Segunda
Opinión
ECONOMÍA: EL
RETROCESO
Luego
del discurso del presidente de la Nación en la apertura
de sesiones ordinarias del Congreso, arreciaron las críticas
desde diversos
sectores por la falta de un plan económico que fije un
horizonte más o menos
sustentable
Posiblemente
salvo algunos sectores demasiado jugados ideológicamente,
todos los dirigentes
de la extracción que sea, están contestes de la necesidad de
una reforma del
Estado que lo haga eficiente, sostenible y financiable.
También es cierto que
no toda la dirigencia se expresa en público con la
contundencia que lo hace en
privado en este aspecto. Los reclamos sectoriales,
especialmente sindicales y
de organizaciones “sociales” hacen virtualmente imposible
hablar de austeridad
sin que se vengan encima las más groseras descalificaciones.
Sin embargo,
el Estado se ha
convertido no ya en un elefante, sino en una
manada de estos simpáticos mamíferos placentarios. No
existe
prácticamente ninguna actividad que pueda iniciarse más o
menos rápidamente y a
un costo de oportunidad razonable.
Cualquiera que
haya intentado
abrir un comercio de lo que sea lo sabe.
Trámites,
permisos, inspecciones,
presentaciones de todo tipo se interponen cada vez más entre
los deseos de
llevar adelante un negocio y su concreción.
La cantidad de
impuestos, tasas y
contribuciones que por los motivos que sean gravan a personas
y a empresas a lo
largo y a lo ancho del
país oscila, según
quien haya estudiado el tema, entre 100 y 160. Nacionales,
provinciales y
municipales.
La carga
administrativa y
financiera es inmensa y prácticamente no deja resquicio alguno
para tomar un
atajo. A menos que uno pase a desempeñarse informalmente. No
entraremos en
detalles una vez más. A estas cuestiones nos hemos referido
muchas veces y sólo
mencionamos el cuadro de situación para avanzar en este
comentario.
Muy bien, dado
este cuadro de
situación, cuyo costo resulta inconmensurable, ¿Qué está
haciendo el Estado?
Y cuando
hablamos del Estado
hablamos a nivel nacional, provincial y comunal.
El presidente ha
expresado de alguna
manera en su discurso
que la política
“gradualista” elegida apuntaba a lograr la llegada de
inversiones para lograr
un crecimiento que permitiera de ese modo reducir la carga del
gasto público en
el balance las cuentas públicas. Apuntó que finalmente se
cortó la financiación
externa, hubo una sequía muy grave, y los precios no
acompañaron
internacionalmente como hubiera sido de esperar. En otras
palabras: si algo
salió mal, fue una cosa del destino. Punto.
Se logró una tímida reforma fiscal
que finalmente no
fue más que un parche y encima de mala calidad. Se intentó una
reforma laboral
que terminó a los piedrazos en el Congreso. Se habló de
reducir el gasto un
20%. Y se terminó recurriendo al FMI porque el barco se hundía
irremediablemente,
así se llegó a un plan
que frena de un
plumazo la emisión monetaria, establece una banda cambiaria y
entrega el
destino de las finanzas públicas a la eterna carrera entre
tasas y dólar.
Carrera que salvo milagro ya
sabemos
cómo terminará.
Pero
estamos en un año electoral, el avión se aproxima a la
pista en medio de
una tormenta, y lo que se impone es intentar que aterrice lo
más suavemente
posible. Después
veremos.
Todos estamos al
tanto de la crisis
económica y financiera que
estamos viviendo, a la que se suma la siempre vívida inflación
que, sea por
aumento de la cantidad de moneda, o por reducción de la
producción, sigue
presionando sobre los precios.
El presidente ha
anunciado una suba en
los montos de la AUH (Asignación Universal por Hijo) durante
el discurso en el
Congreso. Un paliativo, claramente. Una “ayuda humanitaria”
que no hace otra
cosa que ratificar que estamos en serios problemas.
Días pasados
también había anunciado
una suba en los mínimos no imponibles salariales sujetos a las
contribuciones
patronales para las PYMES de economías regionales. Otra
aspirina que llega
apenas al 2% del mundo PYME en su conjunto.
