CONTRACORRIENTE: EL INTERVENCIONISMO Y LA GANANCIA

 Contracorriente

EL INTERVENCIONISMO Y LA GANANCIA

Toda forma de intervencionismo viola derechos de propiedad y genera incertidumbre

 

         El actual gobierno claramente ha tomado la senda de un intervencionismo creciente en diversas áreas. Pero a nosotros en este trabajo nos interesa marcar las consecuencias en materia económica. Por eso, las líneas que siguen intentan explicar de manera simple y sin demasiadas pretensiones cómo funcionan las cosas cuando el Estado se cierne sobre los factores de producción para intentar vanamente torcer las distorsiones que el propio intervencionismo provoca.

 

         Todos los días vemos que el Estado dicta normas en todos los niveles que no solamente intervienen en los factores de producción, sino que lo hacen de una manera grosera y por supuesto inconsulta.

Lo que acaba de ocurrir con el dictado de una simple resolución a cargo del Ministerio de Agricultura  prohibiendo las exportaciones de maíz hasta el mes de marzo (por ahora) es una muestra más . La intención anunciada es la de lograr el abastecimiento local a precios accesibles. El resultado obvio es que bajará la siembra del cereal a futuro, lo cual significará menos ingreso de dólares y mayores precios.

       

         No hace mucho tiempo, el gobierno decidió mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que los servicios de comunicaciones serán considerados un servicio público y por lo tanto sujetos a las particulares decisiones del Estado en materia tarifaria y de prestación del servicio. Esto significa lisa y llanamente que será el gobierno quien decidirá, además, sobre las tarifas aplicables. Con la clara intención de sobra demostrada, de lo que se trata en este caso es de fijar topes y congelamientos tarifarios, en una moneda que pierde su valor al ritmo hoy por hoy del 35% anual. De tal manera, la inversión en el rubro disminuirá o se paralizará, los servicios bajarán su calidad y finalmente terminarán siendo más caros a pesar de tener un menor precio, dado que cuando los precios no se ajustan valor que debe tener  el  producto, baja la calidad

 

        Citamos estos ejemplos para entrar de lleno en lo que entendemos debería ser comprendido de una buena vez no sólo por los políticos sino por la dirigencia en general.

 

        El mecanismo de los precios regula no solamente la economía. Regula la vida misma. Los bienes y servicios cuestan lo que la gente puede pagar por ellos. Si el Estado regula los precios lo hace para pretender que se pague menos, y eso deteriora el producto o servicio.  O aparece el mercado negro. O ambas cosas.

 

       Cuando el gobierno interviene y protege industrias o sectores, no lo hace para que el resultado sea la obtención de menores precios. Normalmente el argumento es que lo hace para poder desarrollar la producción local y crear fuentes de trabajo.  Pero sólo logra que los precios sean más altos y la calidad sea inferior.

 

       Cuando los gobernantes establecen monopolios en determinadas áreas, lo que se logra es que los bienes y servicios monopólicos sean caros y de inferior calidad. Es lo que ocurre con los servicios públicos en general.

 

       Todo esto se contrapone de manera casi absurda con la intención de que los precios sean más bajos. Se intenta supuestamente que los precios bajen, pero se hace todo lo posible para que los precios suban. O la calidad sea inferior. O en definitiva ambas cosas, al negarse la competencia.

 

        Generalmente se ataca a la libertad de comercio con el argumento de que si se la deja libre los empresarios o comerciantes hacen lo que quieren. Obviamente se trata de una falacia. Porque nadie puede hacer aquello que la ley prohíbe. Y si la ley prohíbe usar determinados insecticidas, por ejemplo, eso no tiene nada que ver con el libre mercado.  La libertad de comercio no favorece a los empresarios, favorece a los consumidores. Y no es que se puede hacer cualquier cosa, para eso está la ley.

 

        La base del desarrollo de una Nación es la seguridad jurídica dentro del Estado de Derecho. Los derechos y garantías constitucionales, en nuestro caso.  El intervencionismo genera ineficiencia, incertidumbre, inseguridad jurídica y definitivamente desalienta la inversión.

