Segunda
Opinión
ALQUILERES:
UNA MENTALIDAD
QUE DEBE CAMBIAR
La
legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires acaba de aprobar una ley que reglamenta
ciertos aspectos del
tratamiento de los alquileres en el ámbito capitalino. Merece un breve
análisis que ponga las cosas
en su lugar.
No
importa tanto qué se
reglamente, sino más bien cómo se lo hace y qué se pretende
con eso.
La
legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires ha votado una ley que pretende
favorecer en los
contratos celebrados entre propietarios e inquilinos, a los
segundos, pero a
costa de los primeros.
No
es la idea en estas
breves líneas analizar los detalles de ley. Sólo decir que se
fijan pautas para
que sea el propietario el que se hace cargo de determinados
gastos, se limitan
las comisiones de los agentes inmobiliarios, y hasta se
establece un sistema de
ajuste anual del monto del alquiler mensual basado en un
índice vinculado con
el incremento de los precios al consumidor y los salarios de
los inquilinos.
La
votación de los 53
legisladores presentes arrojó un resultado de 51 votos a favor
y dos
abstenciones. En otras palabras, tenemos una legislatura que
actúa como un
plumero y pretende mediante una ley absurda cambiar la tierra
de lugar.
Nos
permitimos copiar un
párrafo textual de la noticia aparecida en el diario La Nación
de Buenos Aires:
El
Instituto de
Vivienda de la Ciudad (IVC) será el encargado de velar por
los derechos de los
inquilinos y de los propietarios, que trabajará en
conjunto con la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad para brindar asistencia legal
gratuita.
Tras la votación, el
titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad,
Juan Maquieyra, sostuvo que se seguirá trabajando para mejorar
el sistema de
alquileres y para promover que las viviendas que están vacías
sean ofrecidas en
alquiler.
"Este es un primer paso para lograr que sea
más fácil,
seguro y barato alquilar en la Ciudad de Buenos Aires.
Estimamos que con esta
medida, el costo de entrada para alquilar una vivienda va
a bajar entre un 25 y
un 30 por ciento, y eso va a hacer que los inquilinos no
necesiten juntar tanta
plata para entrar. Además, ya estamos trabajando en
alternativas para ofrecer
garantías inmobiliarias que conformen a los propietarios y
agilicen la
operatoria", aseguró.
Para no abusar,
citemos algunos “tips” sobre la nueva ley.
1.
La comisión
inmobiliaria no será
pagada por los inquilinos, sino por los dueños
2.
Las inmobiliarias
no podrán cobrar
por los gastos de gestoría ni de administración.
3.
Los derechos de
los inquilinos y de
los propietarios deberán estar visibles en los sitios de
Internet y en las
oficinas de las inmobiliarias
En buen romance
acá lo que ocurre es
algo bien diferente a lo que pomposamente anunció el
funcionario. No va a ser
ni más fácil, ni más seguro alquilar en la Ciudad. Y
obviamente no será más
económico, porque la ley no pretende que lo sea, sino que
pretende que lo que
hoy paga uno, pase a pagarlo el otro.
A fines de los años
40, durante el
primer gobierno peronista se votó una ley que directamente
congelaba sine die
los alquileres. Le que continuó vigente hasta la llegada de la
Dictadura en
1976. En esos tiempos, dada la alta inflación ocasionada por
sucesivos
gobiernos populistas, derivó en que hubiera inquilinos que
pagaban apenas unos
centavos por el alquiler.
Muchos propietarios
prácticamente
regalaban sus propiedades o las vendían por muy poco dinero
para sacárselas de
encima y no tener que seguir haciendo frente a los impuestos y
tasas que recaen
sobre los inmuebles.
Y durante
muchísimos años en la
Argentina dejó de construirse casi
totalmente. Excepto en lugares de veraneo o descanso.
Justamente porque
no había ningún incentivo para alquilar y nadie estaba
dispuesto poner sus
ahorros en viviendas. Incluso en locales comerciales.
Finalmente el tema
se resolvió mediante
una ley que en forma progresiva fue saliendo de ese verdadero
pandemonio creado
a expensas de unos ciudadanos (los propietarios), y a favor de
los otros (los
inquilinos)
Posteriormente,
durante el gobierno del
Dr. Alfonsín, hubo leyes y disposiciones que limitaban los
aumentos de los
alquileres a cierto porcentaje de los salarios de los
inquilinos y y una verdadera
industria del juicio de desalojo, que a veces llevaba años.
Una de las pocas
cosas que hizo bien el
gobierno kirchnerista fue la de no meterse con los alquileres,
excepto que
quedó vigente la cláusula de la ley de convertibilidad que
impide el ajuste por
inflación. Situación que fue resuelta mediante el sencillo
método de fijar un
monto mensual de alquiler para el segundo año, y aplicando un
descuento en el
primer año. Y aquí, de
paso, entramos en
otro terreno. La ley de alquileres es una ley de orden público
que dispone que
los contratos deben ser por dos años con una serie de
requisitos respecto del
desalojo, desistimiento y demás. La ley que acaba de votarse
es una ley de la
Ciudad de Buenos Aires, y entre otras cosas dispone que el
plazo de los
contratos debe ser de TRES años.
En nuestra
opinión, y más allá de las
consideraciones precedentes, la ley en cuestión de ser
promulgada está viciada
de inconstitucionalidad, porque las provincias delegaron a la
Nación ciertas
atribuciones, entre ellas la de legislar sobre cuestiones
consideradas de orden
público. Aclaramos que no somos abogados, pero con toda
seguridad esta
situación va a derivar en litigios.
Pero va a derivar
en muchas otras
cosas. En la búsqueda de arreglos extracontractuales, en el
retiro de la oferta
de inmuebles en alquiler, en el consiguiente aumento del monto
mensual, en la
merma en el índice de crecimiento de la construcción,
posiblemente en una caída
en la cotización de las propiedades, porque nadie va a querer
ahorrar en una
inversión que se vuelve conflictiva y sujeta a normativas que
atentan contra la
libertad de contratar entre las partes (y encima perjudicando
justamente a los
propietarios), etc.
Cuando el funcionario
Maquieyra dice que
están estudiando la forma de que quienes poseen unidades
vacías las ofrezcan en
alquiler, está diciendo que van a buscar alguna forma de
castigar a quienes no
lo hacen. Y si está diciendo otra cosa que lo aclare y pronto,
porque no parece
haber otra alternativa. A menos que quiera decir que le van a
dar un premio
justamente al que quieren castigar: al propietario.
En fin, acá se busca
que cuando un cliente
concurre a la verdulería o a la
carnicería a comprar algo, en lugar de pagar, cobre por ello,
más o menos. Si
se permite la exageración, claro.
Y encima ahora
aparecerán legislaturas
provinciales intentando copiar el “modelo”.
La panacea, la solución para los problemas de vivienda
parece que no es
construir más viviendas, Sino hacerle pagar a los propietarios
por el hecho de
tenerlas. Y después, de una forma u otra, los gobiernos se
encargarán mediante
el FONAVI, la Fundación de Milagro Sala, o los Sueños
Compartidos de hacer
barrios que suplantan villas miseria convirtiéndolas en villas
de emergencia.
Mientras los
capitales que podrían
destinarse a la construcción de inmuebles, huyen a otras
playas donde las
personas que legislan dejen de lado de la demagogia barata y
usen el cerebro en
pos de una mejor calidad de vida. Y no enfrentando a unos
ciudadanos con otros.
HÉCTOR BLAS TRILLO
Buenos
Aires, 25 de agosto de 2017
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