El Ágora
UNA POLÍTICA ECONÓMICA Y
FISCAL ERRÁTICAS
Lo que
está ocurriendo estos días en la
vapuleada economía argentina ya lo hemos vivido muchas veces.
Una vez más la
corrida contra el dólar versus las tasas de interés y ambas
cosas versus la
inflación. Nada nuevo bajo el Sol.
Entendemos
que es necesario una vez más
“objetivar” el problema, como dicen en psicología, para ver si
podemos
encontrarle la vuelta al eterno intríngulis argentino.
El
“pecado original” es el déficit fiscal,
que crea la necesidad de financiarlo con emisión monetaria,
con endeudamiento
(emisión monetaria futura) y con mayores impuestos.
Si se
quiere corregir el déficit es
necesario gastar menos, o recaudar más. O una combinación de
ambas cosas. No
hay misterios en esto.
Pero,
claro, a nadie le gusta tener que
ajustarse el cinturón. Los políticos lo saben y lo viven todos
los días. La
oposición al gobierno (al que sea) pretende la
bondad de “no ajustar” para que no sufra la gente. Los
gobernantes se
pliegan a esa consigna en alguna medida, ya que no hacerlo les
quita votos. La
suba de impuestos ha llegado a un límite que de por sí es
insostenible. El
endeudamiento externo creciendo en el orden
de los 30.000 millones de dólares anuales, la masa
monetaria aumenta el
30% cada año también.
La suba
de tarifas de servicios de gas,
electricidad y agua es indispensable. Pero hacerlo (más allá
de errores e
injusticias burocráticas) las vuelve prohibitivas para muchos.
Ahora
se ha puesto el ojo en los
tributos provinciales y municipales que se agregan en las
facturas. Así, la
gobernadora Vidal ha anunciado que se
quitarían los tributos en la provincia de Buenos Aires, que
ascienden a un
15,5% del monto facturado en la electricidad, por ejemplo.
Se
trata de cargos viejísimos, uno de los cuales data de 1967,
otro de 1973 y el
último de 1978.
Ni
siquiera importa el destino que se da
hoy a estos recursos provinciales.
Lo
cierto es que algún destino tienen. Y suprimirlos originará
problemas
presupuestarios a la provincia, que deberá resolverlos. Y a no
olvidar que el
déficit provincial es también enorme.
A su
vez el gobierno nacional ha encarado
un proyecto para eliminar de las facturas de servicios todo
cargo provincial o
municipal a lo largo y a lo ancho del país, con excepción del
impuesto sobre
los ingresos brutos.
Hay
jurisdicciones que tienen hasta 10
cargos sobre la tarifa de energía eléctrica. Para seguridad,
para los bomberos,
para lo que sea. Claro,
durante décadas
ha privado la política de facilidad recaudatoria. Nadie deja
de pagar los
servicios porque se cortan. Por lo tanto, vayamos para
adelante.
Pero otra
vez lo mismo. Provincias y
municipios aplican cargos a las tarifas y quitárselos de un
plumazo originaría
un bache en la recaudación tremendo. Nadie parece estar
mirando esto. Y
justamente el no mirarlo es lo que más nos alarma.
Está muy
bien quitar cargos específicos que
en absoluto deberían aplicarse en las facturas de gas o de
electricidad. Pero la
seriedad impone explicar con qué se
sustituirán. O qué servicios dejarán de
prestarse. O, en definitiva, quién pagará ahora lo que
se deja de
recaudar por estos conceptos.
A esto se
suma la llamada “tarifa social”,
que está vigente para muchísimos hogares y que afecta la
recaudación tanto
fiscal como empresaria por la prestación de los servicios. Lo
que no pagan
unos, lo pagan otros. Tan simple como eso.
Veamos un
poco la política del Banco
Central, las tasas de interés y el tipo de cambio.
Cuando en
diciembre pasado se anunció la
“recalibración” de las metas y objetivos y se subió la
expectativa
inflacionaria del 10
al 15%, al mismo
tiempo se encaró una reducción de las tasas de interés que el
Banco Central
paga por las Lebacs. Insólito. Todo junto y por el mismo
precio.
Abandonar
la meta de inflación fijada sólo
unos días antes en el presupuesto nacional fue un golpe de
timón muy duro que
demostró que los cálculos hechos no duraban ni unas pocas
semanas. Al mismo
tiempo, bajar las tasas de interés reguladas por el Banco
Central era un claro
incentivo para abandonar las colocaciones en Lebacs y “pasarse al dólar” para
decirlo rápido.