Y finalmente
también anunció que se
otorgarían créditos por $ 100.000 millones
a tasas entre el 25 y
el 29%,
cuando el Banco Central está pagando el 50% para, entre otras
cosas, frenar el
avance del tipo de cambio.
La suba de la AUH
costará al Estado
unos $ 15.000 millones anuales. La financiación a las PYMES a
tasas subsidiadas
costará unos $ 20.000 millones anuales como mínimo. Y la baja
en las
contribuciones a las PYMES de economías regionales nadie la ha
justipreciado
pero no creemos que supere los $ 10.000 anuales como mucho.
Todas cifras que
obviamente van en la dirección opuesta a la pretendida
obturación del déficit.
Al mismo tiempo
que esto ocurre, desde
diversos sectores se le pide al gobierno que siga tirando
salvavidas. Los
industriales piden protección, baja de impuestos, baja de
tasas de interés y
proteccionismo extra para las importaciones.
La
actividad exportadora
en general pide que se quiten las renovadas retenciones a las
exportaciones.
Los trabajadores piden aumentos de salarios. Los jubilados
aumento de sus
haberes. Todo el mundo pide que los jueces paguen impuesto a
las ganancias. Y
así podríamos seguir calculamos que por largo rato.
Pero el problema
de fondo que es una
reforma del Estado que lo haga viable y sustentable, sigue
allí, como si tal
cosa. Ignorado en la práctica por la inmensa mayoría de la
población. Dicho de
otro modo, ante la debacle producida por el desorden
administrativo y interminable
gasto público, lo que se pide son ayudas varias que no harán
otra cosa que
aumentar el gasto público. De hacer las cuentas, poner orden,
y bajar las
obligaciones burocráticas para
facilitar
el funcionamiento de la actividad económica, ni una palabra.
Uno puede
preguntarse algo así como
¿por qué el gobierno no salió en ayuda de las PYMES con
semejante línea de
créditos subsidiados el 11 de diciembre de 2015? O por qué no
aumentó la AUH
mucho antes. O por qué no le paga a los jubilados el doble o
el triple. O a los
maestros o a quienes sea.
La respuesta es
obvia y no queremos
atentar contra la inteligencia de ninguno de nuestros amables
lectores.
Nuestra dirigencia
no ha tomado hasta
ahora el toro por las astas. Y cuando decimos eso no nos
referimos
exclusivamente al actual gobierno nacional. Tampoco nos
referimos a los
actuales gobiernos provinciales o comunales. No. Este problema
tiene décadas.
Hace décadas que
se habla de “achicar
el Estado” pero, o no se hace nada o se hace lo contrario. Se
lo agranda. Los
sectores comprometidos ideológicamente con ideas más o menos
populistas, siguen
apostando al distribucionismo de la creciente miseria.
Cuando Macri se
reúne con los
gobernadores, nos consta, nadie quiere largar una moneda. Las
distintas oficinas
públicas están llenas de funcionarios, asesores, empleados,
“contratados” o lo
que sea que perciben dinero del erario. Algo más de 21
millones de personas
reciben mensualmente algún cheque del Estado en todos sus
niveles.
No es un problema
únicamente del
actual gobierno nacional. Señores. Es un problema muchísimo
más profundo,
enquistado hasta el tuétano.
Al mismo tiempo,
los organismos
recaudadores de impuestos son claramente una máquina de
impedir. Ponen trabas y
más trabas a quienes más dificultades tienen para pagar. Se
multiplican
exigencias, regímenes de información, de retención, de
percepción, de pagos a
cuenta, de lo sea.
Es imposible
pensar siquiera en salir
de este atolladero si no estamos de acuerdo en que para que la
Nación crezca
hace falta ser más eficientes, y para ello hay que terminar
con el galimatías
tributario-administrativo-previsional que ahoga al país.
Y si todo eso no
ocurre, no es que
nos estancaremos, es que seguiremos retrocediendo. Es la pura
y cruel verdad.
HÉCTOR BLAS TRILLO Buenos Aires, 3 de
marzo de 2019
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