lucha por recibir mayor coparticipación de
impuestos nacionales
tiene su justificación. Necesitan recursos que luego destinan
al gasto público
improductivo e incluso al clientelismo y especialmente al
nepotismo, sin tener
que sufrir la impopularidad de tener que recaudar tales
impuestos nacionales.
Las provincias en general sufren las consecuencias de este
régimen perverso,
porque reciben sin esfuerzos grandes sumas de dinero que
termina siendo siempre
insuficiente.
No hay que olvidar
que la economía y
la política, si bien van de consuno, tienen intereses
contrapuestos. Los
economistas serios apuntan al ahorro y a la inversión para
mejorar la calidad
de vida. Los políticos a la “distribución” para obtener así
mayor popularidad y
votos.
Y toda esta
historia viene a cuento de
lo que ocurre hoy en Santa Cruz. La señora gobernadora dijo
desde el comienzo
de su gestión, en diciembre de 2015, que su provincia estaba
“quebrada”. Es
decir que no es que lo dice ahora, lo dijo apenas asumió,
siendo que desde 1983
esa provincia estuvo gobernada por distintas variantes del
peronismo, y la
Nación misma lo estuvo, salvo durante la presidencia de
Alfonsín y el breve
interregno de De la Rúa (que en verdad era también una
coalición con parte del
peronismo).
Ahora la provincia
patagónica está en
crisis terminal. Y por
supuesto los
políticos se culpan entre sí.
La
gobernadora culpa a la Nación por no “coparticiparle” el
dinero necesario.
Vieja historia de la gran mayoría de las provincias cada vez
que los recursos no
alcanzan. Recordemos la pelea
entre Scioli gobernador de Buenos Aires, y la señora
presidenta Cristina
Fernández para pagar los aguinaldos, por ejemplo.
No nos hemos
detenido a analizar en
este caso quién tiene razón. Creemos que cada quien debería
mostrar sus
números. La Nación y la provincia de Santa Cruz. Que quienes
gobiernan hagan
los deberes y hagan públicos esos números, como corresponde
que lo hagan desde
siempre.
Pero lo cierto es
que la pelea por la
coparticipación empezó en 1935, y nunca terminará a menos que
se vuelva al
régimen federal de impuestos.
Y también
es cierto que si la provincia de Santa Cruz estaba quebrada en
diciembre de
2015 según las palabras de la propia gobernadora, el sayo
deben ponérselo
primero quienes la quebraron, es decir los propios peronistas,
los propios
compañeros de ruta de Alicia Kirchner. Explicaciones que
personalmente no
recordamos que alguna vez se las pidieran a Cristina
Fernández.
Buenos Aires, 22
de abril de 2017
HÉCTOR
BLAS TRILLO
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