Eso es lo
que empezó a ocurrir y lo que
hizo que el dólar pasara de 17,50 a casi 21 pesos en poco
tiempo.
Entonces
el Central salió a vender dólares
para frenar la suba. Vendió la última semana más de 4.300
millones de
dólares. No alcanzó.
Entonces
el Banco Central subió la tasa de
interés 3 puntos, y pasó a pagar 30,25% anual.
Es
incomprensible que se hubiera llegado a
esto. Si el país tiene el déficit fiscal que tiene y éste no
se resuelve, jugar
a la baja de las tasas de interés o pretender frenar la suba
del tipo de cambio
vendiendo dólares baratos no parece ni remotamente ser la
solución de nada.
Como decimos al comienzo, esto
ya lo
hemos vivido. Al final el Banco Central sube nuevamente la
tasa de interés y
detiene los efectos de la tempestad. Pero estamos todos dentro
del barco y la
tempestad sigue fuera.
Cuando se
promulgó la más declamada que
realista reforma tributaria, se
incluyó
el famoso impuesto a la renta financiera, tan pedido por
propios y extraños.
Parecía que era la panacea. Aplicamos ese impuesto, se
corrigen todas las
injusticias y colorín colorado.
Acerquemos
un poco la lupa a este asunto.
La renta financiera siempre ha pagado impuesto a las ganancias
en cabeza de las
empresas e incluso de las personas físicas (ahora llamadas
“humanas” en un
pleonasmo para nosotros inadmisible). Solamente estaban
exentas las rentas de
las personas físicas que operaran en el marco de la ley de
entidades
financieras. Esto es: las operaciones en bancos, financieras y
bolsas o
mercados regidos por la ley 21.526. Las operaciones entre
privados siempre
estuvieron gravadas. Cuando alguien presta dinero para una
hipoteca o en forma particular a otra persona, a una empresa o
lo que sea, la
renta que obtiene paga impuesto a las ganancias desde hace
décadas.
Lo que
queremos significar es que se tomó
una decisión acorde con el viento de cola de lo “políticamente
correcto” sin
detenerse a pensar que gravar la renta con tasas que van del
5% en pesos al 15%
en moneda extranjera, dentro de un proceso inflacionario como
el que vive la
Argentina es cuando menos temerario.
Y
justamente es esto lo que entra a jugar
ahora. Se reglamentó el impuesto a la renta financiera y
empezó a aplicarse.
Por lo tanto la tasa de interés que regula el Banco Central ya
no es lo que
era, sino que es un 5% menos, o un 15% menos. Y si el dinero
invertido proviene
de algún paraíso fiscal es el 35%. Aplicar esto y esperar que
no pase nada en
el mercado financiero es, cuando menos, una ingenuidad.
Muy
bien. Pasó. Esto pasó
y debió ser previsto. Y no lo fue.
Entonces ahora caemos en el “engaña pichanga” de sub ir las
tasas para que
quienes prestan dinero puedan recibir lo mismo que antes. En
castellano: El
Banco Central paga más, pero la diferencia se recauda como
impuesto a la renta
financiera. El Gatopardo en acción. Pero el efecto en sí es
recesivo. Porque
cada vez que el Estado presiona con la carga impositiva quita
recursos a la
actividad privada para destinarlos al barril sin fondo que
resulta ser la
administración pública.
Se
arguyen factores externos que sin duda
también existen. La suba de tasas en EEUU produce el efecto de
que se desarmen
posiciones en nuestro país para volcarlas al mercado
norteamericano. Pero
pretender explicar lo que pasa en la Argentina sin tomar en
cuenta los errores
propios sólo provoca más luces amarillas.
Sólo
cabe esperar no tanto qué va a pasar
con las tasas, el dólar o la inflación; sino si finalmente se
tomará el toro
por las astas para encarrilar la economía de manera coherente
y en línea con la
realidad. Los pilares son la seguridad jurídica y la vigencia
plena del Estado
de Derecho. Y tanto una como el otro requieren terminar con
los cimbronazos
provocados por factores políticos o por falta de coherencia
entre los mismos
funcionarios.
Buenos Aires,
29 de abril de 2018
HÉCTOR
BLAS TRILLO
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