Héctor Blas TRILLO

Segunda Opinión

ECONOMÍA: NUEVAMENTE EL FINAL PREVISTO

        “Es la economía, estúpido” (James Carville, asesor de Bill Clinton)

              El resultado de las elecciones primarias ha dado lugar rápidamente a todo tipo de análisis, explicaciones y conjeturas respecto de lo que podría ocurrir no ya en los próximos 4 años, sino tan sólo desde el domingo 11 de agosto hasta el próximo 10 de diciembre, cuando se produzca la transmisión del mando al próximo presidente de la Nación.

             No somos politólogos ni sociólogos y por lo tanto sólo nos corresponde hacer algunas apreciaciones en el plano de la economía. Lo cual no quita que formando parte de la realidad que nos toca vivir, estamos en el mismo barco que todos quienes pueden llegar a leernos. Y en definitiva que todos los habitantes de la República.

            Si bien era esperada una derrota de la fórmula oficialista en las denominadas PASO, lo cierto es que nadie esperaba que se produjera por una diferencia tan grande como la que finalmente se produjo. Las encuestadoras en general arrojaban resultados favorables a la oposición por dos o tres puntos, en líneas generales. Sin embargo, en los cerrados círculos políticos mejor informados, se hablaba de una ventaja opositora que podría llegar a los 8 o 9 puntos.  El resultado dejó a todos asombrados. Y la debacle de títulos y acciones más la devaluación de la moneda subsecuente, no han sido más que el resultado de semejante realidad.

            Pero, más allá de esta breve reseña, acá lo que hay que preguntarse es otra cosa.  Un triunfo político de una oposición que ha centrado sus acciones en el intervencionismo económico, las confiscaciones de empresas, las regulaciones y permisos de todo tipo y hasta las prohibiciones masivas de exportar, jamás podría haber llevado a una reacción diferente a la ocurrida en los  mercados. Pero el punto a definir es por qué razón la moneda argentina puede devaluarse en cuestión de minutos nada menos que un 30%. Esto, señores, solo puede ocurrir si existe una cantidad de pesos tan grande y/o una oferta de dólares tan pequeña que posibilita  semejante hecho.

           Porque si imaginamos una situación parecida en un país más o menos estable en el mundo, podrán ocurrir cimbronazos pero jamás de semejante envergadura.

          Entonces, tenemos que pasar al siguiente punto, que es el que está en el fondo de todo esto. Siempre hablando en materia económica.

           La Argentina hace décadas que vive gastando por encima de sus posibilidades. Y ese gasto ha venido creciendo año tras año de manera inexorable. Con algunas variaciones, en más o en menos, el gasto nacional, provincial y municipal crece permanentemente. Y hablamos de crecimiento como porcentaje del PBI, obviamente.

           En el último año y medio, cuando los mercados internacionales cortaron el financiamiento para la Argentina, que fue la base utilizada por el actual gobierno para afrontar el déficit de 7 puntos del PBI heredado, fue necesario recurrir al FMI para poder seguir literalmente funcionando sin caer nuevamente en el default. Así y todo, el endeudamiento en pesos a tasas exorbitantes siguió su curso. Las llamadas Leliqs (letras de liquidez solo accesibles a los bancos) suplieron progresivamente a las Lebacs (letras del Banco Central que eran accesibles a todo el mundo). 1,2 billones de pesos en Leliqs que si pasan a ser líquidas producen un estallido monumental.

           Es por eso que el Banco Central sale a subir las tasas de interés cada vez que se produce una corrida. Pero tasas del 60, del 70% o más sólo pueden terminar siendo acompañadas por una tasa de inflación similar. Sólo es cuestión de tiempo.

           Ahora bien, el gobierno se propuso reducir el déficit fiscal ante el acuerdo con el FMI. Esta medida la consideramos correcta. El punto es cómo.

          Porque cada vez que en este querido país se ajusta para tratar de arreglar las cosas, jamás ajusta el Estado. Siempre deben hacerlo las empresas y los particulares.

          El Estado ha aumentado en empleados, en ministerios, en secretarías, en reparticiones diversas, todo el tiempo. Han aumentado los regímenes de asistencia, la cantidad de jubilados, de pensionados, de asignaciones por hijo. Nos referimos a la cantidad de beneficiarios de todo tipo de planes de ayuda. Las denominadas “capas geológicas” de empleados públicos son moneda corriente en todas partes en este querido país.

         Cuando se produce el arribo de nuevos gobiernos con aires de reforma, surgen los clamores “populares” para que no se despidan empleados públicos, para que no se reforme el sistema previsional, para que se aumenten impuestos “a los que más tienen” y cosas por el estilo. Eso ha sido siempre más o menos así.

        Y es justamente este esquema que podríamos llamar mental o social, más que de otra manera, surgen las consecuencias. El sistema como tal no es financiable, es inviable.  La suba de gravámenes, los promiscuos “aprietes” de los fiscos nacional, provincial y municipal hacia los contribuyentes con todo tipo de regímenes y acciones francamente confiscatorios son de todos conocidos. Y no hablamos de una tendencia política en particular, estamos hablando de todo el país, de todos los gobiernos provinciales y municipales, aparte del (los) gobierno nacional. No hace falta enumerar aquí la infinidad de impuestos, tasas, contribuciones, adelantos, pagos a cuenta, anticipos, retenciones y percepciones que pululan por doquier muchas veces de forma arbitraria y revirtiendo la carga de la prueba. Luego llegan los embargos, las clausuras, los juicios de ejecución fiscal, etc. Ninguna repartición pública pasa por estas cosas. Ni antes ni ahora. Nunca ha ocurrido. 

         Y ahora estamos en el final de la recta. La realidad ha puesto en evidencia que el rey estaba desnudo, por más que quisiera negársela.

         Entonces aparecen las medidas de apuro, los parches. Todo el mundo desesperado. Oficialistas y opositores, todos. Todos quieren calmar a las fieras.

         Aparecen planes de facilidades, suspensión de embargos, ajustes de sueldos por decreto bajando aportes previsionales, subas de los mínimos no imponibles. Suspensión del IVA a los alimentos. Lo que sea.

        Muchas veces nos hemos referido a este último punto. Cuando el país está en emergencia extrema es cuando se toman las medidas que deberían regir siempre. Siempre debería ser menor la presión fiscal, la carga previsional, la prepotencia del Fisco en todas sus formas. Siempre debería ser así. Pero esto solo ocurre cuando se tiró tanto de la cuerda que no queda más remedio que recular. Lo cual prueba que el error es permanente. Y lo es de parte del Estado y también de parte de los sindicatos. Nadie quiere bajarse del caballo hasta que la realidad se impone.

        Estas ayudas de apuro costarán al Estado, según estimaciones, unos 40.000 millones de pesos. Es apenas una estimación que puede ser el doble o el triple. Se  acabó el déficit cero.

        Y para colmo, la aplicación de la ley de abastecimiento para congelar los precios de los combustibles nos retrotrae a los momentos más oscuros de la historia política y económica del país. De un plumazo, los distribuidores de combustibles pasan a cobrar por sus productos dos tercios de lo que cobraban. Y que Dios se lo pague.

        Son demasiados errores como para salir a lamentarse luego. En verdad son horrores.

        Por algo no llegan inversiones masivas a estas playas, lamentablemente. Y seguramente seguirán sin llegar.

         

       Buenos Aires, 18 de agosto  de 2019                                         HÉCTOR BLAS TRILLO