 

        Los gobernantes intentan promocionar determinadas áreas o productos mediante la reducción de impuestos o planes de financiamiento a tasas “blandas” de interés. Esto demuestra antes que nada que los impuestos son muy elevados y que ese es un problema general, porque el costo impositivo cuando más alto es  más baja productividad resultante.  Pero además, las tasas de interés “blandas” no son gratuitas, las pagan los restantes operadores del mercado. De modo que lo que se logra es que quienes tal vez podrían decidir invertir deban pagar más caro el financiamiento, más caros los impuestos para obtener así un resultado de inferior calidad y mayor precio.  Acá es bueno redondear el concepto: Para que determinados sectores logren beneficios impositivos o tasas de interés menores, el resto de la economía deberá pagar impuestos más altos y tasas de interés ídem. El resultado final es el de que los productos no subsidiados se tornan más caros, y los subsidiados resultan no competitivos y de baja calidad en general.

 

        En una economía libre lo que se busca es la maximización del beneficio. Siempre. Se busca invertir en aquello que es rentable y seguro. Y cuanto más rentable y más seguro, mejor.

 

        El sano ejercicio del razonamiento puro y alejado de cuestiones o ventajas políticas ocasionales, consiste en ocuparse de  garantizar el desarrollo de aquello que se hace bien, a buen precio y de buena calidad. Fabricar transistores no es lo nuestro, por ejemplo. Sí lo es el agro o la ganadería.

 

        Si el país desarrolla tanto como puede las actividades en las que es eficiente, lo que logra es mayor ganancia, mayor capital acumulado, mayor inversión productiva y es esto lo que desarrolla al resto.  Eso han hecho históricamente países como Australia o Canadá, muy similares a la Argentina hace apenas un siglo.

 

        Un tema que subyace en todo esto es la ganancia. Es normal que la política acuse a sectores económicos de obtener ganancias “excesivas”. La verdad es que las ganancias nunca pueden ser tal cosa si existe la libre competencia. Ello aparte de resultar indefinible la idea de cuándo no lo son. Cuando los gobiernos se meten con las ganancias de las empresas lo que logran es deteriorar el mercado productivo y retraer las inversiones. Porque precisamente es en aquellos sectores en los que se gana más, donde hay mayores incentivos para invertir y finalmente llegar a un punto de equilibrio con menores ganancias y amplia producción.

 

       En este aspecto suelen hacerse comparaciones bastante burdas con otros países. Suelen aparecer argumentos acerca de la viveza criolla y de lo que ganan aquí quienes emprenden algo, versus lo que ganan en otras latitudes. Esta es una falacia importante. En la base de cualquier inversión está la seguridad jurídica, la libertad económica y el Estado de Derecho. Las reglas estables y la poca o nula intervención estatal juegan a favor de lograr mejores precios y mayor inversión. No es lo mismo invertir en Austria que hacerlo en Burundi. Por lo tanto tampoco serán los márgenes de ganancia esperados los mismos si se invierte en uno u otro país.

 

       Acá hemos dejado de lado cuestiones como la inflación o la corrupción. Lo hicimos adrede para enfocar el problema del proteccionismo y de la ganancia en estado puro. Igualmente no dejaremos de señalar que la inflación es un impuesto más, y el peor de todos. También dejamos de lado la inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero debemos decir que cuanto más endeble sea el entramado jurídico, más inseguridad existe y más desaliento a la inversión, que es la única generadora de riqueza y mejoramiento general.

 

      Los bienes existen en la naturaleza. Es el hombre el que los modifica y le da forma para obtener la riqueza. Perseguir o prohibir la ganancia es exactamente lo contrario de lo que la lógica más elemental impone. 

 

      Un párrafo final para la burocracia estatal. Obviamente cuanto más enmarañada sea, más costosa resulta, más impuestos requiere, y más costos para las empresas. Eso significa productos más caros y de inferior calidad también.  Digamos además que productos caros no es sinónimo de inflación, porque ésta se define como la pérdida de valor de la moneda que produce una constante suba de todos los precios.

 

      No se trata de hacer cualquier cosa, se trata de hacer lo necesario para encaminarse en la dirección correcta, que es la de la libertad de comercio, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y la libre competencia.

HÉCTOR BLAS TRILLO                                                                     Buenos Aires, 3 de enero de 2021